miércoles, 21 de septiembre de 2016


Fiscalía y jueces ¿Tal para cual?

Publicado el 20 de septiembre de 2016 en la sección Opiniones del Diario Co Latino.

José M. Tojeira
Sobre la Fiscalía existe una gran presión. En primer lugar la presión de la propia delincuencia que sobrepasa con mucho la capacidad de la fiscalía, escasamente dotada y llevando algunos fiscales más casos de los que se pueden tramitar en un año. La presión de las grande redadas y macro-casos produce también una natural tensión. Cuando se detiene a cincuenta o setenta personas es muy fácil equivocarse. Pero si los jueces sueltan a la mayoría las críticas van generalmente o al propio juez o a la fiscalía. Si los detienen y se abre instrucción contra todos o contra la mayoría, hay una enorme posibilidad de que se incluyan a inocentes dentro del grupo. Las multidetenciones además suelen tener defectos como los de uso excesivo de la fuerza, mal trato físico y en ocasiones trato denigrante. Aunque en estos casos la tendencia es más a quejarse de la PNC, la Fiscalía no deja de estar involucrada y recibe también su parte de descrédito. Y finalmente está presente la convicción general de que la Fiscalía es incapaz de perseguir a personas o personajes que se mueven en los altos niveles del dinero y en las esferas superiores del poder, sea político o militar. Todo Fiscal General que llega al puesto sabe que con mayor o menor razón una de las acusaciones que tendrá al cabo de los tres años de su nombramiento será la de ser incapaz de tocar los delitos de cuello blanco, verde olivo o de la amplia franja de los colores partidarios.

El actual Fiscal General ha entrado en su puesto con ganas de acción. Y ha apostado simultáneamente por perseguir posibles delitos en las altas esferas y por mantener simultáneamente una actividad acusatoria que abarca a grandes grupos. La persecución de delitos de corrupción en las estructuras del estado ha levantado un relativo entusiasmo tanto en sectores de clase media, generalmente los más indignados con la corrupción, como en otros más amplios. Su accionar cuenta además con un firme respaldo diplomático. Un buen número de embajadores ve necesaria la lucha contra la corrupción en el país. Y es que la ayuda externa necesita cada vez más transparencia. Aunque los partidos políticos muestran diversas actitudes, desde la venganza a la relativa protección, lo cierto es que El Salvador hace tiempo que esperaba alguna señal en esa dirección. Queda mucho por ver y por hacer en este terreno, pues la amplia corrupción existente en los últimos  treinta años, más o menos, ha marcado la historia reciente de El Salvador. Que se esperaba respuesta es real. Y en ese sentido, respetando la presunción de inocencia, es necesario continuar y ampliar los procesos de investigación.

La dificultad puede encontrarse más bien en el campo de las grandes redadas. Éstas tienen con frecuencia cierto apoyo, más mediático que generalizado. Pero a poco que se investigue en ellas, se encuentran fácilmente errores graves, atribuibles a la Fiscalía y a los jueces. Los enfrentamientos masivos con bandas delincuentes producen de vez en cuando una alto número de muertos, algunos de ellos con más trazas de haber sido ejecutados que de haber perecido en la refriega. Ni la Inspectoría General de la PNC ni la Fiscalía ha percibido esos detalles, algunos de los cuales son de pura lógica, ante unas narraciones o unas fotografías que dejan demasiadas preguntas sueltas. Cuando desde la opinión o desde instituciones afines a los Derechos Humanos se han hecho observaciones no han faltado amenazas de algún que otro fiscal que percibe la crítica casi como apología del terrorismo. De no crecer en seriedad en este terreno la Fiscalía se encontrará con un problema grave de desprestigio. Tocar a los grandes será siempre positivo si se demuestra el delito. Pero ello no justifica ni oculta el abuso de los pequeños.

