CONMEMORARÁN 30 AÑOS DEL ASESINATO DE LÍDERES DEL FDR

A treinta años del asesinato de los líderes y fundadores del Frente Democrático Revolucionario (FDR), sus familiares honrarán su memoria este 27 de noviembre en el cementerio de “Los Ilustres” de San Salvador, desde las dos de la tarde.

Habrá una misa y ponencias de Dagoberto Gutiérrez, Benjamín Cuéllar, un representante de los lisiados de guerra y otro del movimiento estudiantil de la Universidad de El Salvador. Asimismo, se recogerán firmas para solicitarle a la Asamblea Legislativa derogar la Ley de amnistía y aprobar otra normativa de dignificación y reparación integral a las víctimas.

Hace tres décadas, Manuel Franco, Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Humberto Mendoza, Enrique Escobar Barrera y Doroteo Hernández fueron sacados por la fuerza del Colegio Externado San José, donde estaban reunidos, y luego fueron ejecutados. Sus cuerpos, con evidentes signos de tortura, aparecieron en varios puntos de la capital.

Trece años después, el Informe de la Comisión de la Verdad concluyó: “que fue una acción llevada a cabo por uno o varios cuerpos de seguridad pública y que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y cubrió a los autores”.

También sentenció que hubo un evidente desinterés para investigar los hechos, deducir responsabilidades y llevar a la justicia a los criminales. Eso mismo ha ocurrido después de firmados los acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento armado, en este y otros casos que han sido presentados a los tribunales y las víctimas han debido acudir a tribunales internacionales en búsqueda de justicia.

Eso es lo que motiva la presentación de la pieza de correspondencia para derogar la amnistía y establecer otra legislación que reconozca el derecho a la verdad, la reparación y la dignificación de las víctimas.

A Yolanda y sus hijos

El 14 de noviembre de 2000, Guillermo Rodríguez Carías, de 29 años, y Federico Calderón Carías, de 12, fueron asesinados en una pupusería de la colonia La Cima. Tres sujetos les dispararon a quemarropa. Guillermo murió en la acera y Federico alcanzó a refugiarse en el negocio, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Desde entonces, la Fiscalía General de la República ha tenido diez años para encontrar a quienes ejecutaron a los hermanos Carías, pero especialmente para dar con quien ordenó el crimen. Han pasado tres fiscales generales por la institución que tiene el monopolio de la acción penal y ni uno solo se tomó en serio su deber de hacer justicia.

Ni Belisario Amadeo Artiga Artiga, ni Félix Garrid Safie Parada, ni Romeo Benjamín Barahona Meléndez cumplieron con su deber constitucional en este caso. Peor aún, sus fiscales auxiliares cometieron errores graves como no recoger la dirección de los testigos ni hacer retratos hablados de los hechores.

Tampoco investigaron todas las hipótesis que apuntaban hacia un empresario hotelero. No les importó la insistencia de la madre de las víctimas, Yolanda Carías. No fueron capaces de responderle ni ellos ni el resto de instituciones, como tampoco han sido capaces de responderle a cientos de madres de víctimas de la violencia y el salvajismo en los que está hundido El Salvador.

Pese a que Guillermo fue jefe de Comunicaciones y Transporte en la zona occidental del sector juvenil de Arena, este partido político tampoco presionó para que el caso se resolviera. Después del crimen, ni los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, ni sus equipos de gobierno, ni la dirigencia partidaria fueron capaces de lograr que se le hiciera justicia a uno de sus dirigentes.

Eso sí, doña Yolanda Carías recibió arreglos florales de la presidencia y del partido, así como esquelas en las que decían lamentar la muerte de los hermanos Carías. Eso no se tradujo en acción para impedir que el caso quedara impune. No fueron más que lágrimas de cocodrilo.

Por el caso se procesó a Wilfredo Enrique Ágreda como autor material. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos declaró en su momento que el testigo criteriado que inculpó a Ágreda fue falso e irresponsable. En todo caso, no se investigó la autoría intelectual.

Tras diez años de dolor y de búsqueda de la verdad, el caso ha prescrito. Acabó el tiempo que la ley le da a la Fiscalía y a la Policía para investigar, encontrar y sancionar a los responsables. Lo peor es que el asesinato de Guillermo y Federico está impune por la indiferencia y la insultante insensibilidad de los fiscales generales y auxiliares que debieron resolverlo. Hubo testigos y sospechosos; faltó compromiso, profesionalismo y una pizca de humanidad.

“Memo” y “Lico”, como cariñosamente los llama su madre, fueron asesinados hace diez años. Durante dos lustros su madre ha llorado y sufrido sus ausencias. También ha luchado, pero chocó siempre con la negligencia y apatía de las instituciones. A todos y todas los que han sido incapaces de siquiera cumplir con su trabajo o de solidarizarse y actuar para apoyar a esta madre, estos diez años, esta impunidad, debería darles vergüenza.

Leer también El caso de los hermanos Carías

FÉLIX ULLOA: 30 AÑOS DE IMPUNIDAD

Este día se cumplen tres décadas del atentado que cegó la vida del ingeniero Félix Antonio Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador. A la fecha, no hay investigaciones ni justicia de ningún tipo. Tan baja es la calidad de las instituciones nacionales, que ni esta ilustre personalidad ni otras de la talla de monseñor Óscar Arnulfo Romero, Mario Zamora, Enrique Álvarez Córdova y Marianella García Villas han sido dignificadas como es debido. Por eso y, sobre todo, por las decenas de miles de víctimas anónimas de graves violaciones de derechos humanos, la familia del rector mártir a través de uno de sus miembros –el doctor Óscar Mauricio Ulloa González– exigió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) impulsar las acciones necesarias y suficientes para establecer responsabilidades y sancionar a los culpables en el crimen de su padre.

Félix Antonio Ulloa fue víctima de amenazas y otras formas de “guerra psicológica”, apareciendo frecuentemente en “listas negras” con nombres de personas que los “escuadrones de la muerte” consideraban debían ser “exterminadas”. El 28 de octubre de 1980, fue atacado a balazos en una agencia bancaria a inmediaciones del recinto universitario. Francisco Alfredo Cuéllar Menéndez, su motorista, falleció en el instante; el rector Ulloa murió a las dos de la madrugada del siguiente día.

La deliberada inoperancia estatal en este caso y en todos los atropellos contra la dignidad humana individual y colectiva, antes y durante la guerra, contradice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando obliga a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos; también a reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares.

