Este 24 de septiembre, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en la que solicita se condene al gobierno venezolano por la expulsión de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) y subdirector de la misma, respectivamente.
El organismo de derechos humanos pidió a la Comisión de Relaciones Exteriores que promueva esta iniciativa en el pleno legislativo. Los hechos que generaron la solicitud ocurrieron luego de que el pasado jueves 18 de septiembre, los referidos funcionarios presentaran en la ciudad de Caracas, Venezuela, el informe titulado “Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”. El documento analiza el impacto negativo de la administración del presidente Hugo Chávez Frías en la independencia de los tribunales y la libertad para los medios de comunicación, así como en la autonomía sindical y de la sociedad civil.
Horas después de dicha presentación, ambos representantes de HRW fueron incomunicados por orden presidencial, al tiempo que se les negó su derecho a contar con asistencia consular y fueron expulsados del territorio venezolano. Esos hechos constituyen violaciones de sus derechos humanos como defensores de los mismos y como personas, tal como lo establece la Declaración sobre los Derechos de los Defensores de los Derechos Humanos –adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998– y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963.
Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas es “fundamental” el papel que estos realizan en el fortalecimiento de las democracias, al salvaguardar el Estado de Derecho. “Cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes estos trabajan”, indica el informe. Por eso, en comunicado público ante los hechos contra los representantes de HRW, “la CIDH hace un llamado a las autoridades venezolanas a respetar la labor de defensa de las y los defensores de derechos humanos y su libertad de expresión”.
En ese sentido, el IDHUCA se une a organizaciones de derechos humanos latinoamericanas, así como a organismos internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) que han condenado la expulsión de los activistas de derechos humanos. De hecho, en un pronunciamiento público, cincuenta organismos nacionales de derechos humanos en América Latina y cinco regionales e internacionales instan “a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad”.
Asimismo, en la pieza de correspondencia presentada hoy se solicita la aprobación de una resolución de la Asamblea Legislativa a través de la cual se demande al presidente de la República reafirmar públicamente las garantías constitucionales para que las personas y los organismos que promueven los derechos humanos en El Salvador gocen de las condiciones de respeto y libertad necesarios para desarrollar su misión.
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