martes, 27 de abril de 2010

AMPARO CONTRA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



Hoy se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona. Diego Escobar, quien hasta diciembre de este año se desempeñó como director de la División de los Intereses de la Sociedad, zona San Salvador, de la Fiscalía General de la República (FGR), demandó a Barahona por haber violado su derecho de petición y respuesta, de audiencia y a la estabilidad laboral.

Escobar fue uno de los aspirantes a la titularidad de la FGR y, además de su cargo, fue elegido por la Asamblea General de la institución durante tres ocasiones consecutivas como miembro del Consejo Fiscal. Lo acompañaban en este organismo –que decide si separan o no a funcionarios y funcionarias de esta entidad– el Fiscal General, su adjunto, el auditor fiscal, el secretario general y dos representantes de la citada Asamblea.

El 30 de noviembre del año pasado, el auditor solicitó la remoción de varios fiscales auxiliares, pero no logró los votos necesarios para que todos fueran despedidos. Escobar fue uno de los que se opuso a la remoción de un jefe fiscal, porque consideró que no había justificación para separarlo.

En enero de este año, el demandante fue trasladado como asesor de la unidad de asuntos legales internacionales de la institución. Al moverlo se le ofreció mantener su plaza nominal y funcional, además de asegurarle que seguiría percibiendo el mismo salario. Pero no fue así; al contrario, lo convocaron a otra reunión para informarle que reducirían el casi 30% de sus ingresos mensuales. Al no aceptar estas condiciones, dejaron de pagarle; no obstante, la FGR siguió abonando sus cuotas de compromisos personales y financieros.

El artículo 46 de Ley Orgánica de esta entidad establece la carrera fiscal a fin de dotar de estabilidad laboral al personal, apoyar su desarrollo profesional y promover su desempeño eficaz. Escobar inició hace quince años como fiscal auxiliar en Sensuntepeque y participó en los equipos de trabajo que lograron la condena por corrupción de Carlos Perla y Raúl García Prieto, así como la desarticulación de varias “clicas” y bandas de crimen organizado.

Al obrar de esta forma, el Fiscal General no sólo está privando al país de un profesional que ha consolidado sus conocimientos y adquirido experiencia en la lucha contra la criminalidad, cualidades esenciales para ello en el marco actual del país, también está cometiendo delitos como actos arbitrarios y apropiación o retención indebida.

Por eso, el IDHUCA y el IEJES respaldan a Diego Escobar quien ha solicitado a la Corte que reestablezca sus derechos, suspenda las arbitrariedades cometidas, le cancelen sus salarios adeudados y lo indemnicen por los daños causados, reconociendo que la carrera fiscal está por encima de cualquier contrato que pretenda menoscabar sus derechos.

San Salvador, 27 de abril de 2010.

IDHUCA PRESENTA AMPARO

IDHUCA PRESENTA AMPARO EN EL CASO DEL CORONEL MELÉNDEZ QUIJANO

El 26 de abril, el IDHUCA presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo por la violación del derecho al debido proceso y al principio de legalidad del coronel Adrián Meléndez Quijano. Los procesos militares en su contra han estado plagados de irregularidades. Siendo mayor, el 19 de abril de 2006 lo condenaron a un año y tres meses de prisión por el delito de insubordinación; la pena fue cambiada por sesenta jornadas de trabajo de utilidad pública. A eso llegaron, luego de negarle las pruebas de descargo y la posibilidad de declarar. Además, el juez de primera instancia militar –José Eduardo Marroquín Ponce– debería haberse declarado inhabilitado para conocer el caso por aceptar dádivas de la otra parte interesada.

