lunes, 23 de mayo de 2011

A la cabeza de la bestia

El pasado lunes 16 de mayo, el periódico digital "El Faro" publicó un amplio reportaje sobre el llamado "Cartel de Texis". El mismo trata sobre una estructura del crimen organizado bien montada en la zona noroeste del país, que comprende varios municipios de los departamentos de Chalatenango y Santa Ana. La crónica contiene abundante información con nombres y apellidos de los integrantes de una mafia, que incluye funcionarios policiales y judiciales además de "empresarios" –entre comillas– y miembros de maras. De este trabajo periodístico se desprenden elementales interrogantes que, sin duda, no serán respondidas a menos que la sociedad salvadoreña lo exija como es debido.

La primera: ¿Desde cuándo? No desde cuándo se investiga esta red, pues eso aparece en la información de “El Faro”. Mas bien, ¿desde cuándo existen estructuras como la que ahora salta a la luz pública? La respuesta es sencilla: desde que las instituciones estatales fueron convertidas en un aparato organizado criminal para violar derechos humanos. Y desde que ese uso delincuencial de las instituciones fue cubierto por el manto de la impunidad, también institucional, en aras de favorecer grupos privilegiados de poder económico mediante la preservación de una situación social contraria al bien común. ¿Será suficiente, entonces, remontarse hasta 1932?

Con las riendas del país en las manos y en función de una retorcida doctrina de “seguridad nacional”, que planteaba el exterminio de cualquier oposición individual o colectiva, el saqueo de las arcas nacionales era lo lógico. Quien pidiera cuentas corría el riesgo cierto de ser víctima desaparecida o ejecutada; en el “mejor de los casos”, de ser torturada para aparecer luego dando fe pública de la “honradez” del régimen Por violadores de derechos humanos y corruptos, fueron condenados Alberto Fujimori y Augusto Pinochet. El primero está en la cárcel; el segundo murió antes, pero fue enterrado en el basurero de la historia hasta por sus defensores cuando descubrieron que –además de asesino– era un ladrón de altos vuelos. Y para que no digan, también está el dictador rumano Nicolás Ceauşescu; tras un juicio sumarísimo fue fusilado con su esposa, el 25 de diciembre de 1989.

A esos dos rostros del crimen organizado súmenle el del tráfico de drogas, personas, órganos humanos, vehículos, armas, basura y demás. Surge entonces la otra cuestión: ¿adónde están los “capos” salvadoreños? Si no se ha escudriñado en ninguna de las tres facetas de esa alta y muy bien estructurada delincuencia, han permanecido y se encuentran en la más absoluta tranquilidad que les brinda una impunidad bendecida o aceptada por todos los poderes de antes y de ahora, reales y formales. He ahí una de las causas profundas de los males nacionales.

En esto hemos insistido, tanto quien escribe estas líneas como mucha gente con quien ha platicado al respecto, sin que se nos escuche. No creo que andemos tan perdidos si, por citar algo, en Guatemala y México los “zetas” fueron “kaibiles” o pertenecieron a otro tipo de tropas élites gubernamentales e insurgentes. ¿Dónde andarán las tropas especiales y ordinarias de los bandos que se enfrentaron en la reciente guerra salvadoreña, quizás la más “peleada” de todas las ocurridas en lo interno de los países de la región? ¿Estudiando filosofía o dedicadas al cultivo del arte? ¿Meditando sobre los valores de la vida y del “más allá”? ¡Por favor! Si son personas excluidas social y políticamente pero “mano de obra” barata, experta y abundante en materia de violencia, lo lógico es que anden en eso. ¿O no?


¿Y las instituciones del Estado encargadas de investigar y sancionar a quienes siguen nadando en esas aguas?, es otra pregunta. ¿Tienen los recursos, la capacidad, la voluntad y –sobre todo– el valor de hacerlo? En el marco del entramado estatal salvadoreño, todos los caminos conducen a la Fiscalía General de la República para generar más incógnitas. ¿Por qué su titular, Romeo Barahona, no ha instalado aún la infraestructura necesaria para iniciar las escuchas telefónicas? ¿Por qué se opone a la creación de una comisión internacional para combatir la impunidad? ¿Por qué, en lugar de negarse a ello, no propone algo mejor? ¿Por qué no se gana, con un trabajo eficaz, la confianza para que sea él quien dirija dicha entidad?


