Hoy se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona. Diego Escobar, quien hasta diciembre de este año se desempeñó como director de la División de los Intereses de la Sociedad, zona San Salvador, de la Fiscalía General de la República (FGR), demandó a Barahona por haber violado su derecho de petición y respuesta, de audiencia y a la estabilidad laboral.
Escobar fue uno de los aspirantes a la titularidad de la FGR y, además de su cargo, fue elegido por la Asamblea General de la institución durante tres ocasiones consecutivas como miembro del Consejo Fiscal. Lo acompañaban en este organismo –que decide si separan o no a funcionarios y funcionarias de esta entidad– el Fiscal General, su adjunto, el auditor fiscal, el secretario general y dos representantes de la citada Asamblea.
El 30 de noviembre del año pasado, el auditor solicitó la remoción de varios fiscales auxiliares, pero no logró los votos necesarios para que todos fueran despedidos. Escobar fue uno de los que se opuso a la remoción de un jefe fiscal, porque consideró que no había justificación para separarlo.
En enero de este año, el demandante fue trasladado como asesor de la unidad de asuntos legales internacionales de la institución. Al moverlo se le ofreció mantener su plaza nominal y funcional, además de asegurarle que seguiría percibiendo el mismo salario. Pero no fue así; al contrario, lo convocaron a otra reunión para informarle que reducirían el casi 30% de sus ingresos mensuales. Al no aceptar estas condiciones, dejaron de pagarle; no obstante, la FGR siguió abonando sus cuotas de compromisos personales y financieros.
El artículo 46 de Ley Orgánica de esta entidad establece la carrera fiscal a fin de dotar de estabilidad laboral al personal, apoyar su desarrollo profesional y promover su desempeño eficaz. Escobar inició hace quince años como fiscal auxiliar en Sensuntepeque y participó en los equipos de trabajo que lograron la condena por corrupción de Carlos Perla y Raúl García Prieto, así como la desarticulación de varias “clicas” y bandas de crimen organizado.
Al obrar de esta forma, el Fiscal General no sólo está privando al país de un profesional que ha consolidado sus conocimientos y adquirido experiencia en la lucha contra la criminalidad, cualidades esenciales para ello en el marco actual del país, también está cometiendo delitos como actos arbitrarios y apropiación o retención indebida.
Por eso, el IDHUCA y el IEJES respaldan a Diego Escobar quien ha solicitado a la Corte que reestablezca sus derechos, suspenda las arbitrariedades cometidas, le cancelen sus salarios adeudados y lo indemnicen por los daños causados, reconociendo que la carrera fiscal está por encima de cualquier contrato que pretenda menoscabar sus derechos.
San Salvador, 27 de abril de 2010.
Escobar fue uno de los aspirantes a la titularidad de la FGR y, además de su cargo, fue elegido por la Asamblea General de la institución durante tres ocasiones consecutivas como miembro del Consejo Fiscal. Lo acompañaban en este organismo –que decide si separan o no a funcionarios y funcionarias de esta entidad– el Fiscal General, su adjunto, el auditor fiscal, el secretario general y dos representantes de la citada Asamblea.El 30 de noviembre del año pasado, el auditor solicitó la remoción de varios fiscales auxiliares, pero no logró los votos necesarios para que todos fueran despedidos. Escobar fue uno de los que se opuso a la remoción de un jefe fiscal, porque consideró que no había justificación para separarlo.
En enero de este año, el demandante fue trasladado como asesor de la unidad de asuntos legales internacionales de la institución. Al moverlo se le ofreció mantener su plaza nominal y funcional, además de asegurarle que seguiría percibiendo el mismo salario. Pero no fue así; al contrario, lo convocaron a otra reunión para informarle que reducirían el casi 30% de sus ingresos mensuales. Al no aceptar estas condiciones, dejaron de pagarle; no obstante, la FGR siguió abonando sus cuotas de compromisos personales y financieros.
El artículo 46 de Ley Orgánica de esta entidad establece la carrera fiscal a fin de dotar de estabilidad laboral al personal, apoyar su desarrollo profesional y promover su desempeño eficaz. Escobar inició hace quince años como fiscal auxiliar en Sensuntepeque y participó en los equipos de trabajo que lograron la condena por corrupción de Carlos Perla y Raúl García Prieto, así como la desarticulación de varias “clicas” y bandas de crimen organizado.
Al obrar de esta forma, el Fiscal General no sólo está privando al país de un profesional que ha consolidado sus conocimientos y adquirido experiencia en la lucha contra la criminalidad, cualidades esenciales para ello en el marco actual del país, también está cometiendo delitos como actos arbitrarios y apropiación o retención indebida.
Por eso, el IDHUCA y el IEJES respaldan a Diego Escobar quien ha solicitado a la Corte que reestablezca sus derechos, suspenda las arbitrariedades cometidas, le cancelen sus salarios adeudados y lo indemnicen por los daños causados, reconociendo que la carrera fiscal está por encima de cualquier contrato que pretenda menoscabar sus derechos.
San Salvador, 27 de abril de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario