jueves, 26 de marzo de 2009

TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SALVADOR

Julio Rivera, sobreviviente de la masacre en Las Aradas, Chalatenango:
¿POR QUÉ NO HAY TELÉFONO EN EL CIELO?

San Salvador, 26 de marzo de 2009. Este día el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador escuchó los impactantes testimonios de Erlinda de Franco, cuyo esposo, Manuel Franco, fue ejecutado; Esperanza Cortés, quién denunció la desaparición de sus dos hermanas, y de Miriam Ayala y Julio Rivera, sobrevivientes de la masacre de Las Aradas, ocurrida en el departamento de Chalatenango el 14 de mayo de 1980.

El esposo de Erlinda, Manuel Franco, era líder del Frente Democrático Revolucionario cuando fue secuestrado junto a siete dirigentes políticos y asesinado por un grupo paramilitar el 27 de noviembre de 1980. En un comunicado de prensa publicado en el diario salvadoreño El Mundo, la “Brigada Anticomunista General Maximiliano Hernández Martínez”, se responsabilizó del hecho.

Esperanza, por su parte, habló sobre su experiencia buscando a dos hermanas desaparecidas: Sandra y Doris, esta última estaba embarazada cuando la raptaron. Su esposo también fue apresado y torturado, hasta que finalmente lo exiliaron. “Nunca perdí la esperanza de que cuando todo esto terminara, yo iba a reiniciar la búsqueda de mis hermanas”, declaró la señora Cortés.

La tarde estuvo aún más carga de emociones fuertes. Los relatos de Miriam y Julio impusieron el silencio entre los asistentes. Narraban su padecimiento como sobrevivientes de la masacre de Las Aradas. Con las manos en la frente y la mirada al cielo, Miriam hacía una pausa para recomponerse luego de haber declarado: “Yo lo recuerdo y mis heridas no han sanado, tenía doce años cuando fue la masacre y mi hermana de catorce murió ahí”. Su padre y su hermano también habían sido asesinados un mes antes.

Finalmente fue el turno de Julio Rivera, quien también escapó de la muerte, una suerte que no tuvieron sus veinte familiares masacrados. Tenía siete años cuando todo ocurrió y se salvó gracias a que pudo pasar el río Sumpul con su padre unos días antes de la masacre. Desde el otro lado vieron y escucharon lo ocurrido, el ejército salvadoreño acorraló a la población en el río que sirve de límite con Honduras y la armada de ese país evitó que la gente huyera.

Ambos relataron que los niños y las niñas eran separados de sus madres y asesinados frente a ellas de forma salvaje. El río, cuentan, tenía un color achocolatado, y estaba inundado de personas que aunque no sabían nadar no tenían más opción que lanzarse para escapar de las balas. Una buena parte murió ahogada. “Cunado veo que a la gente le llaman de Estado Unidos sus familiares, tengo envidia. ¿Por qué no hay teléfono en el cielo?” se preguntó Julio. Mañana, el tribunal escuchará los testimonios de los sobrevivientes de la masacre de La Raya en San Vicente y emitirá su fallo.

Patrocinan esta iniciativa: la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la Fundación por la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, Intermon Oxfam, la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas Valencia, la Fundación de los Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana, el Centro UNESCO de Valencia y el Club de Encuentro de Valencia.

TRIBUNAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SALVADOR


San Salvador, 25 de marzo de 2009. Esta mañana se instaló en la capilla de los mártires de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. Las historias de tortura sufridas por tres presos políticos durante los años de la guerra en este país fueron escuchadas por un grupo de renombrados jueces nacionales e internacionales.

El periodista, Francisco Ramírez, que fue detenido y torturado por ser crítico a los hechos de violencia protagonizados por el gobierno de la época; el sindicalista, Arnulfo Grande, que también sufrió vejaciones, y el empleado público, Blas Escamilla –actualmente de 98 años–, que fue castrado a raíz de una patada recibida en sus testículos dieron cuenta de la sistemática práctica de tortura a la que fueron sometidas cientos de personas en esta nación centroamericana durante finales del siglo pasado.

