viernes, 4 de diciembre de 2009

LA ANORMALIDAD DE LO “NORMAL”


Subir una grada, cruzar una calle o hablar con otra persona son hechos tan comunes que nadie se percata de lo que se necesita para que ocurran. La vida social está ordenada pensando en que todos y todas pueden movilizarse y usar sus sentidos sin ningún problema. Eso es lo “normal”. Hay, sin embargo, un considerable número de personas que enfrentan dificultades para hacerlo. Según el VI Censo de Población, en El Salvador hay 235,302 personas con discapacidad. La mayoría están en edad productiva. Para ellas la infraestructura es un obstáculo, pero también lo es la mentalidad de esta sociedad y la discriminación de la que son víctimas.

Existe en el país la obligación de que cada empresa contrate al menos a una persona con discapacidad por cada veinticinco empleadas. Eso no se cumple. Pero la misma Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad que obliga, impone una multa que invita a desobedecer: sólo $57.71 dólares. Eso, en la cabeza de quien las percibe como carga, es preferible a tenerlas en su grupo de trabajo. Lo mismo ocurre en las escuelas. Se prefiere ignorarlas y decir que no pueden facilitarles las condiciones necesarias para que estudien. No se construyen rampas para movilizarse en los centros escolares, entrar a las aulas y al resto de espacios; no hay intérpretes para personas sordas, textos en braille y no se capacita al magisterio para educar con equidad.

Pero no sólo se debe avanzar en eso. Es necesario que las acciones para incluirlas dejen de verse como caridades u obras de altruismo, pues es su derecho. Las personas ciegas, sordas en sillas de ruedas o con deficiencias intelectuales también tienen derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la información, a la cultura, al entretenimiento y al trabajo. En dos palabras: a vivir. Todo lo que límite el goce de sus derechos es un incumplimiento del Estado a sus compromisos internacionales, pero también a su razón de ser: la persona humana y su bienestar.

Claro que demanda inversión presupuestaria, pero el Estado debe considerarlo como lo hace con los derechos de los demás. Es necesario normalizar la sociedad salvadoreña. No lo está porque excluye a su población, porque hay sectores que no son parte del desarrollo y en los que no se invierte. Tampoco es normal que se siga viendo a las personas con discapacidad como “especiales”. Quienes discriminan podrían encontrarse en esa condición si sufrieran un accidente, una enfermedad que se la provoque o al llegar a la vejez. Por eso, en la discriminación que estas personas padecen no hay nada de normalidad ni de humanidad. Es necesario cambiar.

viernes, 27 de noviembre de 2009

IDHUCA PRESENTA LINEA BASE SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR




Ante más de 75 representantes de instituciones estatales, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema, el IDHUCA presentó el documento "Personas con discapacidad en El Salvador. Línea de base", este 26 de noviembre.

En este se explora, a partir de fuentes oficiales, la situación demográfica de las personas con discapacidad en el país, así como su acceso a servicios públicos esenciales como salud, educación, información y transporte público. A modo de propuesta, la línea de base presenta desafíos concretos para el Estado a fin de garantizar el goce y respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La presentación formal del documento, a cargo de la consultora Sonia Ivett Cuéllar, también incluyó una sintesis de los resultados obtenidos a un año de iniciado el proyecto "Participación ciudadana y fortalecimiento institucional para la vigencia de los derechos humano de las personas con discapacidad en El Salvador". Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración de la organización española ECOSOL-SORD y el auspicio del Gobierno de Aragón.

Vea una presentación sobre los resultados del primer año del proyecto aqui:
http://www.4shared.com/file/162414107/245baf98/PCD_proyecto.html


miércoles, 18 de noviembre de 2009

SER UN DISCÍPULO

“¡Sería tan irracional que me matasen! No he hecho nada malo”, dijo Ignacio Ellacuría a un periodista catalán cuando le preguntó si tenía miedo. La entrevista se publicó en España un día antes que el batallón “Atlacatl” entrara a la UCA para ejecutarlo junto a cinco jesuitas más, Julia Elba Ramos y Celina Mariceth, su hija. Fue un acto irracional para la gente decente. Ni ellas, ni los Ignacios, Segundo, Juan Ramón, Lolo y Amando habían hecho algo “malo” para morir así. Los sacerdotes fueron asesinados por exigir respeto para mujeres como las que compartieron su martirio, dignas representantes de un pueblo que sufría las consecuencias de las políticas criminales del régimen de turno.

Es justo que estas buenas personas reciban ahora la máxima condecoración que el Estado salvadoreño entrega: la Orden Nacional José Matías Delgado”. Y es necesario rescatar el valor de esa distinción tan depreciada por jefes de Estado anteriores. Se la dieron a un animador televisivo mexicano, sin que hiciera méritos extraordinarios. También a los cubanos estadounidenses, padrinos de Luis Posada Carriles, y al generalísimo Francisco Franco. Entregarla hoy a quienes aportaron al avance científico y académico del país a su democratización, al respeto de los derechos humanos y la defensa de las víctimas de la represión y la guerra, comienza a devolverle su brillo.

La frase de Ellacuría también puede aplicarse a todas las víctimas civiles salvadoreñas. Ninguna había hecho “nada malo”. Las y los mártires de la UCA murieron a manos del mismo batallón que ejecutó la masacre de El Mozote, donde asesinaron centenares de niñas y niños. Por eso, la condecoración que recibieron debe extenderse a la gente por la cual entregaron su vida.

Pero la Orden Nacional no salda la deuda con la verdad, la justicia y la memoria. Retirar el “velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad”, como afirmó el presidente Mauricio Funes, requiere más que un acto honorífico. Un segundo paso sería señalar –con nombre y apellido– a los autores de estas y otras graveas violaciones de derechos humanos. Luego, tendría que derogarse la amnistía sin alegar que no le corresponde al Ejecutivo. Si logró que le aprobaran el Presupuesto, también puede conseguir esto usando su iniciativa de ley. Buscar a las personas desaparecidas, es otra tarea pendiente.

