jueves, 24 de julio de 2014

PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Editorial de la Radio Revista Sembrando Futuro correspondiente al 24 de julio de 2014.


Para 2011, se concretó un mecanismo de protección importante para las mujeres de El Salvador en un tema clave para el país como es el problema de la violencia. En un país con una tradición machista tan dominante, este se constituye en un logro fundamental. Ya no más, al menos jurídicamente, son aceptables actitudes y acciones que durante mucho tiempo, y en algunos casos todavía en la actualidad, se han considerado como “normales”.

Por supuesto, todavía hay muchos escollos que superar y vacíos que completar. Todavía hay resistencia, especialmente del lado masculino, a entrar en la cultura de respeto de la mujer. Todavía es posible encontrar grietas por donde se escapa la justicia. Todavía hay mujeres que a pesar de lo que sufren guardan silencio.

Vivir una vida libre de violencia es, por supuesto, aspiración de todas y todos. Y sin embargo, a pesar de lo proclamado, trabajar por alcanzar la paz, se muestra muchas veces distante. Un punto clave a considerar es la propia responsabilidad que tenemos todos y todas, en la pervivencia de la cultura de la violencia. Como se dice en misa “de palabra, obra u omisión” en diversas formas todas y todos participamos de la responsabilidad que la violencia persista.

Un mecanismo sociológicamente interesante reside en la construcción de chivos expiatorios en el tema de la violencia, cuando tendemos a verla desde el enfoque de seguridad, asumimos que la violencia es delincuencia. Pero no es lo mismo. Sigamos: la delincuencia es problema de delincuentes; los delincuentes son las maras y pandillas. Conclusión: el problema de la violencia es igual a pandillas y maras.

Ojo: sin lugar a dudas hay una vinculación de la violencia con las maras. Pero no podemos reducirlo a ello. Al hacerlo nos excluimos y decimos “yo (o nosotros) no soy (somos) violentos porque no somos delincuentes, no somos pandilleros”. Y sin embargo, respaldamos la violencia en casa, en la escuela, en la calle. Dependiendo de nuestro lugar en la jerarquía social (lo que siempre es relativo) violentamos a otros y otras. Muchas veces esa acción no tiene carácter delictivo, ciertamente. Pero todo acto violento inicia con un pequeñísimo ejercicio de poder.

Nuestro ejercicio de poder se ve magnificado porque convivimos en una cultura machista que valida, promueve y sostiene todas las formas de violencia. Desde este punto de vista, se vuelve exigencia de cualquier programa de prevención de la violencia, desmontar la cultura machista, a fin de alcanzar una libre vida de violencia.

Así nos iremos salvando, de la violencia en el lugar del trabajo, del bullying o matonería escolar, de la violencia contra la mujer y quien sabe, quizá hasta de la violencia de las pandillas.

Luis Monterrosa
Director IDHUCA
24 de julio de 2014



viernes, 11 de julio de 2014

MASACRE

Benjamín Cuéllar, IDHUCA

11/07/2014

En el diccionario, “masacre” es definida como la “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. No tiene nada que ver, pues, con la andanada de goles en contra que recibió la selección brasileña de fútbol y que sepultó su aspiración de convertirse —por sexta ocasión— en campeona mundial de la disciplina deportiva que, hoy por hoy, es uno de los negocios más lucrativos del planeta. Nada que ver, pero fue noticia de primer orden y comentario obligado en cualquier sitio. Los siete tantos que recibió el equipo carioca el pasado martes 8 de julio le sacaron torrentes de lágrimas a mucha gente. Pero hay que insistir: lo ocurrido no fue una masacre. Fue cualquier cosa, menos eso. Si se va a hablar de masacre en términos precisos, hay que referirse a lo que comenzó durante la madrugada de ese mismo día en territorio palestino y que —a esta fecha— continúa produciendo muerte, terror y repudio.

