martes, 22 de septiembre de 2009

ICTJ e IDHUCA advierten sobre los problemas de la impunidad en El Salvador en reporte a Naciones Unidas

Bogotá, septiembre 8 de 2009

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) de El Salvador presentaron hoy al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un reporte sobre los temas pendientes que debe enfrentar El Salvador para cerrar el legado de violencia del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1991.

El informe –que hace un recuento de la deuda del Estado salvadoreño con las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación– fue entregado como insumo para la evaluación que el Consejo hará por primera vez sobre este país en febrero de 2010, durante la séptima sesión del Examen Periódico Universal, que revisa la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros de Naciones Unidas y plantea recomendaciones.

Tras el fin de la guerra, y a pesar de iniciativas de esclarecimiento histórico como la Comisión de la Verdad y la Comisión Ad Hoc para la depuración de las fuerzas armadas, ha sido mínimo el esfuerzo estatal para castigar a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar mecanismos para que las violaciones no se repitan. Esta situación “configura un terreno fértil para la comisión de nuevos delitos, bajo la percepción generalizada de que éstos no van a ser investigados ni sus autores castigados”, afirman el ICTJ y el IDHUCA en el documento.

El informe recomienda al Estado salvadoreño divulgar la información que sirvió de base para el informe final de la Comisión de la Verdad y perseguir penalmente a los perpetradores identificados por esa institución. También hace hincapié en la necesidad de que el país elimine obstáculos para la justicia como la Ley de Amnistía de 1993 –aprobada inmediatamente después de la publicación del informe de la Comisión–, que impide cualquier investigación por delitos cometidos durante la guerra civil.

Además, se hace necesario que El Salvador acoja las convenciones internacionales contra la desaparición forzada y la tortura, así como el Estatuto de Roma, que regula el mandato de la Corte Penal Internacional. Finalmente, el ICTJ y el Idhuca consideran indispensable “que el Estado adopte medidas legales, administrativas y políticas efectivas para cumplir con el deber de reparar” a las víctimas.

Lea el informe completo en formato PDF


Escuche la conferencia de prensa acá:

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miércoles, 16 de septiembre de 2009

SECUESTRO DE MIGRANTES

Entrevista de William Meléndez en La Prensa Gráfica al Dr. Rodolfo Casillas, investigados de FLACSO México, sobre secuestro de migrantes (I Parte).




II Parte



III Parte



IV Parte



V Parte

“ORGULLOS DE HIJOS SUYOS PODERNOS LLAMAR…” ¿SERÁ?

Hace 188 años El Salvador y toda Centroamérica se liberaron de España. No hubo guerra entre las partes; la milicia no fue necesaria. Después, la Federación se dividió. Ocurrieron múltiples enfrentamientos, luchas entre liberales y conservadores; variados intereses impidieron progreso a la región. Los ejércitos se consolidaron como actores principales en esa convulsa historia, manchándola con sangre indígena y campesina.

En el país se rebeló Anastacio Aquino en 1833 y en 1932 tuvo lugar la masacre de pueblos originarios en el occidente. La participación marcial en ambos hechos fue determinante para aplastar a quienes reclamaban por la creación de tributos que les afectaban, el trabajo público forzoso y la expropiación de tierras comunales. Se consolidaron los gobiernos castrenses; sucesivos golpes de Estado y fraudes, sirvieron para mantener el predominio militar durante seis décadas mediante la persecución de opositores y represión de cualquier protesta.

¿Por qué, entonces, el culto a la Fuerza Armada en las “celebraciones patrias”? Ha sido una mala costumbre desplegar tropas en las principales calles durante cada 15 de septiembre, mientras los aviones surcan el cielo. No sólo gastan enormes recursos injustificadamente, en medio de las crisis; también se presume de un “poderío” igualmente caduco. Además, la niñez y la juventud reciben un mal mensaje: que ese es el “sostén de la independencia”. Nada más alejado de la realidad. En 1821 no se disparó ni una bala; además, hay países que carecen de ejército sin perder soberanía y viven en democracia.

Presentando a los “camuflados” como “héroes de la Patria” y protagonistas principales en este aniversario se falsea la historia, impide la consolidación de una cultura de paz e ignora el dolor de quienes han sido sus víctimas en el pasado reciente y lo siguen siendo en el presente. En este ritual, sería mejor promover valores como la solidaridad, el compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad y la justicia, destacando a mujeres y hombres próceres de la independencia que los encarnan. Además, la historia salvadoreña cuenta con seres humanos que enorgullecen a la Patria porque aportaron a la liberación de su pueblo: Rutilio Grande, monseñor Romero, María Julia Hernández y tanta gente que entregó su vida por las víctimas de la exclusión, la violencia y la impunidad.

