jueves, 25 de noviembre de 2010

CONMEMORARÁN 30 AÑOS DEL ASESINATO DE LÍDERES DEL FDR


A treinta años del asesinato de los líderes y fundadores del Frente Democrático Revolucionario (FDR), sus familiares honrarán su memoria este 27 de noviembre en el cementerio de “Los Ilustres” de San Salvador, desde las dos de la tarde.

Habrá una misa y ponencias de Dagoberto Gutiérrez, Benjamín Cuéllar, un representante de los lisiados de guerra y otro del movimiento estudiantil de la Universidad de El Salvador. Asimismo, se recogerán firmas para solicitarle a la Asamblea Legislativa derogar la Ley de amnistía y aprobar otra normativa de dignificación y reparación integral a las víctimas.

Hace tres décadas, Manuel Franco, Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Humberto Mendoza, Enrique Escobar Barrera y Doroteo Hernández fueron sacados por la fuerza del Colegio Externado San José, donde estaban reunidos, y luego fueron ejecutados. Sus cuerpos, con evidentes signos de tortura, aparecieron en varios puntos de la capital.

Trece años después, el Informe de la Comisión de la Verdad concluyó: “que fue una acción llevada a cabo por uno o varios cuerpos de seguridad pública y que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y cubrió a los autores”.

También sentenció que hubo un evidente desinterés para investigar los hechos, deducir responsabilidades y llevar a la justicia a los criminales. Eso mismo ha ocurrido después de firmados los acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento armado, en este y otros casos que han sido presentados a los tribunales y las víctimas han debido acudir a tribunales internacionales en búsqueda de justicia.

Eso es lo que motiva la presentación de la pieza de correspondencia para derogar la amnistía y establecer otra legislación que reconozca el derecho a la verdad, la reparación y la dignificación de las víctimas.

jueves, 18 de noviembre de 2010

A Yolanda y sus hijos



El 14 de noviembre de 2000, Guillermo Rodríguez Carías, de 29 años, y Federico Calderón Carías, de 12, fueron asesinados en una pupusería de la colonia La Cima. Tres sujetos les dispararon a quemarropa. Guillermo murió en la acera y Federico alcanzó a refugiarse en el negocio, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Desde entonces, la Fiscalía General de la República ha tenido diez años para encontrar a quienes ejecutaron a los hermanos Carías, pero especialmente para dar con quien ordenó el crimen. Han pasado tres fiscales generales por la institución que tiene el monopolio de la acción penal y ni uno solo se tomó en serio su deber de hacer justicia.

Ni Belisario Amadeo Artiga Artiga, ni Félix Garrid Safie Parada, ni Romeo Benjamín Barahona Meléndez cumplieron con su deber constitucional en este caso. Peor aún, sus fiscales auxiliares cometieron errores graves como no recoger la dirección de los testigos ni hacer retratos hablados de los hechores.

Tampoco investigaron todas las hipótesis que apuntaban hacia un empresario hotelero. No les importó la insistencia de la madre de las víctimas, Yolanda Carías. No fueron capaces de responderle ni ellos ni el resto de instituciones, como tampoco han sido capaces de responderle a cientos de madres de víctimas de la violencia y el salvajismo en los que está hundido El Salvador.

Pese a que Guillermo fue jefe de Comunicaciones y Transporte en la zona occidental del sector juvenil de Arena, este partido político tampoco presionó para que el caso se resolviera. Después del crimen, ni los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, ni sus equipos de gobierno, ni la dirigencia partidaria fueron capaces de lograr que se le hiciera justicia a uno de sus dirigentes.

Eso sí, doña Yolanda Carías recibió arreglos florales de la presidencia y del partido, así como esquelas en las que decían lamentar la muerte de los hermanos Carías. Eso no se tradujo en acción para impedir que el caso quedara impune. No fueron más que lágrimas de cocodrilo.

Por el caso se procesó a Wilfredo Enrique Ágreda como autor material. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos declaró en su momento que el testigo criteriado que inculpó a Ágreda fue falso e irresponsable. En todo caso, no se investigó la autoría intelectual.

Tras diez años de dolor y de búsqueda de la verdad, el caso ha prescrito. Acabó el tiempo que la ley le da a la Fiscalía y a la Policía para investigar, encontrar y sancionar a los responsables. Lo peor es que el asesinato de Guillermo y Federico está impune por la indiferencia y la insultante insensibilidad de los fiscales generales y auxiliares que debieron resolverlo. Hubo testigos y sospechosos; faltó compromiso, profesionalismo y una pizca de humanidad.

“Memo” y “Lico”, como cariñosamente los llama su madre, fueron asesinados hace diez años. Durante dos lustros su madre ha llorado y sufrido sus ausencias. También ha luchado, pero chocó siempre con la negligencia y apatía de las instituciones. A todos y todas los que han sido incapaces de siquiera cumplir con su trabajo o de solidarizarse y actuar para apoyar a esta madre, estos diez años, esta impunidad, debería darles vergüenza.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

FÉLIX ULLOA: 30 AÑOS DE IMPUNIDAD



Este día se cumplen tres décadas del atentado que cegó la vida del ingeniero Félix Antonio Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador. A la fecha, no hay investigaciones ni justicia de ningún tipo. Tan baja es la calidad de las instituciones nacionales, que ni esta ilustre personalidad ni otras de la talla de monseñor Óscar Arnulfo Romero, Mario Zamora, Enrique Álvarez Córdova y Marianella García Villas han sido dignificadas como es debido. Por eso y, sobre todo, por las decenas de miles de víctimas anónimas de graves violaciones de derechos humanos, la familia del rector mártir a través de uno de sus miembros –el doctor Óscar Mauricio Ulloa González– exigió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) impulsar las acciones necesarias y suficientes para establecer responsabilidades y sancionar a los culpables en el crimen de su padre.

Félix Antonio Ulloa fue víctima de amenazas y otras formas de “guerra psicológica”, apareciendo frecuentemente en “listas negras” con nombres de personas que los “escuadrones de la muerte” consideraban debían ser “exterminadas”. El 28 de octubre de 1980, fue atacado a balazos en una agencia bancaria a inmediaciones del recinto universitario. Francisco Alfredo Cuéllar Menéndez, su motorista, falleció en el instante; el rector Ulloa murió a las dos de la madrugada del siguiente día.

La deliberada inoperancia estatal en este caso y en todos los atropellos contra la dignidad humana individual y colectiva, antes y durante la guerra, contradice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando obliga a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos; también a reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares.

Pese a que según la ley interna ya prescribió el plazo para ejercer la acción penal por este hecho, el Estado salvadoreño –a través de la FGR y el Órgano Judicial– debe cumplir sus compromisos internacionales en la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de fondo sobre el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) ocurrida el 16 de noviembre de 1989, estableció que el derecho a la verdad “surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte en dicho instrumento (Convención Americana sobre Derechos Humanos), puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables. […] Además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación de los derechos humanos, también es titular del derecho a ser debidamente informada la sociedad en general. […]Forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones”.

Esa es la deuda más grande con la sociedad, que ni los gobiernos anteriores ni el actual han querido saldar; pero también es el reclamo más honorable de las víctimas, que nunca nadie podrá callar.

San Salvador, 29 de octubre del 2010.