jueves, 5 de junio de 2008

Reporte semanal del IDHUCA

EL QUE PROMETE, ¿SABE EN QUÉ SE METE?
En El Salvador la política se alimenta de promesas, mientras la realidad de mucha gente lo hace de tragedias. Esto se verifica cada vez que la ocasión se presta para evaluar o contrastar las palabras y los hechos. En cada evento electoral –es decir, a cada rato– aparecen las quimeras como regalo para la ciudadanía salvadoreña; las ilusiones son el anzuelo para pescar voluntades. Una vez instalado en lo municipal o nacional, el gobierno de turno se dedica a administrar calamidades; en la mayoría de ocasiones, con mucho desacierto. Las promesas hechas con bombo y platillo, repetidas a lo largo de una permanente y cada vez más descarada campaña publicitaria de los partidos mayoritarios, no se concretan y entre la gente crecen la desesperanza y la apatía; entre la gente, cabe aclarar, que no pertenece a ninguna de las dos “barras bravas” cuya conducta –alentada por sus “cúpulas”– también tiende a crecer pero en “calenturas” y agresividad mutua.

Ese es el escenario nacional. Bastante complicado para una extendida cantidad de población que tiene claras sus desventuras: la situación económica y social, la desigualdad, la violencia y la inseguridad, la mala calidad de los sistemas públicos de salud y de transporte, el deterioro del medio ambiente, y el alto costo de bienes y servicios, entre otras. Y sus hipotéticos representantes pertenecientes a la llamada “clase política” lo complican más, al utilizar los clamores populares para ofrecer salidas que ya demostraron su inutilidad o que antes las habían rechazado.
Por ejemplo, al presidente Antonio Saca le queda un año para terminar su mandato y durante ese período deberá –como dice que “las únicas promesas que valen son las que se cumplen”– honrar su palabra empeñada dentro del denominado Plan de Gobierno 2004-2009, en el numeral siete de sus ofertas: hacer de El Salvador, un país seguro. Apelando a la fallida “mano dura” de Francisco Flores que convirtió en “súper”, afirmó en dicho documento lo siguiente: “El Estado tiene la responsabilidad constitucional de realizar todas las acciones conducentes para procurar a los habitantes de la Nación la protección, conservación y defensa de los derechos fundamentales, particularmente la vida, la integridad física y moral y la libertad, los cuales se ven permanentemente amenazados por la criminalidad. Concibiendo la seguridad en forma amplia, y no solo referida a la necesidad de mantener el orden público y la tranquilidad ciudadana, creemos que el concepto también engloba la preocupación por la falta de trabajo, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, la falta de recreación, la falta de vivienda, etc. Este proyecto persigue un accionar nacional conjunto en la búsqueda de la seguridad personal, buscando el involucramiento de las comunidades, los políticos, el Estado, la Sociedad Civil, la Empresa Privada, etc. Su ámbito de acción abarcará desde la prevención, hasta la reinserción, pasando por el combate a la delincuencia y los programas de rehabilitación”.
Y de eso, ¿qué? La realidad es infalible. El Presidente le apostó hace cuatro años a este tema, dado el significado que tenía para el electorado. Se pasó el tiempo entre anuncios y, en la práctica, la gente sigue viviendo con el alma en un hilo. Desde que asumió el cargo hasta abril del año en curso, asegura el periódico digital El Faro en su edición de la presente semana, son más de catorce mil los homicidios ocurridos en el país. Por eso se dice en las calles: “Tanto cacarea la gallina y nunca pone el huevo”.
En este ámbito, Saca designó a su hombre confianza –su compadre, su socio, su amigo…– como ministro de Gobernación, primero, y luego de Seguridad Pública y Justicia tras la creación de esa cartera. Así, a René Figueroa le encargó hacer realidad su promesa de campaña. Junto a éste figuró Rodrigo Ávila como segundo al mando, hasta que lo trasladaron de nuevo al puesto que ocupó durante la administración de Armando Calderón Sol: la dirección general de la Policía Nacional Civil (PNC). Saca inició la ejecución del ya citado plan “Súper mano dura”, aduciendo que éste había sido apoyado ampliamente en las mesas “interinstitucionales” a las que convocó el Ministerio de Gobernación para discutir –con entidades estatales y organismos de la sociedad– las medidas para enfrentar el fenómeno de las maras. El IDHUCA participó en tal iniciativa y da fe que nunca se acordó ese supuesto “apoyo”.