Sobre el “Cartel de Texis”, un periodista de “El Faro” le comentó que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública –Manuel Melgar– responsabilizó a la Fiscalía de retardar las investigaciones desde el 2000. ¿Por qué le respondió Barahona que sólo puede dar explicaciones desde que asumió el cargo, si durante un largo período –en el cual también se debió indagar sobre esta estructura criminal– él fungió como adjunto de dos titulares en la institución? Por último, ¿por qué eligieron a Barahona para una misión tan vital para salvar al país, como es la de combatir la impunidad con todo? ¿Qué se negoció en Casa Presidencial para nombrarlo?


Hay otras interrogantes que nos preocupan y que más adelante deberán comentarse. ¿Vamos o estamos ya en una nueva guerra, sin que aún no hayamos salido bien de la anterior? En esa línea, ¿se va a continuar apostándole a la Fuerza Armada como la solución? ¿Pretenden seguir pegándole a la bestia del crimen organizado en las patas, sin tocarle la cabeza? Soldados abundan; generales hay pocos. De seguir así, lo único que van a conseguir es que la fiera se tropiece y se levante más encolerizada. Sino, miren lo que está pasando en México.


Sería bueno que quienes conducen el país, respondan con claridad y fundamento antes de que inicie la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Sobre todo, porque El Salvador será su sede y porque su gobierno propuso como tema de la misma “La seguridad ciudadana en las Américas”. No vayan a terminar siendo “candil de la calle y oscuridad de su


Publicado en ContraPunto

viernes, 20 de mayo de 2011

Importante foro


Exposición de esfuerzos locales de prevención de violencia.

El IDHUCa con el apoyo de CECI, RTI, la Municipalidad de Santa Tecla, y USAID realizaron el foro: Organizaciòn Local, Una estrategia de Prevenciçon de la violencia.



En esta actividad hubo un intercambio de experiencias de los municipios Colón, Puerto El Triunfo y Santa Tecla y al que acudieron representantes de sociedad civil, cooperación y población en general.




jueves, 5 de mayo de 2011

¿Dónde están tu hermana y tu hermano?

“La violencia en todas sus formas acarrea enormes pérdidas a la sociedad. En los 18 años que han transcurrido entre 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz, y el año 2009, han fallecido 59,842 personas a causa del homicidio. Esto equivale a 3,325 homicidios por año o 9.1 personas asesinadas por día, convirtiendo al homicidio en la primera causa de muerte en El Salvador en período del 2004 al 2008, superando a las muertes provocadas por accidentes de tránsito, infartos, neumonía, diabetes, etc.”. Eso dice un reciente e interesante trabajo de graduación elaborado por cuatro jóvenes estudiantes de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas” (UCA), que lleva por título “Acciones de la política de seguridad pública en El Salvador en el periodo de 1992 a 2009”.

Si a esa cifra -escandalosa pero cierta- se suman alrededor de cuatro mil víctimas mortales del 2010 y más del millar en lo que va del 2011, nuestro país en “paz” está por alcanzar la cantidad de ejecuciones producto de la violencia política y bélica durante esa terrible etapa del recién pasado siglo. De seguir así, en poco tiempo se habrá llegado a las setenta y cinco mil víctimas. En su inmensa mayoría, éstas pertenecen a la parte humana más despreciada por un modelo económico y político que sólo favorece a los dueños del país.

Opiniones van y vienen ante este nuestro drama nacional, sin encontrarle solución. ¿Por qué? Pues porque quienes deciden o pueden influir en las decisiones sobre el rumbo nacional, no piensan en la gente; no les interesa, aunque lo digan “del diente al labio”.

La llamada “clase política” y los gobiernos de la posguerra tienen una gran responsabilidad en que las cosas estén así, cierto. Pero más culpables son esos poderes económicos que los patrocinan y que, en su egoísta afán de tener más y más, pretenden seguir viajando en la “primera clase” de un país cuyo vuelo −de accidentarse de nuevo, como ocurrió dos veces en el siglo pasado− también se los llevará de encuentro; a menos que, cínicamente, algunos decidan apostarle de lleno a ser parte de la estructura del crimen organizado, que pudiera −tarde o temprano− tomar del todo las riendas del Estado. Si eso ocurre, sólo algunos se “salvarán” a costa del desastre general.

