SECUESTRO DE MIGRANTES

El Salvador es un país que se ha erosionado socialmente por el flujo poblacional hacia el norte. Estados Unidos de América y Europa son los destinos de amplias masas de personas que se escurren por las fronteras, en busca de un mejor futuro. Sus pueblos, caseríos, cantones y municipios sufren las consecuencias de ese desarraigo. La partida de padres madres, hijos e hijas provoca desintegración familiar. Las deportaciones también afectan la vida social. Y lo que es peor, la esperanza de quienes se quedan está puesta en las remesas o también en la posibilidad de irse. Por eso, en algunos territorios se ha perdido el interés por la participación social y política; además, en este río de personas que emigran también se han ido importantes liderazgos comunitarios consolidados o potenciales.

Sobre este fenómeno hay varios estudios que revelan su impacto, pero ninguno refleja toda la dimensión de este drama humano. Para los salvadoreños y las salvadoreñas salir del país en esas condiciones supone estar conscientes de la posibilidad cierta de perder los pocos bienes que llevan, una parte de su cuerpo o la vida. En muchos casos, algunas de esas personas son violadas; eso las expone a contraer enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Otras son retenidas para luego prostituirlas.

Últimamente, las y los migrantes también corren el riesgo de ser víctimas de secuestro. Los criminales saben de su situación de vulnerabilidad: no conocen el lugar que transitan, evitan encontrarse con policías o cualquier autoridad que pueda detenerlos, duermen en lugares abiertos y viajan en transportes incómodos o peligrosos como trenes, camiones o balsas. Además, saben que podrán actuar impunemente porque la mayoría no están dispuestas a denunciar y hacer valer sus derechos. Su mente está en llegar al norte.

Sobre los raptos de emigrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) realizó una investigación y reportó 9,758 víctimas centroamericanas. El dato, advierte, no es exacto y sólo pretende dar una idea de la magnitud del asunto. Lo obtuvieron entrevistando a la poca gente que se atrevió a denunciar y preguntándole cuántas personas más estuvieron en cautiverio con ellos y ellas. La CNDH calcula que la cifra podría llegar a dieciocho mil anuales, que sus captores han logrado un alto nivel de organización y que algunos agentes estatales podrían estar involucrados.

Pese a estos peligros y a las constantes advertencias, las personas siguen yéndose y sufriendo vejaciones, mientras el Estado aprovecha las remesas cuando llegan a su destino. La política gubernamental ha sido, hasta ahora, observar pasivamente y beneficiarse hasta que ya han llegado para sostener la economía. ¿Habrá cambios esta vez, con las autoridades que recién cumplieron cien días de gestión?