miércoles, 26 de octubre de 2016

Herencias absurdas


Publicado en Diario Co Latino en la sección Opiniones del 25 de octubre del 2016

José M. Tojeira

Hay herencias absurdas. Herencias que llevan a la ruina y que sin embargo no son criticadas y se mantienen por años. Una de ellas es el pago con fondos públicos de seguros de salud privados. Algunos de estos abusos comenzaron por el capricho de líderes políticos. Otros fueron acordados en negociaciones con los trabajadores. Se dan en todas las ramas del poder, legislativo, ejecutivo y judicial. Y disfrutan de esta especie de robo al estado personas de todas las ideologías y tendencias. Lo disfrutan también empresas autónomas del Estado. Y sólo algunas instituciones han resistido a la tentación. Esa herencia la ha dejado ARENA, que no se le ocurrió cuestionar el absurdo de pagar con fondos públicos seguros privados de salud, teniendo el Seguro Social como sistema público de salud. Lamentablemente en los dos gobiernos del FMLN todavía no se ha cuestionado, como se debería, ese dispendio caprichoso e ilegal. Porque las instituciones públicas que dan este tipo de seguros a sus jefes y a veces a todos los empleados, pagan al mismo tiempo el Seguro Social. Doble gasto absurdo y que muestra una vez más la tendencia a aprovecharse del poder para obtener beneficios sobre el resto de la población trabajadora.

Un conjunto de sectores de la sociedad civil ha emprendido una investigación al respecto y ha interrogado, apoyándose en la ley de acceso a la información pública, a más de setenta instituciones estatales. Veintiocho de ellas han contestado ya, y los millones utilizados van creciendo. En el año 2015 las 28 instituciones que han dado sus cifras dicen que gastaron en seguros de salud privados, pagados con fondos públicos, casi dieciséis millones de dólares. Para este año 2016, estas mismas 28 instituciones tienen programado gastar más de 20 millones de dólares. Y quedan todavía por informar otras cuarenta instituciones. Las campeonas en este sustancioso gasto son la Asamblea Legislativa con un poco más de seis millones y medio, la Corte Suprema de Justicia, con un poco más de cuatro millones, y la Fiscalía General de la República, con pocos miles menos que la Corte, pero siempre superando ligeramente los cuatro millones.

Se podría decir hoy que suspender este modo inequitativo e injusto de proceder causaría un grave problema al Seguro Social. Porque esta gente que prefiere sus seguros privados pagados con fondos públicos iría al Seguro Social en su mayoría y congestionaría la institución, multiplicando los atrasos y problemas que el Seguro tiene ya en la actualidad. Sin embargo las cosas no son tan claras. El Seguro Social, se nos dice habitualmente, tiene la mejor y más avanzada maquinaria de salud. Sus médicos se han especializado y subespecializado, muchas veces en instituciones de vanguardia. Sus problemas son de tipo administrativo y organizativo y no tanto de calidad quirúrgica. Si el Estado le diera al Seguro Social esos millones que le da a las aseguradoras y hospitales privados, sin duda el servicio podría ser mejor para todos, incluidos los trabajadores del Estado. En los países desarrollados los ministros de gobierno van al Seguro Social, lo mismo que otros muchos líderes de opinión, profesionales y gente con posibilidades. Que un país pobre como el nuestro, en vez de fortalecer con fondos públicos las instituciones del Estado, cree esa especie de casta superior en sus dependencias y oficinas, con más derechos que el resto de la población trabajadora, es un verdadero escándalo. Y una manera de incumplir con la democracia que con tanta insistencia solemos defender teóricamente.

No es el único tema en el que se cae en inequidades y contradicciones con la democracia que decimos profesar. Realmente de ARENA hemos heredado un país en el que se han ido justificando de muy diversas maneras y en la práctica, una estamentalización de la sociedad en la que hay gente tratada como superiores unos e inferiores otros. No es que haya solamente desigualdades. El problema es que las desigualdades se cultivan, fomentan y justifican institucionalmente desde el propio Estado. Y se acostumbra a la gente, y especialmente a muchos trabajadores del Estado, a entender las plazas de gobierno como plazas de comodidad y privilegio, más que como plazas de servicio. Al principio mencionaba a tres instituciones, las que hasta ahora han dado los mayores montos de ese seguro privado pagado con fondos públicos. Pero el CNR y el BCR superan el millón de dólares en este tipo de seguros. Y todavía, como ya decíamos, faltan las sorpresas que nos puedan dar las más de cuarenta instituciones estatales que aún no han contestado las solicitudes de información.

