jueves, 26 de marzo de 2009

TRIBUNAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SALVADOR


San Salvador, 25 de marzo de 2009. Esta mañana se instaló en la capilla de los mártires de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. Las historias de tortura sufridas por tres presos políticos durante los años de la guerra en este país fueron escuchadas por un grupo de renombrados jueces nacionales e internacionales.

El periodista, Francisco Ramírez, que fue detenido y torturado por ser crítico a los hechos de violencia protagonizados por el gobierno de la época; el sindicalista, Arnulfo Grande, que también sufrió vejaciones, y el empleado público, Blas Escamilla –actualmente de 98 años–, que fue castrado a raíz de una patada recibida en sus testículos dieron cuenta de la sistemática práctica de tortura a la que fueron sometidas cientos de personas en esta nación centroamericana durante finales del siglo pasado.

El tribunal se plantea como un aporte a la reconstrucción del tejido social, una responsabilidad de la que el Estado quiso desentenderse cuando decretó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz; por eso, cuando las primeras víctimas que exponían sus casos declararon que la citada normativa debía ser derogada, la concurrencia coincidió con un aplauso de apoyo a la petición.

La tarde la cerró el señor Julián Terezón, acompañado por su nieta Beatriz, un padre que sufrió el asesinato de un hijo y la desaparición de su hija. Así, entre lágrimas, las y los asistentes recordaron el pasado de represión, pudieron apoyar a las víctimas presentes y se solidarizaron con todas las demás personas que perdieron padre, madre, hijos, hijas u otros seres queridos.

Esta iniciativa es impulsada por la Coordinadora Nacional de Comités de Víctimas de los Derechos Humanos en el Conflicto Armado y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y continuará mañana con la exposición de otros casos de desapariciones, así como con el relato de las masacres de Las Aradas en Chalatenango y La Raya en San Vicente.

El tribunal, conformado por Paulo Pires, presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil; Belisario dos Santos, ex secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de Sao Paulo; José Ramón Juániz, presidente de abogados del Mundo, sección Valencia; Ricardo Iglesias, abogado salvadoreño y consultor en derechos humanos, eligió como presidente a José María Tomás, magistrado español y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia, y como vicepresidenta a Gloria Giralt de García Prieto, salvadoreña luchadora por la justicia. Este viernes 27 de marzo harán público su fallo con base en lo escuchado durante los dos días anteriores.

Hasta hoy, se han adherido a esta iniciativa: la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la Fundación por la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, Intermon Oxfam, la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas Valencia, la Fundación de los Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana, el Centro UNESCO de Valencia y el Club de Encuentro de Valencia.