El entonces Ministro de la Defensa Nacional, general Otto Romero, fue quien ordenó arrestos y suspensiones de salario; también instruyó procesos e informativos militares; asimismo, seleccionó al citado juez para que realizara un viaje a Washington, D.C. Eso, según el artículo 73 del Código Procesal Penal, lo obligaba a excusarse de conocer el caso y llamar a su suplente. La idea de esta disposición es garantizar que al dictaminar una sentencia, el juzgador goce de independencia. La Ley de la Carrera Judicial considera una infracción muy grave “solicitar o recibir dadivas, promesas o favores de los interesados en los procesos, ya sea en forma directa o por interpósita persona”

Nadie debe estar encima de la Ley. Convencidos de eso, se ha presentado este recurso para evitar que al coronel Meléndez se le aplique una pena que no merece. Los hostigamientos y amenazas que ha recibido este militar han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual le ha ordenado al Estado salvadoreño que otorgue medidas provisionales al Coronel, sus familiares y sus representantes. Por eso, deben darse muestras reales de un firme propósito de enmendar los errores cometidos de parte de las autoridades judiciales, ejecutivas y militares.

San Salvador, martes 27 de abril del 2010.

sábado, 24 de abril de 2010

URGENTE: ¡NO MÁS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD!

El pasado lunes 19 de abril asesinaron a Felipa Barillas, directora del Centro Escolar “El Ángel”, en el municipio de San Juan Opico; la maestra Marlene del Carmen Barillas y el profesor Tomas Antonio Gómez. Los pormenores de estos repudiables crímenes han tenido una gran difusión; más grande es la indignación social ante los mismos. Pese a que las autoridades iniciaron la investigación, aún no hay hipótesis sólidas; sólo se sabe que las víctimas denunciaron robos de material educativo y extorsiones.


Estos hechos no son los primeros con estas características. Antes fueron asesinadas personas dedicadas a la docencia que denunciaron delitos similares en sus centros de trabajo. Muchos casos siguen impunes en el marco de la insoportable ola de violencia que afecta al país. Es cierto que los gobiernos anteriores hicieron muy mal las cosas, pero el actual ya no puede seguir escudándose en la “herencia” recibida para intentar justificar sus erradas decisiones en materia de seguridad.


Estas inaceptables muertes que ahora estremecen a El Salvador, tienen diversos impactos. El primero: en los hijos y las hijas, los esposos y las esposas, los padres y las madres de las víctimas directas.


Además conmocionan profundamente a la niñez, la adolescencia y la juventud escolarizada. Después de la familia, sus docentes tienen un significado relevante y valioso; al perderlos de esta forma, se convierten en víctimas indirectas de la violencia.


También la comunidad a la que estos pedagogos pertenecían; además de triste e indignada, se encuentra desesperada en medio del terror. Las y los docentes de muchos lugares en el país, por su labor de cuido del alumnado y los centros escolares, sobreviven en una condición de alta vulnerabilidad que debe ser solventada por las autoridades pertinentes.


Ante lo anterior, el IDHUCA y la Red de directores “En prevención de violencia de Colón”:


  • Condenan los asesinatos de Tomás Antonio Gómez, Felipa y Marlene del Carmen Barillas.
  • Expresan su sentida solidaridad con las familias, los alumnos, las alumnas y el gremio magisterial, víctimas directas e indirectas por estos crímenes.
  • Exigen una pronta y efectiva investigación, así como la respectiva sanción a los responsables.
  • Llaman a analizar la posible fuga de información dentro de las instituciones estatales cuando alguien denuncia un hecho delictivo y, de confirmarse, a tomar medidas para que eso no siga ocurriendo.
  • Demandan medidas preventivas y de monitoreo policial en la zona, para evitar la repetición de hechos similares.
  • Reclaman la ejecución de una estrategia integral de seguridad que incluya fortalecer la atención de la población estudiantil, el personal docente y la población en general de la región y el país.


San Salvador, viernes 23 de abril del 2010.

martes, 20 de abril de 2010

LAS DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD (DNAJ) Y EL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” (IDHUCA), ANTE LA PRÓRROGA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (LEPINA)

Esta normativa fue aprobada el 26 de marzo y publicada en el Diario Oficial el 16 de abril, ambas fechas del 2009. El Decreto Legislativo mediante el cual fue concebida la LEPINA establecía, en su artículo 260, que la misma entraría en vigencia un año después de su publicación; es decir, el 16 de abril del 2010. Pero no fue así.