Pese a que según la ley interna ya prescribió el plazo para ejercer la acción penal por este hecho, el Estado salvadoreño –a través de la FGR y el Órgano Judicial– debe cumplir sus compromisos internacionales en la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de fondo sobre el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) ocurrida el 16 de noviembre de 1989, estableció que el derecho a la verdad “surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte en dicho instrumento (Convención Americana sobre Derechos Humanos), puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables. […] Además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación de los derechos humanos, también es titular del derecho a ser debidamente informada la sociedad en general. […]Forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones”.

Esa es la deuda más grande con la sociedad, que ni los gobiernos anteriores ni el actual han querido saldar; pero también es el reclamo más honorable de las víctimas, que nunca nadie podrá callar.

San Salvador, 29 de octubre del 2010.

¡FIN AL HORROR EN LA EMIGRACIÓN!

Audio de la conferencia de prensa disponible en:

http://www.esnips.com/doc/4e868c44-6fa6-40b5-bb9d-28f09081e1a2/Conf392010

Lo que promueve los actuales movimientos migratorios está ligado a la pobreza estructural, las desigualdades, la violencia y la inseguridad; también a la incapacidad de los gobiernos para resolver esos graves problemas que afectan a nuestras sociedades. El entorno mundial, en el que algunos países se enriquecen a costa de otros, también influye para que innumerables personas busquen oportunidades de trabajo y opciones de vida que no encuentran en sus territorios de origen.

Eso no es nuevo, como tampoco lo son las violaciones de derechos humanos que sufren las y los emigrantes durante su trayecto en su afán por alcanzar la tan ansiada seguridad humana, que “significa proteger las libertades vitales […] proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. También significa crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida” (Comisión de Seguridad Humana, Naciones Unidas, 2003, Seguridad humana, ahora. Ver http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/Outlines/outline_spanish.html)

La permanencia en el tiempo y el agravamiento de tal situación, debe hacer que las sociedades y los gobiernos dignos transiten de la legítima indignación a la efectiva acción para superarla. Por eso, ante la masacre de setenta y dos personas en San Fernando, Tamaulipas, las organizaciones e instituciones abajo firmantes EXPRESAN:

1. Una enérgica condena por lo ocurrido este 21 de agosto en México. No es la primera vez que secuestran y asesinan población emigrante cuando sus familias no logran pagar el “rescate” solicitado por los criminales o cuando se oponen a servirles, pero debería ser la última.

2. Su solidaridad con las familias de las víctimas y su compromiso de acompañar a la población emigrante, luchando por erradicar las causas estructurales de su desplazamiento a fin de que pueda concretar su proyecto de vida en sus propios países, en aras de hacer realidad el derecho a no migrar.

Asimismo, DEMANDAN del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que:

1. Investigue, encuentre y sancione a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos y todos los atropellos en contra de esta población.

2. Elimine para el resto de países latinoamericanos, la exigencia de visa y otros permisos migratorios para ingresar a esa Nación. Esta decisión puede ser parte de la reparación integral a las víctimas y constituir una medida paliativa para impedir que más personas recorran rutas peligrosas en las que son fácil presa de grupos criminales como “Los zetas”.

A los gobiernos salvadoreño, guatemalteco, hondureño, ecuatoriano y otros de la región que han ratificado o se han adherido a la Convención internacional sobre la protección de todos los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, EXIJEN atender la recomendación común del Comité creado por dicha Convención para que formulen las declaraciones establecidas en los artículos 76 y 77 de la misma, mediante las cuales se reconoce la competencia del citado Comité para recibir comunicaciones de los Estados parte de la Convención y de personas particulares.

En el marco de la indignación generada tras la deplorable ejecución masiva de personas indefensas ocurrida recientemente en Tamaulipas, México, se debe impulsar de manera urgente esa acción para aprovechar este mecanismo que el sistema de las Naciones Unidas pone a disposición de las trabajadoras y los trabajadores migratorios, a fin de garantizar mayores niveles de respeto para sus derechos.

Las sociedades que no se inmutan ante el horror fuera de sus fronteras y no actúan para ponerle fin, se arriesgan a sufrir –tarde o temprano– por el terror dentro de las mismas.

San Salvador, El Salvador, 3 de septiembre del 2010.

Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)

Servicio Jesuita para las Migraciones (SJM)

Doc 2

CONCIERTO DE ANIVERSARIO

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, le invita al

CONCIERTO DE ANIVERSARIO

Sábado 28 de agosto desde las 3:30 de la tarde en el auditorio "Ignacio Ellacurìa" de la UCA
Grupos participantes: Exceso de equipaje con Kilòmetro cero, Grupo Trova y Pescozada.
ENTRADA GRATIS

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25 ANIVERSARIO DEL IDHUCA

Atentamente les invitamos a celebrar los 25 años del IDHUCA participando en el conversatorio:

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN MIGRATORIA CANADIENSE

Este miércoles 25 de agosto a las 9 de la mañana en el Auditorio del edificio de aulas "D" de la UCA.

PONENTE: Francisco Rico, FCJ Refugee Centre de Canadá

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LLAMADA DE ATENCIÓN, SEÑAL DE ESPERANZA

Sobre el caso jesuitas en la Audiencia Nacional de España

Veinte años exigiendo verdad y justicia por la masacre en la UCA, demandando investigar la autoría intelectual en los tribunales nacionales... ¿Resultados? Pocos, frustrantes. Pero lo que ocurre en la Audiencia Nacional de España, sí es alentador. Un par de años bastaron para avanzar allá más que acá. Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña trataron de impedirlo, negándole al juez Eloy Velasco copia certificada de los procesos fraudulentos realizados por sus funcionarios y evitando notificar a los acusados sus cargos; tampoco les tomaron las declaraciones que solicitaba el magistrado español.

Durante más de dos décadas, “medios” y “analistas” han derrochado tinta defendiendo a los criminales e intentando descalificar a las víctimas. En el 2000, después de la decidida insistencia de éstas, el Fiscal General de la época pidió a un tribunal procesar a seis altos jefes militares y a Alfredo Cristiani; pero como no era el juzgado correcto, su requerimiento fue rechazado. Entonces acudió al indicado pidiendo sobreseimiento definitivo para los que antes había acusado. La jueza resolvió no aplicar la amnistía, pretexto siempre ocupado para no hacer nada, pero resolvió que el caso había prescrito y así los salvó.

Pasaron ya cuatro lustros sin verdad ni justicia en este caso, ejemplo de la impunidad institucional que afecta al resto de víctimas y propicia el caos de violencia que ahora golpea –sobre todo– a las mayorías populares. No obstante, en España siguen siendo acusados los responsables últimos de maquinar la barbarie y Cristiani aparece señalado de nuevo por protegerlos.

