Concierto Festival Verdad 2011, les esperamos!

Invitación

les invitamos a la inauguración de la Segunda Reunión Regional para la Reconceptualización de la Democracia dentro del Marco de los Derechos Humanos, con Enfoque en la Pobreza, el cual se llevará a cabo el 21 de febrero del 2011 en el Auditorio "Segundo Montes, S.J. (edificio ICAS) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, desde las 9:00am a las 12 pm.

Como ponentes en esta inauguración participarán el Sr. Pedro Nikken - Consejero Permanente del IIDH y ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -, el Sr. Roberto Cuéllar, Director Ejecutivo del IIDH; Edgar José Chamorro Marín, Director Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana; Florentín Meléndez Padilla, Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Franzi Hato Hasbún, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República de El Salvador y el Profesor Gerardo Caetano.

Se anexa invitación con detalles del evento.

Su presencia serà fundamental para el èxito de este evento.

Cordialmente,

IDHUCA

Golpe a Golpe

En la columna anterior intenté ofrecer una reflexión sobre lo que tiene en vilo a las mayorías populares de El Salvador: los siempre numerosos homicidios que, sobre todo, se realizan mediante el uso de armas de fuego. Y quisiera tratar otros asuntos menos complicados y más satisfactorios, pero no. Habrá que seguir martillando sobre este asunto porque, pese a las declaraciones oficiales que anuncian una mejoría en materia de seguridad, las angustias de esa considerable parte de nuestra población no cesan.

Es preciso recalcar que el flagelo lo resienten más, los sectores que tienen menos. También es válido apuntar que entre los que tienen más hay quienes se favorecen con la violencia, no sólo en lo económico sino también en lo político; porque además de la venta de armas y de seguridad privada, pueden manipular tal estado de ánimo casi generalizado hasta convertirlo en una apuesta por el retorno al autoritarismo como la “fórmula mágica” para superar ese y otros males, entre los cuales destacan la desigualdad económica y social.

Una encuesta reciente patrocinada por periódico digital “El Faro” y otras entidades ha generado comentarios en diversos tonos, descalificando o aplaudiendo sus resultados que −en síntesis− plantean cierta tendencia nada despreciable de la gente que apunta hasta la posible firma de un “pacto con el diablo” para que las cosas cambien.

Entre las reacciones en contra están las que sostienen que esa consulta de opinión está sesgada, que responde a intereses ocultos o abiertos para desprestigiar al actual gobierno, que durante los anteriores nadie preguntó sobre la aceptación o no de un golpe militar como “remedio”… Pero no. Hace poco se presentó en el país el documento denominado “Cultura política de la democracia en El Salvador, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles”. Sus autores, los salvadoreños Ricardo Córdova Macías y José Miguel Cruz.

En el estudio, que compara el 2008 con el año mencionado, se afirma que el 40.9 por ciento de la población salvadoreña se inclina hacia esa “salida” en el 2010. Y en el 2008, los tres órganos de gobierno estaban en manos del partido ARENA y sus “compañeros de viaje”. Por encima de la opinión de nuestra gente aparecen hoy las de la población beliceña, mexicana, guatemalteca y peruana, en ese orden.

En la encuesta del periódico digital “El Faro” y sus asociados, el dato es de un 45 por ciento en pos de un régimen militar. Preocupantes ambos resultados como para hacerlos de lado así, sin más, alegando “conspiraciones” partidistas o de cualquier otro origen. Que pueda haberlas, es probable; es más, estoy seguro que existen alentadas por el mal ejemplo hondureño. Pero no es cerrando los ojos o volteando la mirada, que desaparecerá ese riesgo cierto; tampoco publicitando logros incipientes que aún no se han consolidado en lo relativo al derecho humano de la seguridad personal, sin tener una política estatal clara y coordinada para enfrentar la criminalidad sin distingo alguno. Léase, no sólo “peces chicos” sino también “grandes”.

Eso es lo que ha ocurrido con el Distrito Italia, una colonia ubicada en el municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, donde hace unos días fueron asesinados a balazos tres vendedores de agua envasada y dos más resultaron heridos en el atentado. Eso no debería llamar la atención, pues es la “anormal normalidad” de la tan prolongada posguerra salvadoreña.