Esas y otras son medidas que debe impulsar el jefe de Estado, para ser un verdadero discípulo de los jesuitas masacrados. El camino está claro: es el de los once seguidores más cercanos de Jesús que continuaron su obra comprometidos con los más pobres, lavándoles sus pies, sanando sus heridas con verdad y justicia. Y ahí no hay donde perderse.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

QUÉ TRISTEZA MÁS GRANDE…

En el inventario de poblaciones afectadas por el huracán “Ida” y la baja presión del sábado están la Málaga, San Martín, Santiago Texacuangos, Apulo, Aguilares, Verapaz… En síntesis, las mismos del Mitch y el Stan, de los terremotos del 2001 y de todos los fenómenos naturales vueltos desastres por las injustas “reglas del juego” imperantes. La población excluida siempre paga la factura de las malas decisiones o las incapacidades oficiales. Y no le ha dado tregua la crisis económica, la violencia y ahora esto. ¿Pudo evitárseles el sufrimiento? Sí y también los otros.

No sólo se supo que el “Ida” afectaría al país; también una depresión tropical que entró por la costa pacífica. El Servicio Nacional de Estudios Territoriales informó que la cantidad de agua caída entre la noche del viernes y la mañana del sábado, indicaba que había zonas susceptibles a deslizamientos en Alegría y los volcanes de San Vicente y San Miguel, especialmente. Advertencia hubo.

Esto ya había pasado con gobiernos anteriores. El 27 de septiembre del 2005 una fuerte lluvia inundó la Feria Internacional, la colonia San Benito, la Málaga, La Vega, Candelaria, el barrio Modelo y la colonia Santa Anita, dentro de la capital. Se alegó que en quince minutos había caído el agua de una hora de tormenta. “Nos enfrentamos a una lluvia fuera de lo normal”, dijo el entonces ministro de Gobernación, René Figueroa. Ahora, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, usa un argumento parecido para explicar la tardía declaración de alerta. “Cuando se presentan eventos grandes, es difícil tener una apreciación inmediata, sobre todo siendo de noche”, aseguró. ¿Cuál es la diferencia?

Tampoco se vale explotar el dolor de la población con fines partidistas. Deben deducirse responsabilidades por no actuar a tiempo, con base en las recomendaciones de personas expertas. De confirmarse negligencia o error, al menos surgirían las renuncias inmediatas en un país normal. Pero también es cierto que administraciones anteriores fueron incapaces de disminuir las vulnerabilidades en las zonas afectadas, ahora y en el pasado. Como bien dijo en un noticiero televisivo Alfredo Cristiani, en el volcán de San Vicente los terremotos del 2001 dejaron una grieta amenazante. ¿Por qué no hicieron nada Francisco Flores y Antonio Saca?

En medio del griterío permanente e interminable de acusaciones mutuas entre los rivales políticos, la gente más humilde llora sus seres queridos y la pérdida de sus precarios haberes. Por las víctimas urge tomar medidas para romper con tan inmerecido destino. Ese pueblo pobre y maltratado recibió la solidaridad de Romero y los mártires de la UCA. Con esa gente se solidariza hoy el IDHUCA. Con los y las tristes más tristes del mundo, nuestras hermanas, nuestros hermanos…

Este pueblo cargado de dignidad, que ahora comparte desde su pobreza la abundancia de su corazón y que no tiene crisis de solidaridad, merece más que una mención especial, nuestra admiración.

viernes, 6 de noviembre de 2009

¿DULCE O TRETA?

Rodolfo Parker, Ciro Cruz Zepeda y ARENA salieron frustrados del último “madrugón” legislativo. Uno perdió la vicepresidencia del Órgano; si le quedaba algo, también la cordura. Entre su agonía, descendió a la “llanura” anunciando la cruzada democristiana por las libertades y contra el “comunismo”. Ciro ya no presidirá la Asamblea los tres años correspondientes; dentro de poco la pasará al “efemelenista” Sigfrido Reyes. Él mismo anunció un “golpe parlamentario”; no pasó hoy, pero ya quedó pactado.

ARENA aguantó más. A la pérdida del Ejecutivo se sumó el surgimiento de un “nuevo” grupo político, desgajado de su seno. En varias ocasiones, eso le había pasado al FMLN y los “areneros” no dudaron en reconocer las disidencias, otorgándoles de inmediato los beneficios de tal categoría; ahora pretendían que sus “traidores” recibieran un trato distinto. Pero no sólo han sido abrazados por el FMLN; también se colaron en la junta directiva y pesarán en las negociaciones por venir.

Lo que ocurrió la madrugada del “día de brujas” fue producto de una transacción entre los partidos, a excepción de ARENA; Cambio Democrático no votó. Seguro que negociaron el apoyo a la reforma fiscal, al presupuesto, a los préstamos y… La Asamblea se convirtió en una “casa de cambio” donde unos perdieron más que otros, según la fuerza de su moneda.

Ante semejante escenario, es aún más urgente la necesaria y profunda reforma del sistema político salvadoreño. De no ser así, seguiremos viendo diputados y diputadas sin responder a los intereses de la población a la cual –en teoría– se deben; continuarán rendidos ante los “señoríos” partidistas que los dejaron ingresar a su “rebaño” parlamentario. No obstante, cuando en el Salón Azul se envalentonan y desafían a sus dirigentes, pretenden ser portadores de la “voluntad del pueblo”. ¿Cuándo han consultado a ese “pueblo” sus decisiones?

