A Yolanda y sus hijos

El 14 de noviembre de 2000, Guillermo Rodríguez Carías, de 29 años, y Federico Calderón Carías, de 12, fueron asesinados en una pupusería de la colonia La Cima. Tres sujetos les dispararon a quemarropa. Guillermo murió en la acera y Federico alcanzó a refugiarse en el negocio, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Desde entonces, la Fiscalía General de la República ha tenido diez años para encontrar a quienes ejecutaron a los hermanos Carías, pero especialmente para dar con quien ordenó el crimen. Han pasado tres fiscales generales por la institución que tiene el monopolio de la acción penal y ni uno solo se tomó en serio su deber de hacer justicia.

Ni Belisario Amadeo Artiga Artiga, ni Félix Garrid Safie Parada, ni Romeo Benjamín Barahona Meléndez cumplieron con su deber constitucional en este caso. Peor aún, sus fiscales auxiliares cometieron errores graves como no recoger la dirección de los testigos ni hacer retratos hablados de los hechores.

Tampoco investigaron todas las hipótesis que apuntaban hacia un empresario hotelero. No les importó la insistencia de la madre de las víctimas, Yolanda Carías. No fueron capaces de responderle ni ellos ni el resto de instituciones, como tampoco han sido capaces de responderle a cientos de madres de víctimas de la violencia y el salvajismo en los que está hundido El Salvador.

Pese a que Guillermo fue jefe de Comunicaciones y Transporte en la zona occidental del sector juvenil de Arena, este partido político tampoco presionó para que el caso se resolviera. Después del crimen, ni los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, ni sus equipos de gobierno, ni la dirigencia partidaria fueron capaces de lograr que se le hiciera justicia a uno de sus dirigentes.

Eso sí, doña Yolanda Carías recibió arreglos florales de la presidencia y del partido, así como esquelas en las que decían lamentar la muerte de los hermanos Carías. Eso no se tradujo en acción para impedir que el caso quedara impune. No fueron más que lágrimas de cocodrilo.

Por el caso se procesó a Wilfredo Enrique Ágreda como autor material. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos declaró en su momento que el testigo criteriado que inculpó a Ágreda fue falso e irresponsable. En todo caso, no se investigó la autoría intelectual.

Tras diez años de dolor y de búsqueda de la verdad, el caso ha prescrito. Acabó el tiempo que la ley le da a la Fiscalía y a la Policía para investigar, encontrar y sancionar a los responsables. Lo peor es que el asesinato de Guillermo y Federico está impune por la indiferencia y la insultante insensibilidad de los fiscales generales y auxiliares que debieron resolverlo. Hubo testigos y sospechosos; faltó compromiso, profesionalismo y una pizca de humanidad.

“Memo” y “Lico”, como cariñosamente los llama su madre, fueron asesinados hace diez años. Durante dos lustros su madre ha llorado y sufrido sus ausencias. También ha luchado, pero chocó siempre con la negligencia y apatía de las instituciones. A todos y todas los que han sido incapaces de siquiera cumplir con su trabajo o de solidarizarse y actuar para apoyar a esta madre, estos diez años, esta impunidad, debería darles vergüenza.

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