lunes, 20 de junio de 2011

Inauguran Diplomado







En horas de la mañana, el pasado viernes 17 de junio se inauguró el VI Diplomado de Derechos Humanos e Investigación Criminal, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” (IML), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Presidieron el acto José Miguel Fortín Magaña, director del IML; Carlane de Parada, subdirectora de la Escuela de Capacitación Fiscal; Luisa Carolina Arévalo, jefa de la División de Estudios de la ANSP; César Baldemar Flores, en representación del director general de la PNC; y Benjamín Cuéllar Martínez, director del IDHUCA.

Estas personas recibieron en el evento, las respectivas copias del convenio de cooperación entre las cinco instituciones, que entre sus propósitos se plantea realizar esfuerzos conjuntos para fortalecer la coordinación del trabajo en lo relativo a la investigación del delito; también actualizar y profundizar los conocimientos de las y los participantes en dicha materia, con enfoque de derechos humanos.

Esta actividad académica que arrancó su sexta edición con la participación de 47 personas, 31 hombres y 16 mujeres, finalizará el 11 de noviembre del presente año. Quienes participan en la misma realizarán, junto a las clases teóricas que se impartirán, actividades prácticas como la presentación de casos e intercambiarán experiencias desde cada institución. Además, el conocimiento personal y la confianza que se generan entre las alumnas y los alumnos facilitarán a futuro –como ha ocurrido en los eventos anteriores– el trabajo de campo y eso redundará en beneficio de la población que es víctima de la inseguridad producto del accionar criminal.

Pánico a la justicia, defensa de la dignidad


En este país, a diferencia de otros que sí son normales, el solo asomo de una posible justicia para las víctimas excluidas a todo nivel lo pone de cabeza. Trastoca el poco orden establecido, derriba mitos, desenmascara liderazgos con pies de barro, señala profetas impostores, saca a flote intereses mezquinos, desnuda personalidades alteradas, rompe relaciones… En fin, pone a temblar a quienes tienen deudas con la misma o están en la posibilidad cierta de tenerlas −hoy o después− por su actual posición en cualquier nicho de poder y por los abusos que puedan cometer o están cometiendo desde ahí. Si permitimos que eso siga así, estamos muy mal. Si no nos plantamos como pueblo soberano y digno, como ciudadanía activa o como poder real −que cada quien le diga como quiera− ya sabemos cuál es el destino porque, sin duda, conocemos muy bien este camino.



“Los manejos menos visibles son más difíciles de probar, aunque son evidentes. En esta campaña se utilizó la mentira, la calumnia, la amenaza, todo medio disponible, contra las autoridades del país, contra los responsables más directos de la nueva orientación y, en general, contra todos aquellos que podían suponer un apoyo al cambio social”. ¿Les suena? Pues eso es parte de lo que escribió Ignacio Ellacuría hace más de treinta y cinco años, en aquél célebre “¡A sus órdenes mi capital!”. Sin duda, ese texto perfectamente puede ser considerado para analizar los acontecimientos que hoy en día se están produciendo en el país.


¿Ha habido confabulaciones secretas o, dicho coloquialmente, “movidas turbias” en la gestación y el manejo de una crisis provocada por quienes tiemblan al asomar una justicia constitucional independiente, imparcial y sana para la democracia? ¡Claro que sí! Porque tiemblan y reaccionan criminales de guerra, responsables de violaciones de derechos humanos y delitos contra la humanidad −de uno u otro bando− junto a sus cómplices, patrocinadores y encubridores. Mauricio Funes en campaña hizo suyo el heredado cliché de “no abrir heridas” y ha cumplido, reiterando cada vez que puede ese compromiso; casualmente (¿?) lo hizo un día antes de sancionar el espurio intento legislativo por “cercar” a la Sala de lo Constitucional, al final de su discurso por los dos años de estar sentado en la silla presidencial. No puede ni debe, entonces, darse “baños de pureza” insinuando la posible tranza entre Alfredo Cristiani y dicha Sala para garantizarle más impunidad a éste y a otros.


Pero además tiemblan los poderes ocultos o no tan disimulados, cuyos grandes capitales podrían afectarse si se da marcha atrás a la “dolarización” y si se revisan o revierten los tratados de libre comercio con potencias del norte o del sur del continente. Tiemblan también quienes pactaron llegar al gobierno y están en el mismo, ofreciendo “no tocar” todo eso y otros asuntos que han sido y siguen siendo “intocables”.


Los “manejos” que Ellacuría denunció en su momento continúan vigentes como prácticas entre las élites. De nuevo y como siempre se ha mentido sobre temas cruciales para las víctimas y calumniado a una verdadera autoridad, como esa que hoy emana de la Sala de lo Constitucional. Con su desempeño, cuatro de sus integrantes son responsables directos de una nueva y ansiada orientación de la justicia. Una justicia por la que entregó su vida el guía espiritual de este pueblo sufriente y no de gobiernos complacientes como el actual. Una justicia por la que, junto a Romero, también asesinaron a las y los mártires de la UCA. Una justicia por la que, sobre todo, ejecutaron y desaparecieron tantas personas humildes y anónimas cuyas familias siguen clamando precisamente eso: justicia.


A estos magistrados que −siempre en palabras de Ellacuría− “podían suponer un apoyo al cambio social”, los quieren amarrar. Y si los atan a ellos, le estarán lanzando un muy mal mensaje a las y a los jueces “de a pie”. Sólo el pueblo salvadoreño, construyendo y ejerciendo su poder, es capaz de evitarlo. Hoy en día hay indignación contra quienes le tienen miedo a la justicia, dentro y fuera del territorio nacional; la hay, mucha y con sobradas razones. Pero la indignación −que no es mala− puede resultar inútil si no se transforma en pasión por la justicia y en acción creativa, decidida e intransigente hasta alcanzarla.