Hasta la fecha sólo se puede especular sobre lo tranzado. Pero lo visto permite compararlos con los rateros que aprovechan la nocturnidad para saquear casas. ¿Quién se cree el “cuento” de los “buenos” con sus “sanas” aspiraciones de ingresar al COENA, frustradas por los “malos” del partido? El bando que hoy “gana” cobija, entre otros, a dos funcionarios del (des)gobierno de Antonio Saca acusados de corruptos por el Ministro de Gobernación. ¿Qué hicieron esos, según Humberto Centeno, delincuentes? Esconderse bajo la silla legislativa del “presidenciable”, con quien pasaron de ser antagonistas irreconciliables a enemigos íntimos. ¡Por favor! Estos días, se han visto cosas en nombre de la “gobernabilidad”. ¡Y las que están por verse!

Igual es simbólica la fecha. Los y las estadounidenses celebraron el sábado 31, el “día de brujas”; como es su costumbre, preguntaron “¿dulce o treta?”. Acá pasó igual con la “hechicería” vernácula legislativa.

Publicado en Diario Co Latino (miércoles 4 de noviembre de 2009)

martes, 6 de octubre de 2009

Víctimas ganan la batalla


Víctimas de tortura y crímenes contra la humanidad de El Salvador le ganan la batalla al ex vice ministro de la Defensa Nacional de aquel país después de cuatro años de litigio

4 de octubre del 2009. El Tribunal Supremo de Estados Unidos de América (EUA) ha denegado hoy el recurso interpuesto el pasado 28 de mayo por el ex vice ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, coronel Nicolás Carranza, en el que pedía a la alta instancia que revisara el veredicto dictado contra él dictado en el 2005 en Memphis declarándolo culpable de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población civil salvadoreña. El recurso de Carranza ante el Supremo exigía que los tribunales de Estados Unidos le eximieran de toda responsabilidad y consideraran legal la aplicación de la Ley de Amnistía de El Salvador de 1993. La decisión del Tribunal Supremo denegando el recurso, confirma la decisión del Tribunal de Apelación que ya en marzo del 2007 rechazó un recurso de apelación del acusado basado en el mismo motivo.

El Centro de Justicia y Responsabilidad, (CJA) y la firma de Abogados Bass, Berry & Sims de Nashville interpusieron esta demanda en diciembre del 2003. En octubre del 2005, un jurado de Memphis determinó que Carranza era responsable –por su cargo en la estructura militar de entonces– de la tortura de los demandantes y el asesinato extrajudicial de sus familiares: Por eso, lo condenó a pagar una indemnización por daños y perjuicios de seis millones de dólares. Carranza interpuso recurso ante el Tribunal de Apelación para el circuito No. 6, alegando que la Ley de Amnistía de El Salvador –aprobada en 1993 y declarada contra Derecho por instancias internacionales, incluyendo Naciones Unidas y la Comisión Interamericana– debía protegerle de ser demandado civilmente en EUA.

El gobierno de El Salvador bajo la presidencia de Antonio Saca y su partido político Alianza Repúblicana Nacionalista (ARENA) contrató al abogado de Alexandria, Virginia, John Kiyonaga para que defendiera también como posición oficial de la amnistración de Saca la sostenida por Carranza: que la Ley de Amnistía debía ser aplicada y observada por los tribunales estadounidenses. El Tribunal de Apelación rechazó esta postura y declaró que la Ley de Amnistía no era legal ni vinculante para los Tribunales de EUA.

Las atrocidades sufridas por los demandantes tuvieron lugar en El Salvador durante el mandato de Carranza como vice ministro de la Defensa Nacional y como director general de la Policía de Hacienda, entre 1980 y 1992. Durante este periodo, el ejército salvadoreño y las fuerzas de seguridad asociadas al mismo fueron responsables por la tortura, violación, muerte y desaparición forzada de alrededor de 80,000 civiles. Consecuencia de la vigencia de la Ley de Amnistía de El Salvador, ninguno de los responsables de estas atrocidades ha sido llevado ante la justicia. CJA ha interpuesto e impulsado con éxito varios procesos por los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en El Salvador durante la guerra civil. CJA ha impulsado a su vez la querella criminal en España por la ejecución de los jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA), de Elba Ramos y de su hija Celina .

Sobre Bass, Berry & Sims

Con más de 230 abogados y abogadas representando numerosas compañías que cotizan en bolsa y son parte de Fortune 500, la firma Bass, Berry & Sims ha estado involucrada en algunos de los mayores y más significativas transacciones de negocios y litigio en el país. Para más información, visite nuestra página de internet www.bassberry.com.

Sobre CJA

CJA es una organización de derechos humanos localizada en San Francisco, dedicada a impedir tortura y otros severos abusos de derechos humanos en el mundo y a avanzar en la realización de los derechos de las personas supervivientes que buscan verdad, justicia y reconciliación. CJA utiliza el litigio para responsabilizar a los perpetradores individuales de abusos a los derechos humanos, desarrollar leyes protectoras de los derechos humanos, y avanzar en la consolidación del Estado de Derecho en países en periodos de transición. www.cja.org.



Habitantes de Sitio del Niño exigen justicia



En el marco del segundo aniversario del cierre de la fábrica de Baterías de El Salvador, habitantes del cantón Sitito del Niño y dirigentes del Movimiento Sin Plomo hicieron un llamado, de nueva cuenta, para que en la zona se declare emergencia nacional.

A la entrada de las antiguas instalaciones de la fábrica, Carlos Mejía, del Movimiento sin Plomo, organizado por los propios afectados, hizo un llamado al Gobierno para obtener justicia y así corregir en alguna medida los daños a la salud de los lugareños.

Por su lado, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, hizo énfasis en que los problemas de estas personas deben ser escuchados y solucionados de manera inmediata. De igual modo, Celina Guerra representante de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y Edith Campos representante del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) explicaron que no se podía seguir con el irrespeto de los derechos de los menores, porque afecta su desarrollo.

