Fiscalía
y jueces ¿Tal para cual?
Publicado el 20 de septiembre de 2016 en la sección Opiniones del Diario Co Latino.
José M. Tojeira
Sobre la Fiscalía existe una gran
presión. En primer lugar la presión de la propia delincuencia que sobrepasa con
mucho la capacidad de la fiscalía, escasamente dotada y llevando algunos
fiscales más casos de los que se pueden tramitar en un año. La presión de las
grande redadas y macro-casos produce también una natural tensión. Cuando se
detiene a cincuenta o setenta personas es muy fácil equivocarse. Pero si los
jueces sueltan a la mayoría las críticas van generalmente o al propio juez o a
la fiscalía. Si los detienen y se abre instrucción contra todos o contra la
mayoría, hay una enorme posibilidad de que se incluyan a inocentes dentro del
grupo. Las multidetenciones además suelen tener defectos como los de uso
excesivo de la fuerza, mal trato físico y en ocasiones trato denigrante. Aunque
en estos casos la tendencia es más a quejarse de la PNC, la Fiscalía no deja de estar
involucrada y recibe también su parte de descrédito. Y finalmente está presente
la convicción general de que la
Fiscalía es incapaz de perseguir a personas o personajes que
se mueven en los altos niveles del dinero y en las esferas superiores del
poder, sea político o militar. Todo Fiscal General que llega al puesto sabe que
con mayor o menor razón una de las acusaciones que tendrá al cabo de los tres años
de su nombramiento será la de ser incapaz de tocar los delitos de cuello
blanco, verde olivo o de la amplia franja de los colores partidarios.
El actual Fiscal General ha entrado en
su puesto con ganas de acción. Y ha apostado simultáneamente por perseguir
posibles delitos en las altas esferas y por mantener simultáneamente una
actividad acusatoria que abarca a grandes grupos. La persecución de delitos de
corrupción en las estructuras del estado ha levantado un relativo entusiasmo
tanto en sectores de clase media, generalmente los más indignados con la
corrupción, como en otros más amplios. Su accionar cuenta además con un firme
respaldo diplomático. Un buen número de embajadores ve necesaria la lucha
contra la corrupción en el país. Y es que la ayuda externa necesita cada vez
más transparencia. Aunque los partidos políticos muestran diversas actitudes,
desde la venganza a la relativa protección, lo cierto es que El Salvador hace
tiempo que esperaba alguna señal en esa dirección. Queda mucho por ver y por hacer
en este terreno, pues la amplia corrupción existente en los últimos treinta años, más o menos, ha marcado
la historia reciente de El Salvador. Que se esperaba respuesta es real. Y en
ese sentido, respetando la presunción de inocencia, es necesario continuar y
ampliar los procesos de investigación.
La dificultad puede encontrarse más
bien en el campo de las grandes redadas. Éstas tienen con frecuencia cierto
apoyo, más mediático que generalizado. Pero a poco que se investigue en ellas,
se encuentran fácilmente errores graves, atribuibles a la Fiscalía y a los jueces.
Los enfrentamientos masivos con bandas delincuentes producen de vez en cuando
una alto número de muertos, algunos de ellos con más trazas de haber sido
ejecutados que de haber perecido en la refriega. Ni la Inspectoría General
de la PNC ni la Fiscalía ha percibido
esos detalles, algunos de los cuales son de pura lógica, ante unas narraciones
o unas fotografías que dejan demasiadas preguntas sueltas. Cuando desde la
opinión o desde instituciones afines a los Derechos Humanos se han hecho
observaciones no han faltado amenazas de algún que otro fiscal que percibe la
crítica casi como apología del terrorismo. De no crecer en seriedad en este
terreno la Fiscalía
se encontrará con un problema grave de desprestigio. Tocar a los grandes será
siempre positivo si se demuestra el delito. Pero ello no justifica ni oculta el
abuso de los pequeños.
El sistema judicial tiene otro tipo de
presiones. Más allá de la valía personal de algunos jueces repartidos por todos
los estratos del sistema, el órgano judicial se percibe como entreverado por la
corrupción, con un servicio excesivamente burocrático y lento, con una
arbitrariedad difícil de contrarrestar de parte del ciudadano, con un lenguaje
complejo y difícil de asimilar tanto por las víctimas como por muchos de los
acusados. Tiene un buen presupuesto, pero una mala respuesta al país. Un caso
ejemplar del tipo de abusos puede ejemplificarse con un caso atendido por el
juez de paz Salvador Machuca, de San Miguel Tepezontes. El Idhuca defendía a un
joven que en enero había sido brutalmente golpeado por un miembro de la PNC. La familia denunció
la golpiza ante la Fiscalía
sin que el caso tuviera mayor
trascendencia. Incluso después de la denuncia el joven volvió a ser golpeado
por la policía. Y finalmente ha sido detenido acusado de pertenencia a banda
terrorista. A causa de las heridas sufridas en las golpizas anteriores había
estado internado en el hospital Rosales y sigue sufriendo secuelas de los
golpes. En la audiencia inicial se presentaron pruebas de lo dicho y diversos
arraigos. Pero el juez no revisó las pruebas presentadas y dictó prisión
preventiva para el joven. Era una audiencia inicial para más de 50 personas y
el juez llegó con la resolución tomada de antemano. Resolución que leyó y que
ciertamente no escribió mientras estaba en la audiencia.
Esto, en
cualquier sistema judicial democrático se llama prevaricato. Es simple y
sencillamente dar resoluciones a sabiendas de que son injustas. Porque
cualquier juez tiene que saber que al imputado hay que escucharle, tomar en
cuenta lo que dice y presuponer la inocencia, dando normalmente medidas
sustitutivas a la prisión. Pero el sistema judicial rara vez toma en cuenta
esas exigencias. Además, la mayoría de la gente sencilla o ignora cómo reclamar
sus derechos o no tiene posibilidades de hacerlo. En esta audiencia inicial en
la que se dio resolución contra este joven, había más de cincuenta personas
imputadas de diversos delitos. Sólo la minoría tenía abogado, mientras a más de
cuarenta los defendía un solo abogado de la Procuraduría General.
Los magistrados de la
Corte Suprema pueden decir que la presunción de inocencia
supone que a la mayoría de los encausados se les puede dar medidas sustitutivas
de la cárcel mientras no sean condenados. La fiscalía pide siempre, o casi
siempre, prisión preventiva. Y algunos jueces les siguen la corriente, sin
escuchar a los encausados ¿Es esto justicia de régimen democrático? ¿Es esto
estado de derecho? Ciertamente, perseguir el delito de este modo chambón e
ignorante no puede llevarnos a nada bueno. Hay buenas intenciones en algunos
miembros de la Fiscalía
y de algunos jueces decentes. Pero abundan demasiado este tipo de jueces
irresponsables, que se lavan la manos por temor o por pereza y mandan las
resoluciones a la siguiente fase dañando los derechos de las personas y en
particular su presunción de inocencia. En casos como el que mencionamos, de
este joven golpeado por la PNC,
se añade la irresponsabilidad y el prevaricato, sin consecuencias para jueces y
fiscales. Así no avanzamos.
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