Desde 1990, cuando firmó y ratificó la Convención de Derechos del Niño, el Estado salvadoreño se comprometió a adaptar su legislación a los principios de la doctrina de protección integral de la niñez y la adolescencia. En función de eso, tras casi dos décadas de postergar el cumplimiento de tan importante obligación, fue sancionada la LEPINA. Pero, en la práctica, sigue sin ser realidad su contenido tras la decisión legislativa de aplazar el inicio de su vigencia; tal determinación fue tomada el jueves 15 de abril recién pasado. Para ello, haciendo uso de su iniciativa de ley, el presidente Mauricio Funes contó con sesenta y tres votos a favor; sólo Alianza Republicana Nacionalista se negó a apoyarlo.

En el último informe que presentó al Comité de Derechos del Niño el 21 de enero del 2010, el Estado salvadoreño señaló como uno de sus principales logros en este ámbito la existencia de dicha Ley. Ocho días después, el mismo Comité le recomendó crear –“sin demora”– el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) “según lo previsto en la LEPINA”; también asegurar “su funcionamiento eficaz mediante la creación de un órgano ejecutivo de alto nivel con funciones de coordinación claras. Se deben asignar al CONNA recursos humanos y financieros suficientes para que pueda llevar a cabo sus funciones de coordinación entre los distintos sectores”. Además le recomendó reforzar el sistema nacional de protección integral, incluidos los comités departamentales y municipales.

La demora oficial trascendió al viernes 16 de abril, plazo establecido para que iniciara su labor el CONNA en el marco de la puesta en marcha de la LEPINA. Tampoco se incluyeron en el Presupuesto General de la Nación del 2010 los recursos financieros, ni limitados ni suficientes, para el despliegue de la actividad prevista en la LEPINA por los mecanismos que la misma determina.

En razón de eso, el Ejecutivo tenía la obligación legal y moral de aplicar la ley; no debe continuar postergando su vigencia. Con lo ocurrido la semana anterior en la Asamblea Legislativa, se corre el riesgo de favorecer y profundizar las situaciones que deterioran la calidad de vida de la niñez y la adolescencia hasta el próximo año. Es necesario, además, facilitar la inclusión de esta población mayoritaria en la discusión y la ejecución de las políticas públicas estatales que le incumben.

Asimismo, es igualmente irresponsable y reprochable que la Corte Suprema de Justicia –habiendo tenido tiempo suficiente– llegara al último momento a plantearle a la legislatura dificultades legales y operativas que pudieron revisarse con antelación.

¿Qué pasa en el país con los derechos de la niñez y la adolescencia? ¿Son importantes para proclamarlos en foros internacionales, aunque dentro del territorio nacional sigan siendo vulnerados? ¿Se debe aceptar que, por la negligencia estatal, se retrase aún más la puesta en marcha de tan importante mecanismo para su defensa y promoción? ¿Es válido que mientras buena parte de la niñez y la adolescencia es víctima de la violencia de todo tipo, la iniquidad, la discriminación y los malos servicios públicos que les ofrecen, la “clase política” no le haya puesto atención a el compromiso adquirido hace un año con la suficiente antelación y el Ejecutivo no haya hecho lo que le correspondía?

Por todo lo anterior, las DNAJ y el IDHUCA ven necesario que el Estado salvadoreño:

1. Establezca plazos claros y definitivos así como la agenda requerida, para crear el sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia.

2. Defina con precisión la entidad responsable de verificar que se cumpla, en el tiempo y en las condiciones más adecuadas, lo antes señalado.

3. Se convoque a las organizaciones sociales que trabajan con la niñez y la adolescencia en los ámbitos nacional y local a fin de garantizar un proceso participativo, transparente e incluyente.

En aras de responder al interés superior de la niñez y la adolescencia salvadoreñas, la LEPINA debe ser una realidad pues es la normativa que reconoce sus derechos así como su capacidad para lograr que les sean respetados.