El sistema judicial tiene otro tipo de presiones. Más allá de la valía personal de algunos jueces repartidos por todos los estratos del sistema, el órgano judicial se percibe como entreverado por la corrupción, con un servicio excesivamente burocrático y lento, con una arbitrariedad difícil de contrarrestar de parte del ciudadano, con un lenguaje complejo y difícil de asimilar tanto por las víctimas como por muchos de los acusados. Tiene un buen presupuesto, pero una mala respuesta al país. Un caso ejemplar del tipo de abusos puede ejemplificarse con un caso atendido por el juez de paz Salvador Machuca, de San Miguel Tepezontes. El Idhuca defendía a un joven que en enero había sido brutalmente golpeado por un miembro de la PNC. La familia denunció la golpiza ante la Fiscalía sin  que el caso tuviera mayor trascendencia. Incluso después de la denuncia el joven volvió a ser golpeado por la policía. Y finalmente ha sido detenido acusado de pertenencia a banda terrorista. A causa de las heridas sufridas en las golpizas anteriores había estado internado en el hospital Rosales y sigue sufriendo secuelas de los golpes. En la audiencia inicial se presentaron pruebas de lo dicho y diversos arraigos. Pero el juez no revisó las pruebas presentadas y dictó prisión preventiva para el joven. Era una audiencia inicial para más de 50 personas y el juez llegó con la resolución tomada de antemano. Resolución que leyó y que ciertamente no escribió mientras estaba en la audiencia.

Esto, en cualquier sistema judicial democrático se llama prevaricato. Es simple y sencillamente dar resoluciones a sabiendas de que son injustas. Porque cualquier juez tiene que saber que al imputado hay que escucharle, tomar en cuenta lo que dice y presuponer la inocencia, dando normalmente medidas sustitutivas a la prisión. Pero el sistema judicial rara vez toma en cuenta esas exigencias. Además, la mayoría de la gente sencilla o ignora cómo reclamar sus derechos o no tiene posibilidades de hacerlo. En esta audiencia inicial en la que se dio resolución contra este joven, había más de cincuenta personas imputadas de diversos delitos. Sólo la minoría tenía abogado, mientras a más de cuarenta los defendía un solo abogado de la Procuraduría General. Los magistrados de la Corte Suprema pueden decir que la presunción de inocencia supone que a la mayoría de los encausados se les puede dar medidas sustitutivas de la cárcel mientras no sean condenados. La fiscalía pide siempre, o casi siempre, prisión preventiva. Y algunos jueces les siguen la corriente, sin escuchar a los encausados ¿Es esto justicia de régimen democrático? ¿Es esto estado de derecho? Ciertamente, perseguir el delito de este modo chambón e ignorante no puede llevarnos a nada bueno. Hay buenas intenciones en algunos miembros de la Fiscalía y de algunos jueces decentes. Pero abundan demasiado este tipo de jueces irresponsables, que se lavan la manos por temor o por pereza y mandan las resoluciones a la siguiente fase dañando los derechos de las personas y en particular su presunción de inocencia. En casos como el que mencionamos, de este joven golpeado por la PNC, se añade la irresponsabilidad y el prevaricato, sin consecuencias para jueces y fiscales. Así no avanzamos.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

El patriotero

jueves, 1 de septiembre de 2016

Crímenes graves y perdón



José María Tojeira, director del IDHUCA

A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y con la detención y posterior liberación de algunos de los autores materiales de la masacre en la UCA, algunas personas han hablado de la necesidad de perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos algunos representantes del partido en el Gobierno, han mencionado el tema de un modo, cuando menos, confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas se consigue dándoles regalos o donaciones económicas.
Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.
Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.
Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.
Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.
Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”.

Crímenes graves y perdón

José María Tojeira, director del IDHUCA
01/09/2016

Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.
Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.
Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.
Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porquesaben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.
Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”. 

Crímenes graves y perdón

José María Tojeira, director del Idhuca
01/09/2016
A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y con la detención y posterior liberación de algunos de los autores materiales de la masacre en la UCA, algunas personas han hablado de la necesidad de perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos algunos representantes del partido en el Gobierno, han mencionado el tema de un modo, cuando menos, confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas se consigue dándoles regalos o donaciones económicas.
Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.
Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.
Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.
Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.
Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”.

jueves, 25 de agosto de 2016

Una psicología al servicio
de las comunidades
    
Acompañamiento psicosocial a personas en situación de peligro inminente.
Por: Lic. German Horacio Cerros Echeverría
        Psicólogo del Equipo de Justicia del IDHUCA

Antes de hablar sobre cómo ha sido el trabajo psicosocial con las personas víctimas de la violencia generalizada en nuestro país, quisiera recordar unas palabras dichas por Ignacio Martín Baró, psicólogo y sacerdote jesuita español que dedicó la mayor parte de su vida a la investigación de la difícil realidad social y política de El Salvador, quien es ahora para mí, una inspiración en este arduo trabajo.

