EL TIRO POR LA CULATA

SOBRE EL CASO JESUITAS

En menos de tres días, nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambiaron criterio. El pasado martes 18 de mayo ese tribunal aprobó por unanimidad solicitarle a España la extradición de Joaquín Alviz, quien sobornó a Carlos Perla y Mario Orellana para ganar unas jugosas licitaciones en ANDA. Sin decir “agua va”, esos nueve le negaron al juez de la Audiencia Nacional –Eloy Velasco– copia certificada de los expedientes de la masacre en la UCA y la posibilidad de entrevistar a los acusados como responsables materiales e intelectuales de la misma.

La argumentación de estos juristas varió rápido. Tras solicitar la entrega de Alviz para procesarlo y sancionarlo acá, renegaron de la universalidad de la justicia sosteniendo que al aceptar la petición del juez Velasco se violaba la “soberanía” nacional. Si eso fuera cierto, entonces el Estado salvadoreño no debería haber firmado ningún convenio de extradición, tratado de comercio preferencial, pacto o declaración que suponga alguna responsabilidad internacional; tampoco debería continuar promoviendo la integración centroamericana. Porque en todo eso, se cede parte de la soberanía nacional.

Pero esta no fue la única excusa. También alegaron prescripción e invocaron la amnistía; dijeron que la masacre ocurrió a consecuencia de la guerra y que enviar esa información afectaría los intereses nacionales. ¿No saben que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, según el derecho consuetudinario de los derechos humanos? Y la amnistía ya fue declarada inaplicable para amparar a los presuntos autores intelectuales de los hechos. ¿Tampoco están enterados?

Además, el primer artículo de la Constitución salvadoreña reconoce que el Estado se ha organizado para impartir justicia, que es uno de sus fines esenciales. Por todo ello, su negativa carece de sustento. ¿Qué pretenden? Tan complicado les está siendo fundamentar su argucia, que el magistrado Néstor Castaneda anunció que un equipo técnico “revisará el orden de los argumentos”. Semejante absurdo y la forma en que se defienden sus responsables, ratifica la necesidad de derogar la amnistía para que no siga siendo la “excusa” preferida para mantener la impunidad.

De nada sirven los esfuerzos estatales tendientes a incursionar en el mercado internacional, si no se fortalece el sistema de justicia. Defender la impunidad no contribuye a que el país sea reconocido como democrático y pueda insertarse en un mundo globalizado; tampoco ayuda a superar la inseguridad y la violencia cotidianas. Por ello, la Corte Suprema debe ponerse a la altura. Ya no están jugando en el “potrero” donde “resolvían” los conflictos sin respetar las “reglas del juego”. Caigan en la cuenta que ahora las víctimas de sus arbitrariedades, la tienen compitiendo en la “liga de campeones”. Y eso es serio. Acuérdense del “tiro por la culata”.

Enlace relacionado: Corte niega a España enviar datos sobre el caso jesuitas

FISCAL RECHAZA PARTICIPACIÓN DEL IDHUCA COMO OBSERVADORES DE LAS ELECCIONES PARA EL CNJ

EI IDHUCA solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) autorización para participar como observadores en las elecciones del representante del Ministerio Público –propietario y suplente– en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a realizarse el viernes 21 de mayo. Con la petición, se envió el listado de personas a ser acreditadas para tal fin.

Un día antes del evento, el secretario general de la institución se comunicó telefónicamente con el encargado de organizar la participación del IDHUCA en esa importante actividad, para notificar que la misma no había sido autorizada. El funcionario argumentó que el Fiscal General convocó a dicha elección "sólo por transparencia", pero que no era su obligación hacerlo; además, sostuvo que el mismo tiene la potestad de aceptar o rechazar los resultados. Por esas razones, consideró que no necesita ser observada. A solicitud expresa, el secretario general de la FGR se negó a transmitir por escrito tal decisión.

Según el artículo 13 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, se debe escoger un consejal propietario y uno suplente para que representa a todo el Ministerio Público –FGR, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos– en el CNJ, en Asamblea General convocada por los titulares de estas instituciones; el voto es secreto, directo e igualitario y por esa vía se eligen las dos ternas a entregar en la Asamblea Legislativa para la selección definitiva.

La iniciativa del DHUCA responde al interés legítimo por garantizar la transparencia en estos procesos tan decisivos para la transformación de una sociedad como la nuestra, postrada por la violencia y la impunidad. Quienes integren el CNJ y las otras instituciones parte del sistema de justicia salvadoreño, deben ser personas incuestionables tanto en lo concerniente a su calidad moral y profesional como en lo que toca al proceso de su selección.