El país está en crisis económica. Un pacto fiscal es necesario. Pero al mismo tiempo que se lleva a cabo un pacto fiscal es imprescindible limpiar las contradicciones antidemocráticas que se han ido acumulando a lo largo de nuestra historia. Universalizar los derechos de la población y hacerlos equivalentes en calidad para todos es imprescindible en una democracia. En el campo de la salud y de la educación, sin embargo, hay una impresionante tarea. Porque la inequidad, cuando no la exclusión, marcan todavía dolorosamente los servicios que prestan las instituciones públicas. De hecho el servicio público de salud debía ser único y ofrecer la misma calidad a todos. Pero entre nosotros parece dominar una sociedad de castas.

El que se considera superior se esfuerza en lograr más fondos públicos para su conveniencia. Olvidándose que rompe con ello ese signo de solidaridad que debe ser el elemento fundamental de la vida democrática. Todos iguales en dignidad, todos con los mismos servicios básicos estatales.

Lo contrario no sólo es contrario a la democracia, sino señal evidente de la carencia de liderazgo moral en el liderazgo. Tantos años gobernados por empresarios, y no precisamente por los mejores, han organizado el país como si fuera una finca bajo el control arbitrario del patrón.

viernes, 21 de octubre de 2016

El triunfo de todos

Publicado en la sección Opiniones del Diario CoLatino el 18 de octubre de 2016.

José M. Tojeira

Por fin el centro de arbitraje CIADI ha dado la razón a El Salvador. Y no sólo la razón, sino que ha obligado a la Pacific Rim a pagar una parte de los costos del litigio. Se ha puesto al fin freno a los intereses desbocados de una empresa minera sin escrúpulos que pedía una enorme indemnización por el hecho de que no se le permitió abrir minas de cielo abierto en El Salvador. De nada servía la oposición de los campesinos, de los grupos y sectores ambientalistas, de la Iglesia Católica y otras iglesias. La Pacific Rim – Oceana Gold llegó incluso a editar publicaciones llamando mentirosos, enemigos de los pobres etc., a quienes se oponían a la minería a cielo abierto. La insistencia en la seguridad de la minería verde contrastaba con los constantes derrames de sustancias contaminantes en los proyectos mineros. Desde el año 2014 ha habido derrames de sustancias tóxicas, sulfato de cobre, cianuro y otros venenos, en Perú, Argentina, México, Estados Unidos y otros países. Las empresas mineras, por supuesto, fueron las protagonistas. Si mencionáramos los casos de derrames contaminantes habidos desde 1990, no cabría la lista en este artículo. Pero la mentira y el afán de riqueza tenía empresarialmente más poder que la terrible amenaza que constituiría para un país tan pequeño como el nuestro un derrame en las partes altas del río Lempa. Empresas lamentablemente apoyadas por el gobierno de Canadá, al menos en el momento de máxima tensión en que los campesinos reclamaban el freno de las prospecciones en el departamento de Cabañas.

En esta lucha hay que honrar especialmente a la gente sencilla que en medio de un relativo desamparo no abandonó nunca su lucha. Algunas personas fueron asesinadas, Ramiro Rivera entre los más conocidos. La resistencia popular no se echó para atrás, incluso en esas circunstancias claramente alentadas y propulsadas por los intereses mineros. Nuestra gente no se asustó frente a la amenaza y la muerte, a pesar de que las autoridades no respaldaron a la población ni con la investigación ni con la diligencia necesaria. La victoria en el CIADI no ha sido tanto gubernamental y política, sino sobre todo una verdadera victoria popular. Exceptuando algunas instituciones fuertes como la Procuraduría de Derechos Humanos y algunas otras, los poderes habituales de El Salvador no se complicaron demasiado en el tema. Algunos de nuestros empresarios llegaron a tener una posición intermedia, viendo pros y contras pero sin pronunciarse. Al final era difícil encontrar a alguno que se opusiera públicamente a las empresas mineras. Y mucho menos de modo corporativo. Los campesinos, aun viendo cómo la minera compraba intereses y personas, a veces de su mismo vecindario, se mantuvieron siempre firmes en su oposición. Son ellos los que le hicieron un verdadero favor a El Salvador, sin que seamos capaces a veces de agradecérselo. Un verdadero favor, porque en el caso de un derrame de tóxicos en la cuenca del río Lempa, los perjudicados no serían solamente los habitantes de las zonas aledañas, sino las tres cuartas partes de El Salvador. Gente sencilla nos ha librado de un desastre nacional, y no los tanques de pensamiento o los poderes terrenales que dominan el país. Ciertamente los pobres fueron mucho más coherentes que algunos propietarios de medios de comunicación que pasaron, con más interés en el dinero que en la ética, los anuncios mentirosos de la minería verde, sedicentemente segura y animadora del desarrollo humano. Más patriotas los campesinos que algunos grandes empresarios que no tuvieron problemas en presentarse en público con Frank Giustra, millonario dueño de Oceana Gold – Pacific Rim. Este millonario canadiense, calificado como filántropo, dona algunos de sus millones para fines sociales, siempre administrados desde la riqueza y el poder. Y gana con sus donaciones la simpatía de políticos, a los que no les importa que el dinero vaya manchado con la sangre de mineros.

