En la columna anterior intenté ofrecer una reflexión sobre lo que tiene en vilo a las mayorías populares de El Salvador: los siempre numerosos homicidios que, sobre todo, se realizan mediante el uso de armas de fuego. Y quisiera tratar otros asuntos menos complicados y más satisfactorios, pero no. Habrá que seguir martillando sobre este asunto porque, pese a las declaraciones oficiales que anuncian una mejoría en materia de seguridad, las angustias de esa considerable parte de nuestra población no cesan.
Es preciso recalcar que el flagelo lo resienten más, los sectores que tienen menos. También es válido apuntar que entre los que tienen más hay quienes se favorecen con la violencia, no sólo en lo económico sino también en lo político; porque además de la venta de armas y de seguridad privada, pueden manipular tal estado de ánimo casi generalizado hasta convertirlo en una apuesta por el retorno al autoritarismo como la “fórmula mágica” para superar ese y otros males, entre los cuales destacan la desigualdad económica y social.
Una encuesta reciente patrocinada por periódico digital “El Faro” y otras entidades ha generado comentarios en diversos tonos, descalificando o aplaudiendo sus resultados que −en síntesis− plantean cierta tendencia nada despreciable de la gente que apunta hasta la posible firma de un “pacto con el diablo” para que las cosas cambien.
Entre las reacciones en contra están las que sostienen que esa consulta de opinión está sesgada, que responde a intereses ocultos o abiertos para desprestigiar al actual gobierno, que durante los anteriores nadie preguntó sobre la aceptación o no de un golpe militar como “remedio”… Pero no. Hace poco se presentó en el país el documento denominado “Cultura política de la democracia en El Salvador, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles”. Sus autores, los salvadoreños Ricardo Córdova Macías y José Miguel Cruz.
En el estudio, que compara el 2008 con el año mencionado, se afirma que el 40.9 por ciento de la población salvadoreña se inclina hacia esa “salida” en el 2010. Y en el 2008, los tres órganos de gobierno estaban en manos del partido ARENA y sus “compañeros de viaje”. Por encima de la opinión de nuestra gente aparecen hoy las de la población beliceña, mexicana, guatemalteca y peruana, en ese orden.
En la encuesta del periódico digital “El Faro” y sus asociados, el dato es de un 45 por ciento en pos de un régimen militar. Preocupantes ambos resultados como para hacerlos de lado así, sin más, alegando “conspiraciones” partidistas o de cualquier otro origen. Que pueda haberlas, es probable; es más, estoy seguro que existen alentadas por el mal ejemplo hondureño. Pero no es cerrando los ojos o volteando la mirada, que desaparecerá ese riesgo cierto; tampoco publicitando logros incipientes que aún no se han consolidado en lo relativo al derecho humano de la seguridad personal, sin tener una política estatal clara y coordinada para enfrentar la criminalidad sin distingo alguno. Léase, no sólo “peces chicos” sino también “grandes”.
Eso es lo que ha ocurrido con el Distrito Italia, una colonia ubicada en el municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, donde hace unos días fueron asesinados a balazos tres vendedores de agua envasada y dos más resultaron heridos en el atentado. Eso no debería llamar la atención, pues es la “anormal normalidad” de la tan prolongada posguerra salvadoreña.
Pero hay dos factores que le imprimieron mayor impacto a la noticia. El primero: la ejecución colectiva ocurrió a pocos metros del local donde se ubica, desde hace meses, la sede de la tropa destacada en esa concentración popular de viviendas. Segundo: que el Distrito Italia era el estandarte del “éxito” gubernamental en materia de seguridad. Al menos, de eso presumió Manuel Melgar −ministro de Justicia, Seguridad Pública y demás− a principios del 2010 sosteniendo lo siguiente: “A noventa días de intervención en el Distrito Italia, podemos asegurar que hay cero homicidios. Ese es el modelo que queremos llevar a todo el territorio nacional”. .
Hablando de encuestas, la del Instituto de Opinión Pública de la UCA −el IUDOP− que evaluó la situación del país durante el mismo 2010 colocó a la Fuerza Armada de El Salvador, de nuevo, como la institución que le genera más confianza a la población. El 43.5 por ciento de la gente piensa y siente así. Al gobierno central le da un 26.8 de porcentaje favorable en este ámbito. ¡Casi exactamente la mitad entre ambas entidades!
¿Y si la gente empieza a creer que el problema no son los militares sino la conducción de su comandante general, que es el presidente de la República, y andan por ahí mentes calenturientas que no le perdonan a Mauricio Funes ni siquiera los tímidos asomos de cambio aunque sea en las formas? ¿Será probable entonces que se incrementen las personas dispuestas a escuchar los cantos de sirena golpistas?
Hay gente que añora esa “fórmula” por referencias, pues nunca vivió en esas condiciones. Y eso es peligrosísimo. Quienes sí lo vivieron, saben que la “paz” de entonces era la de los cementerios que se llenaban de cadáveres por causas sociales como ahora, pero sobre todo por razones políticas. No se vale decir que hoy mueren más que en la guerra; tampoco que el “saldo rojo” actual, es el mayor de la posguerra. Eso sí es un manejo sesgado de la realidad o, en el mejor de los casos, manoseado de la misma con fines deliberadamente interesados.
Frente a tal escenario, no sólo porque es su deber sino también hasta por meter las manos en “defensa propia”, el actual gobierno debería encarar de forma valiente y decidida las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que −al igual que sus antecesores− hasta ahora ha preferido mantener en la impunidad. Y debería, además, rescatar la memoria del dolor y la muerte de este pueblo sin dejar de mostrar la evidencia de todas sus responsabilidades. Porque, como dice Gloria Giralt de García Prieto, el que mata y queda impune vuelve a matar. También el que da golpes de Estado…
(*) Publicado en ContraPunto (hacer click)
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