Entonces, ¿qué hacer? ¿Imitar o innovar como antes? ¿Imitar a la gente española indignada o la de otros pueblos que en sus condiciones han hecho gala de ingenio y creatividad? Sí y no. Sí en el fondo; no en la forma. Me explico. En España ocupan masivamente la Plaza del Sol y otras principales en un día, manteniendo la protesta hasta donde quieren y deben. Acá no llenamos ni siquiera la Plaza Italia, que es un pequeño arriate ubicado casi frente al sitio donde −hace unos días− Funes militarizó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Es mayor la indignación allá? Quizás no.


En nuestro país hay inseguridad, iniquidad e impunidad hasta para regalar. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que acá no le interesa a la población cambiar una realidad tan negativa como la que le han impuesto irresponsables gobiernos y capitales egoístas? Yo veo tres frenos que le impiden a la necesaria protagonista –la juventud salvadoreña− construir poder y ser la fuerza que se preocupe y trabaje, se manifieste y proteste, se lance en pos del verdadero cambio que es muy distinto al que le prometieron en noviembre del 2007. Se trata del real, el cierto, el que nace desde abajo y desde adentro de las necesidades y el dolor de las mayorías populares; no del que cada vernáculo político oportunista y su séquito ofrecen una y otra vez, en su afán por crearse un raquítico pero lucrativo “reinado”.


Insisto: me parece que tres son los frenos que dificultan el que −por ahora− se dé en el nuestro lo que en otros países ha ocurrido y está ocurriendo. El primero: la impunidad para los violadores de derechos humanos que, desde el aparato estatal, hicieron lo que quisieron en 1932 y de 1972 en adelante sin que hayan tenido que pagar por sus inmensas culpas. Eso pesa mucho en el imaginario colectivo. El segundo: la condición económica y social de la mayor parte de nuestra juventud que si consigue dinero para ir al “ciber”, seguro que dedicará tan “preciado” momento a otras cosas. Es poco probable que se dedique a discutir sobre el desencanto con la “esperanza” que ofreció este señor o a promover la organización popular en torno a la actual e inmensa indignación nacional. Ello, en un país donde –según me cuentan− sólo el 3% de su población ingresa a Internet y donde esa precaria proporción tiene que ver más con el sector empresarial. Por último, está el freno político: el de los partidos –léase FMLN y ARENA, sobre todo− y de una sociedad “oegenizada” pero no organizada, que para mí constituye una “tercerización” de las legítimas demandas de verdad y justicia de las mayorías populares en sus diversos ámbitos.


Es hora, pues, de superar esquemas tradicionales de lucha en defensa de la dignidad humana y de unas instituciones cuyo precio en sangre y dolor es altísimo. Si dejamos morir solos a estos cuatro magistrados dignos –no por ellos, que valen la pena, sino por el país− la dignidad de la sociedad salvadoreña seguirá siendo atropellada por los poderes ilegales, inmorales y criminales.


Y de nuevo, citando a Ellacuría, “sigue siendo hora de trabajar por un robustecimiento de la conciencia colectiva; sigue siendo hora de promover la organización popular y campesina; sigue siendo hora de fortalecer la estructura del Estado […]; sigue siendo hora de recordarle al Gobierno que no tiene −hoy menos que nunca− el más mínimo derecho a reprimir a quienes están exigiendo lo que él mismo les ha dicho que es absolutamente debido e irrenunciable. Sigue siendo hora de hacer todo lo posible para que no vuelva a repetirse este escandaloso, vergonzoso, injusto: ‘¡A sus órdenes, mi capital!’". Finalizada la cita, cabe decir que el capital es capital y ordena, sin importar de quién sea. ¡Ay de aquellos que le obedecen!

viernes, 10 de junio de 2011

TRIBUNAL DECLARA NULIDAD EN CASO RECORD

El 30 de mayo del presente año, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla inició la vista pública en el proceso penal contra los imputados Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez; también contra la Empresa Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., como responsable civil subsidiario. El delito que motivó esa acción: contaminación ambiental en perjuicio de la naturaleza, el medio ambiente y –en consecuencia– de las personas que habitan en varias colonias del cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

El 2 de junio, dicho Tribunal declaró la nulidad total en algunos aspectos y parcial en otros. Lo hizo, en respuesta a la solicitud de la defensa de los imputados porque --según esa autoridad judicial− no se había cumplido con lo regulado en el artículo 263-A del Código Penal el cual exige, para iniciar la acción penal correspondiente, el agotamiento del proceso administrativo en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) regulado en la Ley de Medio Ambiente, aplicando en tal sentido una ley derogada por considerar que es más favorable a estas personas y a la empresa.

Por lo anterior, el IDHUCA y el MOVIMIENTO SIN PLOMO (MSP) consideran que tal resolución carece de fundamento lógico y jurídico, ya que ese Tribunal colegiado resolvió aplicar un precepto legal que se encontraba derogado. Además, el proceso administrativo se siguió contra la Empresa y los procesados eran empleados de alto rango en la misma.

La resolución trae como consecuencia jurídica la invalidez de todos los actos realizados desde la presentación del requerimiento fiscal; además, suspende el proceso hasta que se realice –según el Tribunal– el procedimiento administrativo por el MARN. Ayer el IDHUCA y el MSP apelaron contra dicha resolución, para que la Cámara competente revoque la nulidad declarada.

Las víctimas directas e indirectas en este caso se encuentran llenas de indignación y seguirán desarrollando una acción legítima, hasta recibir la justicia que se merecen: su lucha valiente va a impedir que las instituciones obligadas a impartirla, se la sigan negando.

San Salvador, viernes 9 de junio del 2011.