Pero también hay que voltear la mirada a eso que llaman “sociedad civil”: las universidades, las iglesias, los medios masivos de difusión -entre los cuales hay unos que sí informan y forman- y las organizaciones de diverso tipo que existen dentro de la misma. El “dejar hacer” y “dejar pasar”, el no señalar lo infame y no reclamar lo conveniente para las mayorías populares, el esperar que alguien nos traiga la “esperanza” y el “cambio” sin exigirle que cumpla sus promesas, el callar ante el uso abusivo de los bienes estatales, el permitir que unos pocos disfruten el “buen vivir” a costa del “mal común”… Con todo esto se peca por acción y también por omisión.

Hay que recordar que a Caín, el Señor le preguntó: “¿Dónde está tu hermano Abel?” Y el parricida contestó: “No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?”, tratando de evitar su responsabilidad. “¿Qué has hecho?”, le dijo el Señor. “La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano”.

Como a Caín, esa es la interpelación que debe hacerse al país; especialmente a los que toman las grandes decisiones y de diversas formas son responsables de su ejecución. Hay quienes deberían temblar al escucharla y decidirse, de una vez por todas, a cambiar; sobre todo los poderes económicos, políticos, gubernamentales, mediáticos, eclesiales, académicos y sociales. Las víctimas sufrientes ven cómo estas fuerzas pretenden evadir sus responsabilidades. Y las que celebran la reciente canonización de Juan Pablo II, deben recordar lo que hace casi quince años les dijo aquí en El Salvador: “Para construir la paz en la justicia, para edificar la fraternidad y la reconciliación, el Redentor ha recorrido el camino opuesto a la violencia, a la soberbia, al egoísmo, a la lógica del poder, escogiendo la pobreza y el servicio”.

En medio de ese escenario doloroso y desafiante, se extrañan más las voces que -como la de Óscar Romero- denunciaban el mal con valentía desde su parcial opción preferencial por los derechos de las víctimas. Los líderes religiosos deben ganarse esa calidad más allá de los formalismos, saliendo en defensa de éstas que son el cuerpo de Cristo martirizado. Nuestro arzobispo santificado por los pueblos crucificados desde hace mucho, ante el cadáver del canciller Mauricio Borgonovo Pohl el 11 de mayo de 1977, proclamó el rechazo de la Iglesia a la violencia y su compromiso de estar con quien la sufre. “No pueden seguir viviendo tranquilos –sentenció− los que llevan la violencia a estos extremos horribles”.

Todos los poderes que por acción u omisión son responsables de los homicidios que siguen ocurriendo, corren el riesgo de terminar siendo vistos como los “sepulcros blanqueados” de nuestros días −así de fuerte es la palabra de Jesús− si no trabajan por alcanzar una paz sólida construida sobre la verdad y la justicia. Quienes son fieles a las enseñanzas de Romero entre las mayorías populares y la “sociedad civil”, deben exigir a los poderes que trabajen en serio para alcanzarla. Este pueblo no merece seguir padeciendo más.

Benjamín Cuéllar

El Bumerang regresa

Cuentan que un hombre consultó a una vidente su destino y supo que la muerte lo visitaría pronto. “No voy a permitir que me encuentre; huiré lejos de aquí”, se dijo a sí mismo. Angustiado, atravesó tierra y mar hasta llegar a otro continente donde cruzó ríos, montañas y bosques para encontrar una distante y casi inalcanzable cueva. “En este lugar tan lejano no me hallará la muerte”, pensó. Al ingresar a la caverna, se encontró con la última sorpresa de su vida. Sentada, tranquila, la muerte lo aguardaba. “Te estaba esperando; llegaste a tiempo”, le dijo y se lo llevó.

Los responsables de crímenes aberrantes y grandes violaciones de derechos humanos, permanecen protegidos cuando ellos o sus herederos detentan el poder. Mentira oficial, leyes de amnistía, procesos viciados, funcionarios comprados, inmunidades vitalicias, evidencias destruidas y testigos fallecidos, son algunas de las piedras con las cuales se levantan verdaderos muros de impunidad; lo hacen sobre la falsa creencia de que la verdad y la justicia nunca los podrán sortear.

Pero quienes colocan a las víctimas esos valladares llevan las de perder, pues la falsedad y la infamia

-por su misma inconsistencia y mezquindad- se desvirtúan y superan en la medida que, con el esfuerzo de quienes las padecen, asoman pinceladas de verdad y justicia.