Ese escenario sangriento y doloroso no es nuevo. Para entenderlo, no para aceptarlo, es necesario remontarse a lo que ocurrió casi setenta años atrás: los horrores de la Segunda Guerra Mundial, entre los cuales destaca la terrible expresión de odio y violencia mediante la cual fueron exterminados millones de judíos: el holocausto. Ese inmenso sacrificio contribuyó a generar conciencia sobre dos cosas esenciales: la necesidad de trabajar por el respeto de los derechos humanos y el compromiso de mantener la paz mundial. Así, el 24 de octubre de 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas; cincuenta y un países firmaron el acta en la cual se estableció su principal objetivo: “Mantener la paz y la seguridad internacionales”. Para ello, se debían adoptar “medidas colectivas eficaces” en aras de “prevenir y eliminar amenazas” a la primera. Asimismo, frente a hechos consumados, se buscaba que la entidad tuviera la capacidad de “suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz".

Dos años después, el 29 de noviembre de 1947, la ONU terminó con la administración de Inglaterra sobre el territorio palestino y comenzaron a retirarse gradualmente las fuerzas militares de esa potencia. También se definieron las fronteras. Pero la violencia continuó. La diáspora judía, sobreviviente del gran genocidio que recién había pasado, emigraba a la “tierra prometida” y la reclamaba; lo que encontró fue la resistencia y la oposición de los pueblos árabes. Y a la ONU le tocó enfrentar, en 1948, año en el que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer gran desafío para honrar su misión: resolver este conflicto. Sin embargo, hasta hoy, no lo ha logrado.

No se trata de desprestigiar a la institución internacional, sino de llamar la atención sobre una situación grave que despierta pasiones e irracionalidades en la zona y el mundo. Y que, sobre todo, origina numerosas e inaceptables víctimas inocentes cuyos derechos humanos son violados en diversas y terribles formas. De 1948 en adelante, muchos enfrentamientos violentos se han registrado y múltiples han sido las resoluciones de la ONU para mediar entre Israel, algunos Estados árabes (como Egipto y Jordania) y representantes palestinos. Pero el escenario, en lugar de mejorar, ha empeorado.

Los siete goles recibidos por la selección de Brasil desataron llantos y lamentos. Esa cifra debe multiplicarse —al menos— por diez para contabilizar las personas asesinadas por las bombas israelitas luego de dos días de iniciada la ofensiva criminal; los llantos y lamentos por eso deberían estremecer a un mundo que, en lugar de eso, está más pendiente de lo que pueda ocurrir en el Maracaná el próximo domingo 13 de julio. ¿Por qué comenzó esta verdadera masacre en la Franja de Gaza? Los señalamientos son mutuos entre los Gobiernos de Tel Aviv y Jerusalén. Si el grupo Hamás es responsable del secuestro y el asesinato de tres jóvenes a mediados de junio, hecho condenable que han negado sus voceros, la respuesta israelí es inaceptable. El enorme costo humano y material que está pagando el pueblo palestino con la reacción del Ejército vecino no se apega para nada a los principios de proporcionalidad de la réplica e identificación de objetivos. “Ojo por ojo, diente por diente”, sentenció Hammurabi dieciocho siglos antes de Cristo en el Código que sirvió de base para fundar el Imperio babilónico. Esa sentencia, ahora, es calificada como una barbaridad. Pero ni eso tiene comparación con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que es más bien toda la cabeza por un ojo y la quijada completa por un diente.

“Este es un momento para la justicia, no para la venganza”. Esa tímida frase inicial de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, no estuvo a la altura de los terribles acontecimientos. “Es un momento para la visión de Estado y para la sabiduría” también sonó a retórica diplomática inadmisible o, al menos, cuestionable. El Consejo de Seguridad del organismo debería asumir un rol realmente protagónico, exigiendo con fuerza el fin de la matanza y garantizando que así sea. Si no, sus pronunciamientos seguirán siendo como el del 5 de marzo de 1948.

En ese entonces, resolvió invitar a sus miembros permanentes a celebrar consultas e informar sobre “la situación en Palestina”. También el mencionado Consejo exhortó “a todos los Gobiernos y pueblos, particularmente a aquellos establecidos en Palestina o en su vecindad, a que tomen las medidas posibles para evitar o atenuar los desórdenes que actualmente ocurren en Palestina”. Luego, el 1 de abril del mismo año, invitó “a los grupos armados árabes y judíos de Palestina” a que inmediatamente suspendieran “los actos de violencia”. Sesenta y cuatro años después, continúan los llamados al diálogo y las negociaciones, a la sabiduría y la calma… Mientras tanto, la población civil no combatiente (niñas y niños, sobre todo) sufre los horrores de una acción impúdica que debería hacer correr ríos de lágrimas y gritos de condena.