Estado debe acatar recomendaciones Comisión de la Verdad

Al menos 22 mil casos de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado fueron sistematizados por la Comisión de la Verdad en su informe “De la locura a la esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador.Tras 17 años de finalizada la guerra, estos crímenes permanecen en la impunidad. Por esa razón, el IDHUCA en conjunto con el Centro Internacional para la Justicia Transicional presentaron, en conferencia de prensa, un informe sobre los asuntos pendientes en materia de derechos y reconciliación salvadoreña.

En la actividad participaron Javier Ciurlizza, director del Programa Las Américas del Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ); Benjamín Cuellar, y Roberto Burgos, director y abogado del IDHUCA, respectivamente.

Ciurlizza señaló la falta de voluntad del Estado para solucionar estos temas de interés social. Además, explicó que no garantizar justicia a las víctimas y alimentar la impunidad podría traer como efecto un estado de derecho no sostenible. Estas y otras reflexiones sobre el proceso de pacificación salvadoreña forman parte del informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2009, a fin de que esta lo analice en el Mecanismo de Revisión Universal en su séptima sesión de trabajo en febrero de 2010. Luego de revisar estos informes, esta instancia emite recomendaciones hacia los Estados.

martes, 22 de septiembre de 2009

ICTJ e IDHUCA advierten sobre los problemas de la impunidad en El Salvador en reporte a Naciones Unidas

Bogotá, septiembre 8 de 2009

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) de El Salvador presentaron hoy al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un reporte sobre los temas pendientes que debe enfrentar El Salvador para cerrar el legado de violencia del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1991.

El informe –que hace un recuento de la deuda del Estado salvadoreño con las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación– fue entregado como insumo para la evaluación que el Consejo hará por primera vez sobre este país en febrero de 2010, durante la séptima sesión del Examen Periódico Universal, que revisa la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros de Naciones Unidas y plantea recomendaciones.

Tras el fin de la guerra, y a pesar de iniciativas de esclarecimiento histórico como la Comisión de la Verdad y la Comisión Ad Hoc para la depuración de las fuerzas armadas, ha sido mínimo el esfuerzo estatal para castigar a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar mecanismos para que las violaciones no se repitan. Esta situación “configura un terreno fértil para la comisión de nuevos delitos, bajo la percepción generalizada de que éstos no van a ser investigados ni sus autores castigados”, afirman el ICTJ y el IDHUCA en el documento.

El informe recomienda al Estado salvadoreño divulgar la información que sirvió de base para el informe final de la Comisión de la Verdad y perseguir penalmente a los perpetradores identificados por esa institución. También hace hincapié en la necesidad de que el país elimine obstáculos para la justicia como la Ley de Amnistía de 1993 –aprobada inmediatamente después de la publicación del informe de la Comisión–, que impide cualquier investigación por delitos cometidos durante la guerra civil.

Además, se hace necesario que El Salvador acoja las convenciones internacionales contra la desaparición forzada y la tortura, así como el Estatuto de Roma, que regula el mandato de la Corte Penal Internacional. Finalmente, el ICTJ y el Idhuca consideran indispensable “que el Estado adopte medidas legales, administrativas y políticas efectivas para cumplir con el deber de reparar” a las víctimas.

Lea el informe completo en formato PDF


Escuche la conferencia de prensa acá:

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miércoles, 16 de septiembre de 2009

SECUESTRO DE MIGRANTES

Entrevista de William Meléndez en La Prensa Gráfica al Dr. Rodolfo Casillas, investigados de FLACSO México, sobre secuestro de migrantes (I Parte).




II Parte



III Parte



IV Parte



V Parte

“ORGULLOS DE HIJOS SUYOS PODERNOS LLAMAR…” ¿SERÁ?

Hace 188 años El Salvador y toda Centroamérica se liberaron de España. No hubo guerra entre las partes; la milicia no fue necesaria. Después, la Federación se dividió. Ocurrieron múltiples enfrentamientos, luchas entre liberales y conservadores; variados intereses impidieron progreso a la región. Los ejércitos se consolidaron como actores principales en esa convulsa historia, manchándola con sangre indígena y campesina.

En el país se rebeló Anastacio Aquino en 1833 y en 1932 tuvo lugar la masacre de pueblos originarios en el occidente. La participación marcial en ambos hechos fue determinante para aplastar a quienes reclamaban por la creación de tributos que les afectaban, el trabajo público forzoso y la expropiación de tierras comunales. Se consolidaron los gobiernos castrenses; sucesivos golpes de Estado y fraudes, sirvieron para mantener el predominio militar durante seis décadas mediante la persecución de opositores y represión de cualquier protesta.

¿Por qué, entonces, el culto a la Fuerza Armada en las “celebraciones patrias”? Ha sido una mala costumbre desplegar tropas en las principales calles durante cada 15 de septiembre, mientras los aviones surcan el cielo. No sólo gastan enormes recursos injustificadamente, en medio de las crisis; también se presume de un “poderío” igualmente caduco. Además, la niñez y la juventud reciben un mal mensaje: que ese es el “sostén de la independencia”. Nada más alejado de la realidad. En 1821 no se disparó ni una bala; además, hay países que carecen de ejército sin perder soberanía y viven en democracia.

Presentando a los “camuflados” como “héroes de la Patria” y protagonistas principales en este aniversario se falsea la historia, impide la consolidación de una cultura de paz e ignora el dolor de quienes han sido sus víctimas en el pasado reciente y lo siguen siendo en el presente. En este ritual, sería mejor promover valores como la solidaridad, el compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad y la justicia, destacando a mujeres y hombres próceres de la independencia que los encarnan. Además, la historia salvadoreña cuenta con seres humanos que enorgullecen a la Patria porque aportaron a la liberación de su pueblo: Rutilio Grande, monseñor Romero, María Julia Hernández y tanta gente que entregó su vida por las víctimas de la exclusión, la violencia y la impunidad.

