Herencias absurdas
Publicado en Diario Co Latino
en la sección Opiniones del 25 de octubre del 2016
José M. Tojeira
Hay herencias absurdas. Herencias que
llevan a la ruina y que sin embargo no son criticadas y se mantienen por años.
Una de ellas es el pago con fondos públicos de seguros de salud
privados. Algunos de estos abusos comenzaron por el capricho de líderes políticos.
Otros fueron acordados en negociaciones con los trabajadores. Se dan en todas
las ramas del poder, legislativo, ejecutivo y judicial. Y disfrutan de esta
especie de robo al estado personas de todas las ideologías y tendencias. Lo
disfrutan también empresas autónomas del Estado. Y sólo algunas instituciones
han resistido a la tentación. Esa herencia la ha dejado ARENA, que no se le
ocurrió cuestionar el absurdo de pagar con fondos públicos seguros privados de
salud, teniendo el Seguro Social como sistema público de salud. Lamentablemente
en los dos gobiernos del FMLN todavía no se ha cuestionado, como se debería,
ese dispendio caprichoso e ilegal. Porque las instituciones públicas que dan
este tipo de seguros a sus jefes y a veces a todos los empleados, pagan al
mismo tiempo el Seguro Social. Doble gasto absurdo y que muestra una vez más la
tendencia a aprovecharse del poder para obtener beneficios sobre el resto de la
población trabajadora.
Un conjunto de sectores de la sociedad
civil ha emprendido una investigación al respecto y ha interrogado,
apoyándose en la ley de acceso a la información pública, a más de setenta
instituciones estatales. Veintiocho de ellas han contestado ya, y los millones
utilizados van creciendo. En el año 2015 las 28 instituciones que han dado sus
cifras dicen que gastaron en seguros de salud privados, pagados con fondos
públicos, casi dieciséis millones de dólares. Para este año 2016, estas mismas
28 instituciones tienen programado gastar más de 20 millones de dólares. Y quedan
todavía por informar otras cuarenta instituciones. Las campeonas en este
sustancioso gasto son la Asamblea Legislativa con un poco más de seis millones y medio, la Corte Suprema de Justicia, con un poco más de cuatro
millones, y la Fiscalía General
de la República ,
con pocos miles menos que la Corte , pero
siempre superando ligeramente los cuatro millones.
Se podría decir hoy que suspender este modo
inequitativo e injusto de proceder causaría un grave problema al Seguro Social.
Porque esta gente que prefiere sus seguros privados pagados con fondos públicos
iría al Seguro Social en su mayoría y congestionaría la institución,
multiplicando los atrasos y problemas que el Seguro tiene ya en la actualidad.
Sin embargo las cosas no son tan claras. El Seguro Social, se nos dice
habitualmente, tiene la mejor y más avanzada maquinaria de salud. Sus
médicos se han especializado y subespecializado, muchas veces en instituciones
de vanguardia. Sus problemas son de tipo administrativo y organizativo y no
tanto de calidad quirúrgica. Si el Estado le diera al Seguro Social esos
millones que le da a las aseguradoras y hospitales privados, sin duda el
servicio podría ser mejor para todos, incluidos los trabajadores del Estado. En
los países desarrollados los ministros de gobierno van al Seguro Social, lo
mismo que otros muchos líderes de opinión, profesionales y gente con
posibilidades. Que un país pobre como el nuestro, en vez de fortalecer con
fondos públicos las instituciones del Estado, cree esa especie de casta superior
en sus dependencias y oficinas, con más derechos que el resto de la población
trabajadora, es un verdadero escándalo. Y una manera de incumplir con la
democracia que con tanta insistencia solemos defender teóricamente.
No es el único tema en el que se cae en inequidades
y contradicciones con la democracia que decimos profesar. Realmente de ARENA
hemos heredado un país en el que se han ido justificando de muy diversas
maneras y en la práctica,
una estamentalización de la sociedad en la que hay gente tratada como
superiores unos e inferiores otros. No es que haya solamente desigualdades. El
problema es que las desigualdades se cultivan, fomentan y justifican
institucionalmente desde el propio Estado. Y se acostumbra a la gente, y
especialmente a muchos trabajadores del Estado, a entender las plazas de
gobierno como plazas de comodidad y privilegio, más que como plazas de
servicio. Al principio mencionaba a tres instituciones, las que hasta ahora han
dado los mayores montos de ese seguro privado pagado con fondos públicos. Pero
el CNR y el BCR superan el millón de dólares en este tipo de seguros. Y
todavía, como ya decíamos, faltan las sorpresas que nos puedan dar las más de
cuarenta instituciones estatales que aún no han contestado las solicitudes de
información.
El país está en crisis económica. Un
pacto fiscal es necesario. Pero al mismo tiempo que se lleva a cabo un pacto
fiscal es imprescindible limpiar las contradicciones antidemocráticas que se
han ido acumulando a lo largo de nuestra historia. Universalizar los derechos
de la población y hacerlos equivalentes en calidad para todos es imprescindible
en una democracia. En el campo de la salud y de la educación, sin
embargo, hay una impresionante tarea. Porque la inequidad, cuando no la
exclusión, marcan todavía dolorosamente los servicios que prestan las
instituciones públicas. De hecho el servicio público de salud debía ser único y
ofrecer la misma calidad a todos. Pero entre nosotros parece dominar una
sociedad de castas.
El que se considera superior se esfuerza en lograr
más fondos públicos para su conveniencia. Olvidándose que rompe con ello ese
signo de solidaridad que debe ser el elemento fundamental de la vida
democrática. Todos iguales en dignidad, todos con los mismos servicios básicos
estatales.
Lo contrario no sólo es contrario a la democracia,
sino señal evidente de la carencia de liderazgo moral en el liderazgo. Tantos
años gobernados por empresarios, y no precisamente por los mejores, han
organizado el país como si fuera una finca bajo el control arbitrario del
patrón.