miércoles, 24 de febrero de 2010

MARIO ZAMORA: TRES DÉCADAS


La primera Junta Revolucionaria de Gobierno, que derrocó el 15 de octubre de 1979 al general Carlos Humberto Romero, fracasó casi de inmediato. Fue presionada por los poderes reales, civiles y militares, para no realizar los cambios que anunció y siguió reprimiendo brutalmente al pueblo. En los primeros días de enero de 1980, tres civiles que acompañaban a los oficiales golpistas junto a casi todo el gabinete, renunciaron. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) entró de cambio.


La madrugada del sábado 23 de febrero, pese al toque de queda, seis hombres con pasamontañas ingresaron a la casa de Mario Zamora mientras departía con familiares. Los tendieron en el piso, le subieron volumen a la música y llevaron a Zamora al baño donde lo ejecutaron. La Policía tardó horas en llegar. La Comisión de la Verdad afirmó que “lo asesinaron miembros de un cuerpo de seguridad estatal en una operación decidida a ese nivel y llevada a cabo dentro del marco de sus actividades ilegales”. Y concluyó señalando que jamás se investigó.


Antes, el PDC había celebrado una convención donde Mario –uno de sus dirigentes y Procurador de Pobres– planteó su desacuerdo con mantener la alianza con el Ejército en el gobierno. Pensaba que los militares usaban al partido para limpiar el rostro terrorista y las manos sangrientas del régimen.


Al momento de decidir continuar en la segunda Junta, Zamora y otros líderes democristianos le plantearon al Estado Mayor que sus militantes eran víctimas de la represión gubernamental; además, intentaron definir nuevas reglas de la relación. En ese escenario, Roberto D’Abuisson lo acusó públicamente de ser guerrillero. En medio de la violencia militar y de los cuerpos de “seguridad” contra sus “enemigos ─Mario era uno─ junto al accionar de los escuadrones de la muerte, eso suponía su sentencia de muerte. Así fue.


Domingo 24 de febrero: monseñor Óscar Arnulfo Romero lamenta lo ocurrido. “Quiero expresar en lo personal, mi dolor a la familia del querido doctor Mario Zamora Rivas. En este momento se está enterrando su cadáver en Cojutepeque; les suplico que nos unamos en oración por su eterno descanso”, se lamentó sin saber que correría la misma suerte un mes después.


Pasaron treinta años y su familia, como tantas otras que perdieron a sus seres queridos en medio de la brutal represión oficial y las acciones guerrilleras en 1980, sigue esperando verdad y justicia. Durante esas tres décadas y sobre todo después del fin de la guerra, ni políticos ni gobernantes se han solidarizado con esas víctimas en los hechos, no sólo en las palabras. ¿Habrá que esperar otra tres o más, para dignificarlas? No, porque una sociedad que permite eso es cómplice y es indigna.

jueves, 18 de febrero de 2010

Justicia restaurativa en El Salvador, comentario desde Brasil


A continuación, compartimos un texto sobre Justicia restaurativa, escrito por Belisario Dos Santos, miembro del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, realizado en marzo de 2009 en El Salvador.

Lea el texto en el siguiente enlace:




http://www.scribd.com/doc/27066791/BSJ-LE-MONDE

REPORTAJE SOBRE IGNACIO ELLACURÍA RECIBE PREMIO REY JUAN CARLOS, EN ESPAÑA

El trabajo periodístico Ellacuría, crimen sin castigo sobre el asesinato de Ignacio Ellacuría, rector de la UCA ultimado en 1989 junto a 5 de sus compañeros jesuitas y dos de sus colaboradoras, ha recibido el premio Rey Juan Carlos, de España.

La producción -realizada por el equipo de " En Portada" de Televisión Española TVE- muestra la historia del caso y presenta una reflexión crítica sobre el estado de impunidad tanto en este como en el resto de graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado en el país. Pese al cese al fuego y la firma de los acuerdos de paz, la impunidad histórica y la negación a la verdad y justicia siguen siendo una constante en el sistema salvadoreño.

El reportaje se produjo en el contexto de la querella interpuesta por CJA y la Asociación Pro Derechos Humanos de España ante la Audiencia Nacional el 13 de noviembre de 2008, a fin de investigar el asesinato de los mártires jesuitas.

Desde el IDHUCA, nos sumamos al reconocimiento de esta labor periodística y alentamos a la continua búsqueda de la verdad mediante el ejercicio ético de la investigación y la defensa de los derechos humanos.

Ver vídeo en el enlace

www.rtve.es/noticias/20090522/ellacuria-crimen-sin-castigo/277865.shtml


miércoles, 17 de febrero de 2010

QUE EL SALVADOR CREZCA

El 10 de junio del año pasado, el presidente de la República anunció que el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) sería sustituido por una Secretaría de Cultura. Eso se concretó: la entidad pasó del Ministerio de Educación a depender directamente de Mauricio Funes. La idea, según él, era elevarle el perfil y fomentar su independencia; es decir, que el país creciera en ese ámbito. Dieciséis días después, Breni Cuenca llegó a dirigirla tras ser propuesta por artistas, académicos y gestores culturales junto a otros candidatos.