Al momento de escribir estas líneas [10 de julio], Ban le subió el tono a sus declaraciones refiriéndose a la crisis como algo “insostenible”; sus víctimas mortales casi llegan a las noventa y las personas heridas suman varias centenas. “Nos enfrentamos”, dijo el secretario general de la ONU, “al riesgo de una escalada total, con la amenaza todavía palpable de una ofensiva terrestre” israelita. Esas afirmaciones las hizo ante el Consejo de Seguridad, donde los representantes de los Gobiernos enfrentados se acusaron mutuamente.

Habrá que revisar en algún momento la pertinencia y efectividad de estos organismos intergubernamentales que, recurrentemente, dan muestras de lo contrario mientras la paz sigue siendo mancillada en diversas partes del mundo. Hoy por hoy, no queda más que demandarle a la ONU y a los liderazgos políticos, religiosos, académicos y demás, una posición única y coherente con el respeto de los derechos humanos y en contra de esta masacre.

jueves, 10 de julio de 2014

EL SISTEMA CARCELARIO Y LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR

Editorial, Radio Revista Sembrando Futuro del 10 de julio del 2014

Para nadie es un secreto la actual situación crítica de los Centros Penitenciarios y Bartolinas de la PNC. Más allá de la cantidad de personas sin procesar, las condiciones de hacinamiento, de alimentación, de inseguridad son realmente alarmantes. A esta situación debe agregarse además dos puntos. Por un lado, se visualiza a los centros penitenciarios como lugar de origen de buena parte de la criminalidad, utilizando sobre todo el sistema de telefonía celular. Por otro lado, una cuestión de fondo: los Centros Penitenciarios no están funcionando para lo que fueron creados como centros de rehabilitación.

En términos generales, El Salvador no es excepción alguna en cuanto al funcionamiento y regulación del sistema carcelario. Problemas similares los hay en Honduras, Guatemala e incluso en Estados Unidos. De hecho, esta situación corresponde a una cultura que privilegia el castigo. Como muy bien señalan los especialistas, las sociedades en donde más se castiga, más violentas son. Hay una correlación entre las formas disciplinarias que privilegian el castigo y los niveles de violencia.

Esto conduce a un círculo vicioso. Se captura y se castiga a los delincuentes enviándoseles a la cárcel. Ahí reciben “su merecido” en forma de violencia carcelaria para luego reproducir esa violencia hacia afuera. No es gratuito que efectivamente la cárcel es una institución reproductora de la violencia y el delito. Lo más grave es que son los más desprotegidos y marginados los que van a la cárcel: es más probable que llegue a Mariona el que se robó dos gallinas, que el que hizo desaparecer diez millones de la cooperación. Incluso en la administración carcelaria nos falta democratizar.

Pero sobre todo nos falta mucho todavía por convertir los penales en centros efectivos de rehabilitación. Es lo que técnicamente se conoce como prevención terciaria. Los especialistas y burócratas lo saben, pero nunca se impulsan programas efectivos.

Ya en 2005 la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) en la declaración del Decimoprimer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Trato de los Delincuentes “instó a los Estados Miembros a reconocer la importancia de desarrollar aún más políticas, procedimientos y programas de justicia restaurativa que incluyan alternativas a los procesos judiciales”.

Eso recomendó las Naciones Unidas hace casi diez años. Eso abordaría la crisis carcelaria. Eso ayudaría en prevención de la violencia. Reduciría la criminalidad. A ver cuándo comenzamos.

Luis Monterrosa
Director

martes, 8 de julio de 2014

¿DERECHO DE LOS NIÑOS? AQUÍ PRIMERO.