Pero hay dos factores que le imprimieron mayor impacto a la noticia. El primero: la ejecución colectiva ocurrió a pocos metros del local donde se ubica, desde hace meses, la sede de la tropa destacada en esa concentración popular de viviendas. Segundo: que el Distrito Italia era el estandarte del “éxito” gubernamental en materia de seguridad. Al menos, de eso presumió Manuel Melgar −ministro de Justicia, Seguridad Pública y demás− a principios del 2010 sosteniendo lo siguiente: “A noventa días de intervención en el Distrito Italia, podemos asegurar que hay cero homicidios. Ese es el modelo que queremos llevar a todo el territorio nacional”. .

Hablando de encuestas, la del Instituto de Opinión Pública de la UCA −el IUDOP− que evaluó la situación del país durante el mismo 2010 colocó a la Fuerza Armada de El Salvador, de nuevo, como la institución que le genera más confianza a la población. El 43.5 por ciento de la gente piensa y siente así. Al gobierno central le da un 26.8 de porcentaje favorable en este ámbito. ¡Casi exactamente la mitad entre ambas entidades!

¿Y si la gente empieza a creer que el problema no son los militares sino la conducción de su comandante general, que es el presidente de la República, y andan por ahí mentes calenturientas que no le perdonan a Mauricio Funes ni siquiera los tímidos asomos de cambio aunque sea en las formas? ¿Será probable entonces que se incrementen las personas dispuestas a escuchar los cantos de sirena golpistas?

Hay gente que añora esa “fórmula” por referencias, pues nunca vivió en esas condiciones. Y eso es peligrosísimo. Quienes sí lo vivieron, saben que la “paz” de entonces era la de los cementerios que se llenaban de cadáveres por causas sociales como ahora, pero sobre todo por razones políticas. No se vale decir que hoy mueren más que en la guerra; tampoco que el “saldo rojo” actual, es el mayor de la posguerra. Eso sí es un manejo sesgado de la realidad o, en el mejor de los casos, manoseado de la misma con fines deliberadamente interesados.

Frente a tal escenario, no sólo porque es su deber sino también hasta por meter las manos en “defensa propia”, el actual gobierno debería encarar de forma valiente y decidida las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que −al igual que sus antecesores− hasta ahora ha preferido mantener en la impunidad. Y debería, además, rescatar la memoria del dolor y la muerte de este pueblo sin dejar de mostrar la evidencia de todas sus responsabilidades. Porque, como dice Gloria Giralt de García Prieto, el que mata y queda impune vuelve a matar. También el que da golpes de Estado…

(*) Publicado en ContraPunto (hacer click)

CONMEMORARÁN 30 AÑOS DEL ASESINATO DE LÍDERES DEL FDR

A treinta años del asesinato de los líderes y fundadores del Frente Democrático Revolucionario (FDR), sus familiares honrarán su memoria este 27 de noviembre en el cementerio de “Los Ilustres” de San Salvador, desde las dos de la tarde.

Habrá una misa y ponencias de Dagoberto Gutiérrez, Benjamín Cuéllar, un representante de los lisiados de guerra y otro del movimiento estudiantil de la Universidad de El Salvador. Asimismo, se recogerán firmas para solicitarle a la Asamblea Legislativa derogar la Ley de amnistía y aprobar otra normativa de dignificación y reparación integral a las víctimas.

Hace tres décadas, Manuel Franco, Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Humberto Mendoza, Enrique Escobar Barrera y Doroteo Hernández fueron sacados por la fuerza del Colegio Externado San José, donde estaban reunidos, y luego fueron ejecutados. Sus cuerpos, con evidentes signos de tortura, aparecieron en varios puntos de la capital.

Trece años después, el Informe de la Comisión de la Verdad concluyó: “que fue una acción llevada a cabo por uno o varios cuerpos de seguridad pública y que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y cubrió a los autores”.

También sentenció que hubo un evidente desinterés para investigar los hechos, deducir responsabilidades y llevar a la justicia a los criminales. Eso mismo ha ocurrido después de firmados los acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento armado, en este y otros casos que han sido presentados a los tribunales y las víctimas han debido acudir a tribunales internacionales en búsqueda de justicia.

Eso es lo que motiva la presentación de la pieza de correspondencia para derogar la amnistía y establecer otra legislación que reconozca el derecho a la verdad, la reparación y la dignificación de las víctimas.