San Salvador, El Salvador, lunes 19 de abril del 2010.

sábado, 10 de abril de 2010

PETICIONES DE LAS VÍCTIMAS ANTE EL TRIBUNAL

Nosotros, en representación de las víctimas de masacres, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones sumarias y cualquier otro tipo de violación a los derechos humanos en el conflicto armado, hacemos las siguiente peticiones:

  1. Que el Estado salvadoreño derogue la Ley de Amnistía.
  2. Acompañamiento sicosocial a las víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades a través de estrategias integradas en un programa nacional.
  3. Creación de un programa de becas para estudios superiores, orientado a los descendientes de las víctimas.
  4. Desaparición de todo signo de homenajes o reconocimientos a promotores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
  5. Integrar en la curricula educativa la materia de historia nacional, que recoja el conocimiento del pasado reciente en nuestro país.
  6. Que el Estado institucionalice y respalde la creación del museo nacional de la memoria.
  7. Creación de un fondo nacional de reparación a las víctimas del conflicto armado.

Suchitoto, 10 de abril de 2010.
Segunda parte de los testimonios de la masacre de Copapayo:

http://www.4shared.com/audio/rtPys08a/testimoniocopapayo2.html

viernes, 9 de abril de 2010

TRIBUNAL 2010


Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, 2010
QUE NO HAYA HOMENAJES PARA ASESINOS

Hoy el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador estudió la ejecución de Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres en 1980, y las torturas de Carlos Santos y Rolando González, ocurridas también durante la guerra. En el caso del Procurador testificó el ahora diputado del Parlamento Centroamericano, Jorge Villacorta, asimismo se presentó un video que registraba la declaración del embajador salvadoreño en la India, Rubén Zamora, este último hermano de la víctima.

Aronette Díaz viuda de Zamora, explicó al Tribunal que la muerte de su esposo ocurrió mientras ellos junto a varios de sus amigos compartían en su casa. Unos hombres con gorros pasamontañas los obligaron a tirarse al suelo y al identificar a Mario se lo llevaron para matarlo. “Yo, como vi que lo tomaron y lo llevaron dentro de la casa fui al baño familiar y cuando abrí la puerta lo vi tendido boca abajo y en un charco de sangre. Luego vi a mi hijo que venía detrás y para que no viera cerré la puerta del baño”, declaró. Finalmente, celebró que el Tribunal se realizara en Suchitoto. “Él amaba esta ciudad y su ciudad natal de Cojutepeque, todo el departamento de Cuscatlán y para mí es un símbolo para la memoria histórica de Mario”, concluyó.

Mario Zamora hijo, también testificó. Habló sobre los buenos momentos que vivió con su padre y cómo este crimen cambió la vida de toda su familia. “Aquella noche terminó aquel cuento de hadas de una familia tan grande, tan bonita y de aquel padre tan cariñoso y al que la gente quería mucho”. Finalmente, pidieron al Tribunal que recomendara la investigación de todos los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Mario Zamora Rivas, que se destruya y se evite la construcción de monumentos, así como los nombramientos o cualquier otro simbolismo con el que se pretenda homenajear a los asesinos, y que se establezca una pensión por vejez para Aronette Díaz viuda de Zamora.

Durante la tarde, se presentaron los testimonios de Carlos Santos y Rolando González, ambos víctimas de tortura. En sus relatos explicaron las múltiples vejaciones a las que fueron sometidos: los encapucharon, los colgaron del techo con esposas que les cortaban la circulación de sangre en las manos, los golpearon constantemente, les aplicaron choques eléctricos, los amenazaron de muerte y los sumergieron en pilas de agua. Carlos fue colgado hasta que perdió la sensibilidad en las manos, “me decían que si se me quebraban las manos me iban a matar porque no iban a permitir que me vieran con las manos quebradas”, contó.

Como medidas de reparación Rolando solicitó al Tribunal la derogación de la Ley de amnistía, que se coloque una placa o mural en un lugar visible de las unidades militares en las que se torturó o se ejecutó a personas civiles, especialmente en el museo militar de El Salvador donde se exhiben uniformes y placas de las fuerzas militares, “ahí debe registrarse esa parte de la historia militar”, concluyó.

Mañana, los jueces y las juezas escucharán otro caso de tortura e iniciarán la deliberación. El Tribunal puede ser escuchado a través de radio YSUCA, 91.7 FM. La sentencia se presentará mañana durante el concierto del Festival Verdad que se realizará desde las 3 de la tarde en el parque central de este municipio.

Suchitoto, 9 de abril de 2010.