"El saber psicológico debe ponerse al servicio de una sociedad donde el bienestar de los menos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la deshumanización"
(Valladolid, 7 de noviembre de 1942 –
San Salvador, 16 de noviembre de 1989)

Actualmente nuestro país atraviesa una situación de violencia generalizada que se ha desbordado; las autoridades del Estado se muestran incapaces de controlar los altos índices de inseguridad en el país, a la vez de ser ineficientes al tratar de brindar alternativas de protección y resguardo a personas en situación de peligro inminente.

La sociedad civil se muestra poco activa ante esta situación y son muy pocas las organizaciones o instituciones defensoras de derechos humanos que brindan ayuda a las personas o comunidades en riesgo.

Personas, grupos familiares y comunidades enteras se encuentran en una situación de alta peligrosidad a tal punto de tomar la decisión de desplazarse, ya sea de forma interna o fuera del país con tal de preservar la vida y la integridad de cada uno de los familiares, o en el peor de los casos tomar la decisión de confinarse totalmente en sus casas para no ser vistos por los grupos de pandillas o grupos de seguridad violentadores de derechos humanos, tomando estas decisiones de forma forzada para mantenerse con vida.

Ante esta situación, el IDHUCA y distintas organizaciones de la sociedad civil están trabajando diferentes casos de familias que se encuentran en situación de peligro inminente, dando una respuesta o alternativa a los grupos familiares ante la inactividad del Estado, quien hasta la fecha no ha garantizado la protección y defensa de los derechos humanos de estas personas en situación de riesgo y mucho menos ha aceptado de forma pública y ante autoridades internacionales que se encuentra en un estado de emergencia, en donde las personas han dejado de migrar por cuestiones económicas, sino que se desplazan a diferentes regiones para huir de la violencia generalizada. Estos casos se han trabajado desde un enfoque de derechos humanos, jurídico y psicosocial, haciendo un gran esfuerzo por abordarlos desde una perspectiva multidisciplinar y así brindar una alternativa a estas familias para la resolución de su problemática; es por ello que como equipo de psicología compartimos cómo ha sido la experiencia en el trabajo psicosocial con estas personas que se encuentran en situación de riesgo.

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL

Situación de desplazamiento y confinamiento en El Salvador
Cuando hablamos de desplazamiento o confinamiento nos referimos también a una situación de riesgo inminente por la que están pasando diferentes personas y sus grupos familiares; en la cual las familias se ven obligadas a desplazarse ya sea internamente o fuera del país, como también el de mantenerse confinados en sus viviendas, con la finalidad de seguir vivos un día más; todo esto a causa del ambiente de inseguridad que se vive en las comunidades, provocado por los grupos de pandillas, así como también por los grupos de seguridad que abusan de su autoridad; a la fecha se han recibido alrededor de 47 casos en lo que va del año 2016 en la institución.

En el trabajo con las víctimas hemos encontrado diferentes sistemas familiares en total vulneración, los cuales se han desplazado no sólo una vez, sino un sinnúmero de veces con tal de estar a salvo y manteniendo con vida a sus familiares, en algunas ocasiones optan por desintegrar el grupo familiar para resguardar a unos y unas aunque eso signifique poner en riesgo a los y las que se quedan viviendo en en sus comunidades.

Víctimas y victimarios
Las características de las víctimas en situación de peligro inminente (población atendida) pueden variar desde una persona, uno o varios sistemas familiares o hasta una comunidad entera; todas ellas obligadas a dejar su lugar de origen o lugar de arraigo, así como también mantenerse en total confinamiento por las amenazas de grupos de pandillas (pandilla 18, MS y sus diferentes denominaciones)o hasta de los abusos de autoridad realizados por cuerpos de seguridad (PNC, FAES, o grupos de exterminio) ante las nuevas estrategias de seguridad contra el crimen organizado. Sea cual sea el tipo de población o su ubicación geográfica dentro del país, es una realidad que la decisión de desplazarse es obligada y se elige para resguardar la vida de todo el grupo familiar. Además de constituir un hecho violento y traumatizante en sí mismo, al desplazamiento se va sumando una larga cadena de violaciones a sus derechos humanos, muy pocas veces puede planearse y en la mayoría de los casos la huida es repentina, apenas llevando consigo lo que se tiene a la mano.