Eso que hoy ocurre fuera del país, es una alerta para los violadores de derechos humanos del bando que sea: tarde o temprano se sabrá la verdad e iniciará el “turno del ofendido”. También es una razón para la esperanza. Afuera, en los sistemas universal e interamericano de protección se pueden abrir puertas para derrotar la iniquidad; ya se ha logrado. Y llegará el momento en que el sistema nacional no tenga más remedio que cambiar hasta ser lo que ahora no es: respetuoso de la ley, justo y compasivo con quien sufre.

Monseñor Romero, los jesuitas junto a Elba y Celina Ramos; las personas masacradas en el Sumpul, el Mozote, Copapayo y otras localidades; las miles de desaparecidas, torturadas y ejecutadas así como sus familias, siguen dando de sí a El Salvador. Sus causas terminarán por cambiar esta hiriente e inaceptable realidad, generando presión externa y organización social interna fuerte, firme y demandante. Vendrá el día en que –como canta Illapu– “nuestros niños jamás ignoren que en este suelo hubo dolores; que crezcan libres, canten canciones; que vuelen alto sus corazones… que los culpables cumplan condena y las promesas se vuelvan ciertas”.

NO MÁS PERSECUCIÓN A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

En solidaridad con el Hermano Paul Michael John Thomas McAuley

El pasado 22 de abril, en el Golfo de México se inició uno de los mayores desastres ambientales de las últimas décadas. Una plataforma de explotación petrolera se hundió y causó un derrame de crudo que ya afecta a Texas, Luisiana, Florida, Alabama y Misisipi en Estados Unidos de América. Aún no existe suficiente información sobre las consecuencias para la vida marítima ni para la humanidad, pero está clara la gravedad de la situación que se produce en el marco de la ya crítica condición ambiental del planeta.

En ese marco, el trabajo por la defensa de los ecosistemas es fundamental y son indispensables las personas que lo realizan. Hoy más que antes, urge protegernos de los más voraces intereses comerciales que –sin importarles las consecuencias de sus acciones– perforan pozos petroleros, extraen metales, talan árboles y vierten sus desechos en los ríos que abastecen de agua a las comunidades más pobres, en los bosques que limpian el aire y la tierra que brinda los alimentos que el ser humano consume.

Por todo ello, el IDHUCA se solidariza con el Hermano Paul Michael John Thomas McAuley –presidente de la Red Ambiental Loretana de Perú– y condena la cancelación de su residencia ordenada por el Ministerio del Interior del país andino, el cual lo acusa de intervenir en política interna por su lucha contra la explotación petrolera y minera en la zona del Amazonas. El artículo primero de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce el derecho de toda persona a “promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Precisamente, eso hace el Hermano Paul.

La Amazonía peruana es de trascendental importancia para el mundo y constituye una de las principales regiones naturales de conservación. Cualquier daño que se provoque en la misma, tendrá tanto o más impacto que el derrame petrolero en el Golfo de México. Además, ahí habitan tribus indígenas que detentan el derecho a conservar sus recursos y costumbres; asimismo, deben ser protegidas por su condición humana y la riqueza cultural que aportan.

En solidaridad con la víctima, el IDHUCA demanda al Ministro del Interior del Perú –Octavio Salazar– que reconsidere la expulsión y que su gobierno no sólo permita la labor del Hermano Paul sino que también la apoye. También exhorta a las personas que promueven y defienden los derechos humanos en el mundo, a unirse en la defensa del religioso y de todas las personas comprometidas con esta causa en el mundo que sufren persecución política, a las que se restringe su libertad o que son torturadas, desaparecidas o ejecutadas en cualquier lugar de la Tierra.

El Salvador, San Salvador, 8 de julio del 2010.

CARTA A FEDERICO CARÍAS EN SU CUMPLEAÑOS

El 14 de noviembre de 2000, tres hombre ejecutaron a Guillermo Salvador Rodríguez Carías, de 29 años, y a su hermano menor, Eduardo Federico Calderón Carías, de 12. El hecho sucedió en una pupusería de la Calle Circunvalación en la colonia La Cima de San Salvador. Pese a las constantes demandas de su madre, aún no se ha esclarecido quién los mandó a matar. En el mes de mayo, Eduardo Federico cumpliría 22años y su madre, Yolanda Carías Novoa, lee esta carta que escribió para felicitarlo en esta fecha.

INVITACIÓN A CONFERENCIA

En el marco del proyecto regional IILA-SICA y del 25 aniversario del IDHUCA:
El Sistema de Integración Centroamericana, la Cooperación Italiana y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA le invitan a la conferencia

LUCHA CONTRA LA MAFIA: LA EXPERIENCIA ITALIANA
Ponente invitado: Antonio Ingroia, Procurador Anti Mafia, Palermo, Italia

Lunes 14 de junio en el auditorio del Edificio de Maestrías de la UCA (ICAS) a partir de las 6 de la tarde.

OTRO ATAQUE ISRAELITA

El brutal ataque del Ejército judío a la Flotilla de la Libertad, es un hecho grave que debe condenarse enérgicamente. La “terrible amenaza”, el “terrorífico objetivo” que debía ser eliminado no era más que una simple embarcación tripulada por personas civiles que, solidarias, transportaban ayuda humanitaria para la población empobrecida de la Franja de Gaza. Contra esa misión generosa y pacífica, la milicia hebrea lanzó una embestida feroz.

Según información de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el 61% de las personas que habitan ese territorio se encuentra en una grave situación de inseguridad alimentaria. El 45% del millón y medio de sus pobladores está desempleado y el 52% de sus hogares vive en condición de pobreza. Semejante escenario, intolerable a todas luces, es producto del arbitrario bloqueo impuesto por Israel desde hace cuatro años.

En el afán de protegerse de ataques terroristas, Israel ha condenando a la población establecida en esta zona a subsistir en condiciones inhumanas. El agresor Estado, objeto de condenas internacionales reiteradas, no puede obviar su culpa por los sufrimientos y las carencias que padece el pueblo palestino. Tampoco puede evadir su responsabilidad por las nueve muertes y las decenas de heridos a causa de la irracional acometida contra la Flotilla de la Libertad. No hay argumento que valga, porque no basta con la sospecha de que se transportan armas para justificar las balas y las bombas lanzadas contra la embarcación y sus tripulantes.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los judíos sufrieron la brutalidad de los nazis, las Naciones Unidas acordaron normas mínimas de convivencia y respeto. El ataque reciente no es sólo contra quienes querían ayudar a la población palestina; también lo es contra esos principios internacionales.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó prepotente: “El Estado de Israel continuará ejerciendo su derecho a la autodefensa. La seguridad está por encima de todo”. Precisamente esa idea es la mayor fuente de inestabilidad mundial. No se devolverá la paz al mundo sometiendo a otros atacándolos; tampoco armándose y provocando situaciones pobreza, aislamiento y exclusión. Eso sólo agrava los conflictos.