Esta fiesta sería realmente nacional, si se revisara y corrigiera el rumbo en un escenario de inseguridad personal y económica. No debe insistirse en promover el belicismo como “valor” de la independencia. Al contrario, debe exigírsele a la milicia que abra sus archivos y diga qué ocurrió con las personas desaparecidas, torturadas y masacradas para contribuir a que haya verdad y justicia para toda la Nación a la cual debe pedir perdón.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN


Este 7 de septiembre, el IDHUCA y la organización italiana "Soleterre" firmaron un convenio de cooperación con el fin de beneficiar a la comunidad salvadoreña que reside en ese país europeo. El evento contó con la participación del Representante consular del gobierno de Italia en El Salvador, Massimo Scalici.

Con el documento firmado el IDHUCA se compromete a dar apoyo jurídico a las salvadoreñas y los salvadoreños que quieran regresar a El Salvador para iniciar sus procesos de legalización en Italia, apoyar a sus familias en procesos de reunificación en el país europeo e iniciar procesos de capacitación conlas redes transnacionales entre El Salvador e Italia integradas por migrantes y sus familiares.

Soleterre, por su parte, compartirá información acerca de políticas, legislaciones y otras disposiciones generales asumidas por las autoridades italianas y de la Unión Europea. Además, juntas se comprometieron a apoyar proyectos de co-desarrollo que beneficien a las familias afectadas por la migración hacia Italia, así como a vincularse con otras organizaciones que trabajan en el tema y promover la capacitación y organización de familiares de migrantes.

SECUESTRO DE MIGRANTES

El Salvador es un país que se ha erosionado socialmente por el flujo poblacional hacia el norte. Estados Unidos de América y Europa son los destinos de amplias masas de personas que se escurren por las fronteras, en busca de un mejor futuro. Sus pueblos, caseríos, cantones y municipios sufren las consecuencias de ese desarraigo. La partida de padres madres, hijos e hijas provoca desintegración familiar. Las deportaciones también afectan la vida social. Y lo que es peor, la esperanza de quienes se quedan está puesta en las remesas o también en la posibilidad de irse. Por eso, en algunos territorios se ha perdido el interés por la participación social y política; además, en este río de personas que emigran también se han ido importantes liderazgos comunitarios consolidados o potenciales.


Sobre este fenómeno hay varios estudios que revelan su impacto, pero ninguno refleja toda la dimensión de este drama humano. Para los salvadoreños y las salvadoreñas salir del país en esas condiciones supone estar conscientes de la posibilidad cierta de perder los pocos bienes que llevan, una parte de su cuerpo o la vida. En muchos casos, algunas de esas personas son violadas; eso las expone a contraer enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Otras son retenidas para luego prostituirlas.


Últimamente, las y los migrantes también corren el riesgo de ser víctimas de secuestro. Los criminales saben de su situación de vulnerabilidad: no conocen el lugar que transitan, evitan encontrarse con policías o cualquier autoridad que pueda detenerlos, duermen en lugares abiertos y viajan en transportes incómodos o peligrosos como trenes, camiones o balsas. Además, saben que podrán actuar impunemente porque la mayoría no están dispuestas a denunciar y hacer valer sus derechos. Su mente está en llegar al norte.


Sobre los raptos de emigrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) realizó una investigación y reportó 9,758 víctimas centroamericanas. El dato, advierte, no es exacto y sólo pretende dar una idea de la magnitud del asunto. Lo obtuvieron entrevistando a la poca gente que se atrevió a denunciar y preguntándole cuántas personas más estuvieron en cautiverio con ellos y ellas. La CNDH calcula que la cifra podría llegar a dieciocho mil anuales, que sus captores han logrado un alto nivel de organización y que algunos agentes estatales podrían estar involucrados.


Pese a estos peligros y a las constantes advertencias, las personas siguen yéndose y sufriendo vejaciones, mientras el Estado aprovecha las remesas cuando llegan a su destino. La política gubernamental ha sido, hasta ahora, observar pasivamente y beneficiarse hasta que ya han llegado para sostener la economía. ¿Habrá cambios esta vez, con las autoridades que recién cumplieron cien días de gestión?

martes, 25 de agosto de 2009

Invitación

Este sábado 29 de agosto el IDHUCA celebrará sus 24 años con un concierto en el participarán los grupos: Trova, Exceso de Equipaje, Signo Azúl y la batucada Nova Era. Este será de 3 a 6 p.m en el auditorio "Ignacio Ellacuría" de la UCA.
*El auditorio es accesible para personas con discapacidad si se ingresa por el parqueo de la cafetería central.

jueves, 13 de agosto de 2009

RELACIONES CADA VEZ MÁS TENSAS


Puede cuestionarse la credibilidad de los medios nacionales de difusión masiva, su independencia o su buena fe. Pero el Estado no debe poner cortapisas a su labor. Independientemente de la calidad informativa o ética de esas empresas, transmiten noticias y valoraciones; por tanto, juegan un rol social importante. Al respecto, la Declaración de principios sobre libertad de expresión establece que los “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. No se vale, entonces, que una supuesta tergiversación mediática sea la excusa para negar información o justificar la negativa de funcionarios públicos a brindar declaraciones; mucho menos, si se trata del presidente de la República.

Durante el reciente altercado en Catedral Metropolitana −con roces y jaloneos por parte de la seguridad del mandatario, Mauricio Funes− se impidió que integrantes de la prensa en sus diversas manifestaciones ingresaran al recinto religioso; además, la Policía Nacional Civil les amenazó con la cárcel. Esos son hechos condenables, sin duda.

A la fecha, la corta relación del gremio periodístico con el presidente Funes ha sido tirante. Antes de ganar las elecciones, rechazó conceder entrevistas a un medio escrito por considerarlo tendencioso. Recién investido, fue cuestionado por llegar bastante tarde y hacer esperar a los comunicadores y las comunicadoras en una conferencia de prensa. Ahora se le critica por evadir a quienes un día fueron sus colegas, por centralizar la información y por las limitaciones a la apertura en sus pocas apariciones públicas.