Esta fiesta sería realmente nacional, si se revisara y corrigiera el rumbo en un escenario de inseguridad personal y económica. No debe insistirse en promover el belicismo como “valor” de la independencia. Al contrario, debe exigírsele a la milicia que abra sus archivos y diga qué ocurrió con las personas desaparecidas, torturadas y masacradas para contribuir a que haya verdad y justicia para toda la Nación a la cual debe pedir perdón.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN


Este 7 de septiembre, el IDHUCA y la organización italiana "Soleterre" firmaron un convenio de cooperación con el fin de beneficiar a la comunidad salvadoreña que reside en ese país europeo. El evento contó con la participación del Representante consular del gobierno de Italia en El Salvador, Massimo Scalici.

Con el documento firmado el IDHUCA se compromete a dar apoyo jurídico a las salvadoreñas y los salvadoreños que quieran regresar a El Salvador para iniciar sus procesos de legalización en Italia, apoyar a sus familias en procesos de reunificación en el país europeo e iniciar procesos de capacitación conlas redes transnacionales entre El Salvador e Italia integradas por migrantes y sus familiares.

Soleterre, por su parte, compartirá información acerca de políticas, legislaciones y otras disposiciones generales asumidas por las autoridades italianas y de la Unión Europea. Además, juntas se comprometieron a apoyar proyectos de co-desarrollo que beneficien a las familias afectadas por la migración hacia Italia, así como a vincularse con otras organizaciones que trabajan en el tema y promover la capacitación y organización de familiares de migrantes.

SECUESTRO DE MIGRANTES

El Salvador es un país que se ha erosionado socialmente por el flujo poblacional hacia el norte. Estados Unidos de América y Europa son los destinos de amplias masas de personas que se escurren por las fronteras, en busca de un mejor futuro. Sus pueblos, caseríos, cantones y municipios sufren las consecuencias de ese desarraigo. La partida de padres madres, hijos e hijas provoca desintegración familiar. Las deportaciones también afectan la vida social. Y lo que es peor, la esperanza de quienes se quedan está puesta en las remesas o también en la posibilidad de irse. Por eso, en algunos territorios se ha perdido el interés por la participación social y política; además, en este río de personas que emigran también se han ido importantes liderazgos comunitarios consolidados o potenciales.


Sobre este fenómeno hay varios estudios que revelan su impacto, pero ninguno refleja toda la dimensión de este drama humano. Para los salvadoreños y las salvadoreñas salir del país en esas condiciones supone estar conscientes de la posibilidad cierta de perder los pocos bienes que llevan, una parte de su cuerpo o la vida. En muchos casos, algunas de esas personas son violadas; eso las expone a contraer enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Otras son retenidas para luego prostituirlas.


Últimamente, las y los migrantes también corren el riesgo de ser víctimas de secuestro. Los criminales saben de su situación de vulnerabilidad: no conocen el lugar que transitan, evitan encontrarse con policías o cualquier autoridad que pueda detenerlos, duermen en lugares abiertos y viajan en transportes incómodos o peligrosos como trenes, camiones o balsas. Además, saben que podrán actuar impunemente porque la mayoría no están dispuestas a denunciar y hacer valer sus derechos. Su mente está en llegar al norte.


Sobre los raptos de emigrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) realizó una investigación y reportó 9,758 víctimas centroamericanas. El dato, advierte, no es exacto y sólo pretende dar una idea de la magnitud del asunto. Lo obtuvieron entrevistando a la poca gente que se atrevió a denunciar y preguntándole cuántas personas más estuvieron en cautiverio con ellos y ellas. La CNDH calcula que la cifra podría llegar a dieciocho mil anuales, que sus captores han logrado un alto nivel de organización y que algunos agentes estatales podrían estar involucrados.


Pese a estos peligros y a las constantes advertencias, las personas siguen yéndose y sufriendo vejaciones, mientras el Estado aprovecha las remesas cuando llegan a su destino. La política gubernamental ha sido, hasta ahora, observar pasivamente y beneficiarse hasta que ya han llegado para sostener la economía. ¿Habrá cambios esta vez, con las autoridades que recién cumplieron cien días de gestión?