Las personas que los israelitas han detenido en el marco de esta agresión, deben ser liberadas. La actuación del Ejército judío tiene que ser condenada y así está ocurriendo. Todas las naciones dignas, así como las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, deben exigir medidas para evitar que eso se repita. No se puede ser tibio ante un hecho como este. Se debe sentar un precedente para impedir que tal práctica sea reiterada y se coloque al mundo al borde de otra guerra.

Del Estado salvadoreño se esperaría una postura en ese sentido. No se puede ser indiferente ante el dolor y menos cuando este se globaliza. La humanidad, ahora más que nunca, requiere recuperar su sentido de solidaridad y los gobernantes no deben aislarse e ignorar acciones como estas porque de alguna u otra forma tienen incidencia económica, política, cultural, militar o social en todos los países.

En medio de estar crisis, vale la pena recordar la reflexión que el poeta cubano –Luis Rogelio Nogueras– invita a hacer al Estado judío: “Pienso en ustedes y en su largo y doloroso camino, desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno”.

Poema de Luis Rogelio Nogueras: Halt

INICIA LA CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DEL IDHUCA

El IDHUCA, en el marco de su 25 aniversario de fundación, le invita a la presentación de investigaciones, arte y cine:
"CAMINOS Y RETORNOS: EXPERIENCIA DE LA MIGRACIÓN Y DEPORTACIÓN DE LOS SALVADOREÑOS Y SALVADOREÑAS"
Folleto UCA Junio 2010

DIPLOMADO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

El IDHUCA junto al Comité Intersectorial de Colón y al Ministerio de Educación, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de OXFAM América en el marco de la campaña "Entre vos y yo... una vida diferente", realizarán el Diplomado de prevención de violencia. Este se desarrollará desde el 15 de mayo hasta el 6 de noviembre con docentes y directores de centros escolares ubicados en Colón, Jayaque, Ciudad Arce, San Pablo Tacachico, Opico y Santa Tecla.

En el diplomado se analizarán las manifestaciones y determinantes de la violencia para identificar formas de prevención que puedan aplicarse en las escuelas y en la sociedad. Se abordarán temas como violencia y derechos humanos, cultura juvenil, convivencia escolar, resolución de conflictos y cultura de paz, entre otros.

Se impartirá en el edificio de maestrías de la UCA (ICAS) desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los sábados.

EL TIRO POR LA CULATA

SOBRE EL CASO JESUITAS

En menos de tres días, nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambiaron criterio. El pasado martes 18 de mayo ese tribunal aprobó por unanimidad solicitarle a España la extradición de Joaquín Alviz, quien sobornó a Carlos Perla y Mario Orellana para ganar unas jugosas licitaciones en ANDA. Sin decir “agua va”, esos nueve le negaron al juez de la Audiencia Nacional –Eloy Velasco– copia certificada de los expedientes de la masacre en la UCA y la posibilidad de entrevistar a los acusados como responsables materiales e intelectuales de la misma.

La argumentación de estos juristas varió rápido. Tras solicitar la entrega de Alviz para procesarlo y sancionarlo acá, renegaron de la universalidad de la justicia sosteniendo que al aceptar la petición del juez Velasco se violaba la “soberanía” nacional. Si eso fuera cierto, entonces el Estado salvadoreño no debería haber firmado ningún convenio de extradición, tratado de comercio preferencial, pacto o declaración que suponga alguna responsabilidad internacional; tampoco debería continuar promoviendo la integración centroamericana. Porque en todo eso, se cede parte de la soberanía nacional.

Pero esta no fue la única excusa. También alegaron prescripción e invocaron la amnistía; dijeron que la masacre ocurrió a consecuencia de la guerra y que enviar esa información afectaría los intereses nacionales. ¿No saben que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, según el derecho consuetudinario de los derechos humanos? Y la amnistía ya fue declarada inaplicable para amparar a los presuntos autores intelectuales de los hechos. ¿Tampoco están enterados?

Además, el primer artículo de la Constitución salvadoreña reconoce que el Estado se ha organizado para impartir justicia, que es uno de sus fines esenciales. Por todo ello, su negativa carece de sustento. ¿Qué pretenden? Tan complicado les está siendo fundamentar su argucia, que el magistrado Néstor Castaneda anunció que un equipo técnico “revisará el orden de los argumentos”. Semejante absurdo y la forma en que se defienden sus responsables, ratifica la necesidad de derogar la amnistía para que no siga siendo la “excusa” preferida para mantener la impunidad.

De nada sirven los esfuerzos estatales tendientes a incursionar en el mercado internacional, si no se fortalece el sistema de justicia. Defender la impunidad no contribuye a que el país sea reconocido como democrático y pueda insertarse en un mundo globalizado; tampoco ayuda a superar la inseguridad y la violencia cotidianas. Por ello, la Corte Suprema debe ponerse a la altura. Ya no están jugando en el “potrero” donde “resolvían” los conflictos sin respetar las “reglas del juego”. Caigan en la cuenta que ahora las víctimas de sus arbitrariedades, la tienen compitiendo en la “liga de campeones”. Y eso es serio. Acuérdense del “tiro por la culata”.

Enlace relacionado: Corte niega a España enviar datos sobre el caso jesuitas

FISCAL RECHAZA PARTICIPACIÓN DEL IDHUCA COMO OBSERVADORES DE LAS ELECCIONES PARA EL CNJ

EI IDHUCA solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) autorización para participar como observadores en las elecciones del representante del Ministerio Público –propietario y suplente– en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a realizarse el viernes 21 de mayo. Con la petición, se envió el listado de personas a ser acreditadas para tal fin.

Un día antes del evento, el secretario general de la institución se comunicó telefónicamente con el encargado de organizar la participación del IDHUCA en esa importante actividad, para notificar que la misma no había sido autorizada. El funcionario argumentó que el Fiscal General convocó a dicha elección "sólo por transparencia", pero que no era su obligación hacerlo; además, sostuvo que el mismo tiene la potestad de aceptar o rechazar los resultados. Por esas razones, consideró que no necesita ser observada. A solicitud expresa, el secretario general de la FGR se negó a transmitir por escrito tal decisión.