Estado psicosocial de las personas atendidas
Dentro de los casos que se han atendido hemos encontrado las siguientes características en los diferentes grupos familiares, las cuales son:

     Desconfianza para verbalizar la situación en la que se encuentran ya que han sido amenazados o amenazadas por grupos de pandillas o son los mismos cuerpos de seguridad quienes han violentado sus derechos.
     Desconfianza en el accionar de las instituciones del Estado ya que no se les ha proporcionado alternativas reales y seguras para la situación en la que se encuentran.
     Personas a quienes se les ha lastimado sus expectativas de seguridad ya que vienen de rebotar de institución en institución solicitando ayuda y sin ninguna alternativa de solución.
     Desconfianza al verbalizar sus testimonios de vida en totalidad (línea de tiempo de los hechos) ya que saben que hasta las diferentes instituciones del Estado llega el brazo del crimen organizado.
  Personas con testimonios o historias de vida con hechos desorganizados u olvidados ya que una de las características del trauma es la desorientación y uno de los mecanismos de defensa de los seres humanos ante hechos traumáticos de violencia es el olvido.
     Estados de alerta constantes.
     Estados de crisis emocionales.
     Depresión.
     Profunda tristeza o llanto ante lo ocurrido.
     Somatización.
    Heridas psicosociales que se experimentan en colectivo, no solamente como ser individual.
     Dolor por la desintegración del grupo familiar por diferentes causas:
       o   Asesinato de uno o más familiares.
       o   Desapariciones de uno o más integrantes de la familia.
       o   Reclutamiento forzado dirigido hacia uno o más familiares.
       o   Desplazamiento de los y las mismas.
    Desorganización en el sistema familiar ya que al faltar un integrante (especialmente si es la figura paterna o materna) se redirige la energía emocional del mismo hacia otro integrante de la familia, permitiendo la desorganización sistémica o parentificación; todo esto como mecanismo de auto sanación del sistema familiar ante la pérdida del ser querido.
    Personas con procesos de duelos no resueltos, especialmente en los casos de desapariciones o asesinatos brutales de uno o más familiares.
     Sistemas familiares en total vulneración.
     Miedo constante por diferentes motivos:
       o   Residen en comunidades consideradas de alta peligrosidad.
      o   Están siendo amenazados de muerte por grupos de pandillas, han       sido amenazados para abandonar su comunidad o están siendo           reclutados forzadamente por estos grupos.
       o   Extorsiones al sistema familiar.
       o   Agresiones sexuales a uno o más de los y las integrantes 
           de la familia.
      Personas o familias con un tejido social desfragmentado.
      Para muchas de estas personas la vida se interrumpió.
      Proyectos de vida truncados.
  Dolor ante el desarraigo o abandono de sus viviendas, de su comunidad, de sus centros de estudio y de la tierra que los vio nacer.
      Entre otras.

NOTA: Es importante mencionar que estas características presentes en las personas atendidas son la respuesta más normal expresada en las personas ante hechos anormales de violencia.

Acompañamiento psicosocial
El proceso de acompañamiento psicosocial brindado a personas en situación de peligro inminente se ha visto como un proceso de acompañamiento personal y familiar, que busca restablecer la integridad emocional de las personas, así como de sus redes familiares, ya que estas han vivido un gran sufrimiento emocional y su tejido familiar y social se encuentra vulnerable, debido al impacto de los hechos violentos experimentados a causa de la violencia generalizada.

Este acompañamiento se ha realizado de dos formas que son:

Atención individual: En la cual se les ha brindado un apoyo a las personas, permitiendo espacios de expresión y reconocimiento del impacto emocional que los hechos violentos les han ocasionado, así como el apoyo terapéutico para disminuir el sufrimiento emocional, la reconstrucción de los lazos sociales y el desarrollo de las potencialidades individuales que permiten el restablecimiento de la integridad de las personas y el desarrollo de un proyecto de vida sostenible. Se ha encargado de identificar de forma particular la afectación psicosocial en cada integrante de la familia, ya que cada persona vive de forma singular la experiencia traumática.