A Yolanda y sus hijos

El 14 de noviembre de 2000, Guillermo Rodríguez Carías, de 29 años, y Federico Calderón Carías, de 12, fueron asesinados en una pupusería de la colonia La Cima. Tres sujetos les dispararon a quemarropa. Guillermo murió en la acera y Federico alcanzó a refugiarse en el negocio, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Desde entonces, la Fiscalía General de la República ha tenido diez años para encontrar a quienes ejecutaron a los hermanos Carías, pero especialmente para dar con quien ordenó el crimen. Han pasado tres fiscales generales por la institución que tiene el monopolio de la acción penal y ni uno solo se tomó en serio su deber de hacer justicia.

Ni Belisario Amadeo Artiga Artiga, ni Félix Garrid Safie Parada, ni Romeo Benjamín Barahona Meléndez cumplieron con su deber constitucional en este caso. Peor aún, sus fiscales auxiliares cometieron errores graves como no recoger la dirección de los testigos ni hacer retratos hablados de los hechores.

Tampoco investigaron todas las hipótesis que apuntaban hacia un empresario hotelero. No les importó la insistencia de la madre de las víctimas, Yolanda Carías. No fueron capaces de responderle ni ellos ni el resto de instituciones, como tampoco han sido capaces de responderle a cientos de madres de víctimas de la violencia y el salvajismo en los que está hundido El Salvador.

Pese a que Guillermo fue jefe de Comunicaciones y Transporte en la zona occidental del sector juvenil de Arena, este partido político tampoco presionó para que el caso se resolviera. Después del crimen, ni los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, ni sus equipos de gobierno, ni la dirigencia partidaria fueron capaces de lograr que se le hiciera justicia a uno de sus dirigentes.

Eso sí, doña Yolanda Carías recibió arreglos florales de la presidencia y del partido, así como esquelas en las que decían lamentar la muerte de los hermanos Carías. Eso no se tradujo en acción para impedir que el caso quedara impune. No fueron más que lágrimas de cocodrilo.

Por el caso se procesó a Wilfredo Enrique Ágreda como autor material. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos declaró en su momento que el testigo criteriado que inculpó a Ágreda fue falso e irresponsable. En todo caso, no se investigó la autoría intelectual.

Tras diez años de dolor y de búsqueda de la verdad, el caso ha prescrito. Acabó el tiempo que la ley le da a la Fiscalía y a la Policía para investigar, encontrar y sancionar a los responsables. Lo peor es que el asesinato de Guillermo y Federico está impune por la indiferencia y la insultante insensibilidad de los fiscales generales y auxiliares que debieron resolverlo. Hubo testigos y sospechosos; faltó compromiso, profesionalismo y una pizca de humanidad.

“Memo” y “Lico”, como cariñosamente los llama su madre, fueron asesinados hace diez años. Durante dos lustros su madre ha llorado y sufrido sus ausencias. También ha luchado, pero chocó siempre con la negligencia y apatía de las instituciones. A todos y todas los que han sido incapaces de siquiera cumplir con su trabajo o de solidarizarse y actuar para apoyar a esta madre, estos diez años, esta impunidad, debería darles vergüenza.

Leer también El caso de los hermanos Carías

FÉLIX ULLOA: 30 AÑOS DE IMPUNIDAD

Este día se cumplen tres décadas del atentado que cegó la vida del ingeniero Félix Antonio Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador. A la fecha, no hay investigaciones ni justicia de ningún tipo. Tan baja es la calidad de las instituciones nacionales, que ni esta ilustre personalidad ni otras de la talla de monseñor Óscar Arnulfo Romero, Mario Zamora, Enrique Álvarez Córdova y Marianella García Villas han sido dignificadas como es debido. Por eso y, sobre todo, por las decenas de miles de víctimas anónimas de graves violaciones de derechos humanos, la familia del rector mártir a través de uno de sus miembros –el doctor Óscar Mauricio Ulloa González– exigió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) impulsar las acciones necesarias y suficientes para establecer responsabilidades y sancionar a los culpables en el crimen de su padre.

Félix Antonio Ulloa fue víctima de amenazas y otras formas de “guerra psicológica”, apareciendo frecuentemente en “listas negras” con nombres de personas que los “escuadrones de la muerte” consideraban debían ser “exterminadas”. El 28 de octubre de 1980, fue atacado a balazos en una agencia bancaria a inmediaciones del recinto universitario. Francisco Alfredo Cuéllar Menéndez, su motorista, falleció en el instante; el rector Ulloa murió a las dos de la madrugada del siguiente día.

La deliberada inoperancia estatal en este caso y en todos los atropellos contra la dignidad humana individual y colectiva, antes y durante la guerra, contradice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando obliga a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos; también a reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares.

