Seis meses duró Francisco Rovira en la Policía Nacional Civil (PNC). Durante ese tiempo, además de la ilógica promesa de bajar a cuatro el promedio de homicidios diarios, realizó no menos de veinticinco movimientos internos que afectaron varios mandos territoriales y técnicos. Cualquier persona mal pensada pudiera afirmar que esos cambios sirvieron a sus “asesores”, José Pérez Aguillón y José Aquino Oliva, para hacer de las suyas. Ellos no sólo tienen en común su primer nombre y su reciente renuncia como “guías” de Rovira; también trabajaron con él en la cartera de Hacienda en dos direcciones: la de Aduanas y la General de Impuestos Internos, de donde fueron despedidos por “pérdida de confianza”. Pérez Aguillón, además, fue investigado por sus vínculos con Margarita Parada Grimaldi y Reynerio Flores.
Ningún funcionario encargado de garantizar la seguridad de un país pagaría por los consejos de personas con semejante reputación, sobre todo si se plantea metas tan altas como las de Rovira en materia de homicidios. Por eso, el hasta hace poco director de la PNC no debió darse el lujo de contratar a esos “consultores” sin estar claro de su solvencia. En juego no sólo estaba su buen nombre, sino también la integridad institucional y la tranquilidad de la gente. Tampoco debió ubicar en puestos importantes a Mauricio Arriaza Chicas y a César Flores Murillo, uno vinculado con fraudes procesales y el otro con la “Sombra negra”.
Sin embargo, el daño se hizo al reforzar el lado oscuro de la PNC; eso es injusto, pues buena parte de su membresía trata de cumplir su deber. El ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, debe entender que la renuncia de Rovira no es la señal de transparencia que demanda la ciudadanía. ¿Ingenuidad o malicia de su parte? Que la sociedad lo juzgue si no impulsa una investigación seria, responsable y abierta al escrutinio público, que permita sanear de una vez por todas a la institución.
No se puede seguir apostando a las afiliaciones y lealtades partidistas para conducir la PNC. Los políticos que hasta ahora la han manoseado, deben dejar de hacerlo. Rovira se presentó como “buen administrador”, pero sin liderazgo ni conocimiento y experiencia en los ámbitos de la seguridad y los derechos humanos.
Como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PNC ha sido víctima de los desatinos del poder visible y oculto; eso ha trastocado su buena marcha pese a ser, ambas instituciones, las “hijas predilectas” de los acuerdos de paz. Toca a la ciudadanía hacerlas suyas, para evitar que las sigan maltratando más. Si no, de cara a lo que viene en los próximos meses, ¡que Dios nos agarre confesados!
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