lunes, 23 de mayo de 2011

A la cabeza de la bestia

El pasado lunes 16 de mayo, el periódico digital "El Faro" publicó un amplio reportaje sobre el llamado "Cartel de Texis". El mismo trata sobre una estructura del crimen organizado bien montada en la zona noroeste del país, que comprende varios municipios de los departamentos de Chalatenango y Santa Ana. La crónica contiene abundante información con nombres y apellidos de los integrantes de una mafia, que incluye funcionarios policiales y judiciales además de "empresarios" –entre comillas– y miembros de maras. De este trabajo periodístico se desprenden elementales interrogantes que, sin duda, no serán respondidas a menos que la sociedad salvadoreña lo exija como es debido.

La primera: ¿Desde cuándo? No desde cuándo se investiga esta red, pues eso aparece en la información de “El Faro”. Mas bien, ¿desde cuándo existen estructuras como la que ahora salta a la luz pública? La respuesta es sencilla: desde que las instituciones estatales fueron convertidas en un aparato organizado criminal para violar derechos humanos. Y desde que ese uso delincuencial de las instituciones fue cubierto por el manto de la impunidad, también institucional, en aras de favorecer grupos privilegiados de poder económico mediante la preservación de una situación social contraria al bien común. ¿Será suficiente, entonces, remontarse hasta 1932?

Con las riendas del país en las manos y en función de una retorcida doctrina de “seguridad nacional”, que planteaba el exterminio de cualquier oposición individual o colectiva, el saqueo de las arcas nacionales era lo lógico. Quien pidiera cuentas corría el riesgo cierto de ser víctima desaparecida o ejecutada; en el “mejor de los casos”, de ser torturada para aparecer luego dando fe pública de la “honradez” del régimen Por violadores de derechos humanos y corruptos, fueron condenados Alberto Fujimori y Augusto Pinochet. El primero está en la cárcel; el segundo murió antes, pero fue enterrado en el basurero de la historia hasta por sus defensores cuando descubrieron que –además de asesino– era un ladrón de altos vuelos. Y para que no digan, también está el dictador rumano Nicolás Ceauşescu; tras un juicio sumarísimo fue fusilado con su esposa, el 25 de diciembre de 1989.

A esos dos rostros del crimen organizado súmenle el del tráfico de drogas, personas, órganos humanos, vehículos, armas, basura y demás. Surge entonces la otra cuestión: ¿adónde están los “capos” salvadoreños? Si no se ha escudriñado en ninguna de las tres facetas de esa alta y muy bien estructurada delincuencia, han permanecido y se encuentran en la más absoluta tranquilidad que les brinda una impunidad bendecida o aceptada por todos los poderes de antes y de ahora, reales y formales. He ahí una de las causas profundas de los males nacionales.

En esto hemos insistido, tanto quien escribe estas líneas como mucha gente con quien ha platicado al respecto, sin que se nos escuche. No creo que andemos tan perdidos si, por citar algo, en Guatemala y México los “zetas” fueron “kaibiles” o pertenecieron a otro tipo de tropas élites gubernamentales e insurgentes. ¿Dónde andarán las tropas especiales y ordinarias de los bandos que se enfrentaron en la reciente guerra salvadoreña, quizás la más “peleada” de todas las ocurridas en lo interno de los países de la región? ¿Estudiando filosofía o dedicadas al cultivo del arte? ¿Meditando sobre los valores de la vida y del “más allá”? ¡Por favor! Si son personas excluidas social y políticamente pero “mano de obra” barata, experta y abundante en materia de violencia, lo lógico es que anden en eso. ¿O no?


¿Y las instituciones del Estado encargadas de investigar y sancionar a quienes siguen nadando en esas aguas?, es otra pregunta. ¿Tienen los recursos, la capacidad, la voluntad y –sobre todo– el valor de hacerlo? En el marco del entramado estatal salvadoreño, todos los caminos conducen a la Fiscalía General de la República para generar más incógnitas. ¿Por qué su titular, Romeo Barahona, no ha instalado aún la infraestructura necesaria para iniciar las escuchas telefónicas? ¿Por qué se opone a la creación de una comisión internacional para combatir la impunidad? ¿Por qué, en lugar de negarse a ello, no propone algo mejor? ¿Por qué no se gana, con un trabajo eficaz, la confianza para que sea él quien dirija dicha entidad?


Sobre el “Cartel de Texis”, un periodista de “El Faro” le comentó que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública –Manuel Melgar– responsabilizó a la Fiscalía de retardar las investigaciones desde el 2000. ¿Por qué le respondió Barahona que sólo puede dar explicaciones desde que asumió el cargo, si durante un largo período –en el cual también se debió indagar sobre esta estructura criminal– él fungió como adjunto de dos titulares en la institución? Por último, ¿por qué eligieron a Barahona para una misión tan vital para salvar al país, como es la de combatir la impunidad con todo? ¿Qué se negoció en Casa Presidencial para nombrarlo?


Hay otras interrogantes que nos preocupan y que más adelante deberán comentarse. ¿Vamos o estamos ya en una nueva guerra, sin que aún no hayamos salido bien de la anterior? En esa línea, ¿se va a continuar apostándole a la Fuerza Armada como la solución? ¿Pretenden seguir pegándole a la bestia del crimen organizado en las patas, sin tocarle la cabeza? Soldados abundan; generales hay pocos. De seguir así, lo único que van a conseguir es que la fiera se tropiece y se levante más encolerizada. Sino, miren lo que está pasando en México.


Sería bueno que quienes conducen el país, respondan con claridad y fundamento antes de que inicie la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Sobre todo, porque El Salvador será su sede y porque su gobierno propuso como tema de la misma “La seguridad ciudadana en las Américas”. No vayan a terminar siendo “candil de la calle y oscuridad de su


Publicado en ContraPunto