Pese a que según la ley interna ya prescribió el plazo para ejercer la acción penal por este hecho, el Estado salvadoreño –a través de la FGR y el Órgano Judicial– debe cumplir sus compromisos internacionales en la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de fondo sobre el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) ocurrida el 16 de noviembre de 1989, estableció que el derecho a la verdad “surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte en dicho instrumento (Convención Americana sobre Derechos Humanos), puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables. […] Además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación de los derechos humanos, también es titular del derecho a ser debidamente informada la sociedad en general. […]Forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones”.

Esa es la deuda más grande con la sociedad, que ni los gobiernos anteriores ni el actual han querido saldar; pero también es el reclamo más honorable de las víctimas, que nunca nadie podrá callar.

San Salvador, 29 de octubre del 2010.

¡FIN AL HORROR EN LA EMIGRACIÓN!

Audio de la conferencia de prensa disponible en:

http://www.esnips.com/doc/4e868c44-6fa6-40b5-bb9d-28f09081e1a2/Conf392010

Lo que promueve los actuales movimientos migratorios está ligado a la pobreza estructural, las desigualdades, la violencia y la inseguridad; también a la incapacidad de los gobiernos para resolver esos graves problemas que afectan a nuestras sociedades. El entorno mundial, en el que algunos países se enriquecen a costa de otros, también influye para que innumerables personas busquen oportunidades de trabajo y opciones de vida que no encuentran en sus territorios de origen.

Eso no es nuevo, como tampoco lo son las violaciones de derechos humanos que sufren las y los emigrantes durante su trayecto en su afán por alcanzar la tan ansiada seguridad humana, que “significa proteger las libertades vitales […] proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. También significa crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida” (Comisión de Seguridad Humana, Naciones Unidas, 2003, Seguridad humana, ahora. Ver http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/Outlines/outline_spanish.html)

La permanencia en el tiempo y el agravamiento de tal situación, debe hacer que las sociedades y los gobiernos dignos transiten de la legítima indignación a la efectiva acción para superarla. Por eso, ante la masacre de setenta y dos personas en San Fernando, Tamaulipas, las organizaciones e instituciones abajo firmantes EXPRESAN:

1. Una enérgica condena por lo ocurrido este 21 de agosto en México. No es la primera vez que secuestran y asesinan población emigrante cuando sus familias no logran pagar el “rescate” solicitado por los criminales o cuando se oponen a servirles, pero debería ser la última.

2. Su solidaridad con las familias de las víctimas y su compromiso de acompañar a la población emigrante, luchando por erradicar las causas estructurales de su desplazamiento a fin de que pueda concretar su proyecto de vida en sus propios países, en aras de hacer realidad el derecho a no migrar.

Asimismo, DEMANDAN del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que:

1. Investigue, encuentre y sancione a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos y todos los atropellos en contra de esta población.

2. Elimine para el resto de países latinoamericanos, la exigencia de visa y otros permisos migratorios para ingresar a esa Nación. Esta decisión puede ser parte de la reparación integral a las víctimas y constituir una medida paliativa para impedir que más personas recorran rutas peligrosas en las que son fácil presa de grupos criminales como “Los zetas”.

A los gobiernos salvadoreño, guatemalteco, hondureño, ecuatoriano y otros de la región que han ratificado o se han adherido a la Convención internacional sobre la protección de todos los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, EXIJEN atender la recomendación común del Comité creado por dicha Convención para que formulen las declaraciones establecidas en los artículos 76 y 77 de la misma, mediante las cuales se reconoce la competencia del citado Comité para recibir comunicaciones de los Estados parte de la Convención y de personas particulares.

En el marco de la indignación generada tras la deplorable ejecución masiva de personas indefensas ocurrida recientemente en Tamaulipas, México, se debe impulsar de manera urgente esa acción para aprovechar este mecanismo que el sistema de las Naciones Unidas pone a disposición de las trabajadoras y los trabajadores migratorios, a fin de garantizar mayores niveles de respeto para sus derechos.

Las sociedades que no se inmutan ante el horror fuera de sus fronteras y no actúan para ponerle fin, se arriesgan a sufrir –tarde o temprano– por el terror dentro de las mismas.

San Salvador, El Salvador, 3 de septiembre del 2010.

Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)

Servicio Jesuita para las Migraciones (SJM)

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