martes, 6 de octubre de 2009

Víctimas ganan la batalla


Víctimas de tortura y crímenes contra la humanidad de El Salvador le ganan la batalla al ex vice ministro de la Defensa Nacional de aquel país después de cuatro años de litigio

4 de octubre del 2009. El Tribunal Supremo de Estados Unidos de América (EUA) ha denegado hoy el recurso interpuesto el pasado 28 de mayo por el ex vice ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, coronel Nicolás Carranza, en el que pedía a la alta instancia que revisara el veredicto dictado contra él dictado en el 2005 en Memphis declarándolo culpable de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población civil salvadoreña. El recurso de Carranza ante el Supremo exigía que los tribunales de Estados Unidos le eximieran de toda responsabilidad y consideraran legal la aplicación de la Ley de Amnistía de El Salvador de 1993. La decisión del Tribunal Supremo denegando el recurso, confirma la decisión del Tribunal de Apelación que ya en marzo del 2007 rechazó un recurso de apelación del acusado basado en el mismo motivo.

El Centro de Justicia y Responsabilidad, (CJA) y la firma de Abogados Bass, Berry & Sims de Nashville interpusieron esta demanda en diciembre del 2003. En octubre del 2005, un jurado de Memphis determinó que Carranza era responsable –por su cargo en la estructura militar de entonces– de la tortura de los demandantes y el asesinato extrajudicial de sus familiares: Por eso, lo condenó a pagar una indemnización por daños y perjuicios de seis millones de dólares. Carranza interpuso recurso ante el Tribunal de Apelación para el circuito No. 6, alegando que la Ley de Amnistía de El Salvador –aprobada en 1993 y declarada contra Derecho por instancias internacionales, incluyendo Naciones Unidas y la Comisión Interamericana– debía protegerle de ser demandado civilmente en EUA.

El gobierno de El Salvador bajo la presidencia de Antonio Saca y su partido político Alianza Repúblicana Nacionalista (ARENA) contrató al abogado de Alexandria, Virginia, John Kiyonaga para que defendiera también como posición oficial de la amnistración de Saca la sostenida por Carranza: que la Ley de Amnistía debía ser aplicada y observada por los tribunales estadounidenses. El Tribunal de Apelación rechazó esta postura y declaró que la Ley de Amnistía no era legal ni vinculante para los Tribunales de EUA.

Las atrocidades sufridas por los demandantes tuvieron lugar en El Salvador durante el mandato de Carranza como vice ministro de la Defensa Nacional y como director general de la Policía de Hacienda, entre 1980 y 1992. Durante este periodo, el ejército salvadoreño y las fuerzas de seguridad asociadas al mismo fueron responsables por la tortura, violación, muerte y desaparición forzada de alrededor de 80,000 civiles. Consecuencia de la vigencia de la Ley de Amnistía de El Salvador, ninguno de los responsables de estas atrocidades ha sido llevado ante la justicia. CJA ha interpuesto e impulsado con éxito varios procesos por los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en El Salvador durante la guerra civil. CJA ha impulsado a su vez la querella criminal en España por la ejecución de los jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA), de Elba Ramos y de su hija Celina .

Sobre Bass, Berry & Sims

Con más de 230 abogados y abogadas representando numerosas compañías que cotizan en bolsa y son parte de Fortune 500, la firma Bass, Berry & Sims ha estado involucrada en algunos de los mayores y más significativas transacciones de negocios y litigio en el país. Para más información, visite nuestra página de internet www.bassberry.com.

Sobre CJA

CJA es una organización de derechos humanos localizada en San Francisco, dedicada a impedir tortura y otros severos abusos de derechos humanos en el mundo y a avanzar en la realización de los derechos de las personas supervivientes que buscan verdad, justicia y reconciliación. CJA utiliza el litigio para responsabilizar a los perpetradores individuales de abusos a los derechos humanos, desarrollar leyes protectoras de los derechos humanos, y avanzar en la consolidación del Estado de Derecho en países en periodos de transición. www.cja.org.



Habitantes de Sitio del Niño exigen justicia



En el marco del segundo aniversario del cierre de la fábrica de Baterías de El Salvador, habitantes del cantón Sitito del Niño y dirigentes del Movimiento Sin Plomo hicieron un llamado, de nueva cuenta, para que en la zona se declare emergencia nacional.

A la entrada de las antiguas instalaciones de la fábrica, Carlos Mejía, del Movimiento sin Plomo, organizado por los propios afectados, hizo un llamado al Gobierno para obtener justicia y así corregir en alguna medida los daños a la salud de los lugareños.

Por su lado, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, hizo énfasis en que los problemas de estas personas deben ser escuchados y solucionados de manera inmediata. De igual modo, Celina Guerra representante de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y Edith Campos representante del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) explicaron que no se podía seguir con el irrespeto de los derechos de los menores, porque afecta su desarrollo.

Estado debe acatar recomendaciones Comisión de la Verdad

Al menos 22 mil casos de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado fueron sistematizados por la Comisión de la Verdad en su informe “De la locura a la esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador.Tras 17 años de finalizada la guerra, estos crímenes permanecen en la impunidad. Por esa razón, el IDHUCA en conjunto con el Centro Internacional para la Justicia Transicional presentaron, en conferencia de prensa, un informe sobre los asuntos pendientes en materia de derechos y reconciliación salvadoreña.

En la actividad participaron Javier Ciurlizza, director del Programa Las Américas del Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ); Benjamín Cuellar, y Roberto Burgos, director y abogado del IDHUCA, respectivamente.

Ciurlizza señaló la falta de voluntad del Estado para solucionar estos temas de interés social. Además, explicó que no garantizar justicia a las víctimas y alimentar la impunidad podría traer como efecto un estado de derecho no sostenible. Estas y otras reflexiones sobre el proceso de pacificación salvadoreña forman parte del informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2009, a fin de que esta lo analice en el Mecanismo de Revisión Universal en su séptima sesión de trabajo en febrero de 2010. Luego de revisar estos informes, esta instancia emite recomendaciones hacia los Estados.