IDHUCA CLAUSURA CURSO SOBRE EXTORSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Rocío Fuentes

17/05/2010

Nota elaborada y publicada por:

Oficina de comunicaciones UCA

Disponible en: http://www.uca.edu.sv/noticias/

Del 26 de abril al 7 de mayo, agentes de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil asistieron a la Universidad para participar en el Curso en Investigación de Extorsiones y Derechos Humanos, organizado por la PNC, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). La clausura de la capacitación tuvo lugar la tarde del viernes 7 de mayo en la Sala “Elba y Celina” del ICAS.

En el acto de cierre, Ricardo Antonio Rugalo, inspector de la División Antiextorsiones de la Policía, explicó que los participantes del curso fueron en su mayoría agentes de los Equipos Locales Antiextorsiones (ELA) que tienen poca experiencia de campo. Por ello, “el curso les sirve a los muchachos para solventar sus inquietudes y conocer de manera más completa cómo es el tratamiento de la información que se maneja, ya sea con la víctima o con el criminal”.

Por su parte, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, afirmó que el curso se enmarca en los esfuerzos de fomentar la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones desde la academia. “La UCA está dispuesta a apoyar a las organizaciones que merecen ser apoyadas. ¿Cómo logramos ese apoyo? Desde la mano dura y desde la mano amiga”, razonó. Y es que, según Cuéllar, la mano dura consiste en denunciar cuando se cometen errores o atropellos a los derechos humanos; y la mano amiga se refiere a la ayuda y respaldo que se brinda a las instancias gubernamentales.

En ese sentido, la capacitación se realizó con la idea de contribuir al desarrollo de las habilidades y destrezas de los ELA. Para ello, cada una de las instituciones organizadoras aportó sus fortalezas. “Este curso se dividió en tres grandes áreas: la primera tuvo que ver con el marco jurídico-legal; luego, se desarrolló todo el sistema de operación en una investigación y los procedimientos de un agente en la captura de un extorsionista; por último, se tomaron en cuenta los derechos humanos en el manejo de la información y las víctimas”, resumió Juan Luis Botello, educador del Instituto.

Durante los diez días de trabajo del curso, se impartieron ponencias, se realizaron simulacros de negociación, ejercicios de camuflaje y exposiciones, así como análisis de delitos. Al final de la capacitación, los agentes formularon una propuesta para llevar a cabo una negociación. De acuerdo a uno de los investigadores participantes, este esfuerzo se realizó con la idea de que la Fiscalía y la Policía retomen algunos elementos para aplicarlos en las investigaciones de campo y, así, contribuir a la estandarización de los procedimientos entre los Equipos Locales Antiextorsiones, que están ubicados en los principales municipios del país.

Botello considera que la relación entre las tres instituciones organizadoras ha sido constante desde hace algunos años. De hecho, en julio próximo iniciará un diplomado en investigación criminal dirigido a fiscales, policías y a personal de Medicina Legal y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

ROQUE: VERDAD Y JUSTICIA

Descargar el audio de la conferencia en:

http://www.esnips.com/doc/f89afa9e-2684-4d84-98b0-2f74887bb704/Roque-Dalton

Este viernes 14 de mayo, Roque Dalton cumple setenta y cinco años de vida porque sigue presente en sus hijos sobrevivientes –Jorge y Juan José– quienes denunciarán en la Fiscalía General de la República (FGR) a Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez por el asesinato de su padre. Esa lucha, digna de respeto y admiración, le recuerda al país la deuda estatal con todas las víctimas.

El 10 de mayo de 1975, el poeta fue asesinado junto a Armando Arteaga –conocido como “Pancho”– por decisión del Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) integrado por los tres acusados y Vladimir Rogel, Alberto Sandoval y otros ya fallecidos. Tanto Villalobos como Meléndez reconocen que el laureado escritor enfrentó un “proceso político” que derivó en su ejecución, asumida por ese mando político y militar como una decisión “colegiada”. Desde entonces, la familia de la víctima ha exigido ubicar el cadáver de Dalton y el de “Pancho”, sin que a la fecha ninguno de sus victimarios haya revelado esa información. En lugar de eso, sus versiones han cambiado a lo largo de los años.

Estos hechos ocurridos antes de la guerra en El Salvador, son considerados delitos contra la humanidad en el marco de su evolución conceptual desde los tribunales de Nuremberg hasta el Estatuto de Roma; por tanto, no prescriben ni pueden ser amnistiados. Lo son porque ofenden a toda la humanidad, en la medida que fueron realizados como parte de una práctica sistemática por razones políticas en contra de una disidencia intolerada y eliminada por la fuerza. Y en el caso particular de Roque Dalton, lo es por la trascendencia universal de quien se ha erigido como el máximo creador literario salvadoreño.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Por eso, una vez más, las víctimas acuden a la FGR –entrada al sistema nacional de justicia– para que funcione. Para que investigue y establezca la verdad; para que inicie en serio la batalla estratégica contra la impunidad. La familia Dalton ofrece algunos elementos que pueden ayudar a la institución en lo relativo a la determinación de las responsabilidades: audios de las declaraciones de algunos de los presuntos autores materiales e intelectuales, así como varias publicaciones en periódicos de circulación nacional donde admiten su culpa. La FGR tiene hoy otra oportunidad para reivindicarse y demostrar que es capaz de combatir con éxito la criminalidad, no importa quienes sean sus autores.