Benjamín Cuéllar, IDHUCA

05/07/2014
Doscientos treinta y ocho años atrás, 56 hombres —no había una sola mujer— firmaron un documento que iniciaba sosteniendo “como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad […]”. Era la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En aquel texto del 4 de julio de 1776, se incluían, obviamente, las motivaciones que llevaron a este grupo a proclamar —“apelando al juez supremo del Universo”— que las colonias que representaban eran y debían ser por derecho “estados libres e independientes”; por tanto, quedaban “absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica”.

Considerando algo candente y de actualidad que está marcando la agenda de la relación entre los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica y la Casa Blanca, vale la traer a cuenta que los signatarios de la Declaración le recordaban entonces a sus “hermanos” (“los habitantes de la Gran Bretaña”) las circunstancias que provocaron su emigración. La realización material de “derechos inalienables”, como los mencionados en la citada acta emancipadora, generó, mucho antes, un fenómeno de movilidad humana que llevó a constituirse en la existencia de esas colonias británicas en este continente. A lo anterior debe agregarse que buscando garantizar su vida, libertad y felicidad, se levantaron contra aquel poder imperial de la época. Legítimas razones, pues, justificaban hacer lo que hicieron y que hoy celebran con emocionados discursos, pólvora de luces y otras muestras de algarabía.

Hoy, cabe formular una pregunta de fácil respuesta. ¿Qué buscan ahora las niñas y los niños que viajan al lugar donde sus padres y madres se encuentran en tierras estadounidenses? Simple y sencillo: en muchos casos, salvar sus vidas ante el peligro inminente de una violencia criminal que en Honduras, Guatemala y El Salvador no respeta edad ni sexo. Condición económica y social, quizás sí, porque las víctimas de la niñez, la adolescencia y la juventud asediadas por ese flagelo se producen, en su inmensa mayoría, entre los sectores históricamente excluidos.

Con base en lo reflexionado y propuesto por el PNUD, se tiene que la seguridad humana debe traducirse en “seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión". Lo anterior se complementa con la necesaria “protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad”. Asimismo, son cuatro las piezas básicas de ese rompecabezas: seguridad económica, seguridad legal, seguridad política y seguridad personal.

La inexistencia de la primera y de la cuarta, no hay duda, son evidentes razones para que esos sectores en histórica y eterna condición de vulnerabilidad emigren a como dé lugar. La ausencia de la segunda y de la tercera propicia el mantenimiento de una estructura social desigual e injusta. Eso es así si se parte de algo primario: la seguridad legal debe entenderse como la certidumbre que tienen todas las personas de obtener justicia de manera pronta y eficaz, mediante el funcionamiento adecuado de las instituciones estatales encargadas de administrarla. Y eso no ocurre en el Triángulo Norte centroamericano. Tampoco es una realidad sólida y extendida la seguridad política que, según el PNUD, “consiste en que la gente pueda vivir en una sociedad que respete sus derechos fundamentales”.

Pero la que en sociedades como estas se considera más importante, dentro de ese concepto de seguridad humana, es la personal; esa que ha sido y es degradada de diversas formas en la subregión. La más pronunciada tiene que ver con la violencia que generan la guerra entre las maras, la guerra contra las maras y la guerra sucia de las maras contra la población. En conjunto, pues, tanto en Honduras como en Guatemala y El Salvador se está sufriendo una crisis. Sus pueblos ven cómo se deterioran sus vidas por falta de empleo decente y de posibilidades reales de participación. También por la impunidad como regla vigente. Finalmente, por la violencia que continúa no obstante el final de las guerras, del accionar insurgente y de la represión estatal sistemática.

Este escenario empuja a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a emprender la peligrosa travesía hacia Estados Unidos. Pero no solo se van por garantizar su derecho a la vida; también a la libertad y a la felicidad. A ser libres de ir a la escuela sin temor y pasear por donde quieran sabiendo que las posibilidades de ser víctimas de la violencia criminal allá no son las que, día tras día, tienen acá sus vidas, pendiendo de un hilo. Derecho a liberarse de las amenazas, de la “renta”, del obligatorio ingreso a la mara… Y así, con vida y libertad, al menos, aspiran a disfrutar en lo posible del derecho a una felicidad que estas tierras les niegan.

