Los testigos criteriados
Publicado por: Diario CoLatino, 22 noviembre, 2016 en la
sección Opiniones
José M. Tojeira
Una de las debilidades más fuertes de la persecución penal
son los testigos criteriados. En repetidas ocasiones se ha demostrado que estos
mismos testigos criteriados son criminales que a cambio de denunciar a otros
ven reducida su pena. En otras ocasiones
se ha hecho evidente que este tipo de testigos miente. Sus
reconocimientos de supuestos delincuentes se hacen de vez en cuando no tanto en
rueda de sospechosos sino a través de fotografía. El afán de la policía y la
fiscalía por dar la impresión que combaten a la criminalidad les lleva a
redadas masivas en las que los detenidos tras una serie de procesos y
permanencia en la cárcel, terminan siendo sobreseídos. No faltan jueces por
otra parte que tienen miedo a una opinión pública que, desesperada por delincuencia,
quiere mano dura y ver detenciones de delincuentes. La misma Fiscalía, cuando
el juez no le da la razón, tienden a poner en la picota pública al juzgador. La
presencia de algunos jueces corruptos en el sistema juega tanto a favor de
condenas injustas como de absoluciones arbitrarias. La ley se usa al capricho
en vez de aplicarse con un criterio de racionalidad eficiente.
Los casos de testigos criteriados falsos o amañados se han
repetido con cierta frecuencia. Sin embargo hay jueces que prefieren creer a un
testigo criteriado que está acusando a un buen número de personas, que a
médicos especialistas que declaran sobre enfermedades, o a empleadores que
insisten en que la persona acusada tiene un trabajo constante y permanente que
en lógica está reñido con la actividad de la que se acusa a una persona.
Acusaciones como la de “postear” o servir de vigilante de una organización
pandillera, son difíciles de probar. No basta con que lo diga un testigo
criteriado, sino que sería necesaria una grabación telefónica que lo compruebe.
En realidad es una contradicción querer derrotar a la delincuencia apoyándose
en la propia delincuencia. Aunque es normal utilizar en algunos casos a
delincuentes arrepentidos, carece de lógica que la mayoría de las detenciones, especialmente
de las grandes redadas se basen en algo muy semejante al chambre y el chisme en
vez de en pruebas donde el componente científico sea más serio.
Si este modo de actuar se utilizara contra ese veinte por
ciento privilegiado de El Salvador, las protestas serían múltiples, rápidas y
obligarían tanto a fiscales, jueces y policías a cambiar de método. Pero todo
indica que en esta sociedad clasista en que vivimos hay en la práctica dos
sistemas judiciales. Uno más cuidadoso con las pruebas, más civilizado en el
modo de actuar, más cuidadoso y respetuoso con el detenido, y otro indiferente
ante el acusado si es pobre o vulnerable. No es raro eso dado que el país está
acostumbrado al doble tratamiento de la población. A parte de los
verdaderamente privilegiados, que viven en otro mundo y que no alcanzan ni al
uno por ciento de la población, los estudios afirman permanentemente que en El
Salvador un 20% vive desahogadamente, un poco menos del cincuenta por ciento
está en lo que se suele llamar sector vulnerable, y un poco más del 30% viven
en pobreza. El Estado se ha contentado no sólo con que esa situación se
mantenga, sino que tiende a reproducir la sociedad clasista a través de sus
propias instituciones. Eso se ve claro en la organización de la salud pública
que tiene diferentes sistemas, en los que se favorece más a unos y se margina
gravemente a otros. Las graves deficiencias y desigualdades en la calidad
educativa continúan la misma pauta. E incluso los salarios mínimos, con nueve
diferencias según sector laboral, manifiestan un soberano desprecio por el
trabajo de los más pobres y de los que tienen menos capacidad de protesta.
Los testigos criteriados acaban siendo una muestra más de
ese modo de organizar el estado de un modo clasista. No es la capacidad del
estado la que persigue al crimen, sino la utilización masiva y con frecuencia
con poca racionalidad de pobres contra pobres, de vulnerables contra
vulnerables. Y para colmo de males, se acusa hoy a los pobres en una alta
proporción de delitos de terrorismo. Si se hubiera seguido este tipo de
“técnica judicial” de testigos criteriados con respecto a los crímenes de la
guerra civil, no hubiera quedado un coronel fuera de la cárcel. Ciertamente
hubiera sido injusto, puesto que no hay duda de que al menos un buen número de
coroneles no cometieron delitos de terrorismo. Pero por supuesto los coroneles
pertenecen a otro estrato de la población. No al uno por ciento que desde su
inmenso poder mantiene al país en esta situación clasista e injusta, sino al 20%
en el que nos movemos muchos, a veces con muy poca preocupación por la suerte
de los pobres.
El Salvador tiene que mirar hacia dentro. Cierto porcentaje
de desigualdad no lo podremos evitar. Pero es contraproducente y peligroso
mantener sin cambios una sociedad en la que sólo una quinta parte viva con
cierta seguridad, mientras las otras cuatro quintas partes permanecen en la
pobreza o en el riesgo de volver a la pobreza. El verdadero cambio pasa por la
educación, por los salarios decentes, por las redes de protección social con
mayor calidad y universalidad. Y por supuesto pasa también por la sustitución
de jueces analfabetos, fiscales facilitones y policías vengativos. Sin decir
que haya que eliminar la posibilidad de dar reducciones penales a algunos delincuentes
que colaboren con la justicia, es necesario afirmar que el modo masivo de usar
en la actualidad los testigos criteriados pone en riesgo la tutela efectiva de
los derechos de las personas. Basta leer los periódicos para ver que la
utilización de los mismos no es el mejor camino para la reducción de la
violencia ni para la lucha contra el crimen.
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