Según el artículo 13 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, se debe escoger un consejal propietario y uno suplente para que representa a todo el Ministerio Público –FGR, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos– en el CNJ, en Asamblea General convocada por los titulares de estas instituciones; el voto es secreto, directo e igualitario y por esa vía se eligen las dos ternas a entregar en la Asamblea Legislativa para la selección definitiva.

La iniciativa del DHUCA responde al interés legítimo por garantizar la transparencia en estos procesos tan decisivos para la transformación de una sociedad como la nuestra, postrada por la violencia y la impunidad. Quienes integren el CNJ y las otras instituciones parte del sistema de justicia salvadoreño, deben ser personas incuestionables tanto en lo concerniente a su calidad moral y profesional como en lo que toca al proceso de su selección.

IDHUCA CLAUSURA CURSO SOBRE EXTORSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Rocío Fuentes

17/05/2010

Nota elaborada y publicada por:

Oficina de comunicaciones UCA

Disponible en: http://www.uca.edu.sv/noticias/

Del 26 de abril al 7 de mayo, agentes de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil asistieron a la Universidad para participar en el Curso en Investigación de Extorsiones y Derechos Humanos, organizado por la PNC, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). La clausura de la capacitación tuvo lugar la tarde del viernes 7 de mayo en la Sala “Elba y Celina” del ICAS.

En el acto de cierre, Ricardo Antonio Rugalo, inspector de la División Antiextorsiones de la Policía, explicó que los participantes del curso fueron en su mayoría agentes de los Equipos Locales Antiextorsiones (ELA) que tienen poca experiencia de campo. Por ello, “el curso les sirve a los muchachos para solventar sus inquietudes y conocer de manera más completa cómo es el tratamiento de la información que se maneja, ya sea con la víctima o con el criminal”.

Por su parte, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, afirmó que el curso se enmarca en los esfuerzos de fomentar la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones desde la academia. “La UCA está dispuesta a apoyar a las organizaciones que merecen ser apoyadas. ¿Cómo logramos ese apoyo? Desde la mano dura y desde la mano amiga”, razonó. Y es que, según Cuéllar, la mano dura consiste en denunciar cuando se cometen errores o atropellos a los derechos humanos; y la mano amiga se refiere a la ayuda y respaldo que se brinda a las instancias gubernamentales.

En ese sentido, la capacitación se realizó con la idea de contribuir al desarrollo de las habilidades y destrezas de los ELA. Para ello, cada una de las instituciones organizadoras aportó sus fortalezas. “Este curso se dividió en tres grandes áreas: la primera tuvo que ver con el marco jurídico-legal; luego, se desarrolló todo el sistema de operación en una investigación y los procedimientos de un agente en la captura de un extorsionista; por último, se tomaron en cuenta los derechos humanos en el manejo de la información y las víctimas”, resumió Juan Luis Botello, educador del Instituto.

Durante los diez días de trabajo del curso, se impartieron ponencias, se realizaron simulacros de negociación, ejercicios de camuflaje y exposiciones, así como análisis de delitos. Al final de la capacitación, los agentes formularon una propuesta para llevar a cabo una negociación. De acuerdo a uno de los investigadores participantes, este esfuerzo se realizó con la idea de que la Fiscalía y la Policía retomen algunos elementos para aplicarlos en las investigaciones de campo y, así, contribuir a la estandarización de los procedimientos entre los Equipos Locales Antiextorsiones, que están ubicados en los principales municipios del país.

Botello considera que la relación entre las tres instituciones organizadoras ha sido constante desde hace algunos años. De hecho, en julio próximo iniciará un diplomado en investigación criminal dirigido a fiscales, policías y a personal de Medicina Legal y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

ROQUE: VERDAD Y JUSTICIA

Descargar el audio de la conferencia en:

http://www.esnips.com/doc/f89afa9e-2684-4d84-98b0-2f74887bb704/Roque-Dalton

Este viernes 14 de mayo, Roque Dalton cumple setenta y cinco años de vida porque sigue presente en sus hijos sobrevivientes –Jorge y Juan José– quienes denunciarán en la Fiscalía General de la República (FGR) a Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez por el asesinato de su padre. Esa lucha, digna de respeto y admiración, le recuerda al país la deuda estatal con todas las víctimas.

El 10 de mayo de 1975, el poeta fue asesinado junto a Armando Arteaga –conocido como “Pancho”– por decisión del Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) integrado por los tres acusados y Vladimir Rogel, Alberto Sandoval y otros ya fallecidos. Tanto Villalobos como Meléndez reconocen que el laureado escritor enfrentó un “proceso político” que derivó en su ejecución, asumida por ese mando político y militar como una decisión “colegiada”. Desde entonces, la familia de la víctima ha exigido ubicar el cadáver de Dalton y el de “Pancho”, sin que a la fecha ninguno de sus victimarios haya revelado esa información. En lugar de eso, sus versiones han cambiado a lo largo de los años.

Estos hechos ocurridos antes de la guerra en El Salvador, son considerados delitos contra la humanidad en el marco de su evolución conceptual desde los tribunales de Nuremberg hasta el Estatuto de Roma; por tanto, no prescriben ni pueden ser amnistiados. Lo son porque ofenden a toda la humanidad, en la medida que fueron realizados como parte de una práctica sistemática por razones políticas en contra de una disidencia intolerada y eliminada por la fuerza. Y en el caso particular de Roque Dalton, lo es por la trascendencia universal de quien se ha erigido como el máximo creador literario salvadoreño.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Por eso, una vez más, las víctimas acuden a la FGR –entrada al sistema nacional de justicia– para que funcione. Para que investigue y establezca la verdad; para que inicie en serio la batalla estratégica contra la impunidad. La familia Dalton ofrece algunos elementos que pueden ayudar a la institución en lo relativo a la determinación de las responsabilidades: audios de las declaraciones de algunos de los presuntos autores materiales e intelectuales, así como varias publicaciones en periódicos de circulación nacional donde admiten su culpa. La FGR tiene hoy otra oportunidad para reivindicarse y demostrar que es capaz de combatir con éxito la criminalidad, no importa quienes sean sus autores.

San Salvador, viernes 14 de mayo del 2010.

HASTA QUE HAYA JUSTICIA, NO PRONUNCIES MI NOMBRE

A Roque Dalton lo asesinaron el 10 de mayo de 1975; la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) así lo determinó. Participaron en esa decisión Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Edgar Alejandro Rivas Mira, Vladimir Rogel, Alberto Sandoval y Mateo (seudónimo); de esos, aún viven los tres primeros. Meléndez era conocido en la época como “Jonás”; hoy lo es como director de Protección Civil del gobierno del “cambio”. Por eso, en la víspera del trigésimo quinto aniversario de tan despreciable hecho, los hijos del creador nacional literario más reconocido –Jorge y Juan José Dalton– le solicitaron al presidente de la República, Mauricio Funes, no pronunciar su nombre ni publicar su obra mientras mantenga a Meléndez en su gabinete; comunicaron, también, que no asistirán a ningún homenaje oficial en su memoria.