La citada Declaración también establece que el acceso a la información estatal es un derecho fundamental a garantizar. Eso no sólo se refiere a documentos; también a explicaciones, opiniones u otros insumos que le permitan a la población tomar decisiones y ejercer su ciudadanía a favor o en contra de un gobierno. En ese sentido, la prensa sigue siendo el mejor canal para su transmisión amplia. El equipo de comunicación presidencial debe asegurar que el mensaje llegue íntegramente al público; negarse a hablar o dificultar el trabajo de quienes sirven de intermediarios en este ámbito, no es el camino correcto.

La transparencia prometida pasa por comunicar. Deben entender que su exposición al escrutinio social es inevitable y que negarse a rendir cuentas de lo que hacen o dejan de hacer es inaceptable. Durante la pasada campaña, hubo quien cuestionó el talante democrático de la posible gestión Funes. Ahora, con la banda presidencial en el pecho, debe demostrar que lo es. Si desea pasar a la historia como un estadista hay que arriesgar, exponerse y tolerar la crítica. Recuerden que dijo que “nosotros, definitivamente, no tenemos derecho a equivocarnos”.

viernes, 24 de julio de 2009

Constatan violaciones sistemáticas a los derechos humanos

Misión internacional de observación sobre la situación de los
derechos humanos en Honduras.
Informe Preliminar
Tegucigalpa, 23 de julio de 2009
i. Introducción
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por quince profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay. Se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y
recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.

Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados del Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
La misión internacional está conformada por quince personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos:

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN
Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia),
Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH),
el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.

ii. Los hechos verificados por la Misión

1. Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial
y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras. El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
2. En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución
y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nro. 141-09).
3. Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado por el Sr. Micheletti, restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad personal, “detención e incomunicación por más de 24 horas” (sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución. El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio -conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio-, por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo. En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 días después de su promulgacion continúa en vigor- no sólo no figura el mecanismo de prórroga de la suspensión de los citados derechos, sino que el Decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la Republica de Honduras. Cabe señalar que el artículo 211 de la Constitución de Honduras dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas. La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña (art.187) para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia u otra calamidad.

4. El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continúa siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando aleatoriamente los horarios de vigencia del toque de queda impuesto en la capital y en el interior del país.
5. Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el alcance de la restricción de garantías. Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados
por la Mision, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su contenido.
6. La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.

7. La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la desprotección de numerosas personas afectadas ante la
respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave omisión del cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado
Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio.

8. Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y
defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos/as extranjeros/as, entre otros.

9. En efecto, desde que se consumó el golpe de estado y en relación a él, según diversas fuentes constatadas por la Mision, han sido reportadas las siguientes muertes de personas: ISIS OBED MURILLO MENCIAS, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 5 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; GABRIEL FINO NORIEGA, periodista de Radio Estelar, en el departamento de Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo; RAMON GARCIA, líder del partido politico Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; ROGER IVAN BADOS, ex dirigente
sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula; VICKY HERNANDEZ CASTILLO (SONNY EMELSON HERNANDEZ), miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de
bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda; y una persona no identificada, vestida con una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de
ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
10. La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas con la desaparición forzosa de: ANASTASIO BARRERA de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía. Se ha reportado, asimismo, que Manuel Sevilla, de 19 años, fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de volver de una manifestación.
11. En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas, la misión tomó nota de amenazas, con ocasión del golpe de Estado, que afectan a diversos grupos dentro de la sociedad hondureña: periodistas críticos al régimen de facto, alcaldes, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares, defensores-as de derechos humanos, maestros, diputados. Hemos documentado más de cien personas en esta situación.

12. Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la capacidad legítima del Estado de investigar y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David Murillo Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y posterior detención fue justificada con base en un antiguo proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo que fue reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden
asimismo procesos relativos a funcionarios del Gobierno depuesto.
13. Según lo afirmado a la Misión por el General Director de la Policía Nacional. Sr Escoto Salinas, se han registrado a la fecha 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al golpe.
14. Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe señalar que en las últimas semanas aumentaron significativamente éstas; en particular, la de aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones
arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas nicaragüenses.
15. Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes de nacionalidad nicaragüense: JARLEN MANUEL TORRES TORRES, NOE EMILIO AVELLAN RUIZ, TULIO RAFAEL BENDAÑA MEJÍA, ALEJANDRO JOSÉ GARCÍA OBREGÓN, PABLO YASE BENOARIA, JORGE DANILO FLORES, FRANCISCO ISRAEL CONNOR, CARLOS DAVID BENDAÑA MEJÍA, JOSE GONZÁLEZ, DARWIN ANTONIO REYES LAZO, MIGUEL ÁNGEL AGUILAR FERNÁNDEZ, HENRY GEOVANY MARTÍNEZ LÓPEZ Y DAVID JIRÓN. Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjeria, siendo sujetos a
malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.
16. Las autoridades justifican estas detenciones en la existencia de “amenazas externas” al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han provisto de evidencia alguna respecto de la participación de los más de 100 afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes, trabajadores o migrantes, algunos de ellos-as con sólidos vínculos familiares y arraigo acreditado en Honduras.
17. Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas.

18. La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas.
19. En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y
Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de medios de comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió temporalmente la transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet.
20. La Misión fue informada del ametrallamiento, después del golpe, de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra
periodistas como el director del diario El Libertador, Sr. JHONNY JOSE LAGOS ENRIQUEZ, así como contra LUIS GALDANES, conductor del programa radial “Tras la Verdad”. El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución judicial promovida por el Fiscal General de
Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede aplicarse a servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.