En este contexto de agradecimiento viene a la memoria la reunión de más de quinientos campesinos en la UCA, que llegaron al auditorio Ellacuría para un conversatorio en el que participó, entre otros, el entonces ministro de medio ambiente, Hugo Barrera que, hay que decirlo, en aquel momento animó a los campesinos a seguir luchando en la causa del no a la minería. Esta reunión masiva y de voz potente campesina contra la minería, sirvió posteriormente como prueba frente a la afirmación de la Pacific Rim en el CIADI que, mintiendo una vez más, aseguraba que nunca se habían reunido más de 30 o cuarenta personas para protestar contra la minería. Esos campesinos que dedicaron tiempo, que se movilizaron, que salieron de su ambiente para defender sus intereses y los mismos intereses de El Salvador, son los que ahora merecen el agradecimiento nacional.

Una mención especial merece el abogado Luis Parada. Este salvadoreño es el coordinador del equipo de abogados del bufete Foley Hoag que representa a El Salvador contra la Pacific Rim. Ha estado viajando sistemáticamente a El Salvador para hablar con todos. Desde la gente más sencilla a la más encumbrada. Algunos no le quisieron recibir pero nunca se desanimó. Ex capitán de la Fuerza Armada y abogado titulado en Estados Unidos, hombre de un profundo humanismo, y con esa cualidad de ser salvadoreño y vivir y trabajar profesionalmente en el Norte, ha sido una pieza fundamental en este arbitraje. Sobre su dimensión humana baste con decir lo siguiente. La mayor parte de su vida militar la pasó vinculado a la guerra civil salvadoreña. Pero a principios del año actual participó con un general norteamericano, un expresidente salvadoreño y un excomandante de las FPL en un foro en Nueva York sobre los acuerdos de paz en El Salvador. Cuando salió el tema del juicio de los jesuitas, tanto el exmandatario como el exguerrillero se pronunciaron en favor de que no hubiera juicio para los militares, ni siquiera por graves violaciones de Derechos Humanos. Luis Parada y el general norteamericano Mark Hamilton se pronunciaron por la verdad y por el enjuiciamiento. El ex capitán y ahora abogado dijo entre otras cosas: “Quienes hicieron ese crimen le hicieron un grave daño al país y es necesario un esclarecimiento. Hasta ahora nadie se ha hecho cargo ni ha aceptado su responsabilidad.” Todo un buen ejemplo de un hermano cercano de los Estados Unidos, sobre cómo debe encararse el abuso de las transnacionales en el mercado y el abuso de la fuerza estatal dentro de nuestro país.

miércoles, 12 de octubre de 2016

El presupuesto de Educación



Publicado por el Diario CoLatino en la sección Opiniones en San Salvador, el 11 de octubre del 2016.
José María Tojeira