Tienen razón. Es incoherente y hasta insultante que uno de esos criminales sea parte del equipo que pretende “conmemorar” a Roque. No obstante, parece que la congruencia y el respeto a la dignidad humana son palabras bonitas pero no hechos concretos; son valores enunciados pero no reivindicados por esta administración. Funes no sólo se negó a considerar la petición de los hijos del poeta; además pretende ignorarlos como víctimas argumentando que Roque ya no les pertenece. Funes decretó que “ya no es de los hijos ni de su viuda, Roque Dalton es del pueblo salvadoreño” y “la esencia de nuestra expresión cultural”.

No tiene ninguna razón cuando se lo secuestra a la familia, pero sí cuando dice que es patrimonio del pueblo. Lo segundo vuelve más grave e ignominiosa la presencia de Meléndez en el gobierno. No sólo ofende a los hijos y a la viuda, sino a toda la sociedad salvadoreña. Esto equivaldría a nombrar a miembros de la “tandona” o de los “escuadrones de la muerte”.

¿Qué méritos sostienen a Jorge Meléndez, el comandante “Jonás”, en Protección Civil? Según el mandatario su “papel destacado en la pasada tormenta”, el huracán “Ida”. ¿Destacado? ¿Acaso no murieron ciento veinticuatro personas y otras sesenta desaparecieron por una alerta tardía? ¿No sumaron, por ello, casi doscientos cuarenta millones de dólares las pérdidas materiales? ¿Es esa la “meritocracia” que prometió?

Los dignos hijos del poeta y de nuestro PATRIMONIO NACIONAL –con mayúsculas populares y no con minúsculas oficiales– exigen además conocer dónde está el cuerpo de su padre. También le pertenece al pueblo salvadoreño; no a ningún gobierno. Los respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre monseñor Romero –guía espiritual de ese pueblo– cuando sentenció: “El derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general”. A eso también se niega jefe de Estado, cuando los organismos internacionales o las víctimas se lo demandan.

El auténtico homenaje que Funes debe a la memoria de Roque, a sus familiares legítimamente dolientes y al pueblo, es ser consecuente. Mientras uno de sus asesinos sea parte de su gobierno y en tanto no promueva el conocimiento pleno de la verdad sin pretextos, mejor que se abstenga de seguir pidiendo perdones vacíos y organizando actos formales.

Por lo anterior, el IDHUCA hace un llamado a la sociedad solidaria con esta causa para que le exija a Mauricio Funes que durante su administración no se pronuncie el nombre de Roque mientras no haya justicia para las víctimas; también para que se le demande honrar al pueblo depositario de su legado. Además, invita a la misa que se celebrará el próximo lunes 10 de mayo en la capilla Jesucristo Liberador de la UCA a las cuatro de la tarde.para recordar con su familia –ese día– el aniversario de su vil asesinato y denunciarlo con su presencia.

San Salvador, 6 de mayo del 2010.

AMPARO CONTRA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESCUCHAR AUDIO: http://www.esnips.com/doc/7165ed55-7e23-408e-93b4-bebebe250f65/grabac000

Hoy se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona. Diego Escobar, quien hasta diciembre de este año se desempeñó como director de la División de los Intereses de la Sociedad, zona San Salvador, de la Fiscalía General de la República (FGR), demandó a Barahona por haber violado su derecho de petición y respuesta, de audiencia y a la estabilidad laboral.

Escobar fue uno de los aspirantes a la titularidad de la FGR y, además de su cargo, fue elegido por la Asamblea General de la institución durante tres ocasiones consecutivas como miembro del Consejo Fiscal. Lo acompañaban en este organismo –que decide si separan o no a funcionarios y funcionarias de esta entidad– el Fiscal General, su adjunto, el auditor fiscal, el secretario general y dos representantes de la citada Asamblea.

El 30 de noviembre del año pasado, el auditor solicitó la remoción de varios fiscales auxiliares, pero no logró los votos necesarios para que todos fueran despedidos. Escobar fue uno de los que se opuso a la remoción de un jefe fiscal, porque consideró que no había justificación para separarlo.

En enero de este año, el demandante fue trasladado como asesor de la unidad de asuntos legales internacionales de la institución. Al moverlo se le ofreció mantener su plaza nominal y funcional, además de asegurarle que seguiría percibiendo el mismo salario. Pero no fue así; al contrario, lo convocaron a otra reunión para informarle que reducirían el casi 30% de sus ingresos mensuales. Al no aceptar estas condiciones, dejaron de pagarle; no obstante, la FGR siguió abonando sus cuotas de compromisos personales y financieros.

El artículo 46 de Ley Orgánica de esta entidad establece la carrera fiscal a fin de dotar de estabilidad laboral al personal, apoyar su desarrollo profesional y promover su desempeño eficaz. Escobar inició hace quince años como fiscal auxiliar en Sensuntepeque y participó en los equipos de trabajo que lograron la condena por corrupción de Carlos Perla y Raúl García Prieto, así como la desarticulación de varias “clicas” y bandas de crimen organizado.

Al obrar de esta forma, el Fiscal General no sólo está privando al país de un profesional que ha consolidado sus conocimientos y adquirido experiencia en la lucha contra la criminalidad, cualidades esenciales para ello en el marco actual del país, también está cometiendo delitos como actos arbitrarios y apropiación o retención indebida.

Por eso, el IDHUCA y el IEJES respaldan a Diego Escobar quien ha solicitado a la Corte que reestablezca sus derechos, suspenda las arbitrariedades cometidas, le cancelen sus salarios adeudados y lo indemnicen por los daños causados, reconociendo que la carrera fiscal está por encima de cualquier contrato que pretenda menoscabar sus derechos.

San Salvador, 27 de abril de 2010.

IDHUCA PRESENTA AMPARO

ESCUCHAR AUDIO EN: http://www.esnips.com/doc/0e215246-44e6-44a6-ae10-445b906fefed/Conf2742010

IDHUCA PRESENTA AMPARO EN EL CASO DEL CORONEL MELÉNDEZ QUIJANO

El 26 de abril, el IDHUCA presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo por la violación del derecho al debido proceso y al principio de legalidad del coronel Adrián Meléndez Quijano. Los procesos militares en su contra han estado plagados de irregularidades. Siendo mayor, el 19 de abril de 2006 lo condenaron a un año y tres meses de prisión por el delito de insubordinación; la pena fue cambiada por sesenta jornadas de trabajo de utilidad pública. A eso llegaron, luego de negarle las pruebas de descargo y la posibilidad de declarar. Además, el juez de primera instancia militar –José Eduardo Marroquín Ponce– debería haberse declarado inhabilitado para conocer el caso por aceptar dádivas de la otra parte interesada.

