miércoles, 21 de septiembre de 2016


Fiscalía y jueces ¿Tal para cual?

Publicado el 20 de septiembre de 2016 en la sección Opiniones del Diario Co Latino.

José M. Tojeira
Sobre la Fiscalía existe una gran presión. En primer lugar la presión de la propia delincuencia que sobrepasa con mucho la capacidad de la fiscalía, escasamente dotada y llevando algunos fiscales más casos de los que se pueden tramitar en un año. La presión de las grande redadas y macro-casos produce también una natural tensión. Cuando se detiene a cincuenta o setenta personas es muy fácil equivocarse. Pero si los jueces sueltan a la mayoría las críticas van generalmente o al propio juez o a la fiscalía. Si los detienen y se abre instrucción contra todos o contra la mayoría, hay una enorme posibilidad de que se incluyan a inocentes dentro del grupo. Las multidetenciones además suelen tener defectos como los de uso excesivo de la fuerza, mal trato físico y en ocasiones trato denigrante. Aunque en estos casos la tendencia es más a quejarse de la PNC, la Fiscalía no deja de estar involucrada y recibe también su parte de descrédito. Y finalmente está presente la convicción general de que la Fiscalía es incapaz de perseguir a personas o personajes que se mueven en los altos niveles del dinero y en las esferas superiores del poder, sea político o militar. Todo Fiscal General que llega al puesto sabe que con mayor o menor razón una de las acusaciones que tendrá al cabo de los tres años de su nombramiento será la de ser incapaz de tocar los delitos de cuello blanco, verde olivo o de la amplia franja de los colores partidarios.

El actual Fiscal General ha entrado en su puesto con ganas de acción. Y ha apostado simultáneamente por perseguir posibles delitos en las altas esferas y por mantener simultáneamente una actividad acusatoria que abarca a grandes grupos. La persecución de delitos de corrupción en las estructuras del estado ha levantado un relativo entusiasmo tanto en sectores de clase media, generalmente los más indignados con la corrupción, como en otros más amplios. Su accionar cuenta además con un firme respaldo diplomático. Un buen número de embajadores ve necesaria la lucha contra la corrupción en el país. Y es que la ayuda externa necesita cada vez más transparencia. Aunque los partidos políticos muestran diversas actitudes, desde la venganza a la relativa protección, lo cierto es que El Salvador hace tiempo que esperaba alguna señal en esa dirección. Queda mucho por ver y por hacer en este terreno, pues la amplia corrupción existente en los últimos  treinta años, más o menos, ha marcado la historia reciente de El Salvador. Que se esperaba respuesta es real. Y en ese sentido, respetando la presunción de inocencia, es necesario continuar y ampliar los procesos de investigación.

La dificultad puede encontrarse más bien en el campo de las grandes redadas. Éstas tienen con frecuencia cierto apoyo, más mediático que generalizado. Pero a poco que se investigue en ellas, se encuentran fácilmente errores graves, atribuibles a la Fiscalía y a los jueces. Los enfrentamientos masivos con bandas delincuentes producen de vez en cuando una alto número de muertos, algunos de ellos con más trazas de haber sido ejecutados que de haber perecido en la refriega. Ni la Inspectoría General de la PNC ni la Fiscalía ha percibido esos detalles, algunos de los cuales son de pura lógica, ante unas narraciones o unas fotografías que dejan demasiadas preguntas sueltas. Cuando desde la opinión o desde instituciones afines a los Derechos Humanos se han hecho observaciones no han faltado amenazas de algún que otro fiscal que percibe la crítica casi como apología del terrorismo. De no crecer en seriedad en este terreno la Fiscalía se encontrará con un problema grave de desprestigio. Tocar a los grandes será siempre positivo si se demuestra el delito. Pero ello no justifica ni oculta el abuso de los pequeños.