21. En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita ISMAEL
MORENO, detenido temporalmente el periodista ROMELL ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA y recibido amenazas de muerte en el caso del periodista ROMEL ROMERO, canalizadas a través del teléfono celular de su esposa, la Sra. MIRIAM ESPINAL. Igualmente, el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente
situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso.
22. Situación similar a las anteriores padece OSMAN DANILO COREA, periodista del Canal 26 TV Atlántica en el Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los militares han indicado a los medios de comunicación del departamento que no pueden trasmitir otras versiones o informaciones que no sean las del presidente de facto Micheletti. El señor Correa relató que recibió una llamada del Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base Naval de Castilla, próxima a Trujillo, para prohibirle trasmitir información sobre marchas distintas de los “camisetas blancas” (partidarios del gobierno de facto), amenazándolo con decomisarle los equipos en caso de desobedecer, añadiendo “porque nosotros mandamos, las fuerzas armadas tenemos el poder”. La Misión recibió, asimismo, la denuncia de hostigamiento y persecución sufrida por el periodista de televisora “La Cumbre” Sr. JORGE ORLANDO ANDERSON del pueblo de Bonito Oriental, por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla.
23. El periodista NAHUM PALACIOS de Tocoa, refirió haber sido amenazado por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención de 4
miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de Colón Sr. WILFREDO PAZ ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle la emisora si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la empresa de cable cortara la trasmisión del programa del Sr. Palacios.

24. La Misión ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la actuacion de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.
25. La Misión, ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a trabajadores-as en sus puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas contrarias al golpe; asi como actuaciones coactivas para garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen de facto y la empresa privada.

iii. Conclusiones

La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.

Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.

La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones
constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB.

Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Honduras

iv. Recomendaciones
I. A la comunidad internacional de Estados
1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el
golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno.
· Sobre las relaciones bilaterales con Honduras
5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante
 Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
 Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
 Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
 Implementación de un sistema de alerta y emergencia de
acceso inmediato para personas en riesgo.
 Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo
adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su
capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es
necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para
que atiendan las necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las
organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
· Relaciones entre Unión Europea y Honduras
8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las medidas siguientes:
· La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso
de grave quebrantamiento del orden constitucional.
· Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de viceministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos hondureños en la Unión Europea
que apoyan al gobierno de facto.
· Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
· Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
· Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.
II.
A los órganos y organismos internacionales
9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
 Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las
personas en situación en riesgo
 Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un
informe con las recomendaciones que estime convenientes.

10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al
restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considerar la pertinencia de:
 Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos
Humanos;
 Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de
Derechos Humanos en Honduras;
 Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales
competentes en materia de libertad de expresión, defensores y
defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces
y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.

Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a
esta misión un Observatorio de Derechos Humanos enHonduras.
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Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los
Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
· Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
· Marcia Aguiluz (CEJIL)
· Viviana Krsticevic (CEJIL)
· Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
· Jorge Rojas (CODHES)
· Benjamín Cuellar (IDHUCA)
· Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de
Perú)
· Javier Mujica (FIDH)
· Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
· Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSESPAÑA)
· Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
· Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
· Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de
Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
· Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de
cooperación - Austria)
· Katia Nouten (CIFCA)
· Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
· Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental)

miércoles, 8 de julio de 2009

LINO MORALES CANJURA: EN MEMORIA


¿Quién no se burla de las instituciones salvadoreñas? Los delincuentes: asesinando, extorsionando y estableciendo “toques de queda” sin que la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) u otro ente estatal los detengan. Encima, cuando los arrestan, algunos se escapan de las bartolinas policiales ante las narices de los custodios. El sábado 4 de julio, en la madrugada, once reos desaparecieron de las celdas del Sistema de Emergencia 911 en la colonia Monserrat; el martes 7, otros dos huyeron de la delegación policial en Quezaltepeque.

Pero los criminales no son los únicos que “le ven la cara” a las autoridades públicas. También la Asamblea Legislativa. El país tiene casi un trimestre de estar sin Fiscal General porque no ha sido capaz de poner los intereses del país sobre los de los partidos. Semejante desvergüenza parlamentaria pone en peligro casos importantes como el de Katya, pero además lanza un muy mal mensaje: que esa función no es importante y, por lo tanto, el cargo lo puede desempeñar cualquiera.

Más grave todavía: los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que continúan en la misma, igual se mofan del Estado de Derecho. Vaya ironía. Prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República que, en su artículo 131, numeral 19, le atribuye a la Asamblea Legislativa la misión de nombrar a su presidente y sus magistrados. Pero, contrariando ese compromiso, decidieron poner al frente de la CSJ a Néstor Castaneda. Fueron incapaces de impedir la acefalía del “máximo” tribunal, pero pretenden “resolver” el problema administrativo que esto supone violando la Carta Magna.

Todo eso ocurre mientras la sociedad sufre las consecuencias de los altos niveles de violencia y criminalidad. La brutalidad de los asesinatos, las extorsiones a hogares y negocios, los robos y los “estados de sitio” decretados por la delincuencia, la tienen arrinconada. ¿Qué camino queda? Las instituciones no le atinan en el combate a esos flagelos. Cuando capturan, hasta se les escapan; si no, no individualizan responsabilidades. La prueba principal de la Fiscalía sigue siendo la testimonial, en un país donde es tan fácil deshacerse de ésta. ¿Y la “clase” política? Por favor, ¡qué casta! Se empeña en minar la poca confianza de la población en las autoridades que deben enfrentar el problema.

Sin duda, la senda por la que se transita es peligrosa. La gente, si no lo está haciendo ya, puede decidir tomar la justicia por sus manos y eso hundirá al país en la anarquía, con resultados lamentables. Pero puede tomar otra vía: la participación ciudadana organizada y demandante para hacer que diputados, diputadas, magistrados y magistradas liberen las instituciones que mantienen secuestradas.

martes, 30 de junio de 2009

SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Y AHORA, ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?