Atención Colectiva: Dando apoyo psicosocial que propicie la recuperación y restablecimiento de los daños sociales, culturales, psíquicos y especialmente los familiares; es un acompañamiento encaminado a la afirmación de las personas como sujetos de su propia historia, y a la reconstrucción del tejido social familiar. En este proceso nos hemos encargado de trabajar de forma colectiva con el sistema familiar, ya que la afectación psicológica o herida psicosocial se ve presente en la estructura y funcionamiento del sistema familiar, para así reestablecer las interacciones o relaciones del mismo.

Trabajo psicosocial con víctimas
El trabajo psicosocial tiene como objetivo principal “brindar un acompañamiento psicosocial orientado al manejo de las secuelas psicosociales producto de situaciones traumáticas de desplazamiento y confinamiento forzado, dirigido a personas en situación de peligro inminente.

Dentro del trabajo psicosocial se han realizado diferentes actividades, estas han sido las siguientes

Actividades diagnósticas: Han permitido identificar la afectación psicosocial presente en cada uno de los integrantes de la familia como en el colectivo familiar; cada persona vive y experimenta de forma particular el hecho traumático, así como también el colectivo familiar expresa su dolor como un solo organismo.

Actividades psicoterapéuticas: En las cuales se ha ejecutado un proceso terapéutico idóneo para el abordaje individual y colectivo con diferentes enfoques de atención de acuerdo a la afectación o herida psicosocial, así como trabajar de forma individual en los casos que sea necesario y pertinente una intervención, pero en su mayoría el enfoque está orientado en el trabajo colectivo familiar y sistémico. En estas actividades se ha trabajado hasta la fecha temas como: El trauma psicosocial individual y colectivo presentes en el sistema familiar, el proceso de duelo no resuelto, la reestructuración funcional del sistema familiar, recursos personales y familiares, proyecto de vida y proyecto de sanación, con el fin de reestablecer en alguna medida la vida misma de las personas.

Actividades humanitarias: Realizando todas aquellas acciones que tengan como finalidad asistir las necesidades básicas de la población atendida, tales como: alimentación, vestuario, salud, etc., ya que al suplir estas necesidades será más factible el trabajo psicosocial.

Valoración psicosocial
El desplazamiento y confinamiento forzado hasta la fecha, no sólo ha sido un tema que nos recuerde la situación de peligro inminente en que vivimos cada uno de los y las salvadoreñas; también ha sido la única alternativa de vida para los sistemas familiares que están siendo amenazados constantemente ya sea por grupos de pandillas o los mismos cuerpos de seguridad violentadores de derechos humanos. El acompañamiento psicosocial ha sido más que un trabajo exhaustivo, una labor humanitaria por las familias que se encuentran en situación de peligro inminente, atendiendo de esta forma las diferentes necesidades emocionales y de seguridad de las personas, especialmente las asociadas a la situación traumática que como grupo familiar han experimentado.

Es importante que al atender estos casos, recordemos el papel fundamental de los vínculos familiares para poder trabajar en la sanación de los mismos, ya que son estos vínculos los que han sido lastimados y son los que nos permitirán identificar los recursos familiares y personales para estabilizar en alguna medida a las familias. Las heridas psicosociales son muy profundas y deben de ser tratadas con mucha confidencialidad y honestidad, ya que estas personas depositan en el equipo de trabajo sus esperanzas para poder salir del país y mantenerse con vida. 

miércoles, 24 de agosto de 2016

Verdad, justicia, reparación y perdón

 
José M. Tojeira
En aquellos tiempos duros de la guerra civil, el mismo día del asesinato de los jesuitas y sus dos amigas y empleadas, los jesuita dijimos que queríamos justicia, no venganza. Pocos meses después, con el juicio iniciado contra los autores materiales del crimen, el P. Francisco Estrada, recién nombrado Rector de la UCA, decía que deseábamos Verdad, Justicia y Perdón. Ese lema, mantenido durante el aproximadamente año y medio que duró el juicio (hasta el veredicto del jurado), lo adoptamos muchos para todos los crímenes de El Salvador. En base a este lema pedimos el indulto para el coronel Benavides y para el teniente Mendoza porque creíamos que en su caso se había hecho verdad y justicia, y llegaba la hora del perdón. Incluso con los soldados absueltos, que habían pasado año y medio detenidos, nos parecía que se había hecho verdad en la posición del juez Zamora en la vista pública, y aunque el jurado de un modo inexplicable había optado por declararlos inocentes, dijimos que contra ellos no seguiríamos ningún proceso porque al menos se había hecho verdad.

