lunes, 11 de mayo de 2009

Idhuca presenta amparo contra magistrados de Corte





Este día, el IDHUCA presentó demanda de Amparo contra José Néstor Mauricio Castaneda Soto, Julio Enrique Acosta Baires y Mauricio Alfredo Clará, todos magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por haber resuelto “que la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de realizar la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período comprendido entre el uno de julio del año dos mil nueve y el treinta de junio del año dos mil dieciocho, tomando como base la lista de candidatos conformada y que le fue remitida por el Consejo Nacional de la Judicatura; lo anterior mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas para la adopción de tal medida”.

Además, se solicita que esta demanda sea conocida por los magistrados suplentes, con base a las disposiciones aplicables del Derecho común y según el artículo 1154 del Código Procedimientos Civiles. el cual establece que las “recusaciones a los funcionarios judiciales pueden hacerse con expresión de causa o sin ella, de palabra o por escrito”.

La demanda es en contra de la adopción de la medida cautelar de suspender el acto reclamado, decretada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ala detener la elección de sus futuros miembros, en la resolución pronunciada a las ocho horas con cuarenta minutos del 5 de mayo del 2009, punto resolutivo número dos, del proceso de Amparo 128-2009.

Los derechos que el IDHUCA considera violados son los siguientes:

1. Derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 1 de la Constitución.
2. Derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos, contemplado en el artículo 2 de la Constitución.

Desde el IDHUCA se continuarán analizando e impulsando propuestas para que la sociedad salvadoreña condene y rechace a los responsables de estos atropellos a las instituciones, que al igual que con la falta de nombramiento del Fiscal General de la República, atentan contra la investigación criminal y la impartición de justicia. En el presente caso deben señalarse al Consejo Nacional de la Legislatura, los magistrados de la Sala de lo Constitucional –con la excepción de la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés– y las legislaturas que eligieron a estos funcionarios y funcionarias.

San Salvador, lunes 11 de mayo del 2009.


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