jueves, 11 de septiembre de 2008

MIGRACIÓN: LAS DOS CARAS DEL GOBIERNO


Era de esperarse. Se acercan las elecciones y el presidente Antonio Saca ya anunció que solicitará al inquilino de la Casa Blanca otra prórroga al Estado de Protección Temporal –TPS, por sus siglas en inglés– para la población salvadoreña afincada en territorio estadounidense. Así pasó en el 2003 y en el 2006, en víspera de los comicios municipales y legislativos.

 

Es cierto que el TPS le permite a la comunidad salvadoreña trabajar y gozar de mejores condiciones laborales, pero es reprobable que se busque su renovación para conseguir votos y se mire a esas personas como números estadísticos que se invocan cuando se necesita para fines partidistas, pero que resultan incómodas cuando exigen sus derechos. Se habla de ellas con orgullo cuando mandan dinero al país; pero cuando fallecen, desaparecen o reclaman mejor trato en su travesía, ni se mencionan en los discursos oficiales. Es peor cuando regresan deportados; se convierten en villanos. Y todavía más cuando exigen se respete su derecho al sufragio en el exterior; simplemente, les niegan su participación en la vida política nacional. Tampoco tienen la posibilidad de estar representadas en el parlamento, aunque el último censo demuestre que deberían. Las autoridades electorales han adelantado los plazos para evitar, entre otras cosas, que esa aspiración se cristalice. Así funciona la política estatal en este ámbito; con una cuestionable, inaceptable y denunciable doble moral.

 

Esas dos caras también surgen cuando la gente cruza las fronteras patrias. Se pide a las autoridades guatemaltecas, mejicanas y estadounidense que respeten los derechos de la gente salvadoreña. ¡Qué bien! Pero qué mal cuando eso se olvida si son nicaragüenses, hondureños, suramericanos o asiáticos –no maquileros– quienes ingresan al país y vienen con la misma esperanza que cargan las y los compatriotas que agarran camino hacia el norte. Ambas poblaciones dejan su terruño para mejorar la situación de sus familias.

 

Acá, las y los emigrantes realizan labores peligrosas y mal pagadas; caen en manos de proxenetas degenerados o patronos inescrupulosos que les esclavizan pagándoles menos, haciéndoles trabajar más o explotándolas sexualmente. Y si se quejan, los amenazan con llamar a migración. Ante esa realidad, es importante y urgente que las autoridades asuman un rol más activo supervisando que no se violen sus derechos laborales y facilitando la regularización de su estancia. La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, plantea esta obligación a los Estados que la han ratificado. El Salvador es uno de esos. La sociedad también puede aportar viendo en sus rostros sufrientes el mismo de sus parientes y amigos que se han ido, para solidarizarse y denunciar a quienes abusan de esa humilde gente.