De la serie"Justicia" - Homenaje a Katya Miranda
Óleo e hilo de seda sobre canvas250 x 180 cms
2008
Exposición "Artista del mes" - MARTE - Diciembre 2008
(Tomado el Blog de la autora, disponible aquí.)
Teniendo el día de la niñez como marco, el IDHUCA relanzó este primero de octubre la campaña "Justicia ¡ya!" para demandar al Fiscal General de
En la conferencia de prensa para anunciar el relanzamiento, también estuvieron presentes el Procurador de Derechos Humanos en funciones, Dr. Salvador Menéndez Leal y el artista Augusto Crespín quien presentó el cuadro titulado "Complicidad nocturna". La obra fue entregada por el pintor como un legado para la niñez. Esta es una de las acciones que se realizarán en esta campaña.
El artista, el IDHUCA y el Procurador en funciones llamaron a la población a unirse legando obras que le recuerden a la sociedad, pero en especial a las autoridades, su responsabilidad de proteger a los niños y las niñas del país. En este sentido, ya se cuenta con este cuadro, un poema, una obra de danza y un mural en la fachada de
Sobre el caso de Katya, la subdirectora del IDHUCA, Guadalupe de Espinoza, expresó: "nosotros estamos exigiendo al señor Fiscal General de
En septiembre, cuando
Esa amnistía no es “la piedra angular de la paz”; ni siquiera fue parte de los acuerdos. Ha sido piedra de tropiezo al impedir que estructuras criminales se desmontaran; así, escuadrones de la muerte asesinaron a Darol Francisco Velis y a Ramón Mauricio García Prieto en “tiempos de paz”. Luego, la “Sombra negra” exterminó pandilleros. Hay quienes afirman que continúan operando. Pero además de los militares, el FMLN y su candidato se niegan a derogarla aunque antes promovían lo contrario. Ya se entonaron con los aspirantes y después presidentes de ARENA, al decir que se abrirían heridas; “que tenemos que ver hacia el futuro, no más hacia el pasado”.
Mejor. Así, la lucha por la justicia al fin perdió el color partidista que maliciosamente le asignaron los victimarios para desprestigiarla. Ahora, ambas fuerzas políticas –responsables de graves violaciones de derechos humanos– coinciden en su discurso sin escuchar a quienes deberían ser protagonistas principales: las víctimas y sus familiares, a las cuales corresponde decidir si perdonan o no después de conocer verdades tan elementales como, por ejemplo, el paradero de sus seres queridos.
Estas heridas siguen abiertas y no las cierra la “buena voluntad” de un candidato. Pero hay que cerrarlas, para no cometer de nuevo errores pasados. Hay que encarar, pues, la impunidad que permitió enterrar a decenas de miles de víctimas en 1932 junto con la justicia. ¿Tuvo algo que ver eso con lo que ocurrió después? ¡Sí! Abrió la posibilidad de “resolver”, con la violencia militar y policial, problemas estructurales del país que debían superarse mediante la existencia y el funcionamiento correcto de instituciones democráticas. Por eso, el país vivió su peor tragedia entre 1970 y 1992. También se arraigó la mala costumbre de “solucionar” así problemas entre particulares. Así, El Salvador es hoy y desde antes del conflicto, uno de los países más violentos del planeta.
Era de esperarse. Se acercan las elecciones y el presidente Antonio Saca ya anunció que solicitará al inquilino de
Es cierto que el TPS le permite a la comunidad salvadoreña trabajar y gozar de mejores condiciones laborales, pero es reprobable que se busque su renovación para conseguir votos y se mire a esas personas como números estadísticos que se invocan cuando se necesita para fines partidistas, pero que resultan incómodas cuando exigen sus derechos. Se habla de ellas con orgullo cuando mandan dinero al país; pero cuando fallecen, desaparecen o reclaman mejor trato en su travesía, ni se mencionan en los discursos oficiales. Es peor cuando regresan deportados; se convierten en villanos. Y todavía más cuando exigen se respete su derecho al sufragio en el exterior; simplemente, les niegan su participación en la vida política nacional. Tampoco tienen la posibilidad de estar representadas en el parlamento, aunque el último censo demuestre que deberían. Las autoridades electorales han adelantado los plazos para evitar, entre otras cosas, que esa aspiración se cristalice. Así funciona la política estatal en este ámbito; con una cuestionable, inaceptable y denunciable doble moral.
Esas dos caras también surgen cuando la gente cruza las fronteras patrias. Se pide a las autoridades guatemaltecas, mejicanas y estadounidense que respeten los derechos de la gente salvadoreña. ¡Qué bien! Pero qué mal cuando eso se olvida si son nicaragüenses, hondureños, suramericanos o asiáticos –no maquileros– quienes ingresan al país y vienen con la misma esperanza que cargan las y los compatriotas que agarran camino hacia el norte. Ambas poblaciones dejan su terruño para mejorar la situación de sus familias.
Seis meses duró Francisco Rovira en la Policía Nacional Civil (PNC). Durante ese tiempo, además de la ilógica promesa de bajar a cuatro el promedio de homicidios diarios, realizó no menos de veinticinco movimientos internos que afectaron varios mandos territoriales y técnicos. Cualquier persona mal pensada pudiera afirmar que esos cambios sirvieron a sus “asesores”, José Pérez Aguillón y José Aquino Oliva, para hacer de las suyas. Ellos no sólo tienen en común su primer nombre y su reciente renuncia como “guías” de Rovira; también trabajaron con él en la cartera de Hacienda en dos direcciones: la de Aduanas y la General de Impuestos Internos, de donde fueron despedidos por “pérdida de confianza”. Pérez Aguillón, además, fue investigado por sus vínculos con Margarita Parada Grimaldi y Reynerio Flores.