San Salvador, viernes 14 de mayo del 2010.

HASTA QUE HAYA JUSTICIA, NO PRONUNCIES MI NOMBRE

A Roque Dalton lo asesinaron el 10 de mayo de 1975; la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) así lo determinó. Participaron en esa decisión Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Edgar Alejandro Rivas Mira, Vladimir Rogel, Alberto Sandoval y Mateo (seudónimo); de esos, aún viven los tres primeros. Meléndez era conocido en la época como “Jonás”; hoy lo es como director de Protección Civil del gobierno del “cambio”. Por eso, en la víspera del trigésimo quinto aniversario de tan despreciable hecho, los hijos del creador nacional literario más reconocido –Jorge y Juan José Dalton– le solicitaron al presidente de la República, Mauricio Funes, no pronunciar su nombre ni publicar su obra mientras mantenga a Meléndez en su gabinete; comunicaron, también, que no asistirán a ningún homenaje oficial en su memoria.

Tienen razón. Es incoherente y hasta insultante que uno de esos criminales sea parte del equipo que pretende “conmemorar” a Roque. No obstante, parece que la congruencia y el respeto a la dignidad humana son palabras bonitas pero no hechos concretos; son valores enunciados pero no reivindicados por esta administración. Funes no sólo se negó a considerar la petición de los hijos del poeta; además pretende ignorarlos como víctimas argumentando que Roque ya no les pertenece. Funes decretó que “ya no es de los hijos ni de su viuda, Roque Dalton es del pueblo salvadoreño” y “la esencia de nuestra expresión cultural”.

No tiene ninguna razón cuando se lo secuestra a la familia, pero sí cuando dice que es patrimonio del pueblo. Lo segundo vuelve más grave e ignominiosa la presencia de Meléndez en el gobierno. No sólo ofende a los hijos y a la viuda, sino a toda la sociedad salvadoreña. Esto equivaldría a nombrar a miembros de la “tandona” o de los “escuadrones de la muerte”.

¿Qué méritos sostienen a Jorge Meléndez, el comandante “Jonás”, en Protección Civil? Según el mandatario su “papel destacado en la pasada tormenta”, el huracán “Ida”. ¿Destacado? ¿Acaso no murieron ciento veinticuatro personas y otras sesenta desaparecieron por una alerta tardía? ¿No sumaron, por ello, casi doscientos cuarenta millones de dólares las pérdidas materiales? ¿Es esa la “meritocracia” que prometió?

Los dignos hijos del poeta y de nuestro PATRIMONIO NACIONAL –con mayúsculas populares y no con minúsculas oficiales– exigen además conocer dónde está el cuerpo de su padre. También le pertenece al pueblo salvadoreño; no a ningún gobierno. Los respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre monseñor Romero –guía espiritual de ese pueblo– cuando sentenció: “El derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general”. A eso también se niega jefe de Estado, cuando los organismos internacionales o las víctimas se lo demandan.

El auténtico homenaje que Funes debe a la memoria de Roque, a sus familiares legítimamente dolientes y al pueblo, es ser consecuente. Mientras uno de sus asesinos sea parte de su gobierno y en tanto no promueva el conocimiento pleno de la verdad sin pretextos, mejor que se abstenga de seguir pidiendo perdones vacíos y organizando actos formales.

Por lo anterior, el IDHUCA hace un llamado a la sociedad solidaria con esta causa para que le exija a Mauricio Funes que durante su administración no se pronuncie el nombre de Roque mientras no haya justicia para las víctimas; también para que se le demande honrar al pueblo depositario de su legado. Además, invita a la misa que se celebrará el próximo lunes 10 de mayo en la capilla Jesucristo Liberador de la UCA a las cuatro de la tarde.para recordar con su familia –ese día– el aniversario de su vil asesinato y denunciarlo con su presencia.

San Salvador, 6 de mayo del 2010.

AMPARO CONTRA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESCUCHAR AUDIO: http://www.esnips.com/doc/7165ed55-7e23-408e-93b4-bebebe250f65/grabac000

Hoy se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona. Diego Escobar, quien hasta diciembre de este año se desempeñó como director de la División de los Intereses de la Sociedad, zona San Salvador, de la Fiscalía General de la República (FGR), demandó a Barahona por haber violado su derecho de petición y respuesta, de audiencia y a la estabilidad laboral.