El tribunal se plantea como un aporte a la reconstrucción del tejido social, una responsabilidad de la que el Estado quiso desentenderse cuando decretó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz; por eso, cuando las primeras víctimas que exponían sus casos declararon que la citada normativa debía ser derogada, la concurrencia coincidió con un aplauso de apoyo a la petición.

La tarde la cerró el señor Julián Terezón, acompañado por su nieta Beatriz, un padre que sufrió el asesinato de un hijo y la desaparición de su hija. Así, entre lágrimas, las y los asistentes recordaron el pasado de represión, pudieron apoyar a las víctimas presentes y se solidarizaron con todas las demás personas que perdieron padre, madre, hijos, hijas u otros seres queridos.

Esta iniciativa es impulsada por la Coordinadora Nacional de Comités de Víctimas de los Derechos Humanos en el Conflicto Armado y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y continuará mañana con la exposición de otros casos de desapariciones, así como con el relato de las masacres de Las Aradas en Chalatenango y La Raya en San Vicente.

El tribunal, conformado por Paulo Pires, presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil; Belisario dos Santos, ex secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de Sao Paulo; José Ramón Juániz, presidente de abogados del Mundo, sección Valencia; Ricardo Iglesias, abogado salvadoreño y consultor en derechos humanos, eligió como presidente a José María Tomás, magistrado español y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia, y como vicepresidenta a Gloria Giralt de García Prieto, salvadoreña luchadora por la justicia. Este viernes 27 de marzo harán público su fallo con base en lo escuchado durante los dos días anteriores.

Hasta hoy, se han adherido a esta iniciativa: la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la Fundación por la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, Intermon Oxfam, la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas Valencia, la Fundación de los Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana, el Centro UNESCO de Valencia y el Club de Encuentro de Valencia.

lunes, 23 de marzo de 2009

Posición IDHUCA ante caso Katya Miranda

Fotografía: Diario Co Latino

Faltando catorce días para cumplirse los diez años de la violación y el asesinato de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a ocho presuntos responsables de delitos relacionados con el caso. Esta noticia alimenta la esperanza de que se le haga justicia a Katya y su familia, pero también de que es posible superar la situación de impunidad que en el país ha favorecido –históricamente– a criminales privilegiados.

Esa esperanza nace de la lucha –tenaz y valiente, inclaudicable y ejemplar– de Hilda María y Gina Marcela, madre y hermana de Katya, y de la generosa solidaridad de organizaciones e instituciones de la sociedad que, junto a decenas de miles de personas, se sumaron con sus firmas a la campaña “Justicia, ¡YA! Yo apoyo a la niñez salvadoreña”. Esos factores y no otros, movieron a la FGR a realizar un trabajo de casi un año que debe ser reconocido. El IDHUCA colaboró con esa labor facilitando información sobre el caso, estableciendo contactos con las víctimas y otros familiares, proponiendo líneas de investigación, evacuando consultas y realizando todo lo que estuvo a su alcance para aportar en el esclarecimiento de los hechos.

El IDHUCA ha acompañado la lucha de Hilda María, Gina Marcela y el resto de la familia Jiménez Molina dese hace más de nueve años, en cumplimiento de su misión que es la de contribuir a garantizar el respeto de los derechos humanos en El Salvador mediante la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones estatales.

Esa aspiración se logrará algún día con más víctimas activas y valerosas como las del presenta caso; con organizaciones comprometidas con su dolor y sus demandas de justicia; con una sociedad capaz de pasar de la indignación ante hechos como la violación y el asesinato de Katya, a la acción fraterna y creativa; con instituciones estatales que realizan su trabajo y con medios de comunicación que hacen suyas estas causas.

