Audio de la conferencia de prensa disponible en:
Lo que promueve los actuales movimientos migratorios está ligado a la pobreza estructural, las desigualdades, la violencia y la inseguridad; también a la incapacidad de los gobiernos para resolver esos graves problemas que afectan a nuestras sociedades. El entorno mundial, en el que algunos países se enriquecen a costa de otros, también influye para que innumerables personas busquen oportunidades de trabajo y opciones de vida que no encuentran en sus territorios de origen.
Eso no es nuevo, como tampoco lo son las violaciones de derechos humanos que sufren las y los emigrantes durante su trayecto en su afán por alcanzar la tan ansiada seguridad humana, que “significa proteger las libertades vitales […] proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. También significa crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida” (Comisión de Seguridad Humana, Naciones Unidas, 2003, Seguridad humana, ahora. Ver http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/Outlines/outline_spanish.html)
La permanencia en el tiempo y el agravamiento de tal situación, debe hacer que las sociedades y los gobiernos dignos transiten de la legítima indignación a la efectiva acción para superarla. Por eso, ante la masacre de setenta y dos personas en San Fernando, Tamaulipas, las organizaciones e instituciones abajo firmantes EXPRESAN:
1. Una enérgica condena por lo ocurrido este 21 de agosto en México. No es la primera vez que secuestran y asesinan población emigrante cuando sus familias no logran pagar el “rescate” solicitado por los criminales o cuando se oponen a servirles, pero debería ser la última.
2. Su solidaridad con las familias de las víctimas y su compromiso de acompañar a la población emigrante, luchando por erradicar las causas estructurales de su desplazamiento a fin de que pueda concretar su proyecto de vida en sus propios países, en aras de hacer realidad el derecho a no migrar.
Asimismo, DEMANDAN del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que:
1. Investigue, encuentre y sancione a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos y todos los atropellos en contra de esta población.
2. Elimine para el resto de países latinoamericanos, la exigencia de visa y otros permisos migratorios para ingresar a esa Nación. Esta decisión puede ser parte de la reparación integral a las víctimas y constituir una medida paliativa para impedir que más personas recorran rutas peligrosas en las que son fácil presa de grupos criminales como “Los zetas”.
A los gobiernos salvadoreño, guatemalteco, hondureño, ecuatoriano y otros de la región que han ratificado o se han adherido a la Convención internacional sobre la protección de todos los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, EXIJEN atender la recomendación común del Comité creado por dicha Convención para que formulen las declaraciones establecidas en los artículos 76 y 77 de la misma, mediante las cuales se reconoce la competencia del citado Comité para recibir comunicaciones de los Estados parte de la Convención y de personas particulares.
En el marco de la indignación generada tras la deplorable ejecución masiva de personas indefensas ocurrida recientemente en Tamaulipas, México, se debe impulsar de manera urgente esa acción para aprovechar este mecanismo que el sistema de las Naciones Unidas pone a disposición de las trabajadoras y los trabajadores migratorios, a fin de garantizar mayores niveles de respeto para sus derechos.
Las sociedades que no se inmutan ante el horror fuera de sus fronteras y no actúan para ponerle fin, se arriesgan a sufrir –tarde o temprano– por el terror dentro de las mismas.
San Salvador, El Salvador, 3 de septiembre del 2010.
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
Servicio Jesuita para las Migraciones (SJM)
Doc 2 
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