SOBRE EL CASO JESUITAS
En menos de tres días, nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambiaron criterio. El pasado martes 18 de mayo ese tribunal aprobó por unanimidad solicitarle a España la extradición de Joaquín Alviz, quien sobornó a Carlos Perla y Mario Orellana para ganar unas jugosas licitaciones en ANDA. Sin decir “agua va”, esos nueve le negaron al juez de la Audiencia Nacional –Eloy Velasco– copia certificada de los expedientes de la masacre en la UCA y la posibilidad de entrevistar a los acusados como responsables materiales e intelectuales de la misma.
La argumentación de estos juristas varió rápido. Tras solicitar la entrega de Alviz para procesarlo y sancionarlo acá, renegaron de la universalidad de la justicia sosteniendo que al aceptar la petición del juez Velasco se violaba la “soberanía” nacional. Si eso fuera cierto, entonces el Estado salvadoreño no debería haber firmado ningún convenio de extradición, tratado de comercio preferencial, pacto o declaración que suponga alguna responsabilidad internacional; tampoco debería continuar promoviendo la integración centroamericana. Porque en todo eso, se cede parte de la soberanía nacional.
Pero esta no fue la única excusa. También alegaron prescripción e invocaron la amnistía; dijeron que la masacre ocurrió a consecuencia de la guerra y que enviar esa información afectaría los intereses nacionales. ¿No saben que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, según el derecho consuetudinario de los derechos humanos? Y la amnistía ya fue declarada inaplicable para amparar a los presuntos autores intelectuales de los hechos. ¿Tampoco están enterados?
Además, el primer artículo de la Constitución salvadoreña reconoce que el Estado se ha organizado para impartir justicia, que es uno de sus fines esenciales. Por todo ello, su negativa carece de sustento. ¿Qué pretenden? Tan complicado les está siendo fundamentar su argucia, que el magistrado Néstor Castaneda anunció que un equipo técnico “revisará el orden de los argumentos”. Semejante absurdo y la forma en que se defienden sus responsables, ratifica la necesidad de derogar la amnistía para que no siga siendo la “excusa” preferida para mantener la impunidad.
De nada sirven los esfuerzos estatales tendientes a incursionar en el mercado internacional, si no se fortalece el sistema de justicia. Defender la impunidad no contribuye a que el país sea reconocido como democrático y pueda insertarse en un mundo globalizado; tampoco ayuda a superar la inseguridad y la violencia cotidianas. Por ello, la Corte Suprema debe ponerse a la altura. Ya no están jugando en el “potrero” donde “resolvían” los conflictos sin respetar las “reglas del juego”. Caigan en la cuenta que ahora las víctimas de sus arbitrariedades, la tienen compitiendo en la “liga de campeones”. Y eso es serio. Acuérdense del “tiro por la culata”.
Enlace relacionado: Corte niega a España enviar datos sobre el caso jesuitas
En menos de tres días, nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambiaron criterio. El pasado martes 18 de mayo ese tribunal aprobó por unanimidad solicitarle a España la extradición de Joaquín Alviz, quien sobornó a Carlos Perla y Mario Orellana para ganar unas jugosas licitaciones en ANDA. Sin decir “agua va”, esos nueve le negaron al juez de la Audiencia Nacional –Eloy Velasco– copia certificada de los expedientes de la masacre en la UCA y la posibilidad de entrevistar a los acusados como responsables materiales e intelectuales de la misma.
La argumentación de estos juristas varió rápido. Tras solicitar la entrega de Alviz para procesarlo y sancionarlo acá, renegaron de la universalidad de la justicia sosteniendo que al aceptar la petición del juez Velasco se violaba la “soberanía” nacional. Si eso fuera cierto, entonces el Estado salvadoreño no debería haber firmado ningún convenio de extradición, tratado de comercio preferencial, pacto o declaración que suponga alguna responsabilidad internacional; tampoco debería continuar promoviendo la integración centroamericana. Porque en todo eso, se cede parte de la soberanía nacional.
Pero esta no fue la única excusa. También alegaron prescripción e invocaron la amnistía; dijeron que la masacre ocurrió a consecuencia de la guerra y que enviar esa información afectaría los intereses nacionales. ¿No saben que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, según el derecho consuetudinario de los derechos humanos? Y la amnistía ya fue declarada inaplicable para amparar a los presuntos autores intelectuales de los hechos. ¿Tampoco están enterados?
Además, el primer artículo de la Constitución salvadoreña reconoce que el Estado se ha organizado para impartir justicia, que es uno de sus fines esenciales. Por todo ello, su negativa carece de sustento. ¿Qué pretenden? Tan complicado les está siendo fundamentar su argucia, que el magistrado Néstor Castaneda anunció que un equipo técnico “revisará el orden de los argumentos”. Semejante absurdo y la forma en que se defienden sus responsables, ratifica la necesidad de derogar la amnistía para que no siga siendo la “excusa” preferida para mantener la impunidad.
De nada sirven los esfuerzos estatales tendientes a incursionar en el mercado internacional, si no se fortalece el sistema de justicia. Defender la impunidad no contribuye a que el país sea reconocido como democrático y pueda insertarse en un mundo globalizado; tampoco ayuda a superar la inseguridad y la violencia cotidianas. Por ello, la Corte Suprema debe ponerse a la altura. Ya no están jugando en el “potrero” donde “resolvían” los conflictos sin respetar las “reglas del juego”. Caigan en la cuenta que ahora las víctimas de sus arbitrariedades, la tienen compitiendo en la “liga de campeones”. Y eso es serio. Acuérdense del “tiro por la culata”.
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1 comentario:
Ahora, me pregunto, y entre esos 9 magistrados, ¿no se cuenta al Lic. Sidney Blanco, catedrático en Materia Penal durante mi paso por la UCA?..., ¿o no?. Digo, él debe de tener su opinión al respecto, ¿no creen?...
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