Escobar fue uno de los aspirantes a la titularidad de la FGR y, además de su cargo, fue elegido por la Asamblea General de la institución durante tres ocasiones consecutivas como miembro del Consejo Fiscal. Lo acompañaban en este organismo –que decide si separan o no a funcionarios y funcionarias de esta entidad– el Fiscal General, su adjunto, el auditor fiscal, el secretario general y dos representantes de la citada Asamblea.

El 30 de noviembre del año pasado, el auditor solicitó la remoción de varios fiscales auxiliares, pero no logró los votos necesarios para que todos fueran despedidos. Escobar fue uno de los que se opuso a la remoción de un jefe fiscal, porque consideró que no había justificación para separarlo.

En enero de este año, el demandante fue trasladado como asesor de la unidad de asuntos legales internacionales de la institución. Al moverlo se le ofreció mantener su plaza nominal y funcional, además de asegurarle que seguiría percibiendo el mismo salario. Pero no fue así; al contrario, lo convocaron a otra reunión para informarle que reducirían el casi 30% de sus ingresos mensuales. Al no aceptar estas condiciones, dejaron de pagarle; no obstante, la FGR siguió abonando sus cuotas de compromisos personales y financieros.

El artículo 46 de Ley Orgánica de esta entidad establece la carrera fiscal a fin de dotar de estabilidad laboral al personal, apoyar su desarrollo profesional y promover su desempeño eficaz. Escobar inició hace quince años como fiscal auxiliar en Sensuntepeque y participó en los equipos de trabajo que lograron la condena por corrupción de Carlos Perla y Raúl García Prieto, así como la desarticulación de varias “clicas” y bandas de crimen organizado.

Al obrar de esta forma, el Fiscal General no sólo está privando al país de un profesional que ha consolidado sus conocimientos y adquirido experiencia en la lucha contra la criminalidad, cualidades esenciales para ello en el marco actual del país, también está cometiendo delitos como actos arbitrarios y apropiación o retención indebida.

Por eso, el IDHUCA y el IEJES respaldan a Diego Escobar quien ha solicitado a la Corte que reestablezca sus derechos, suspenda las arbitrariedades cometidas, le cancelen sus salarios adeudados y lo indemnicen por los daños causados, reconociendo que la carrera fiscal está por encima de cualquier contrato que pretenda menoscabar sus derechos.

San Salvador, 27 de abril de 2010.

IDHUCA PRESENTA AMPARO

ESCUCHAR AUDIO EN: http://www.esnips.com/doc/0e215246-44e6-44a6-ae10-445b906fefed/Conf2742010

IDHUCA PRESENTA AMPARO EN EL CASO DEL CORONEL MELÉNDEZ QUIJANO

El 26 de abril, el IDHUCA presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo por la violación del derecho al debido proceso y al principio de legalidad del coronel Adrián Meléndez Quijano. Los procesos militares en su contra han estado plagados de irregularidades. Siendo mayor, el 19 de abril de 2006 lo condenaron a un año y tres meses de prisión por el delito de insubordinación; la pena fue cambiada por sesenta jornadas de trabajo de utilidad pública. A eso llegaron, luego de negarle las pruebas de descargo y la posibilidad de declarar. Además, el juez de primera instancia militar –José Eduardo Marroquín Ponce– debería haberse declarado inhabilitado para conocer el caso por aceptar dádivas de la otra parte interesada.

El entonces Ministro de la Defensa Nacional, general Otto Romero, fue quien ordenó arrestos y suspensiones de salario; también instruyó procesos e informativos militares; asimismo, seleccionó al citado juez para que realizara un viaje a Washington, D.C. Eso, según el artículo 73 del Código Procesal Penal, lo obligaba a excusarse de conocer el caso y llamar a su suplente. La idea de esta disposición es garantizar que al dictaminar una sentencia, el juzgador goce de independencia. La Ley de la Carrera Judicial considera una infracción muy grave “solicitar o recibir dadivas, promesas o favores de los interesados en los procesos, ya sea en forma directa o por interpósita persona”

Nadie debe estar encima de la Ley. Convencidos de eso, se ha presentado este recurso para evitar que al coronel Meléndez se le aplique una pena que no merece. Los hostigamientos y amenazas que ha recibido este militar han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual le ha ordenado al Estado salvadoreño que otorgue medidas provisionales al Coronel, sus familiares y sus representantes. Por eso, deben darse muestras reales de un firme propósito de enmendar los errores cometidos de parte de las autoridades judiciales, ejecutivas y militares.

San Salvador, martes 27 de abril del 2010.