Una comisión ingresó al edificio de la institución para presentar esta demanda. Las demás personas, afuera, exigían justicia para Katya y lo hacían al ritmo de la Batucada y con actuaciones de dos mimos que sostenían la foto de la niña asesinada hace nueve años.
Respecto a la petición presentada al Fiscal General, Roberto Burgos, abogado del caso y representante del IDHUCA, declaró a los medios de comunicación que "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el deber de investigación del Estado del El Salvador no se reduce a dar un simple trámite a las denuncias de las víctimas como si fuera un asunto particular que depende de ellas o representantes, tiene que hacerse realidad la obligación de investigar de la institución competente (...)".
Después, el grupo se traslado en caravana a la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia para que el parlamento pida cuentas al Fiscal por el incumplimiento de su función de defender los intereses de la sociedad y el Estado.
Finalmente, el grupo de ciudadanos y ciudadanas se trasladaron al cementerio "Jardines del recuerdo" para realizar un acto ecuménico y depositar las rosas, que acompañaron simbólicamente el evento, en la tumba de Katy.
Fotos: Comunicaciones IDHUCA y Defensorías de la Niñez
Ver enlace: Desórdenes y heridos en escuela Romero Albergue
(Febrero 15 de 2008 - La Prensa Gráfica, El Salvador)
Tras el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, ocurrido el 10 de junio de 1994, sus padres –Gloria y Mauricio– iniciaron una desigual lucha para esclarecerlo y lograr la sanción de sus responsables materiales e intelectuales. El Estado salvadoreño les negó sistemáticamente justicia, pero su valiente y decidido esfuerzo logró derrotarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en ambas, la representación oficial acusó a las víctimas de “inventar” amenazas y otros hostigamientos sufridos a lo largo de su batallar. En la audiencia final ante la Corte, hace un año, los agentes gubernamentales hicieron gala de su ignorancia, incapacidad y falta de ética. Diez meses después, el 20 de noviembre del 2007, el máximo tribunal de protección de los derechos humanos en América desestimó los alegatos oficiales y dictó SENTENCIA UNÁNIME A FAVOR DE GLORIA Y MAURICIO, EN LA QUE CONDENÓ AL ESTADO POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS EN PERJUICIO DE AMBOS.
Toca, ahora, compartir con el pueblo salvadoreño la relevancia de este fallo que condena de nuevo a un sistema interno de justicia ineficaz, cómplice y protector de asesinos, en detrimento de quienes han sufrido el menoscabo de sus derechos. Las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país deben asumir sus enseñanzas, para profundizar la lucha contra la impunidad. De este claro y determinante veredicto, destaca lo siguiente:
- Gloria y Mauricio siempre tuvieron razón en su lucha y la siguen teniendo. Por eso, la Corte Interamericana dispuso –con el voto de todas y todos sus integrantes– que la sentencia es, por sí misma, una forma de reparación.
- Gloria y Mauricio García Prieto siempre tuvieron razón al acusar al Estado por la falta de investigación eficaz del asesinato de su hijo. Dicho incumplimiento continúa; por tanto, mientras no se concluya tal indagación se sigue violando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
- Gloria y Mauricio García Prieto siempre tuvieron razón al denunciar amenazas, seguimientos, daños a su patrimonio y atentados en su contra, al punto que las citadas Comisión y Corte del sistema regional de derechos humanos ordenaron al actual gobierno y sus antecesores brindarles protección, lo que nunca ha sido cumplido a cabalidad. La constante oficial es la de negar los hechos, dejarlos impunes y burlarse de las víctimas en audiencias internacionales donde se discutieron. Por lo anterior, el Estado fue condenado tras haberse fundamentado y probado legalmente las violaciones.
Esta es la segunda condena a un gobierno cuyo Presidente se jacta de ser protector y promotor de las libertades en la región. Ello debido a que las instituciones policial, fiscal y judicial, durante más de trece años se empeñaron en proteger poderosos criminales. De haber actuado correctamente, se habría evitado esta grave censura jurídica internacional.
El Estado tiene un año, a partir de notificada la sentencia, para cumplirla. La misma tiene la fuerza del Derecho, pues su fuente de obligatoriedad nace de tratados internacionales, principios constitucionales –artículos 1 y 144 de la Constitución– y se rige por los preceptos jurídicos de buena fe y pacta sun servanda; es decir, que lo pactado entre las partes es ley que debe respetarse.
Con la verdad, la legitimidad y la legalidad de su lado, Gloria y Mauricio le EXIGEN al Estado cumplir de manera responsable, diligente y en tiempo los siguientes aspectos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
§ La investigación pendiente tanto del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, como de las amenazas y hostigamientos posteriores en su contra.
§ La realización efectiva de las medidas para proteger su integridad y la de sus asesores, requeridas por la Corte previo a su fallo del 20 de noviembre del 2007.
§ La difusión de la sentencia en los términos ordenados por la Corte, para que la sociedad salvadoreña la conozca.
Por último, Gloria y Mauricio dedican esta victoria a todas aquellas víctimas de la falta de justicia en El Salvador. Como David contra Goliat, Gloria y Mauricio derrotaron al Estado y a sus protegidos en el presente caso; no pudieron cubrirse con la impunidad histórica, política y moral. Queda aún pendiente superar la impunidad judicial dentro del país. Eso se logrará, ciertamente, con la participación decidida de todas las víctimas de violación de sus derechos en todos los ámbitos. Sólo así habrá un nuevo El Salvador: democrático, respetuoso de la dignidad de sus habitantes y en paz.
San Salvador, martes 29 de enero del 2008.
Puede leer la sentencia y escuchar los audios de la conferencia de prensa en la página web del IDHUCA