La ejecución del plan se limitó a algunas modificaciones en los procedimientos policiales, mayor coordinación entre la PNC y la Fiscalía General de la República, y redadas nocturnas con Grupos de Tarea Antipandillas; pero en los ámbitos de la investigación criminal, la prevención de la violencia, la rehabilitación de los delincuentes y su reinserción no mejoró sustancialmente. Lo que sí logró fue dejar en la memoria colectiva la frase que, pretencioso, pronunció al anunciar el inicio del mencionado plan a finales de agosto del 2004. “¡Se les acabó la fiesta a los malacates!”, dijo entonces Saca.
Más adelante, en noviembre del 2006, formó la Comisión Nacional de Seguridad y Paz Social con diversas personalidades que entregaron su informe final en julio del siguiente año con más de setenta recomendaciones que –como dijo Saca en su discurso de cuatro años en el gobierno– “se están implementando”. ¿Todas? ¿Algunas? Quién sabe. También creó un fideicomiso, cuestionado por inconstitucional, para financiar asuntos relacionados con seguridad y educación. Adicionalmente, propuso leyes como la “Antiterrorista”, contra el crimen organizado y los delitos de realización compleja, reformas penales para que la privación de libertad fuese la regla y no la excepción y –en la actualidad– se discute la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal también controvertido.
En medio de ese cúmulo de medidas, en su mayoría improductivas, la prevención del delito y su investigación parecen haber llegado tarde o se quedaron en simple retórica. Sin embargo, el Ejecutivo se ufana del trabajo realizado por la Secretaría de la Juventud y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En la práctica, sus logros se cuentan con los dedos de una mano. Por ejemplo, existen dos granjas de rehabilitación para integrantes de maras que deciden abandonarlas; eso es insignificante, considerando la cantidad de pandilleros en el país. La construcción de canchas deportivas en comunidades de riesgo, es otro resultado que se publicita del trabajo preventivo. Pero no basta. Una cancha puede ayudar, cierto; el problema es que, en la realidad, éstas son escenarios de violencia y asesinatos de jóvenes. ¡Son inseguras! No hay que detenerse mucho para caer en la cuenta que más que canchas, la gente reclama oportunidades de desarrollo y ciudades seguras.
En febrero del 2008, el presidente Saca juramentó al quinto director de la PNC. Francisco Rovira sustituyó a Ávila, quien renunció para convertirse en el candidato presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Rovira se definió desde el principio como “administrador” y asumió el cargo prometiendo modernizar la institución. Hace unas semanas ofreció una quimera más: reducir los homicidios a cuatro diarios antes del 7 de agosto; sin embargo, su jefe inmediato ya intervino para remediar semejante “desliz”. “No hay que ser morboso y casarse con un número, lo importante es que disminuyan los homicidios”, lo corrigió el ministro Figueroa; Saca, por su lado, calificó la oferta del director policial como “ambiciosa”.
Aunque la criminalidad tiene diferentes expresiones, la de los homicidios es la que más preocupa. De ahí que hay que contarle las costillas al Estado, con números en mano, frente a la promesa electorera de convertir a El Salvador en un “país seguro”. Las cifras reflejan una tragedia. ¿Qué peso tienen frente a ésta las palabras de Saca? Ninguno. Si a eso se suma la falta de una investigación que logre la condena de los victimarios y la reparación a las víctimas, el asunto es más grave. Como dato estadístico no se conoce a ciencia cierta el nivel de impunidad que reina en el país, pero se cuenta con estimados a partir de la cantidad de audiencias judiciales las cuales son mínimas ante la cantidad de crímenes que a diario se comenten.
Luego de cuatro años de aquella promesa, llama la atención la ausencia deliberada y maliciosa de una evaluación sobre la misma en el discurso del presidente dirigido a la Asamblea Legislativa y a la Nación hace unos días. Resulta lógico que calle cuando se tiene el “techo de vidrio”. Simplemente no cumplió y trata de evitar que se le pase la factura, en el marco de un descontento social bastante generalizado que se refleja en la baja calificación ciudadana otorgada a su gestión. Ojalá, ARENA y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aprendan de esta lección; porque cuando la mayoría de la gente vive desesperada por su situación pero tiene esperanza, es posible avanzar. Pero si se generan grandes expectativas y no se le cumple esa desesperación se puede volver explosiva. Piensen bien, entonces, lo que van a prometer; porque después el problema en que van a meter al país, puede ser mayúsculo.