El IDHUCA se une al mundo respetuoso de los derechos humanos, para condenar enérgicamente el golpe de Estado en Honduras. Los militares de ese país detuvieron y expatriaron al presidente Manuel Zelaya, pisoteando la legalidad y las instituciones. La Carta Magna hondureña manda qué hacer ante eso. “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador –señala su artículo 3– ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen”.

Este suceso repudiable recuerda un oscuro pasado que se creía superado. Hace años, era usual que los uniformados en la región se declararan “defensores del Estado” y destituyeran gobiernos por la fuerza, arropados en la doctrina de la “seguridad nacional”, para instalarse en el poder o colocar civiles sometidos a sus designios. Tras ellos estaban, siempre, poderosos grupos económicos y políticos. La última revuelta de esas ocurrió en Venezuela, el 13 de abril del 2001.

Pero hoy, el planeta entero mira al vecino país con la misma preocupación de antaño. Hace tres décadas, El Salvador también se contaba entre los países con esos problemas. ¿Ahora no? ¡Ojala! Aunque hay atrevidos columnistas domésticos que justifican semejante retroceso, afirmando que “es un claro mensaje para aquellos gobernantes latinoamericanos que quieran irrespetar el orden constitucional establecido en cada uno de los países”.

Que este señor diga eso, ya no asusta. Sólo es una raya más en el tigre, si se compara con otra afirmación y con quien la lanzó. Es lamentable que el militar retirado, general Carlos Humberto Corado, crea que el fin justifica los medios. El ex ministro de la Defensa Nacional dijo: “Los militares hondureños analizaron eso con las otras autoridades del Estado sureño y determinaron que era mejor abortar este proceso en este momento, que dejarlo que se profundice porque el día de mañana podía ser algo inconveniente para los intereses del país”. ¡Cuidado señores!

El general Corado no es considerado “duro”. Pero hay otros altos oficiales jubilados que sí lo son y en extremo. ¿Actuarían igual que sus colegas “catrachos” si consideran que deben poner orden por la falta de Fiscal, la acefalía en la Corte u otra cosa? ¿Qué tal si deciden que Mauricio Funes está haciendo algo “inconveniente” para el país? O, más bien, para los dueños del país.

Los militares, ni están “chavos” ni son del “ocho”; tampoco existe “Superman”. Las Fuerzas Armadas, sean hondureñas o salvadoreñas, no son las responsables de defender la Constitución y las instituciones democráticas. Sólo el pueblo salva al pueblo. Por eso, lo que hoy se necesita es más y mejor ciudadanía: inteligente, creativa, fuerte y firme.

lunes, 29 de junio de 2009

SOBRE EL INCUMPLIMIENTO LEGISLATIVO DE ELEGIR MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS

El proceso de elección conjunta en cuestión, fue detenido con la excusa de cumplir lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual dictó una medida cautelar en el proceso de amparo 128-2009 a favor de la demandante Michelle Gallardo de Gutiérrez. Tal decisión es insostenible jurídicamente, ya que la Asamblea Legislativa puede y debe proceder de inmediato a realizar tales nombramientos haciendo uso de los siguientes argumentos constitucionales:


  1. El artículo 1 Cn. reconoce la concepción personalista del Estado, que “está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común (…)”. El artículo 246 plantea que los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado. Y en el presente caso está en juego el derecho a la justicia de toda la población, frente al “deseo” de optar a un cargo público de la demandante.

  2. La posibilidad de que no se nombren magistrados y magistradas, creándose una situación jurídica y política de indefinición tras adoptar una medida cautelar de índole constitucional que ordena tal cosa, no está contemplada en ningún supuesto legal. Entonces, el Órgano Legislativo –con el fin de hacer valer los derechos de acceso a la justicia, la seguridad jurídica y el debido proceso– debe hacer esa designación con base a la Constitución y a la jurisprudencia de la misma Sala de los Constitucional, que establece la viabilidad de aplicar directamente la Constitución en los siguientes términos:
    “La jurisprudencia constitucional ha aceptado la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre actos concretos que no reúnen las características de generalidad y abstracción –propias de las normas jurídicas impersonales–, sí son aplicación directa de la Constitución.Asimismo, se ha sostenido que dicho criterio se fundamenta en la necesidad de no dejar zonas exentas de control, sobre aquellas actuaciones concretas de los funcionarios cuyo único fundamento normativo es la Constitución; en tales casos, el ejercicio de potestades públicas en la producción de dicho acto, sólo tiene como parámetro de control los límites formales, materiales y genérico-valorativos que establece la Ley Suprema (…)”. (Proceso de inconstitucionalidad 5-2006).

  3. Adicionalmente, la comentada medida cautelar no posee las condicionantes para justificar su ejecución; por eso fue cuestionada ampliamente por la ex magistrada Victoria Marina Velásquez de Avilés, en su voto disidente incluido dentro de la resolución de la Sala. Así, la petición de la demandante carece de la presunción de buen derecho y no existe el riesgo latente de verse despojada de un derecho constitucional que, a simple vista, no existe.

La elección legislativa inmediata de quienes ocuparán los más altos cargos en la judicatura, basando tal decisión en la aplicación directa de la norma constitucional, resolvería el grave problema institucional que El Salvador enfrenta en la actual coyuntura y pondría un alto –por primera vez en la historia reciente– al voluntarismo y la arbitrariedad judicial que han caracterizado el actuar de la Sala de lo Constitucional durante los últimos nueve años.


En el país no deben continuar tensionando irresponsablemente esta situación, al punto de llegar a desatar una crisis que despierte aspiraciones e impulse iniciativas peligrosas entre ciertos sectores civiles y militares, alentados por el mal ejemplo de lo ocurrido en Honduras hace unos días para “solucionarla” sin importar los daños que le causen a la incipiente y endeble democracia nacional.