El entonces Ministro de la Defensa Nacional, general Otto Romero, fue quien ordenó arrestos y suspensiones de salario; también instruyó procesos e informativos militares; asimismo, seleccionó al citado juez para que realizara un viaje a Washington, D.C. Eso, según el artículo 73 del Código Procesal Penal, lo obligaba a excusarse de conocer el caso y llamar a su suplente. La idea de esta disposición es garantizar que al dictaminar una sentencia, el juzgador goce de independencia. La Ley de la Carrera Judicial considera una infracción muy grave “solicitar o recibir dadivas, promesas o favores de los interesados en los procesos, ya sea en forma directa o por interpósita persona”

Nadie debe estar encima de la Ley. Convencidos de eso, se ha presentado este recurso para evitar que al coronel Meléndez se le aplique una pena que no merece. Los hostigamientos y amenazas que ha recibido este militar han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual le ha ordenado al Estado salvadoreño que otorgue medidas provisionales al Coronel, sus familiares y sus representantes. Por eso, deben darse muestras reales de un firme propósito de enmendar los errores cometidos de parte de las autoridades judiciales, ejecutivas y militares.

San Salvador, martes 27 de abril del 2010.

URGENTE: ¡NO MÁS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD!

El pasado lunes 19 de abril asesinaron a Felipa Barillas, directora del Centro Escolar “El Ángel”, en el municipio de San Juan Opico; la maestra Marlene del Carmen Barillas y el profesor Tomas Antonio Gómez. Los pormenores de estos repudiables crímenes han tenido una gran difusión; más grande es la indignación social ante los mismos. Pese a que las autoridades iniciaron la investigación, aún no hay hipótesis sólidas; sólo se sabe que las víctimas denunciaron robos de material educativo y extorsiones.

Estos hechos no son los primeros con estas características. Antes fueron asesinadas personas dedicadas a la docencia que denunciaron delitos similares en sus centros de trabajo. Muchos casos siguen impunes en el marco de la insoportable ola de violencia que afecta al país. Es cierto que los gobiernos anteriores hicieron muy mal las cosas, pero el actual ya no puede seguir escudándose en la “herencia” recibida para intentar justificar sus erradas decisiones en materia de seguridad.

Estas inaceptables muertes que ahora estremecen a El Salvador, tienen diversos impactos. El primero: en los hijos y las hijas, los esposos y las esposas, los padres y las madres de las víctimas directas.

Además conmocionan profundamente a la niñez, la adolescencia y la juventud escolarizada. Después de la familia, sus docentes tienen un significado relevante y valioso; al perderlos de esta forma, se convierten en víctimas indirectas de la violencia.

También la comunidad a la que estos pedagogos pertenecían; además de triste e indignada, se encuentra desesperada en medio del terror. Las y los docentes de muchos lugares en el país, por su labor de cuido del alumnado y los centros escolares, sobreviven en una condición de alta vulnerabilidad que debe ser solventada por las autoridades pertinentes.

Ante lo anterior, el IDHUCA y la Red de directores “En prevención de violencia de Colón”:

• Condenan los asesinatos de Tomás Antonio Gómez, Felipa y Marlene del Carmen Barillas.
• Expresan su sentida solidaridad con las familias, los alumnos, las alumnas y el gremio magisterial, víctimas directas e indirectas por estos crímenes.
• Exigen una pronta y efectiva investigación, así como la respectiva sanción a los responsables.
• Llaman a analizar la posible fuga de información dentro de las instituciones estatales cuando alguien denuncia un hecho delictivo y, de confirmarse, a tomar medidas para que eso no siga ocurriendo.
• Demandan medidas preventivas y de monitoreo policial en la zona, para evitar la repetición de hechos similares.
• Reclaman la ejecución de una estrategia integral de seguridad que incluya fortalecer la atención de la población estudiantil, el personal docente y la población en general de la región y el país.

San Salvador, viernes 23 de abril del 2010.

LAS DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD (DNAJ) Y EL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” (IDHUCA), ANTE LA PRÓRROGA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (LEPINA)

Esta normativa fue aprobada el 26 de marzo y publicada en el Diario Oficial el 16 de abril, ambas fechas del 2009. El Decreto Legislativo mediante el cual fue concebida la LEPINA establecía, en su artículo 260, que la misma entraría en vigencia un año después de su publicación; es decir, el 16 de abril del 2010. Pero no fue así.

Desde 1990, cuando firmó y ratificó la Convención de Derechos del Niño, el Estado salvadoreño se comprometió a adaptar su legislación a los principios de la doctrina de protección integral de la niñez y la adolescencia. En función de eso, tras casi dos décadas de postergar el cumplimiento de tan importante obligación, fue sancionada la LEPINA. Pero, en la práctica, sigue sin ser realidad su contenido tras la decisión legislativa de aplazar el inicio de su vigencia; tal determinación fue tomada el jueves 15 de abril recién pasado. Para ello, haciendo uso de su iniciativa de ley, el presidente Mauricio Funes contó con sesenta y tres votos a favor; sólo Alianza Republicana Nacionalista se negó a apoyarlo.

En el último informe que presentó al Comité de Derechos del Niño el 21 de enero del 2010, el Estado salvadoreño señaló como uno de sus principales logros en este ámbito la existencia de dicha Ley. Ocho días después, el mismo Comité le recomendó crear –“sin demora”– el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) “según lo previsto en la LEPINA”; también asegurar “su funcionamiento eficaz mediante la creación de un órgano ejecutivo de alto nivel con funciones de coordinación claras. Se deben asignar al CONNA recursos humanos y financieros suficientes para que pueda llevar a cabo sus funciones de coordinación entre los distintos sectores”. Además le recomendó reforzar el sistema nacional de protección integral, incluidos los comités departamentales y municipales.

La demora oficial trascendió al viernes 16 de abril, plazo establecido para que iniciara su labor el CONNA en el marco de la puesta en marcha de la LEPINA. Tampoco se incluyeron en el Presupuesto General de la Nación del 2010 los recursos financieros, ni limitados ni suficientes, para el despliegue de la actividad prevista en la LEPINA por los mecanismos que la misma determina.