Por eso se van. Y porque allá están sus padres y sus madres. No es vano recordar que la reunificación familiar está contemplada en la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. El numeral uno de su décimo artículo la establece en los siguientes términos: “De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares”.

Hoy por hoy, alrededor de este derecho, solo se habla de crisis. La de la región centroamericana y la que se ha generado y resiente el Gobierno estadounidense. Por eso, tanto este como los de Guatemala, Honduras y El Salvador deberían humanizar sus políticas para garantizar la seguridad humana en estas tierras y lograr que todas las familias —sin distinción— permanezcan unidas disfrutando la vida en libertad y felicidad.




viernes, 4 de julio de 2014

CUATRO RETOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Editorial Radio Revista Sembrando Futuro del 3 de julio del 2014

Es una constante durante los últimos diez años la preocupación de la sociedad en torno a la violencia, aun cuando asuma diversos nombres: delincuencia, criminalidad, seguridad, violencia, inseguridad, etc. Y en estos diez últimos años, el último gobierno de ARENA entre 2004 - 2009 y el primero del FMLN entre 2009 – 2014, no hemos sido capaces de acertar con la mitigación, contención, prevención, reducción de la violencia.

Según cifras del Ministerio del Exterior, por fondos de cooperación (oficial y no gubernamental) se han invertido un promedio de un millón de dólares mensuales en esos últimos diez años, pero no hemos sido capaces de reducir ni prevenir, sino más bien todo lo contrario: hemos presenciado una tendencia alcista en la violencia, tal como la mide la tasa de homicidios. La excepción está en el cuestionado y minusvalorado período de La Tregua.

Diez años ensayando diversas modalidades de prevención de la violencia, más todos los muertos en ese período, deberían ser suficientes para hacernos cambiar de estrategia y caer en la cuenta que en realidad, mientras no entendamos la violencia, no vamos a poder prevenirla.

Esencial en este punto es entender su causalidad. Dar una respuesta eficaz al problema de la violencia implica responder a sus causas, no sólo a sus efectos y factores de riesgo asociados.

Continuamente hemos caído en la trampa de atender factores de riesgo, como el ocio, por ejemplo, sin atender la causa real. Así, siendo una cosa provechosa y necesaria de promover el deporte, hemos creído que con promover el deporte estamos haciendo prevención. Y no es así. El deporte es importante y debe promoverse, pero en sí mismo no previene la violencia (algunas veces hasta la promueve como suele verse en los estadios).

Presento a continuación cuatro retos:

1. Necesidad de responder radicalmente a la causa mientras se mitigan los factores de riesgo. Venimos trabajando bastante en los factores de riesgo: ocio, disponibilidad de armas, débil cohesión social, desintegración familiar, pero no hemos atendido la causa. La causa de la violencia está en la humillación abrumadora que interpersonalmente se vive a partir de condiciones económico - sociales. Ahí donde se lacera la dignidad de las personas, hay violencia.

Ahí donde se promueve la dignidad de las personas, se previene la violencia. Atender factores de riesgo sin promover la dignidad de las personas, es ineficiente para la prevención de la violencia.

2. El nivel de la problemática de la violencia no puede darse el lujo de dar respuestas sólo para el largo plazo, ni sólo para el corto plazo. Se necesita impulsar respuestas inmediatas pensadas estratégicamente y sólo implica cambios radicales en algunos puntos: una policía menos militar y más civil; serios programas de rehabilitación, fuerte inversión social comunitaria, terminar con la estigmatización de la juventud, etc.

3. Debemos diferenciar la prevención del delito, de la prevención de la violencia. No es lo mismo, aunque estén relacionados. Hay mucha violencia que permitimos que luego se convierte en delito. Al enfocarnos en el delito, simplemente nos mantenemos en los niveles de violencia porque no desmontamos la violencia que sostiene el delito. Debemos centrarnos en la cultura de la violencia.

4.   Factor de éxito de todo programa es la participación. Esto requiere mucho diálogo: nadie puede ser excluido, ninguna opción descartada. Con respecto al trabajo de prevención, es responsabilidad de todos y el principio básico de cultura de paz es el diálogo. Incluso los pandilleros, entendidos no como crimen organizado, sino como problema social, necesitan ser escuchados.

