miércoles, 3 de noviembre de 2010

FÉLIX ULLOA: 30 AÑOS DE IMPUNIDAD



Este día se cumplen tres décadas del atentado que cegó la vida del ingeniero Félix Antonio Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador. A la fecha, no hay investigaciones ni justicia de ningún tipo. Tan baja es la calidad de las instituciones nacionales, que ni esta ilustre personalidad ni otras de la talla de monseñor Óscar Arnulfo Romero, Mario Zamora, Enrique Álvarez Córdova y Marianella García Villas han sido dignificadas como es debido. Por eso y, sobre todo, por las decenas de miles de víctimas anónimas de graves violaciones de derechos humanos, la familia del rector mártir a través de uno de sus miembros –el doctor Óscar Mauricio Ulloa González– exigió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) impulsar las acciones necesarias y suficientes para establecer responsabilidades y sancionar a los culpables en el crimen de su padre.

Félix Antonio Ulloa fue víctima de amenazas y otras formas de “guerra psicológica”, apareciendo frecuentemente en “listas negras” con nombres de personas que los “escuadrones de la muerte” consideraban debían ser “exterminadas”. El 28 de octubre de 1980, fue atacado a balazos en una agencia bancaria a inmediaciones del recinto universitario. Francisco Alfredo Cuéllar Menéndez, su motorista, falleció en el instante; el rector Ulloa murió a las dos de la madrugada del siguiente día.

La deliberada inoperancia estatal en este caso y en todos los atropellos contra la dignidad humana individual y colectiva, antes y durante la guerra, contradice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando obliga a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos; también a reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares.

Pese a que según la ley interna ya prescribió el plazo para ejercer la acción penal por este hecho, el Estado salvadoreño –a través de la FGR y el Órgano Judicial– debe cumplir sus compromisos internacionales en la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de fondo sobre el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) ocurrida el 16 de noviembre de 1989, estableció que el derecho a la verdad “surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte en dicho instrumento (Convención Americana sobre Derechos Humanos), puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables. […] Además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación de los derechos humanos, también es titular del derecho a ser debidamente informada la sociedad en general. […]Forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones”.

Esa es la deuda más grande con la sociedad, que ni los gobiernos anteriores ni el actual han querido saldar; pero también es el reclamo más honorable de las víctimas, que nunca nadie podrá callar.

San Salvador, 29 de octubre del 2010.