Soy miembro del Consejo Nacional de Educación, CONED. Por eso escribiré algunas cosas en primera persona. Cuando la propuesta del Consejo fue entregada públicamente al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, me pidieron que dijera ante él unas palabras. De ellas quiero resaltar las que dije al principio de mi intervención: “Un Consejo de Educación no tendría sentido si no buscamos e impulsamos una educación universal hasta los 18 años, que sea de calidad y que ponga las bases adecuadas para el desarrollo de las propias capacidades, la convivencia y la autorrealización personal… El Salvador ha tenido demasiado tiempo un sistema que excluye de la educación formal a más de la mitad de los niños jóvenes a partir de los 15 años. Nuestro sistema universitario es débil y la educación preescolar es aún muy limitada. Urge un esfuerzo nacional que revierta esta situación”. El acuerdo de los miembros del Consejo era amplio y ambicioso. Se pedían 12.500 millones de dólares en diez años, para lograr que la educación en El Salvador fuera de primer mundo. Tal vez se pidió demasiado. Pero lo que es muy difícil de aceptar es que la cantidad de dinero dedicada a educación se estanque o incluso disminuya.

En efecto, en el presupuesto nacional propuesto para el año 2017 aparece una cantidad dedicada a educación ligeramente inferior a la que se asignó en el años 2016. Algunos podrán decir que sólo son 300.000 dólares menos en una cantidad global de casi 942 millones. Pero el tema no es si se trata de poco o de mucho la reducción. El problema es que no avanzamos después de contemplar conjuntamente, incluido el criterio del Ministro de Educación, que la situación del sistema educativo es realmente deficiente. Podríamos tolerar, y eso con dolor, que a causa de la crisis existente se nos dijera que en vez de los 1.200 millones anuales que tocaría invertir según el plan “El Salvador Educado”, este año solamente se invertiría el 10% del aumento necesario: unos 120 millones más. Pero no aumentar nada puede parecer una burla del trabajo realizado, del tiempo dedicado a discusiones y debates, de las esperanzas generadas al ver a un excelente Ministro de Educación que reconoce los problemas y anima a la búsqueda de soluciones.

A parte de los graves problemas de cobertura en educación preescolar y en el bachillerato, la educación tiene serios problemas tanto en la calidad como en la justicia salarial. Si hoy quisiéramos dejar en buen estado las escuelas existentes, entendiendo por buen estado el tener nítidas las ventanas, las puertas, las paredes, los techos, los cielos rasos, los pizarrones, los baños, los muros, los suelos de las aulas, habría que invertir aproximadamente unos 500 millones de dólares. Es evidente que sin un refuerzo presupuestario nuestras escuelas públicas seguirán deteriorándose, nuestros maestros se sentirán mal pagados y la calidad continuará siendo baja. Hoy podemos decir que nuestro sistema educativo, en su totalidad y hasta la finalización del bachillerato, sólo forma adecuadamente, en cuanto contenidos, a un 20% de los niños y niñas que nacen cada año. Cuando se habla de la transmisión intergeneracional de la pobreza, un problema no sólo de El Salvador, pero también nuestro, estamos hablando de la incapacidad de nuestro sistema educativo de desarrollar adecuadamente las capacidades del niño. Porque no podemos crear desarrollo apoyándonos exclusivamente en una quinta parte de la población, que bastante problema tendrá con conseguir lo adecuado para vivir dignamente. Ciertamente debemos ser realistas, y es probable que en el Plan El Salvador Educado se hayan filtrado nuestros ideales en favor de una educación universalizada y de calidad que de una vez por todas nos ayude a salir de este subdesarrollo plagado de desigualdad, violencia y pocas perspectivas de futuro. Pero más allá de si va más allá de nuestras posibilidades reales la suma de 12.500 millones para educación repartidos en diez años, lo cierto es que hay que comenzar a entrarle al tema de educación. Es una tarea que une. En el CONED nos encontramos personas de muy diversas tendencias e incluso filiaciones políticas. No había división a la hora de hacer análisis, de buscar soluciones, de presentar propuestas. El liderazgo del Ministro de Educación se respeta y se apoya. Paralizar expectativas, frenar esperanzas y, lo que es peor, entrar en una parálisis en el tema educativo no tiene sentido. Nadie en su sano juicio puede oponerse a ver la educación como un camino hacia un futuro más desarrollado o menos violento. Puede haber razones de austeridad que fuercen a rebajar los presupuestos o a frenar su crecimiento. Pero no en educación ni en salud.