Luis Monterrosa
Director

miércoles, 25 de junio de 2014

GLORIA Y MAURICIO: DOS NOMBRES, UNA HISTORIA

GLORIA Y MAURICIO: DOS NOMBRES, UNA HISTORIA

Apenas iniciado el segundo período presidencial del partido ARENA, el encabezado por Armando Calderón Sol, uno de los periódicos de mayor circulación nacional publicó una sugestiva fotografía en la portada de un suplemento especial. Era el 10 de junio de 1994, una semana antes de la celebración en el país del día del padre. La imagen de un sonriente bebé aparecía en lo alto, elevado por su padre que lo sostenía en sus manos luciendo una cara radiante de felicidad. Esa cara iluminada que veía en su hijo un futuro promisorio, era la de un joven profesional radicado en territorio estadounidense pero deseoso de que su primogénito naciera en El Salvador; era la de Ramón Mauricio García Prieto Giralt.

Así amaba él a su patria. La veía con esperanza después del fin de la guerra; la veía democrática, respetuosa de los derechos humanos y en paz. Igual que su hijo, quería que creciera para bien. Pero Ramón Mauricio no pudo ver crecer ni a su hijo ni a su patria. Al primero no lo vio convertirse en un joven, ahora de veinte años, porque en la tarde de ese fatídico día –el mismo en el que apareció en el períodico– fue asesinado. A la segunda tampoco la vio llegar a ser lo que han querido vender, oficialmente, todos los gobiernos de la posguerra. En El Salvador la democracia real, seria y consistente, no existe ni en los partidos políticos; los derechos humanos, sobre todo a la vida y a la justicia, son quimeras; la paz solo se disfruta arriba y afuera de una realidad lacerante para las mayorías populares.

Ese 10 de junio de hace dos décadas, un “escuadrón de la muerte” le arrebató la vida a este joven padre de familia y ese día inició el cambio de las vidas de Gloria y Mauricio, madre y padre de la víctima fatal. Sin imaginarlo entonces, ese terrible hecho los convirtió en protagonistas de primera línea en la lucha contra la impunidad de nuevo cuño. Ya no la que encubría a los autores de las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra, mediante la burda anulación de las instituciones encargadas de investigarlas y sancionar a sus responsables. Se trataba de la impunidad que seguía protegiendo a los criminales poderosos, pero con el discurso y la marca de “nuevas instituciones” en un “nuevo El Salvador”.

Gloria y Mauricio comenzaron a tocar puertas. Primero, la del entonces arzobispo de San Salvador; luego la del Instituto de Derechos Humanos de esta Universidad: el IDHUCA. Fue monseñor Arturo Rivera y Damas quien les dijo, por primera vez, que ese crimen no era delincuencia común. Mientras, estaba en su último hervor el informe del Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política. Ese documento publicado en julio de 1994, resultó del difícil cumplimiento de una recomendación de la Comisión de la Verdad: la que planteaba investigar de inmediato y a fondo esos grupos que, más allá del eufemismo usado para nombrarlos de forma “políticamente correcta”, eran los “escuadrones de la muerte” cuyo accionar impune lo ubicó –dicha Comisión– entre los “instrumentos más atroces de la violencia que conmovió al país durante los últimos años”.

Esa maquinaria criminal organizada y financiada por poderes formales y reales, no se desmanteló tras el fin de los combates; tampoco después del informe del Grupo Conjunto, pese a sus advertencias sobre el evidente proceso de mutación de los “escuadrones de la muerte” –sin mencionarlos así– en medio de una situación de violencia más compleja y sofisticada que la imperante antes de acabar el conflicto armado. Para este ente, la “guerra sucia” impulsada como parte del terrorismo de Estado era más “transparente y simple”.     

