Bogotá, septiembre 8 de 2009
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) de El Salvador presentaron hoy al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un reporte sobre los temas pendientes que debe enfrentar El Salvador para cerrar el legado de violencia del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1991.
El informe –que hace un recuento de la deuda del Estado salvadoreño con las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación– fue entregado como insumo para la evaluación que el Consejo hará por primera vez sobre este país en febrero de 2010, durante la séptima sesión del Examen Periódico Universal, que revisa la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros de Naciones Unidas y plantea recomendaciones.
Tras el fin de la guerra, y a pesar de iniciativas de esclarecimiento histórico como la Comisión de la Verdad y la Comisión Ad Hoc para la depuración de las fuerzas armadas, ha sido mínimo el esfuerzo estatal para castigar a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar mecanismos para que las violaciones no se repitan. Esta situación “configura un terreno fértil para la comisión de nuevos delitos, bajo la percepción generalizada de que éstos no van a ser investigados ni sus autores castigados”, afirman el ICTJ y el IDHUCA en el documento.
El informe recomienda al Estado salvadoreño divulgar la información que sirvió de base para el informe final de la Comisión de la Verdad y perseguir penalmente a los perpetradores identificados por esa institución. También hace hincapié en la necesidad de que el país elimine obstáculos para la justicia como la Ley de Amnistía de 1993 –aprobada inmediatamente después de la publicación del informe de la Comisión–, que impide cualquier investigación por delitos cometidos durante la guerra civil.
Además, se hace necesario que El Salvador acoja las convenciones internacionales contra la desaparición forzada y la tortura, así como el Estatuto de Roma, que regula el mandato de la Corte Penal Internacional. Finalmente, el ICTJ y el Idhuca consideran indispensable “que el Estado adopte medidas legales, administrativas y políticas efectivas para cumplir con el deber de reparar” a las víctimas.
Lea el informe completo en formato PDF
Escuche la conferencia de prensa acá:
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