Posteriormente añadimos un matiz importante: Manteniendo el afán de Verdad le agregábamos entre las palabras Justicia y Perdón la palabra Reparación. Si bien a los jesuitas, y en grado mayor a Mons. Romero, el mismo pueblo salvadoreño, grandemente representado, había aportado elementos impresionantes de reparación con su afecto y solidaridad, quedaban demasiadas víctimas olvidadas e incluso negadas, a las que había que dar debida reparación de parte del Estado, sin olvidar la justicia y los demás elementos mencionados. La Tutela Legal del Arzobispado, Con María Julia Hernández y con Mons. Rivera, jugaron en este campo un papel fundamental recordándonos las masacres y actualizándolas en la memoria y en la sed de verdad, justicia y reparación, para poder optar desde ahí a una verdadera reconciliación, que siempre se manifiesta a través del perdón.

Este ideal, que debe mover inteligencia y corazones después de toda guerra civil y de la nuestra en particular, quedó así formulado someramente con las cuatro palabras clave: Verdad, Justicia, Reparación y Perdón. Impedido por la ley de amnistía de 1993, este ideal quedó solamente en el discurso de quienes nos oponíamos a dicha ley y quienes confiábamos en un proceso que recogiera los cuatro elementos. A mediados de la década iniciada en 1990, después del triunfo electoral de Nelson Mandela en Sudáfrica (1994), se abrió para muchos de nosotros el modelo de la justicia transicional. La UCA comenzó unos años después un proceso de justicia restaurativa en el que jueces internacionales escuchaban a las víctimas de diversos y graves abusos y violaciones de Derechos Humanos. A quienes acudimos a estos juicios nos impresionó siempre la capacidad de perdón de muchas víctimas, que ponían como única condición para la reconciliación el establecer una especie de diálogo con los victimarios y el subsiguiente reconocimiento y petición de perdón de parte de los que podríamos llamar verdugos. Hoy la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía hace aproximadamente un mes nos abre el camino hacia una ley de reconciliación que contemple los cuatro elementos mencionados.

Lamentablemente hemos perdido algo de tiempo en las discusiones sobre la extradición de los exmiembros del ejército capturados en virtud de la difusión roja de Interpol. Lo cierto es que continúan vivos muchos de los que participaron en graves violaciones de derechos humanos, tipificadas muchas de ellas como delitos de lesa humanidad en el pensamiento jurídico internacional. Y quedan demasiadas víctimas del conflicto que esperan todavía verdad, justicia y reparación. Si algo urge hoy es avanzar hacia una reconciliación que quedó profundamente interrumpida por la ley de amnistía. Para ello urge trabajar una ley de reconciliación referida exclusivamente a los delitos cometidos durante la guerra civil que facilite el acceso a la verdad, que determine la creación de una forma temporal y especial de justicia, que disponga formas de reparación de las víctimas y que facilite formas de indulto a los acusados que, comprobados sus delitos, colaboren con la verdad, contribuyan de alguna manera a la reparación y soliciten el perdón a las víctimas.
 
La Sala de lo Constitucional, en su espléndida sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, recomienda a la Asamblea Legislativa que trabaje el tema de la justicia transicional. También ha mandado a la Fuerza Armada que abra sus archivos ante los reclamos que puedan venir. Hasta el momento, un mes después, no parece que se haya hecho gran cosa. La ciudadanía ha reclamado hace pocos día la reapertura del caso de El Mozote en el juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera la Fiscalía. Es un buen paso. Pero es necesario crear las condiciones para que el proceso de verdad, justicia y reparación camine y se llegue de ese modo a la ansiada reconciliación en El Salvador. Escuchar a las víctimas es el primer paso, pues no se puede sin ellas crear un verdadero proceso de reconciliación. Pero el Estado tiene también que poner su parte e impulsar los mecanismos adecuados para que las cosas caminen hacia lo que se desea: Paz con justicia y fraternidad con reconocimiento de la verdad, que construyan puentes que conduzcan hacia una sociedad reconciliada.