lunes, 13 de octubre de 2014

EL LIBRO AMARILLO ¿UNA BRECHA EN EL MURO DE LA IMPUNIDAD?




Mirla Carbajal
Abogada del Equipo de Procesos de Justicia del IDHUCA
 


Recientemente el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos, con el apoyo de organizaciones para la defensa de los derechos humanos en El Salvador como el Comité de Ex Presos Políticos de El Salvador (COPPES), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), entre otras, hicieron pública la existencia del ”Libro Amarillo”, que es un documento creado presuntamente por el archivo del servicio de inteligencia militar en el año de 1987, que contiene la identificación de 1857 personas con nombres y fotografías, consideradas durante el conflicto armado como Delincuentes Terroristas (D/T ).

Según las primeras investigaciones realizadas y como resultado de la comparación del contenido del “Libro Amarillo” con las denuncias recibidas durante el conflicto armado por organizaciones de derechos humanos y la Comisión de la Verdad, se ha podido establecer que 274 de las personas cuya fotografía aparece, fueron torturadas; 233 fueron desaparecidas y 273 fueron ejecutadas extrajudicialmente. Y aunque muchas son señaladas como delincuentes terroristas –así eran llamadas las personas organizadas que se oponían al régimen–, no todas eran miembros de la guerrilla, sino que en los registros se encuentran líderes sindicales, líderes religiosos, docentes, estudiantes, defensores de derechos humanos y otros.

Desde la aparición del “libro amarillo” en varios medios de comunicación, se han conocido diversas reacciones, unas que niegan la existencia del libro, aduciendo que es producto de la imaginación de algunos, y otros, que lo consideran una prueba de la responsabilidad del ejército salvadoreño en las graves violaciones a derechos humanos y la vinculación de éste con los escuadrones de la muerte.

Pero, ¿cuál es la importancia de la existencia de este documento para las víctimas que siguen pidiendo verdad, justicia y reparación al Estado salvadoreño? La importancia en primer lugar, es que, entre más víctimas puedan identificarse en el libro, éste tendrá mayor respaldo de veracidad y nadie podrá dudar de su legitimidad y del uso del mismo por parte de los cuerpos militares y paramilitares responsables de tantas violaciones a derechos humanos.

Pero lo más importante, es que el libro constituye una prueba de la existencia de archivos militares sobre víctimas de violaciones a derechos humanos en la década de los ochenta. Y fortalece la hipótesis de que existen archivos sobre los operativos militares realizados durante el enfrentamiento armado, en los cuales ocurrieron masacres, agresiones sexuales, desapariciones de niños y niñas, y, desplazamientos forzados de la población civil. Contrario a lo que afirmó el Ministro de la Defensa Nacional sobre la no existencia de archivos militares ante diversas instancias como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

El señor Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada de El Salvador, puede y debe exigir la apertura de los archivos militares que permitan esclarecer lo sucedido durante la guerra civil, quiénes fueron los responsables de las violaciones a derechos humanos y el destino de los y las desaparecidas, como una medida de reparación importante a las víctimas y sobrevivientes.

La población salvadoreña debe seguir exigiendo conocer la verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos que sucedieron durante el conflicto armado. Seguir exigiendo al señor Presidente de la República que ordene la apertura de los archivos militares, pues, no puede existir reconciliación sin conocer la verdad.

