IDHUCA Y APES EXIGEN RESPETO A LA LIBRE EXPRESIÓN

"El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.” (Artículo 9, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión)

Siempre que puede, el presidente Antonio Saca se declara defensor de la libertad de expresión y presume de su gobierno como un garante de su respeto. Pero la realidad es otra. Mucha gente es víctima de la inestabilidad laboral; sin embargo, en el caso de las y los periodistas ésta compromete su independencia. Al final del 2007, por ejemplo, un comunicador radiofónico fue despedido sin indemnización. En otro ámbito, está la agresión policial contra Alex Nolasco, del Canal 21, en Cutumay Camones; también la captura y prisión de Haydeé Chicas, encargada de comunicaciones del Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador (CRIPDES). Todas son señales inquietantes que no deben obviarse, en medio de un clima generalizado de violencia que ha alcanzado al gremio como en el caso del asesinato de Salvador Sánchez, corresponsal de Radio Cadena “Mi Gente” y YSUCA, hace cuatro meses.

A esos hechos se agrega otro reciente. Desde inicios de enero, el empresario William Chamagua –propietario de Radio “Cadena Mi Gente”– así como el personal de la emisora han recibido amenazas de muerte a causa de su labor informativa; éstas ya fueron denunciadas al más alto nivel en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento del IDHUCA y la APES. Las autoridades se comprometieron a investigar los hechos a la brevedad posible.

No obstante, a dieciséis años de la firma del Acuerdo de Chapultepec y el inicio de los esfuerzos por democratizar al país, es deplorable que la libre difusión de ideas, pensamientos e información sea empañada por amenazas serias con las que, según parece, se pretende callar voces críticas a la actual gestión gubernamental. Garantizar la vigencia de estos derechos, es una obligación que adquirió el Estado salvadoreño cuando ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos.

Este caso cuestiona el supuesto clima favorable para la inversión extranjera y el sistema de libertades que pregona el presidente Saca. Chamagua –socio mayoritario de Radio Cadena “Mi Gente”– es un emigrante salvadoreño comprometido con el desarrollo del país y la democratización de la palabra. Su situación de riesgo es muestra de lo lejos que se encuentra El Salvador de la tan difundida paz social, así como del irrestricto respeto de los derechos humanos.

En el marco de una campaña preelectoral adelantada, inconstitucional y tensa como la actual, el libre ejercicio periodístico es fundamental para monitorear las acciones de los políticos y dar espacio a la voz ciudadana. Atentar contra los medios de difusión mina la posibilidad de que la población se informe y participe racionalmente, pidiendo cordura a los partidos y escogiendo la mejor opción para ser representados.

Ante estos hechos, el IDHUCA y APES exigen:

- A la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República que se investigue, pronto y de forma eficaz, la denuncia presentada por la víctima para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso

- A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que supervise y acompañe las indagaciones, garantizando el respeto a la vida y a la integridad –tanto física como moral– del propietario y de todo el personal que labora en la estación.

- Al presidente Saca que cumpla su deber de asegurar el libre ejercicio del periodismo sin obstáculos laborales y riesgos personales, realizando todos los esfuerzos necesarios para prevenir que ocurran más hechos intimidatorios o de otro tipo que entorpezcan esa labor.

San Salvador, 21 de enero del 2008.