En ese entorno y tras una serie de asesinatos motivados políticamente en 1993, en medio del proselitismo propio de las llamadas “elecciones del siglo”, uno de esos “escuadrones” se encargó de golpear a la familia García Prieto Giralt. La golpeó, sí, y muy fuerte; pero no logró que Gloria y Mauricio se achicaran. Al contrario, crecieron. Su dolor se convirtió en fuente fecunda de fortaleza y valentía, para enfrentar los monstruos individuales e institucionales que viven y se lucran con la violencia que generan y la impunidad que los protege. ¿Por qué afirmar con tanta convicción y contundencia que fue un “escuadrón de la muerte” el que cumplió las órdenes fatales de alguien, para cegar la vida de Ramón Mauricio? Por múltiples razones que se sintetizan en las conclusiones preliminares de una investigación que ONUSAL –la Misión de Observadores Naciones Unidas en El Salvador– inició el 28 de julio de 1994 tras recibir la denuncia de Gloria y Mauricio.

Según ONUSAL, detrás del asesinato de Ramón Mauricio no hubo causas políticas. Sin embargo, lo consumaron individuos relacionados con aparatos estatales de seguridad y agentes de los mismos que –además– participaron en la ejecución de Francisco Vélis Castellanos en octubre de 1993. Vélis era un antiguo comandante guerrillero y dirigente del entonces principal partido de oposición, el FMLN. Textualmente, ONUSAL denunció que la “lentitud y el uso constante de ‘fuentes confidenciales’ en la investigación del asesinato del señor García Prieto, aun siendo una constante en la DIC, obedecería a un posible intento de desviar las investigaciones, impidiendo conocer los verdaderos implicados en el caso”.

Cerradas las comillas de la cita anterior, cabe aclarar que la mencionada DIC era la División de Investigación Criminal de la bisoña Policía Nacional Civil que –a partir del caso García Prieto– comenzó a “sacar las uñas”. Más bien, esas “uñas siniestras” estaban detrás de una corporación policial que prometía mucho… ¡en el papel de los acuerdos! Pero en la práctica, la fueron desfigurando quienes la tomaron en sus manos desde su nacimiento: firmantes de una “paz” solo para los guerreros y guerreros comisionados para desnaturalizar el cumplimiento de los compromisos que pactaron.

A veinte años del inicio de su tragedia, Gloria y Mauricio han logrado atesorar una dignidad que le ha hecho mucho bien al país; lo han conseguido con los logros de su larga y valiente lucha contra la impunidad. El primero tiene que ver con haber comenzado a develar el verdadero rostro que, en aquella época, se escondía tras el “maquillaje” del afamado “proceso de pacificación” salvadoreño y cuyo “retrato hablado” apareció en el informe del Grupo Conjunto que investigó los “escuadrones de la muerte”. 

La segunda gran ganancia para El Salvador tiene el nombre de otras familias que, al ver el ejemplo de Gloria y Mauricio, no agacharon la cabeza y lograron éxitos parciales o totales en sus esfuerzos por alcanzar verdad y justicia. Casos como los de William Gaytán y Adriano Vilanova, jóvenes asesinados también por agentes policiales, fueron acompañados por el IDHUCA a pedido del padre del primero y la madre del segundo que conocieron el apoyo brindado a Gloria y Mauricio. Esta pareja emblemática, igual les señalaron el camino a los familiares de Katya Miranda y del cadete Erick Mauricio Peña Carmona, por citar otro par de casos entre tantos. 


Además, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gloria y Mauricio sentaron en el banquillo de los acusados a un Estado que protege poderosos criminales al no investigarlos. Y en noviembre del 2007 lograron su condena inapelable, que lo obliga precisamente a hacer eso: investigar a todos los responsables, materiales e intelectuales, y sancionarlos como es debido. Pese a que tanto Antonio Saca como Mauricio Funes –jefes de Estado que debían cumplir la condena– no asumieron ese reto, la impunidad no ha triunfado. Gloria y Mauricio seguirán demandándole al actual jefe de Estado, Salvador Sánchez Cerén, hacer lo que no se hizo antes: cumplir plenamente la sentencia de la Corte Interamericana. Por último, quien no ha sido investigado debió abandonar sus probables aspiraciones políticas y no pasará a la historia como referente de paz. Gracias, pues, Gloria y Mauricio.

Benjamín Cuéllar
Investigador del IDHUCA