Esa es la reserva moral que este sufrido pueblo necesita; esas son las “buenas nuevas” que le animan e invitan a seguir adelante en la lucha por hacer de El Salvador un país libre de violencia e impunidad, equitativo y solidario con quienes más sufren, donde el respeto de los derechos humanos sea la regla y no la excepción. Mientras los políticos sigan enredados en sus desacuerdos, la sociedad deberá unirse en torno a estos anhelos de Nación para exigirles su cumplimiento.

San Salvador, lunes 23 de marzo del 2009.


Enlaces periodísticos:

“Ahora es cuando más vigilantes tenemos que estar” (Entrevista con Benjamín Cuéllar)
Policía captura a ocho por caso Katya Miranda (El Diario de Hoy)

Declaraciones de Hilda María Jiménez - I Parte (conferencia de prensa 23 de marzo del 2009)


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Declaraciones de Hilda María Jiménez - II Parte (conferencia de prensa 23 de marzo del 2009)

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lunes, 9 de marzo de 2009

INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO A SENTENCIAS INTERNACIONALES

El Estado salvadoreño sigue sin cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Dos casos emblemáticos demuestran, entre otras carencias, la falta de voluntad de parte de sus instituciones para aplicar las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el primero, Gloria y Mauricio García Prieto siguen esperando verdad y justicia por el asesinato impune de su hijo Ramón Mauricio, así como por las constantes amenazas y agresiones que han sufrido desde que comenzaron a denunciar el crimen ocurrido el 10 de junio de 1994. En noviembre del 2007, la Corte Interamericana condenó al Estado salvadoreño por violar derechos humanos y le ordenó tomar medidas de obligatorio cumplimiento como la difusión de la sentencia en un periódico nacional, la reparación económica a las víctimas, su atención médica y psicológica, y –la más importante de todas– la investigación del asesinato de Ramón Mauricio y las amenaza contra sus padres. Pero a más de un año de esa sentencia, el Estado sigue sin cumplir la última parte de la misma –que es su esencia– en franca desobediencia a la Corte Interamericana.


Eso es un ejemplo más de cómo el respeto y la protección de los derechos humanos no forman parte de su quehacer. El caso del mayor Adrián Meléndez Quijano también es otra muestra de lo mismo. Tras denunciar actos arbitrarios dentro de la Fuerza Armada de El Salvador en su contra, él y su familia han sido objeto de agresiones y amenazas. Por eso, el 26 de noviembre del 2007 la Corte Interamericana requirió al Estado protección para la víctima, su familia y sus abogados. Hasta la fecha, se ha brindado escasa protección policial pero no se investigan las agresiones y amenazas. Lejos de ello, al mayor Meléndez lo han relegado a trabajos de infantería siendo un piloto aviador; así, lo han perjudicando en su ascenso, sus cotizaciones y su futuro.


Los dos últimos gobiernos salvadoreños se han negado a acatar sus obligaciones internacionales relativas al respeto de los derechos humanos. Eso ha sucedido –además de los presentes– en los casos jesuitas, Romero y hermanas Serrano Cruz. Los esposos García Prieto, el mayor Meléndez Quijano y sus familias sólo han obtenido desprecio, retardación de justicia y total abandono por parte de estos. Por tanto:


1. Reconocemos la incansable lucha de las víctimas en la defensa de sus derechos, pues son quienes generan esperanza por ser las verdaderas gestoras del cambio en el país para lograr justicia.


2. Exigimos el cumplimiento de la sentencia en el caso García Prieto, a través de una exhaustiva investigación sobre el asesinato de Ramón Mauricio y las amenazas y agresiones en contra de sus padres.


3. Demandamos el cese al trato arbitrario y discriminatorio del cual es objeto el mayor Meléndez por parte de las autoridades militares de este y el anterior gobierno, así como la investigación de las amenazas y agresiones en su perjuicio y el de su familia.


San Salvador, 6 de marzo del 2009.