¿Quién no se burla de las instituciones salvadoreñas? Los delincuentes: asesinando, extorsionando y estableciendo “toques de queda” sin que la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) u otro ente estatal los detengan. Encima, cuando los arrestan, algunos se escapan de las bartolinas policiales ante las narices de los custodios. El sábado 4 de julio, en la madrugada, once reos desaparecieron de las celdas del Sistema de Emergencia 911 en la colonia Monserrat; el martes 7, otros dos huyeron de la delegación policial en Quezaltepeque.
Pero los criminales no son los únicos que “le ven la cara” a las autoridades públicas. También la Asamblea Legislativa. El país tiene casi un trimestre de estar sin Fiscal General porque no ha sido capaz de poner los intereses del país sobre los de los partidos. Semejante desvergüenza parlamentaria pone en peligro casos importantes como el de Katya, pero además lanza un muy mal mensaje: que esa función no es importante y, por lo tanto, el cargo lo puede desempeñar cualquiera.
Más grave todavía: los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que continúan en la misma, igual se mofan del Estado de Derecho. Vaya ironía. Prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República que, en su artículo 131, numeral 19, le atribuye a la Asamblea Legislativa la misión de nombrar a su presidente y sus magistrados. Pero, contrariando ese compromiso, decidieron poner al frente de la CSJ a Néstor Castaneda. Fueron incapaces de impedir la acefalía del “máximo” tribunal, pero pretenden “resolver” el problema administrativo que esto supone violando la Carta Magna.
Todo eso ocurre mientras la sociedad sufre las consecuencias de los altos niveles de violencia y criminalidad. La brutalidad de los asesinatos, las extorsiones a hogares y negocios, los robos y los “estados de sitio” decretados por la delincuencia, la tienen arrinconada. ¿Qué camino queda? Las instituciones no le atinan en el combate a esos flagelos. Cuando capturan, hasta se les escapan; si no, no individualizan responsabilidades. La prueba principal de la Fiscalía sigue siendo la testimonial, en un país donde es tan fácil deshacerse de ésta. ¿Y la “clase” política? Por favor, ¡qué casta! Se empeña en minar la poca confianza de la población en las autoridades que deben enfrentar el problema.
Sin duda, la senda por la que se transita es peligrosa. La gente, si no lo está haciendo ya, puede decidir tomar la justicia por sus manos y eso hundirá al país en la anarquía, con resultados lamentables. Pero puede tomar otra vía: la participación ciudadana organizada y demandante para hacer que diputados, diputadas, magistrados y magistradas liberen las instituciones que mantienen secuestradas.
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