En razón de eso, el Ejecutivo tenía la obligación legal y moral de aplicar la ley; no debe continuar postergando su vigencia. Con lo ocurrido la semana anterior en la Asamblea Legislativa, se corre el riesgo de favorecer y profundizar las situaciones que deterioran la calidad de vida de la niñez y la adolescencia hasta el próximo año. Es necesario, además, facilitar la inclusión de esta población mayoritaria en la discusión y la ejecución de las políticas públicas estatales que le incumben.

Asimismo, es igualmente irresponsable y reprochable que la Corte Suprema de Justicia –habiendo tenido tiempo suficiente– llegara al último momento a plantearle a la legislatura dificultades legales y operativas que pudieron revisarse con antelación.

¿Qué pasa en el país con los derechos de la niñez y la adolescencia? ¿Son importantes para proclamarlos en foros internacionales, aunque dentro del territorio nacional sigan siendo vulnerados? ¿Se debe aceptar que, por la negligencia estatal, se retrase aún más la puesta en marcha de tan importante mecanismo para su defensa y promoción? ¿Es válido que mientras buena parte de la niñez y la adolescencia es víctima de la violencia de todo tipo, la iniquidad, la discriminación y los malos servicios públicos que les ofrecen, la “clase política” no le haya puesto atención a el compromiso adquirido hace un año con la suficiente antelación y el Ejecutivo no haya hecho lo que le correspondía?

Por todo lo anterior, las DNAJ y el IDHUCA ven necesario que el Estado salvadoreño:

1. Establezca plazos claros y definitivos así como la agenda requerida, para crear el sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia.

2. Defina con precisión la entidad responsable de verificar que se cumpla, en el tiempo y en las condiciones más adecuadas, lo antes señalado.

3. Se convoque a las organizaciones sociales que trabajan con la niñez y la adolescencia en los ámbitos nacional y local a fin de garantizar un proceso participativo, transparente e incluyente.

En aras de responder al interés superior de la niñez y la adolescencia salvadoreñas, la LEPINA debe ser una realidad pues es la normativa que reconoce sus derechos así como su capacidad para lograr que les sean respetados.

San Salvador, El Salvador, lunes 19 de abril del 2010.

PETICIONES DE LAS VÍCTIMAS ANTE EL TRIBUNAL

Nosotros, en representación de las víctimas de masacres, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones sumarias y cualquier otro tipo de violación a los derechos humanos en el conflicto armado, hacemos las siguiente peticiones:

1. Que el Estado salvadoreño derogue la Ley de Amnistía.
2. Acompañamiento sicosocial a las víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades a través de estrategias integradas en un programa nacional.
3. Creación de un programa de becas para estudios superiores, orientado a los descendientes de las víctimas.
4. Desaparición de todo signo de homenajes o reconocimientos a promotores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
5. Integrar en la curricula educativa la materia de historia nacional, que recoja el conocimiento del pasado reciente en nuestro país.
6. Que el Estado institucionalice y respalde la creación del museo nacional de la memoria.
7. Creación de un fondo nacional de reparación a las víctimas del conflicto armado.

Suchitoto, 10 de abril de 2010.

Segunda parte de los testimonios de la masacre de Copapayo:

http://www.4shared.com/audio/rtPys08a/testimoniocopapayo2.html

testimoniocopapayo2.WAV

TRIBUNAL 2010

Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, 2010

QUE NO HAYA HOMENAJES PARA ASESINOS

Hoy el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador estudió la ejecución de Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres en 1980, y las torturas de Carlos Santos y Rolando González, ocurridas también durante la guerra. En el caso del Procurador testificó el ahora diputado del Parlamento Centroamericano, Jorge Villacorta, asimismo se presentó un video que registraba la declaración del embajador salvadoreño en la India, Rubén Zamora, este último hermano de la víctima.

Aronette Díaz viuda de Zamora, explicó al Tribunal que la muerte de su esposo ocurrió mientras ellos junto a varios de sus amigos compartían en su casa. Unos hombres con gorros pasamontañas los obligaron a tirarse al suelo y al identificar a Mario se lo llevaron para matarlo. “Yo, como vi que lo tomaron y lo llevaron dentro de la casa fui al baño familiar y cuando abrí la puerta lo vi tendido boca abajo y en un charco de sangre. Luego vi a mi hijo que venía detrás y para que no viera cerré la puerta del baño”, declaró. Finalmente, celebró que el Tribunal se realizara en Suchitoto. “Él amaba esta ciudad y su ciudad natal de Cojutepeque, todo el departamento de Cuscatlán y para mí es un símbolo para la memoria histórica de Mario”, concluyó.

Mario Zamora hijo, también testificó. Habló sobre los buenos momentos que vivió con su padre y cómo este crimen cambió la vida de toda su familia. “Aquella noche terminó aquel cuento de hadas de una familia tan grande, tan bonita y de aquel padre tan cariñoso y al que la gente quería mucho”. Finalmente, pidieron al Tribunal que recomendara la investigación de todos los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Mario Zamora Rivas, que se destruya y se evite la construcción de monumentos, así como los nombramientos o cualquier otro simbolismo con el que se pretenda homenajear a los asesinos, y que se establezca una pensión por vejez para Aronette Díaz viuda de Zamora.

Durante la tarde, se presentaron los testimonios de Carlos Santos y Rolando González, ambos víctimas de tortura. En sus relatos explicaron las múltiples vejaciones a las que fueron sometidos: los encapucharon, los colgaron del techo con esposas que les cortaban la circulación de sangre en las manos, los golpearon constantemente, les aplicaron choques eléctricos, los amenazaron de muerte y los sumergieron en pilas de agua. Carlos fue colgado hasta que perdió la sensibilidad en las manos, “me decían que si se me quebraban las manos me iban a matar porque no iban a permitir que me vieran con las manos quebradas”, contó.

Como medidas de reparación Rolando solicitó al Tribunal la derogación de la Ley de amnistía, que se coloque una placa o mural en un lugar visible de las unidades militares en las que se torturó o se ejecutó a personas civiles, especialmente en el museo militar de El Salvador donde se exhiben uniformes y placas de las fuerzas militares, “ahí debe registrarse esa parte de la historia militar”, concluyó.

Mañana, los jueces y las juezas escucharán otro caso de tortura e iniciarán la deliberación. El Tribunal puede ser escuchado a través de radio YSUCA, 91.7 FM. La sentencia se presentará mañana durante el concierto del Festival Verdad que se realizará desde las 3 de la tarde en el parque central de este municipio.

Suchitoto, 9 de abril de 2010.