Crímenes graves y
perdón
José María Tojeira, director del Idhuca
01/09/2016
A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y con la detención y posterior liberación de algunos de los
autores materiales de la masacre en la
UCA, algunas personas han hablado de la necesidad de
perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos algunos representantes
del partido en el Gobierno, han mencionado el tema de un modo, cuando menos,
confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el
perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas
diferentes que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre
heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes
creen que el perdón de las víctimas se consigue dándoles regalos o donaciones
económicas.
Sobre el perdón cristiano
hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la
doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer
momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor
ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por
quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea
ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o
volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no
seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el
cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo
coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la
brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando
matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente
debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un
elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y
para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien
de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de
instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe
perdonar. Pero la justicia debe actuar.
Si todo dependiera del
perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando,
confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar
por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza
bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar
que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el
primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el
perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se
cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era
importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían
sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de
investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante
dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos
de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de
reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa.
La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los
afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían
por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el
crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque
también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales
del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani,
invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.
Hoy se sigue insistiendo
en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que
colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa
el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no
es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que
sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso
que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al
Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer
el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países
después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia
transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella,
simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de
perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha
impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado
para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento
jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no
solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del
abogado.
Cuando los abogados
presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios
que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están
mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al
pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando
animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen.
Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el
tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional.
Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de
irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por
desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética
profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la
ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que
también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar
abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban
abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las
estructuras legislativas o judiciales del Estado.
Pensar las cosas, buscar
justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente
para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo
están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el
prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente)
hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se
podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo
27 de la Constitución,
que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para
así lograr “la prevención de los delitos”.
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