Por eso, no hay que extrañarse tanto con el proceso abierto recientemente contra el general Carlos Eugenio Vides Casanova para deportarlo del territorio estadounidense. Este militar fue acusado allá por tres compatriotas que soportaron crueles torturas mientras él, durante una parte de la larga noche de violencia política y bélica que asoló el país, dirigía la desaparecida Guardia Nacional. El jurado lo declaró culpable en el 2002, junto al general Guillermo García, por no haber impedido los tormentos que sufrieron estas personas civiles e indefensas. Pese a que ambos oficiales retirados apelaron, el fallo fue ratificado en el 2007. Esa condena y otras por venir, son del todo previsibles al tener la certeza -por ser irreversible e irremediable- de que la justicia prevalecerá siempre sobre cualquier intento de evadirla.

Con esa sentencia, irónicamente pronunciada en el país cuyo gobierno fue el principal aliado del ejército salvadoreño durante la guerra, comenzó una nueva etapa en los intentos por hacer valer los derechos de las víctimas. Por primera vez fueron reivindicadas ante los responsables de un aparato organizado de poder que ordenó, toleró y encubrió grandes atrocidades; además comenzó a hacerse más difícil para los altos jefes castrenses de entonces, eludir sus responsabilidades.

Con la condena de los generales Vides Casanova y García, inició el “turno del ofendido” anunciado por Roque Dalton. Esa parte de la historia tan anhelada y tan buscada por las víctimas, la del triunfo de la verdad y la justicia, ya comenzó a asomarse producto de su imaginación y sus esfuerzos.

Luego de ser y permanecer pisoteadas por el sistema en lo más profundo de su dignidad, ven hoy una luz esperanzadora: que los torturadores y asesinos junto a sus mentores, encubridores y facilitadores, están ya ante la posibilidad cierta de que terminen para ellos las comodidades de la impunidad que hasta ahora han disfrutado. Al reconocer la responsabilidad de estos militares, se señaló a la Fuerza Armada de El Salvador como una institución que violó de forma sistemática los derechos humanos y quedó desmentida la versión oficial de que fueron “actos aislados”. Es importante y positivo que en los Estados Unidos de América se asuma eso después de todo el daño que las administraciones de Ronald Regan y George Bush padre, sobre todo, le causaron al pueblo salvadoreño.

Sin embargo, resulta escandaloso que a estas alturas en nuestro país -cuyas autoridades se ufanan de conducir un Estado de Derecho - sólo cuatro honorables magistrados en la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal junto a otras funcionarias y otros funcionarios excepcionales puedan plantarse ante las víctimas sin rubor, mirándolas a los ojos con el compromiso de cumplirles.

Es inaceptable que a casi dos décadas del fin de la guerra y después de todo lo que se ha invertido para hacerlo funcionar, no exista un buen sistema de justicia ni las personas con agallas suficientes para investigar hechos aberrantes y vergonzosos, constitutivos de verdaderos crímenes contra la humanidad. Ni siquiera honran su palabra empeñada y repetida cada vez que pueden del 1 de junio del 2009 en adelante, al incumplir obligaciones que como Estado tienen frente a decisiones emanadas de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Esos son pasos necesarios que se resisten a dar. Pero más allá de las ataduras que han aceptado quienes aparentemente tienen en sus manos las riendas del país, por fortuna la justicia - como derecho y como valor- es universal y no habrá lugar ni ambiente que le impida sentar en el banquillo de los acusados a los criminales, sin importar el bando al que hayan pertenecido.

La historia da vueltas. Y en materia de graves violaciones de derechos humanos, es como el bumerang que regresa exacto al lugar de donde fue lanzado; sólo que con sus puntas al revés y en dirección de quien lo lanzó. Ha llegado el momento de la siega y, tal como pasó con el hombre que quiso escapar de la muerte, no importa donde se escondan los responsables de tanta atrocidad ocurrida en nuestro país ni la finura de los tejidos que hayan elaborado para enmarañar la verdad. Lo cierto es que la ignominia terminará siendo derrotada, pues tarde o temprano la honradez prevalecerá.

Para bien del pueblo, ya está irrumpiendo el “turno del ofendido”. Es la hora de comenzar a escribir la otra parte de la historia, con la luminosa tinta de las víctimas; la que borrará amnistías, perdones y olvidos impuestos, manejos publicitarios impulsados por quienes tienen los medios para ello y acusaciones inmerecidas contra las personas y los grupos que luchan por hacer valer sus derechos legítimos. Así caerá, por fin, el muro de impunidad. No se trata de venganza, sino de un auténtico proceso de paz y conciliación.