viernes, 12 de septiembre de 2014

EL FUTURO Y EL PRESENTE DE LA PATRIA ESTÁ EN LA JUVENTUD




Luis Monterrosa
Director IDHUCA



Lo sabemos bien. Lo repiten los políticos, las organizaciones, la Iglesia... casi todo mundo. Lastimosamente se dicen de diente a labio.
La celebración de la Independencia es momento propicio para recordarlo, pero sobre todo para desafiar a todo mundo a poner en acciones la realidad de lo que decimos.
La juventud es uno de los grupos sociales cuyos derechos son continuamente violados con la consiguiente pérdida de futuro y de esperanza; conviven con pocas posibilidades en educación, en desarrollo humano, etc. que permitan que efectivamente se constituyan ya en la realidad del futuro del país.
La juventud está en el centro del huracán. Un principio básico del enfoque de transformación de conflictos dicen que deben participar activamente todos los involucrados y afectados por el problema. Respecto lo que hoy es el país, y mirando de cara al futuro de nuestro país, sin lugar a duda la juventud debe tener el protagonismo necesario para discutir los grandes problemas del país e incluso tomar las decisiones pertinentes.
Por tanto, es clave que las instituciones, sociedad civil y estado, determinen como elemento procesual el desarrollo responsable del protagonismo juvenil. Hace veinte años era rarísimo hablar de enfoque de género en nuestros planes de trabajo. Ahora se va haciendo costumbre. De la misma manera deberíamos poder incluir una perspectiva transversal del fortalecimiento del protagonismo juvenil. Eso implica, abrir espacios, desarrollar la actitud de escucha y diálogo, desarrollar un liderazgo comprometido con la fuerza que dan las mayorías populares y con la civilización de la pobreza.
Entonces podremos cantar a todo pulmón:
“Saludemos la patria orgullosos
de hijos suyos podernos llamar”


Editorial 11 de septiembre de 2014 
http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/9/victims-and-perpetratorsgangsofelsalvador.html

viernes, 5 de septiembre de 2014

VEINTE AÑOS DEL CÓDIGO DE FAMILIA Y LA LEY PROCESAL DE FAMILIA



Pedro Antonio Martínez González
Coordinador del equipo de procesos de justicia del IDHUCA

El próximo octubre, se cumplirán veinte años de haber entrado en vigencia el Código de Familia y la Ley Procesal de Familia. Legislación, que vino a cambiar nuestra visión de justicia en el campo de familia. Por una parte se cambiaron las regulaciones existentes, que se encontraban en el Código Civil y el Código Procesal Civil.

En lo que respecta a ambas legislaciones, se generó un cambio impensable para muchos, porque era una legislación moderna que replanteaba las relaciones intrafamiliares, brindando mayor protección a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como integrantes de la familia y por ende de la sociedad.

En esta nueva legislación se podía ver el desarrollo del artículo 32 de la Constitución de la República que reza: “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia”.

Los legisladores necesitaron once años, para adecuar lo que establece este artículo de la Constitución de 1983, en la legislación secundaria. Situación que no es para menos, si se toma en cuenta que el Código Civil, que regulaba hasta entonces todo lo relacionado a la familia, y que sigue vigente para todo lo demás que no es del ámbito de la familia, data de 1860, lo que nos da una idea de lo atrasada que estaba la normativa jurídica con la que se resolvían los problemas familiares en los tribunales salvadoreños.

Para ejemplo, un botón: En el Código Civil se encontraban reguladas diez causales de divorcio. Los criterios que el legislador había establecido, pueden entenderse que eran de más de un siglo, pensamientos retrógrados que violaban el artículo 3 de la Constitución vigente que establece la igualdad entre hombres y mujeres sin distinción de nacionalidad, raza, sexo o religión. El artículo 145 del expresado código establecía las causales de divorcio, y, en el numeral 3 señalaba como una de ellas el adulterio de la mujer, pero, el mismo artículo en su numeral 4, establecía como causal de divorcio el adulterio del marido con escándalo público o con abandono de la mujer. Como se puede observar, los parámetros de regulación del mismo hecho eran diferentes para el hombre y para la mujer, y así, podríamos encontrar en dicha normativa infinidad de situaciones similares, que atentaban contra la igualdad y que no permitían el desarrollo pleno de hombres y mujeres en equidad.

Con la vigencia del nuevo Código de Familia y la Ley Procesal de Familia en 1994, se creó una normativa más apegada a la realidad salvadoreña, con nuevas instituciones jurídicas correspondientes a nuestros tiempos. Los principios rectores que esa nueva normativa establecía y que sigue vigente son: la unidad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y la mujer, la igualdad de derechos de los hijos, la protección integral de los menores de edad y demás incapaces, de las personas “adultos mayores” y de la madre cuando fuere la única responsable en el hogar.

