En solidaridad con el Hermano Paul Michael John Thomas McAuley
El pasado 22 de abril, en el Golfo de México se inició uno de los mayores desastres ambientales de las últimas décadas. Una plataforma de explotación petrolera se hundió y causó un derrame de crudo que ya afecta a Texas, Luisiana, Florida, Alabama y Misisipi en Estados Unidos de América. Aún no existe suficiente información sobre las consecuencias para la vida marítima ni para la humanidad, pero está clara la gravedad de la situación que se produce en el marco de la ya crítica condición ambiental del planeta.
En ese marco, el trabajo por la defensa de los ecosistemas es fundamental y son indispensables las personas que lo realizan. Hoy más que antes, urge protegernos de los más voraces intereses comerciales que –sin importarles las consecuencias de sus acciones– perforan pozos petroleros, extraen metales, talan árboles y vierten sus desechos en los ríos que abastecen de agua a las comunidades más pobres, en los bosques que limpian el aire y la tierra que brinda los alimentos que el ser humano consume.
Por todo ello, el IDHUCA se solidariza con el Hermano Paul Michael John Thomas McAuley –presidente de la Red Ambiental Loretana de Perú– y condena la cancelación de su residencia ordenada por el Ministerio del Interior del país andino, el cual lo acusa de intervenir en política interna por su lucha contra la explotación petrolera y minera en la zona del Amazonas. El artículo primero de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce el derecho de toda persona a “promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Precisamente, eso hace el Hermano Paul.
La Amazonía peruana es de trascendental importancia para el mundo y constituye una de las principales regiones naturales de conservación. Cualquier daño que se provoque en la misma, tendrá tanto o más impacto que el derrame petrolero en el Golfo de México. Además, ahí habitan tribus indígenas que detentan el derecho a conservar sus recursos y costumbres; asimismo, deben ser protegidas por su condición humana y la riqueza cultural que aportan.
En solidaridad con la víctima, el IDHUCA demanda al Ministro del Interior del Perú –Octavio Salazar– que reconsidere la expulsión y que su gobierno no sólo permita la labor del Hermano Paul sino que también la apoye. También exhorta a las personas que promueven y defienden los derechos humanos en el mundo, a unirse en la defensa del religioso y de todas las personas comprometidas con esta causa en el mundo que sufren persecución política, a las que se restringe su libertad o que son torturadas, desaparecidas o ejecutadas en cualquier lugar de la Tierra.
El Salvador, San Salvador, 8 de julio del 2010.
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