Siete meses y medio más tarde, su jefe la destituyó. En esa abrupta remoción y las de Juan Pablo Durán de la Lotería Nacional de Beneficencia, Carla Albanez del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Francisco Gómez de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y Tomás Campos de la Superintendencia General de Telecomunicaciones, no están claro el por qué. De ahí tanta conjetura. Es cierto que antes tampoco se informaba o quien salía aducía “razones personales”; pero se supone que ahora hay un cambio.

La gente tiene derecho a saber qué hicieron mal; si se les echó por ineptos, corruptos o por defender intereses particulares. Peor aún si cometieron delitos; eso amerita persecución penal y no sólo separación. A diferencia de otras experiencias, hoy no todas las personas agacharon la cabeza ni salieron por la puerta trasera; al contrario, denunciaron supuestas arbitrariedades.

En el caso Cuenca, el presidente justificó su decisión escuetamente: “pérdida de confianza” y falta de “resultados concretos que impliquen un cambio visible respecto a gestiones anteriores”. Motivos poco cristalinos. ¿Por qué le pérdida de confianza? La funcionaria destituida declaró que el mandatario le ordenó despedir al director de artes, Óscar Soles, pero ella consideró que no encontraba razones para ello y desobedeció; también reveló haberse opuesto a que la Secretaría de Inclusión Social absorbiera la Orquesta Sinfónica Juvenil. ¿Por eso la desconfianza presidencial?

Y el argumento de la falta de resultados palpables debería preocupar a otros funcionarios como los del gabinete de seguridad, porque en ese tema no hay ninguno; al menos para bien. Más homicidios, más soldados en esas tareas, más descrédito policial y más frustración de la gente, es lo que se observa. ¿Qué varió entonces?

No es lo mismo gobernar con autoridad que hacerlo autoritariamente. No dar a conocer el fundamento de las decisiones que impactan en temas nacionales importantes –en este caso la cultura– u ofrecer explicaciones vagas, ubica a quien actúa así más cerca de lo segundo: desde la imposición. Autoridad no es eso; viene del latín augere, que significa “hacer crecer”. Ese es el cambio, que El Salvador y su gente crezcan; no que sigamos igual que antes.

lunes, 1 de febrero de 2010

Audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hace casi dieciséis años, Ramón Mauricio García Prieto Giralt fue asesinado por un “escuadrón de la muerte” integrado por policías de la vieja y la entonces “nueva generación”, sin que hasta la fecha se sepa quién ordenó su ejecución y las continúas amenazas a sus padres, Mauricio y Gloria. Por la negligencia estatal para realizar esas necesarias investigaciones, en noviembre del 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño; por unanimidad le ordenó efectuarlas, así como publicar la sentencia en un periódico de amplia circulación nacional y brindar asistencia médica y sicológica a los señores García Prieto, entre otras cosas. Un año antes, el 26 de septiembre del 2006, la Corte IDH mandó al Estado salvadoreño proteger la vida de Gloria y Mauricio, la de sus hijas y sus representantes. Desde entonces, le había solicitado investigar dichas amenazas y evitar su repetición.

Este jueves 28 de enero, el mismo organismo convocó a una audiencia para conocer cómo se habían cumplido sus mandatos. El Estado admitió no haber investigado nada ni haber brindado la protección requerida, así como la asistencia médica y sicológica para los señores García Prieto. Además, reconoció que en el pasado había ofendido a las víctimas con sus escritos y su actuación dentro del sistema interamericano. Asimismo, planteó que la publicación de la sentencia no se hizo de forma satisfactoria y se comprometió a hacerlo de nuevo, como es debido.

Pese al cambio del discurso oficial en la forma, el fondo también debe ser otro. En tal sentido, destaca que haya habido contactos positivos con la Policía Nacional Civil para concretar las medidas de protección para los padres de Ramón Mauricio, a iniciativa de su director general. Pero también urge que hayan gestiones de alto nivel entre el jefe de Estado y el Fiscal General de la República, para garantizar que se investigue y dé con los autores intelectuales del asesinato y las amenazas, así como con los autores materiales de estas últimas.

La Corte IDH también revisó las medidas provisionales otorgadas para proteger la vida y la integridad de Adrián Meléndez Quijano, su familia y sus representantes. Las amenazas se originaron por denunciar violaciones de sus derechos humanos por mandos militares cuando él se desempeñaba como jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional. La más reciente ocurrió cuatro días antes de esta audiencia, lo que confirma la persistencia de las mismas y la necesidad de que cumpla lo ordenado por la Corte IDH.

El Estado, en este caso, argumentó falta de recursos para costear la alimentación y el resto de la logística necesaria para cumplir. Asimismo, aceptó que no había investigado el origen de los hostigamientos. Al respecto, la Corte IDH planteó que todos los demandados argumentan limitaciones presupuestarias para incumplir, pero que eso no puede ser excusa cuando se trata de resguardar la vida e integridad física de las personas.

Como en el caso García Prieto, el IDHUCA demanda se reúnan el presidente de la República y el Fiscal General, para garantizar se investigue y ubique a los responsables de las amenazas, pues esa es la mejor forma de enfrentarlas. También requiere al Estado que provea la seguridad necesaria para el coronel Meléndez y su familia. Ni él ni los suyos causaron esta situación; su origen hay que buscarlo en las estructuras estatales.