viernes, 30 de enero de 2009

VII Concursopor la verdad, la justicia y la paz


Si eres estudiante universitario o de bachillerato puedes participar en este concurso.
BASES DE COMPETENCIA DE POESÍA Y CUENTO CORTO

– El trabajo recibido debe ser original y no debe haberse publicado ni presentado en otro concurso.
– Sólo se permitirá una obra por persona.
– Se presentará mecanografiado o digitado en computadora a espacio y medio, en tamaño de letra 12, a una sola cara. El poema debe tener una extensión no menor de dos páginas ni mayor de cinco y el cuento no menor de tres páginas ni mayor de diez.
– El autor identificará su obra con un seudónimo. No debe agregar a ella ningún rasgo que pueda identificarlo.
– Tendrá que presentar original y copia dentro de un sobre de manila que estará rotulada únicamente con el seudónimo del participante, el género (cuento o poesía) y la categoría en la que participa (universitaria o bachillerato). En su interior deberá depositar otro sobre, también rotulado con su seudónimo, que contendrá: nombre, dirección, correo electrónico (si lo posee), género y categoría en la que participa, teléfono y centro de estudio al que pertenece.
– No podrán participar familiares de los organizadores o de los jurados.
– La fecha límite para la recepción será el 5 de marzo de 2009 en la Unidad de comunicaciones del IDHUCA. O en los lugares que se determinen en cada centro educativo. También pueden enviarlo por correo postal a la siguiente dirección: Final Boulevard “Los Próceres”, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. San Salvador, El Salvador.
– Los trabajos ganadores serán archivados por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y podrán ser utilizados en sus publicaciones.

BASES DE COMPETENCIA DE DIBUJO

– Podrá participar toda obra sobre papel ledger, cartulina o cartón de ilustración realizada con lápiz de grafito o de color, plumón, crayón o yeso pastel.
– Cada concursante podrá presentar solo un dibujo que no haya sido premiado en otros concursos y del que sea propietario.
– La técnica será libre.
– El tamaño máximo aceptado será de 20 x 15 pulgadas.
– El autor identificará su dibujo con un seudónimo. No debe agregar su nombre o cualquier otro rasgo que pudiera identificarlo o identificarla.
– La obra debe acompañarse de un sobre rotulado con el seudónimo, que al interior contenga la ficha técnica: título, técnica específica , medidas y descripción (no superior a cinco líneas); junto a una hoja que contendrá: nombre, dirección, correo electrónico (si lo posee), teléfono y centro de estudio o institución a la que pertenece.
– La fecha límite de recepción será el 5 de marzo de 2008 en el IDHUCA. También puede enviarlo por correo postal a la siguiente dirección: Final Boulevard “Los Próceres”, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. San Salvador, El Salvador.
- Los trabajos ganadores serán archivados por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y podrán ser utilizados en sus publicaciones.

martes, 27 de enero de 2009

UN DICTAMEN ESPERANZADOR (CASO DE ALEGRÍA)

Poco más de un año después del asesinato de Moisés Funes y Zulma Rivera, alcalde y jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) del municipio de Alegría, Usulután, la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador dejó sin efecto el sobreseimiento provisional a favor de Carolina Isabel Cortez de Portillo –la síndico de dicho Concejo Municipal– y Wilber Rafael Martínez Marroquín, por su supuesta intervención en los hechos criminales. Ahora, deberán enfrentar a la justicia junto con Marvin Antonio Bermúdez y Rigoberto Soriano Cruz. De Portillo y Bermúdez son acusados de planificar el homicidio; Martínez es enjuiciado por “participación no necesaria”.

Las víctimas fueron emboscadas y acribilladas el 7 de enero del 2008, cuando se dirigían a supervisar un proyecto en el caserío Las Casitas, en compañía de Martínez. Este último resultó ileso y por eso se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República; pero en el proceso se contradijo y obstaculizó el trabajo de los acusadores, por lo que se convirtió en presunto “partícipe no necesario”.

Pese a que al principio se habló de “móviles políticos” en el doble crimen, pues las personas asesinadas eran militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), las investigaciones posteriores indicaron que los conflictos entre la síndico y el alcalde motivaron los hechos. El pasado 16 de diciembre, el juez especializado de Instrucción de San Miguel, Jorge González, decretó sobreseimiento para esta funcionaria y Wilber Martínez alegando que no existían suficientes pruebas de su participación. También anuló la declaración de Álvaro Portillo, esposo de la acusada e investigador de la Policía Nacional Civil, porque en el acta no constaba que se le había advertido que la misma sería utilizada contra su cónyuge. Con dicha declaración, se confirman las pugnas entre la síndico y el alcalde fallecido por el control del Concejo Municipal y la futura candidatura a presidirlo.

La Cámara Especializada, sin embargo, decretó que debía procesarse a ambos y que el error apuntado en la declaración podía ser solventado por los acusadores. Este día, se realizará otra audiencia de presentación de pruebas y luego la vista pública para determinar la culpabilidad o inocencia de los cuatro acusados. El IDHUCA es parte querellante en el caso representando al padre y la esposa de Moisés Funes, así como al progenitor de Zulma Rivera.


San Salvador, El Salvador, 27 de enero del 2009.

martes, 13 de enero de 2009

LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA INICIARÁ LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL POR EL ASESINATO DE LOS JESUITAS EN 1989 EN EL SALVADOR

La Audiencia Nacional admite a trámite la querella interpuesta contra 14 miembros del ejército salvadoreño por el asesinato de los Jesuitas y se reserva la facultad de imputar al antiguo Presidente Cristiani en un momento posterior.

Madrid, 13 de enero de 2009. Hoy, el Juzgado Central de Instrucción numero 6 de la de la Audiencia Nacional española aceptó iniciar la instrucción por el asesinato de los Jesuitas en El Salvador, crimen que sigue impune a pesar de haber transcurrido diecinueve años. Según los hechos contenidos en la demanda, miembros del ejército salvadoreño asesinaron a seis sacerdotes, su ama de llaves y la hija de esta de 16 años. Catorce antiguos oficiales, incluidos el General Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el General Rafael Humberto Larios, ex Ministro de Defensa, han sido imputados tras el auto del juez por crímenes contra la humanidad, y terrorismo de estado por su participación en la masacre. El Juez se ha reservado en el auto la facultad de imputar más adelante y en el transcurso de la instrucción al también querellado Alfredo Cristiani por el encubrimiento del crimen.

La querella fue interpuesta por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) con sede en San Francisco y la Asociación Pro Derechos Humanos en España (APDHE) el 13 de noviembre pasado. "La pronta acción del Juzgado subraya la importancia de este caso no solo para los familiares de las víctimas y el pueblo salvadoreño sino para la lucha por la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad a nivel global", dijo la Directora de CJA, Pamela Merchant. "Esperamos una investigación y posterior enjuiciamiento con éxito de todos aquellos responsables de este crimen".

El asesinato de los Jesuitas fue uno de los crímenes más terribles del pasado siglo XX y uno de los sucesos claves del final de la guerra civil salvadoreña que duró más de doce años. La admisión de la querella por parte del juez abre oficialmente la instrucción del procedimiento.