El pasado lunes 19 de abril asesinaron a Felipa Barillas, directora del Centro Escolar “El Ángel”, en el municipio de San Juan Opico; la maestra Marlene del Carmen Barillas y el profesor Tomas Antonio Gómez. Los pormenores de estos repudiables crímenes han tenido una gran difusión; más grande es la indignación social ante los mismos. Pese a que las autoridades iniciaron la investigación, aún no hay hipótesis sólidas; sólo se sabe que las víctimas denunciaron robos de material educativo y extorsiones.
Estos hechos no son los primeros con estas características. Antes fueron asesinadas personas dedicadas a la docencia que denunciaron delitos similares en sus centros de trabajo. Muchos casos siguen impunes en el marco de la insoportable ola de violencia que afecta al país. Es cierto que los gobiernos anteriores hicieron muy mal las cosas, pero el actual ya no puede seguir escudándose en la “herencia” recibida para intentar justificar sus erradas decisiones en materia de seguridad.
Estas inaceptables muertes que ahora estremecen a El Salvador, tienen diversos impactos. El primero: en los hijos y las hijas, los esposos y las esposas, los padres y las madres de las víctimas directas.
Además conmocionan profundamente a la niñez, la adolescencia y la juventud escolarizada. Después de la familia, sus docentes tienen un significado relevante y valioso; al perderlos de esta forma, se convierten en víctimas indirectas de la violencia.
También la comunidad a la que estos pedagogos pertenecían; además de triste e indignada, se encuentra desesperada en medio del terror. Las y los docentes de muchos lugares en el país, por su labor de cuido del alumnado y los centros escolares, sobreviven en una condición de alta vulnerabilidad que debe ser solventada por las autoridades pertinentes.
Ante lo anterior, el IDHUCA y la Red de directores “En prevención de violencia de Colón”:
- Condenan los asesinatos de Tomás Antonio Gómez, Felipa y Marlene del Carmen Barillas.
- Expresan su sentida solidaridad con las familias, los alumnos, las alumnas y el gremio magisterial, víctimas directas e indirectas por estos crímenes.
- Exigen una pronta y efectiva investigación, así como la respectiva sanción a los responsables.
- Llaman a analizar la posible fuga de información dentro de las instituciones estatales cuando alguien denuncia un hecho delictivo y, de confirmarse, a tomar medidas para que eso no siga ocurriendo.
- Demandan medidas preventivas y de monitoreo policial en la zona, para evitar la repetición de hechos similares.
- Reclaman la ejecución de una estrategia integral de seguridad que incluya fortalecer la atención de la población estudiantil, el personal docente y la población en general de la región y el país.
San Salvador, viernes 23 de abril del 2010.
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