Aún es tiempo de cambiar decisiones. Y de cambiar el presupuesto de educación en la línea del plan El Salvador Seguro. Un aumento de entre 100 y 200 millones en dicho presupuesto es lo mínimo que podríamos esperar.  Podría orientarse hacia la apertura de centros para la primera infancia. O a aumentar sistemáticamente la presencia de niños y niñas en la educación preescolar. O a adecentar físicamente las escuelas del campo, algunas de ellas en situación desastrosa. No bastará para todo, pero es necesario impulsar proyectos nuevos. Las tareas son muchas y la cantidad de la que hablo es muy pequeña para las necesidades existentes. Pero hay que comenzar. No puede ser que a finales del año 2019, con un nuevo gobierno, se vuelva a llamar a un grupo de notables, o de expertos, o de gente con experiencia, que comiencen a elaborar un nuevo plan de reforma educativa. Comenzar ya es una obligación de todos los que nos sentimos ciudadanos de El Salvador y debería serlo también de todos los partidos políticos sin excepción. El presupuesto está ahí y pronto comenzará el debate. Aumentar lo que se dedica a educación es indispensable.

lunes, 10 de octubre de 2016

La máquina de destruir gente


Publicado en Diario CoLatino, sección Opiniones del 4 de octubre del 2016
José María Tojeira, S.J.

El sistema de atención a niños y jóvenes en el Salvador es lo más parecido a una trituradora de gente, una máquina de destruir o desechar personas. Comenzamos con la tasa de mortalidad infantil, que aunque se ha reducido sensiblemente en los últimos años todavía es alta: En torno a las 16 muertes por cada mil niños nacidos vivos. Esta es una primera destrucción evitable de vidas. En los primeros años de vida no aseguramos la debida nutrición de los niños. Entre los seis meses y los cinco años se calcula que el 16% de los niños sufren algún grado de desnutrición. Con ello reducimos las posibilidades de salud de estas personas junto con su desarrollo intelectual. Entre los dos y los cuatro años el número de niños que asisten sistemáticamente a un kinder no alcanza el 5%. Desaprovechamos la oportunidad de desarrollar la inteligencia y las capacidades en una edad que la neurociencia considera clave para el pleno desarrollo humano. En educación preescolar tenemos nada más al 50% de los niños. Seguimos ahí destruyendo posibilidades de integración afectiva, socialización y desarrollo de capacidades tanto intelectuales como de afiliación y recto manejo de los sentimientos. La deserción escolar en el primer año de primaria marca un retraso en la educación que tiene consecuencias en el propio desarrollo. En general la deserción escolar y la repetición del grado va prolongándose a lo largo de los once años formales de educación. La repetición es muy fuerte en el primer año y la deserción se acelera de nuevo en los dos años de bachillerato. Si al año nacen aproximadamente en torno a los 120,000 niños, sólo el 25% de ellos terminarán el bachillerato a la edad estipulada si hubieran seguido los ritmos normales del sistema educativo. En general la repitencia, la deserción y el atraso repercute en las posibilidades y en el desarrollo de capacidades del joven.

Al final, el futuro de la patria, como pomposamente solemos llamar a los jóvenes, está sometido a una especie de trituradora de personas en la que las piezas, ubicadas en la familia, en la sociedad, en el sistema de salud y en la escuela, se llaman pobreza, violencia, baja calidad y escasa cobertura educativa. Sólo los más afortunados salen adelante teniendo perspectivas de futuro. Los demás están condenados a lo que llamamos la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y la culpa no es al final personal, sino fruto de un esquema de funcionamiento económico, social e institucional que impide de hecho el desarrollo de capacidades de nuestros niños y jóvenes.

En el plan El Salvador Educado se enfoca este problema. Pero los grandes medios de comunicación y la propia sociedad salvadoreña parece más interesada en los pleitos políticos que en debatir los problemas de esta máquina de destruir personas que es nuestra propia sociedad tal y como está organizada de cara a la educación y cuidado de los niños. A pesar de tener una buena legislación al respecto (la ley LEPINA), la implementación deja demasiado que desear. Y los responsables somos los adultos en general, demasiado distraídos en nuestras preocupaciones, cuando no en la ley del sálvese quien pueda, corriendo hacia soluciones inmediatas e individuales, olvidando que los niños requieren siempre soluciones de largo plazo para llegar a un futuro mejor que el de sus padres. Que un niño muera en el primer año de su existencia puede deberse a la baja cobertura nacional del sistema de salud, aunque la cobertura haya crecido en los últimos años. La baja asistencia y la inexistencia de un sistema de educación infantil en los primeros años se le pueden achacar al Estado. La repitencia y deserción puede deberse a padres irresponsables o a maestros de baja calidad. Pero el conjunto de situaciones y sistemas que termina excluyendo o dificultando seriamente las posibilidades de una vida digna al 75% de nuestra población desde el nacimiento es culpa y responsabilidad de todos.

Los números están ahí. Los mismos números, o parecidos, de los que el presidente de ANEP decía que determinaban el salario mínimo. En ese caso son los números de los poderosos los que fijan salarios de hambre. Pero en el caso de este sistema de formación del niño que excluye y margina, incapacita y dificulta el desarrollo, los números son responsabilidad de todos los que nos llamamos salvadoreños. ¿Nos gusta esa máquina de destruir gente? ¿Por qué seguimos con ella? Nos preocupamos demasiado de las maras y demasiado poco de un sistema que siempre, mientras exista, producirá tensión social, violencia y desesperanza. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es imposible cambiarlo? ¿No es posible comenzar a hablar con seriedad sobre ese tema? Cuando uno ve la máquina de matar que insensiblemente tenemos montada en el país, y la propia lentitud con la que encaramos el problema, no podemos menos que pensar que algo falla en nuestro patriotismo y en nuestra propia conciencia de humanidad.

Y sí, hay que insistir. La organización de la salud y la educación, la transmisión intergeneracional de culturas machistas, corruptas y mágicas, son máquinas de matar. Como lo es el sistema económico vigente, con los salarios mínimos de vergüenza incluidos. Las máquinas de matar no se cambian de un plumazo. Necesitan tiempo, para irlas convirtiendo en maquinaria que funcione a favor de la vida. Es necesario tener políticas básicas que reflejen acuerdos nacionales, tomar decisiones y mantenerlas, dar el tiempo necesario para asegurar que la vida florece y se perpetúa a través de la calidad de las instituciones. Algo se ha avanzado en el siglo XX a favor de la vida. Pero la institucionalidad social es todavía tan elitista, tan reservada a una cuarta parte de la población, que se la debe considerar todavía como máquina de matar. Mientras no caigamos en la cuenta de ello seguiremos poniendo parches en una maquinaria obsoleta. Sólo la conciencia genera cambios. Y los políticos, que deberían generar conciencia de la realidad, de momento están más preocupados por conservar o conseguir el poder e insultarse mutuamente para ganar provecho. Así, y más en tiempo de crisis, perdemos tiempo. Y nos volvemos cómplices de la máquina de matar.

lunes, 3 de octubre de 2016

El Fondo Monetario y 

el desprecio a los pobres


Publicado en la sección Opiniones del Diario Co Latino de fecha 27 de septiembre del 2016.
 José María Tojeira

Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha dado siete recomendaciones a El Salvador. Algunas de ellas son positivas, como el impuesto predial, el aumento del impuesto sobre la renta de personas, especialmente de quienes ganan más, o el aumento de la edad de jubilación. La reducción del gasto en burocracia también es acertada si se invierte más en las personas y en las redes de protección social. Pero otras, como el aumento del IVA implica un serio desprecio de los pobres. No es raro que así sea, porque el FMI nunca se ha destacado por su preocupación social. Es cierto que El Salvador está pasando una grave crisis y que el nivel de deuda pública es muy alto. Y es normal que se pidan sacrificios. Pero silenciar en sus recomendaciones el tema de un salario mínimo a todas luces injusto, que no permite el desarrollo de las capacidades de las personas, que las excluye del desarrollo y las mantiene en una marginación permanente, nos es más que una muestra de una conciencia basura. Sobre todo si a este silencio se le añade una subida del IVA. Es cierto que el IVA es uno de los impuestos más fáciles de recaudar. Pero aumentarlo en estas circunstancias, en las que la mitad de la población vive en la pobreza, es hacer pagar los costos de la crisis actual a quienes tienen menos culpa de ella.