MASACRE DE COPAPAYO (I PARTE)

Testimonio de Rogelio Miranda, sobreviviente de la masacre de Copapayo, ocurrida entre el 4 y 5 de noviembre de 1983.

Descargue el audio en el siguiente enlace:
http://www.4shared.com/audio/sLnlJ7j1/testimoniocopapayo1.html

AUDIO DE LA INAUGURACIÓN DEL TRIBUNAL

Este es un enlace desde el que se puede descargar el audio de la inauguración del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador:
http://www.4shared.com/audio/kbA-T3M3/inauguracion.html
inauguracion.WAV

jueves, 8 de abril de 2010


Santos Ventura Reyes

“MI MADRE DICE QUE LO VA A ESPERAR PARA MORIR”


Pasadas las nueve de la mañana inició hoy en Suchitoto la primera sesión del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. Los jueces y las juezas se plantearon tres compromisos ante la concurrencia: dar seguimiento a sus recomendaciones, seguir apoyando el proceso de búsqueda de verdad y justicia, y no cerrar las puertas a ninguna víctima que acuda para ser oída. En el evento estuvieron presentes el alcalde de Suchitoto, Juan Javier Martínez, y el gobernador departamental de Cojutepeque, Walter Navarrete.


La inauguración estuvo a cargo del rector de la UCA, José María Tojeira, sj. “Las víctimas nos han dejado valores, como la indignación ante el mal”, sentenció. Además, dijo que ellas nos despiertan el hambre y la sed de justicia, un sentido profundo de la misericordia y la solidaridad, y generan capacidad de reconciliación. “Lo que ayer llorábamos con lagrimas hoy lo celebramos con alegría porque la fuerza de las víctimas supera con creces las del victimario”, concluyó.


Por su parte, el director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, recordó que el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la situación económica y social originó las violaciones a los derechos civiles y políticos de la población. Agregó que pese a la gran cantidad de víctimas registradas por el Informe de la Comisión de la Verdad, estas cifras seguramente se han quedado cortas porque la gente no sabía adónde denunciar, no tenían los recursos económicos para hacerlo o no se animaban por el temor a perder la vida a consecuencia de la represión.


Finalmente tocó el turno a las víctimas. Rogelio Miranda, sobreviviente de la masacre de Copapayo, fue el primero en tomar el micrófono y narrar su sufrimiento. Contó cómo, a sus diez años, vio morir a su madre, su padre y tres hermanos. También habló sobre su experiencia como refugiado en Mesa Grande, Honduras. Uno de los jueces, el salvadoreño Ricardo Iglesias, planteó que no sólo se truncó el proyecto de vida de Rogelio, también el de la comunidad. “En Copapayo ‘viejo’ ya no hay nadie”, confirmó el testigo. Benigno Ayala, tío de Rogelio, agregó que a él le masacraron a cuarenta familiares, además narró la situación en la que encontró a su sobrino y cómo lo llevó a la casa de los abuelos de Miranda.


En la tarde, el turno fue para Santos Ventura Reyes, hermano de Francisco Ventura Reyes, desaparecido en 1980 cuando la Guardia Nacional lo retuvo junto a José Humberto Mejía en el parqueo de la embajada de Estados Unidos de América y lo entregó luego a un grupo de civiles. Desde entonces, la familia Ventura Reyes ha buscado a Francisco. “Desenterramos varios cadáveres en San Salvador, pero no encontramos el de mi hermano”, dijo la víctima, quien además afirmó haber escuchado que su hermano pudo haber salido muerto de la embajada, por lo que pide que le digan dónde está el cadáver de su hermano para darle “cristiana sepultura”.

Un juez le preguntó qué consecuencias tuvo este hecho para su familia, el señor Ventura contó que su madre aún lo espera. “Ella tiene noventa años, todavía está viva y dice que mi hermano está vivo y que lo va a esperar para morir”.

El viernes 9 de abril, el Tribunal conocerá la ejecución del Procurador General de la República, Mario Zamora Rivas, y dos casos de tortura. Estos testimonios están siendo transmitidos por radio YSUCA 91.7 FM.

Suchitoto, 8 de abril del 2010.