En el caso de los hijos, en este Código encontramos en su artículo 350 un principio fundamental en la aplicación de la normativa a los niños, niñas, adolescentes y juventud, y que es, el “interés superior del menor de edad”, principio que encontramos también en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA, en su artículo 12.

Como podemos apreciar, las cosas han cambiado y mucho, la legislación de familia, con todas sus nuevas instituciones jurídicas, ha ayudado a que las mujeres, especialmente, exijan sus derechos en los tribunales, debido a que con dicha normativa se han sentido más respaldadas y protegidas.

Claro que han pasado veinte años y se han hecho reformas a las leyes de familia, porque el derecho no puede, ni debe ser estático, ya que la sociedad no lo es. También hay que referirnos a los tribunales especializados que fueron creados para resolver los conflictos familiares, y que dicho sea de paso, hoy en día, están saturados con las demandas que llegan hasta ellos, debido a que la utilización de dichas herramientas jurídicas se ha elevado enormemente, lo cual es bueno.

En otra oportunidad, hablaremos de los cambios que significó el procedimiento de familia, en toda la legislación salvadoreña, dado que por fin, en nuestro país se instauraba un procedimiento con audiencias orales, que se extendió luego al ámbito penal, después al civil y mercantil. Por el momento recordemos los grandes avances que se dieron hace veinte años con la legislación familiar y lo que ésto ha significado para, según nuestra constitución lo establece, la base fundamental de la sociedad: la familia.

MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS



Luis Monterrosa
Director del IDHUCA 
Las migraciones es una de las características de nuestros tiempos. Miles de personas diariamente buscan transitar de un país a otro. Los hay que utilizan medios normales y públicamente validados; los hay que utilizan medios no tradicionales y clandestinos. Una de las  grandes preocupaciones es la violación de los derechos humanos de las personas que toman la decisión de emigrar. En los últimos meses ha sonado fuertemente el caso de los menores migrantes no acompañados.

En general, hay dos grandes razones por las cuales las personas optan o se ven forzadas a migrar. Por un lado está su condición económica; por otro lado, la situación de inseguridad. Obviamente ambas están vinculadas.

Históricamente nuestro país a raíz del tipo de modelo económico adoptado ha tendido a expulsar a salvadoreños y salvadoreñas. Decimos bien cuando hablamos de expulsar; si bien en última instancia es una decisión, las más de las veces en realidad la gente se ve obligada a migrar y es en este sentido de violación de sus derechos fundamentales que debemos enfocar también nuestra atención.

En los cincuenta y sesenta, los salvadoreños buscaban tierra para trabajar, una tierra cada vez más escasa en términos de acceso en el país y la encontraban en Honduras. La guerra de 1969 con nuestros vecinos no sólo malogró la unión centroamericana, sino también una válvula de escape para las contradicciones económicas y sociales. Luego comenzó fuertemente la migración hacia Estados Unidos con la gente buscando las oportunidades de desarrollo que aquí no encontraba o bien huyendo de la violencia represiva del Estado. En realidad, salvadoreños hay prácticamente en todo el mundo, desde Alemania a Australia, de Korea a Estados Unidos.

Y la constante es la misma: la búsqueda de las oportunidades que nuestra estructura
económica – social no brinda, educación de calidad, trabajo, salud, etc., así como buscando entornos menos inseguros ante la delincuencia. Decimos menos inseguros, porque en realidad, Estados Unidos, país mayoritariamente elegido para emigra, no es necesariamente más seguro en términos de criminalidad.