El sistema judicial tiene otro tipo de presiones. Más allá de la valía personal de algunos jueces repartidos por todos los estratos del sistema, el órgano judicial se percibe como entreverado por la corrupción, con un servicio excesivamente burocrático y lento, con una arbitrariedad difícil de contrarrestar de parte del ciudadano, con un lenguaje complejo y difícil de asimilar tanto por las víctimas como por muchos de los acusados. Tiene un buen presupuesto, pero una mala respuesta al país. Un caso ejemplar del tipo de abusos puede ejemplificarse con un caso atendido por el juez de paz Salvador Machuca, de San Miguel Tepezontes. El Idhuca defendía a un joven que en enero había sido brutalmente golpeado por un miembro de la PNC. La familia denunció la golpiza ante la Fiscalía sin  que el caso tuviera mayor trascendencia. Incluso después de la denuncia el joven volvió a ser golpeado por la policía. Y finalmente ha sido detenido acusado de pertenencia a banda terrorista. A causa de las heridas sufridas en las golpizas anteriores había estado internado en el hospital Rosales y sigue sufriendo secuelas de los golpes. En la audiencia inicial se presentaron pruebas de lo dicho y diversos arraigos. Pero el juez no revisó las pruebas presentadas y dictó prisión preventiva para el joven. Era una audiencia inicial para más de 50 personas y el juez llegó con la resolución tomada de antemano. Resolución que leyó y que ciertamente no escribió mientras estaba en la audiencia.

Esto, en cualquier sistema judicial democrático se llama prevaricato. Es simple y sencillamente dar resoluciones a sabiendas de que son injustas. Porque cualquier juez tiene que saber que al imputado hay que escucharle, tomar en cuenta lo que dice y presuponer la inocencia, dando normalmente medidas sustitutivas a la prisión. Pero el sistema judicial rara vez toma en cuenta esas exigencias. Además, la mayoría de la gente sencilla o ignora cómo reclamar sus derechos o no tiene posibilidades de hacerlo. En esta audiencia inicial en la que se dio resolución contra este joven, había más de cincuenta personas imputadas de diversos delitos. Sólo la minoría tenía abogado, mientras a más de cuarenta los defendía un solo abogado de la Procuraduría General. Los magistrados de la Corte Suprema pueden decir que la presunción de inocencia supone que a la mayoría de los encausados se les puede dar medidas sustitutivas de la cárcel mientras no sean condenados. La fiscalía pide siempre, o casi siempre, prisión preventiva. Y algunos jueces les siguen la corriente, sin escuchar a los encausados ¿Es esto justicia de régimen democrático? ¿Es esto estado de derecho? Ciertamente, perseguir el delito de este modo chambón e ignorante no puede llevarnos a nada bueno. Hay buenas intenciones en algunos miembros de la Fiscalía y de algunos jueces decentes. Pero abundan demasiado este tipo de jueces irresponsables, que se lavan la manos por temor o por pereza y mandan las resoluciones a la siguiente fase dañando los derechos de las personas y en particular su presunción de inocencia. En casos como el que mencionamos, de este joven golpeado por la PNC, se añade la irresponsabilidad y el prevaricato, sin consecuencias para jueces y fiscales. Así no avanzamos.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

El patriotero

jueves, 1 de septiembre de 2016

Crímenes graves y perdón



José María Tojeira, director del IDHUCA

A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y con la detención y posterior liberación de algunos de los autores materiales de la masacre en la UCA, algunas personas han hablado de la necesidad de perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos algunos representantes del partido en el Gobierno, han mencionado el tema de un modo, cuando menos, confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas se consigue dándoles regalos o donaciones económicas.
Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.
Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.
Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.
Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.
Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”.

Crímenes graves y perdón

José María Tojeira, director del IDHUCA
01/09/2016

Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.
Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.
Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.
Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porquesaben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.
Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”. 

Crímenes graves y perdón

José María Tojeira, director del Idhuca
01/09/2016
A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y con la detención y posterior liberación de algunos de los autores materiales de la masacre en la UCA, algunas personas han hablado de la necesidad de perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos algunos representantes del partido en el Gobierno, han mencionado el tema de un modo, cuando menos, confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas se consigue dándoles regalos o donaciones económicas.
Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.
Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.
Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.
Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.
Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”.