Porque la culpa de la crisis es fundamentalmente de quienes tienen más dinero en el país, y de quienes han gobernado nuestro país desde el fin de la guerra hasta el presente. Los gestores de la economía nacional no son los pobres sino las élites. Y son precisamente ellas las que tienen que cargar con el mayor peso de la recuperación de la crisis. Pero todo indica que el FMI se inclina hacia la tendencia elitista del país, que prefiere que la mayor parte de los impuestos recaigan con mayor dureza sobre quienes tienen menos dinero y menos culpa de la crisis. No importa que sean precisamente los pobres, que han emigrado de El Salvador víctimas del mal trato económico y de la falta de protección gubernamental ante la violencia, quienes aminoran la crisis con sus remesas. Porque si la crisis no se ha acentuado es precisamente por una enorme cantidad migrantes campesinos y suburbanos, que se han ido sobre todo a Estados Unidos, y desde ahí envían sus remesas a la familia en el terruño nativo. Frente al rostro transparente y solidario de nuestros hermanos en el exterior, se alza el rostro de negreros de este Fondo internacional, tan dispuesto siempre a castigar a los pobres en tiempo de crisis.

Ni siquiera aparece en las recomendaciones del FMI el establecer un IVA diferenciado que aumente según el lujo o lo dispensable de los artículos y rebaje el impuesto a los artículos de primera necesidad. Un igualitarismo absurdo en el IVA lo único que hace es afectar con mayor dureza a quien menos tiene y multiplicar la desigualdad en El Salvador. Hacerle caso al FMI es olvidar que la desigualdad es causa real de violencia. Si no hubiera violencia en el país nuestro Producto Interno Bruto crecería en un 20% por lo menos. Si para algo deben servir los impuestos es para reducir la desigualdad entre las personas. Como también sirve para reducir la desigualdad el aumentar con seriedad el salario mínimo. Sobre todo el existente en El Salvador que en algunas de sus tipificaciones no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta alimentaria de una familia promedio de El Salvador.

Para colmo de males estas recomendaciones, que son una especie de imposiciones en un país débil y dividido como el nuestro, vienen formuladas por personas que generalmente desconocen lo que es la pobreza. En el mejor de los casos la han estudiado desde situaciones de privilegio, gozan de unos espléndidos salarios y magníficos términos de jubilación. En otras palabras, se puede decir con toda franqueza que son un grupo de ricos y afortunados los que determinan el sacrificio de los pobres, mayoría en nuestro país. Aunque individualmente los técnicos del FMI sean buenas personas, trabajan desde la comodidad y desde una institución que privilegia la economía de los ricos. Eso los mancha y los denigra éticamente. El hecho de que en países como México sigan creciendo los millonarios mientras el salario promedio se devalúa, es un ejemplo de la dirección que tienen las recomendaciones del FMI. Colaborar con las recomendaciones que producen  ese tipo de disfunciones es contribuir con una economía que mata y que impide o entorpece el desarrollo libre de las capacidades de las personas.

Una institución bastante más seria que el FMI es la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hablando de salarios decentes acordó en 2015 que un promedio de 200 dólares por persona sería la base para los países débiles o en vías de desarrollo. Lo que quiere decir que si una familia es de cuatro personas, el ingreso de la misma debe ser al menos de 800 dólares. Y hablando de impuestos la OIT da también unos consejos diferentes para los países emergentes y en vías de desarrollo como el nuestro. Entre ellos la “formalización de las empresas y de los trabajadores informales, para ampliar la base impositiva (y para incluirlos en el ámbito de los regímenes de protección social analizados más adelante); mejorar la progresividad de las imposiciones tributarias, a fin de que quienes más ganan paguen una proporción mayor de la carga fiscal global; y mejorar la recaudación impositiva” (Informe mundial sobre salarios 2014-2015, salarios y desigualdad de ingresos). Pero este tipo de recomendaciones no suele tener el mismo impacto en nuestros medios de comunicación. Al final, el FMI es un instrumento de los países más poderosos, centrados en la importancia de sus capitales. Y nuestros capitales e intereses empresariales, siempre dependientes del dinero del más fuerte, son cómplices del abuso. Cuando el presidente de ANEP en El Salvador dice que el arzobispo, al hablar del salario mínimo “habla con el corazón, pero la economía es de números” dice una verdad a medias. Es cierto que el arzobispo habla desde el corazón solidario de la Iglesia. Pero los números económicos del presidente de ANEP hacen que unos vivan en la abundancia y otros pasen hambre. Son números sin corazón. Números a favor de unos pocos que, como decía el papa Pío XI, se acumulan en los más poderosos, “lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia”. Hay números más justos que los suyos, señor presidente de ANEP, incluso en una economía de premio Nóbel. Y el arzobispo, desde su corazón, tiene mucha más razón que Usted desde los números del becerro de oro.