lunes, 1 de febrero de 2010

Audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hace casi dieciséis años, Ramón Mauricio García Prieto Giralt fue asesinado por un “escuadrón de la muerte” integrado por policías de la vieja y la entonces “nueva generación”, sin que hasta la fecha se sepa quién ordenó su ejecución y las continúas amenazas a sus padres, Mauricio y Gloria. Por la negligencia estatal para realizar esas necesarias investigaciones, en noviembre del 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño; por unanimidad le ordenó efectuarlas, así como publicar la sentencia en un periódico de amplia circulación nacional y brindar asistencia médica y sicológica a los señores García Prieto, entre otras cosas. Un año antes, el 26 de septiembre del 2006, la Corte IDH mandó al Estado salvadoreño proteger la vida de Gloria y Mauricio, la de sus hijas y sus representantes. Desde entonces, le había solicitado investigar dichas amenazas y evitar su repetición.

Este jueves 28 de enero, el mismo organismo convocó a una audiencia para conocer cómo se habían cumplido sus mandatos. El Estado admitió no haber investigado nada ni haber brindado la protección requerida, así como la asistencia médica y sicológica para los señores García Prieto. Además, reconoció que en el pasado había ofendido a las víctimas con sus escritos y su actuación dentro del sistema interamericano. Asimismo, planteó que la publicación de la sentencia no se hizo de forma satisfactoria y se comprometió a hacerlo de nuevo, como es debido.

Pese al cambio del discurso oficial en la forma, el fondo también debe ser otro. En tal sentido, destaca que haya habido contactos positivos con la Policía Nacional Civil para concretar las medidas de protección para los padres de Ramón Mauricio, a iniciativa de su director general. Pero también urge que hayan gestiones de alto nivel entre el jefe de Estado y el Fiscal General de la República, para garantizar que se investigue y dé con los autores intelectuales del asesinato y las amenazas, así como con los autores materiales de estas últimas.

La Corte IDH también revisó las medidas provisionales otorgadas para proteger la vida y la integridad de Adrián Meléndez Quijano, su familia y sus representantes. Las amenazas se originaron por denunciar violaciones de sus derechos humanos por mandos militares cuando él se desempeñaba como jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional. La más reciente ocurrió cuatro días antes de esta audiencia, lo que confirma la persistencia de las mismas y la necesidad de que cumpla lo ordenado por la Corte IDH.

El Estado, en este caso, argumentó falta de recursos para costear la alimentación y el resto de la logística necesaria para cumplir. Asimismo, aceptó que no había investigado el origen de los hostigamientos. Al respecto, la Corte IDH planteó que todos los demandados argumentan limitaciones presupuestarias para incumplir, pero que eso no puede ser excusa cuando se trata de resguardar la vida e integridad física de las personas.

Como en el caso García Prieto, el IDHUCA demanda se reúnan el presidente de la República y el Fiscal General, para garantizar se investigue y ubique a los responsables de las amenazas, pues esa es la mejor forma de enfrentarlas. También requiere al Estado que provea la seguridad necesaria para el coronel Meléndez y su familia. Ni él ni los suyos causaron esta situación; su origen hay que buscarlo en las estructuras estatales.