Cuando las instituciones busquen verdad, impartan justicia y reparen el daño causado a las víctimas −las de antes, durante y después de la guerra− podremos hablar con certeza de un El Salvador distinto. Sólo así existirá una democracia real en el país. Y la principal responsabilidad de su construcción, no deberá adjudicarse a los que firmaron acuerdos y ahora disfrutan el “descanso del guerrero”. No, por favor.

Será de las víctimas sobrevivientes y de las familias de las personas ejecutadas y desaparecidas que han declarado ante el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, de las que han denunciado crímenes abominables en el sistema interamericano de derechos humanos y obtenido la condena del Estado salvadoreño en la Corte del mismo, de las que han presentado sus casos a una Fiscalía General de la República casi siempre inoperante.

El mérito será también de las niñas y los niños de El Mozote y el río Sumpul, asesinados junto a centenares de personas adultas de todas las edades; de quienes murieron en todos los rincones del país y de aquella gente que aún no aparece; de las personas que injustamente detenidas, fueron torturadas por sus captores; de las y los familiares de Roque Dalton, Mario Zamora, Patricia Cuéllar, Félix Ulloa, Francisco Ventura, Ramón Mauricio García Prieto, las hermanas Serrano y tantas más que retan al sistema nacional demandándole un correcto desempeño para derrotar la impunidad.

Cuando eso ocurra, las víctimas sabrán perdonar desde su generosa dignidad y en El Salvador se podrá hablar de una sociedad en paz. Así será cuando acá, parafraseando a Montesquieu, la justicia sea como la muerte: que nadie escape de ella.

(publicado en Contra Punto)

lunes, 2 de mayo de 2011

FISCAL CUESTIONADO

Una vez más el Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona, ha recibido e incumplido sendas órdenes de la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En esta ocasión le ha reiterado que su actuar en el caso del licenciado Diego Balmore Escobar es contrario a lo normado en la Carta Magna y debe pagarle los salarios retenidos ilegalmente desde enero del 2010.

El 13 de abril del corriente año la Sala le determinó a dicho funcionario hacer efectivo ese desembolso y que informara, en un plazo de tres días hábiles, el cumplimiento de esa decisión. Tras las vacaciones de Semana Santa, dicho término venció el pasado martes 26 de abril. Barahona esperó hasta después del período de asueto para informar a la Sala, con el único e inhumano fin de prolongarle al licenciado Escobar su deteriorada situación económica individual y familiar.

Igualmente el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, en marzo del presente año emitió nueva resolución confirmando la calidad de violador de derechos humanos del Fiscal General. Pese a ello, Barahona no acató las recomendaciones del Defensor del Pueblo por lo que se le pedirá una merecida censura pública.

El recién pasado 28 de febrero, el licenciado Escobar –víctima de los atropellos de quien debería garantizar el respeto de la legalidad en El Salvador– fue convocado a una reunión para comunicarle que su contrato ya no sería renovado, pese a que su relación laboral en la Fiscalía General de la República no es contractual. Su vínculo laboral emana de la Ley Orgánica de dicha institución. En el fondo, lo que busca el referido Fiscal General con esta medida es no darle cabal cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional y el Procurador Luna.

En realidad, Barahona está desesperado; eso lo lleva a equivocarse una y otra vez en sus estrategias legales dentro de este caso. Ni él ni sus asesores han podido hacer nada frente a la contundencia de los alegatos del licenciado Escobar. El actual Fiscal General –quien debería ser el mejor protagonista en el combate a la impunidad y la superación de la violencia delincuencial– es el mismo que tantas reacciones negativas ha despertado por su deficiente trabajo; el mismo que, además de los problemas con la mencionada Sala y el Procurador Luna, también ha chocado con el Presidente de la República y las Naciones Unidas, así como con integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Pareciera que Barahona no responde a los lineamientos que le establece la Constitución, sino a otros intereses. El mensaje es claro. Poco a poco los espacios se le van cerrando. La sociedad antera, junto al licenciado Escobar, deben exigirle que respete la legalidad y las instituciones. Si no, las mismas serán utilizadas para que así lo haga.

San Salvador, lunes 2 de mayo del 2011.