Por tanto, los derechos humanos de los migrantes en realidad dependen en última instancia del cumplimiento de sus derechos humanos fundamentales y de sus derechos económicos y sociales. Idealmente, la persona debería poder emigrar si quiere, no emigrar si no quiere. Que sus derechos sean respetados aquí y en cualquier parte del mundo. Y a la vez, que las personas pudiesen desarrollarse en su bienestar aquí y en cualquier parte del mundo. A pesar de los avances tecnológicos, en ciencia, en cultura todavía nos hace falta caminar en el cumplimiento de los derechos humanos.

 Editorial Radio Revista Sembrando Futuro, 4 de septiembre de 2014.

miércoles, 3 de septiembre de 2014

DIPLOMADO REGIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Claudia Hernández. Coordinadora del Equipo de Investigación y Memoria Histórica del IDHUCA



Del 2 al 4 de septiembre del presente año, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) se encuentra ejecutando la etapa presencial del Diplomado Regional Educación para la Paz (EDUPAZ), el cual se realiza en el marco de los proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA).

Este diplomado –que es esencialmente virtual-- cuenta con treinta participantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta fase tiene como finalidades lograr una integración grupal entre los/as participantes e iniciar cada uno de los módulos que se estudiarán en la fase virtual que concluirá en enero del 2015.


El IDHUCA espera con estos procesos educativos contribuir a la generación de una cultura de paz a través de las y los participantes quienes desde sus espacios (comités, escuelas, organizaciones no gubernamentales, policía) replicarán los conocimientos que adquieran en este proceso.

viernes, 29 de agosto de 2014

JUVENTUD Y DERECHOS HUMANOS


Editorial Radio Revista Sembrando Futuro, jueves 28 de agosto del 2014

Juventud y derechos humanos corresponde a una combinación de realidades críticas y sugerentes… De la juventud hemos tendido a admirar su energía, el talante de cambio y de rebeldía. Por supuesto, no suele ser bien visto por los sectores o que bien detentan algún tipo de poder o bien acumulan años, a veces años de experiencia, a veces años sin experiencia. En este contexto suele aparecer el problema del adultocentrismo, asunto padecido por los que en su juventud reclamaron derechos, pero que con el tiempo se aquietaron y abandonaron su juventud, de cuerpo y espíritu  para defender el status quo.

Lo que fundamentalmente reclama la energía y presencia de la juventud son derechos. Tres son los elementos clave señalados: participación, oportunidad y respeto. En primer lugar, participación. Esto adquiere diversas dimensiones. Se expresa no sólo como derecho político, sino también en familia, en la comunidad. Por ello es clave en todo proceso de cultura de paz, prevención de la violencia y promoción de derechos humanos priorizar y promover el protagonismo juvenil. A fin de que el discurso se lleve hasta sus últimas consecuencias, es necesario conceder espacios reales de toma de decisiones en las organizaciones juveniles (y que no sólo dependan del adulto dirigente de la ONG) y también en el espacio político (no son gratuitos los encontronazos acaecidos entre un joven candidato y su rival, que le aventaja en años).

En segundo lugar, la juventud espera encontrar oportunidades o al menos la posibilidad de construir esas oportunidades. Estas oportunidades esperadas son tanto educativas, seguir estudiando persiguiendo sueños; son económicas, porque no se vive sólo de sueños sino del desarrollo material mismo… el futuro del país depende de las oportunidades que construyamos y dejemos a nuestra propia juventud. Y hoy por hoy, las oportunidades que nuestra sociedad concede son escasas.

Por ello mismo, en tercer lugar, es crucial pensar en la necesaria concesión de respeto que la juventud se merece y necesita. Seguimos estigmatizando a la juventud, muchas veces declarándola sospechosa por su figura (eso se llama prejuicio), desconfiando de su propuesta subversiva y rebelde que busca cambiar el mundo. Olvidamos los más adultos que fuimos jóvenes y quisimos cambiar el mundo.

Participación, oportunidades y respeto es la concreción de los derechos que la juventud aspira y que como sociedad no deberíamos más que permitir que la juventud los haga reales.

Luis Monterrosa

Director del IDHUCA