Puede cuestionarse la credibilidad de los medios nacionales de difusión masiva, su independencia o su buena fe. Pero el Estado no debe poner cortapisas a su labor. Independientemente de la calidad informativa o ética de esas empresas, transmiten noticias y valoraciones; por tanto, juegan un rol social importante. Al respecto, la Declaración de principios sobre libertad de expresión establece que los “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. No se vale, entonces, que una supuesta tergiversación mediática sea la excusa para negar información o justificar la negativa de funcionarios públicos a brindar declaraciones; mucho menos, si se trata del presidente de la República.
Durante el reciente altercado en Catedral Metropolitana −con roces y jaloneos por parte de la seguridad del mandatario, Mauricio Funes− se impidió que integrantes de la prensa en sus diversas manifestaciones ingresaran al recinto religioso; además, la Policía Nacional Civil les amenazó con la cárcel. Esos son hechos condenables, sin duda.
A la fecha, la corta relación del gremio periodístico con el presidente Funes ha sido tirante. Antes de ganar las elecciones, rechazó conceder entrevistas a un medio escrito por considerarlo tendencioso. Recién investido, fue cuestionado por llegar bastante tarde y hacer esperar a los comunicadores y las comunicadoras en una conferencia de prensa. Ahora se le critica por evadir a quienes un día fueron sus colegas, por centralizar la información y por las limitaciones a la apertura en sus pocas apariciones públicas.
La citada Declaración también establece que el acceso a la información estatal es un derecho fundamental a garantizar. Eso no sólo se refiere a documentos; también a explicaciones, opiniones u otros insumos que le permitan a la población tomar decisiones y ejercer su ciudadanía a favor o en contra de un gobierno. En ese sentido, la prensa sigue siendo el mejor canal para su transmisión amplia. El equipo de comunicación presidencial debe asegurar que el mensaje llegue íntegramente al público; negarse a hablar o dificultar el trabajo de quienes sirven de intermediarios en este ámbito, no es el camino correcto.
La transparencia prometida pasa por comunicar. Deben entender que su exposición al escrutinio social es inevitable y que negarse a rendir cuentas de lo que hacen o dejan de hacer es inaceptable. Durante la pasada campaña, hubo quien cuestionó el talante democrático de la posible gestión Funes. Ahora, con la banda presidencial en el pecho, debe demostrar que lo es. Si desea pasar a la historia como un estadista hay que arriesgar, exponerse y tolerar la crítica. Recuerden que dijo que “nosotros, definitivamente, no tenemos derecho a equivocarnos”.
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