HERIDAS ABIERTAS, POLÍTICOS CERRADOS

En septiembre, cuando la Nación celebra su independencia, la “tandona” y miles de veteranos militares salieron a marchar en público. Ante eso, mucha gente –en el silencio impuesto– evocó a sus seres queridos torturados, desaparecidos o asesinados por algunos de estos. Los belicosos sonaron de nuevo los tambores de guerra, vociferando en defensa de la amnistía que les ha permitido tener “buen nombre”, opinar en los medios de difusión –como si se tratara de sensatos analistas– y amenazar con reaccionar ante determinada acción del “otro”. Y la “pedrada”, dicen, será del tamaño del “sapo”. Eso niega que El Salvador sea un país “reconciliado”. Todas las campañas electorales son polarizadas, desafiantes y peligrosas, dentro de una sociedad excluyente e insegura donde los que antes se disparaban siguen sin llegar a pactos mínimos y sus militantes continúan enfrentándose violentamente.

Esa amnistía no es “la piedra angular de la paz”; ni siquiera fue parte de los acuerdos. Ha sido piedra de tropiezo al impedir que estructuras criminales se desmontaran; así, escuadrones de la muerte asesinaron a Darol Francisco Velis y a Ramón Mauricio García Prieto en “tiempos de paz”. Luego, la “Sombra negra” exterminó pandilleros. Hay quienes afirman que continúan operando. Pero además de los militares, el FMLN y su candidato se niegan a derogarla aunque antes promovían lo contrario. Ya se entonaron con los aspirantes y después presidentes de ARENA, al decir que se abrirían heridas; “que tenemos que ver hacia el futuro, no más hacia el pasado”.

Mejor. Así, la lucha por la justicia al fin perdió el color partidista que maliciosamente le asignaron los victimarios para desprestigiarla. Ahora, ambas fuerzas políticas –responsables de graves violaciones de derechos humanos– coinciden en su discurso sin escuchar a quienes deberían ser protagonistas principales: las víctimas y sus familiares, a las cuales corresponde decidir si perdonan o no después de conocer verdades tan elementales como, por ejemplo, el paradero de sus seres queridos.

Estas heridas siguen abiertas y no las cierra la “buena voluntad” de un candidato. Pero hay que cerrarlas, para no cometer de nuevo errores pasados. Hay  que encarar, pues, la impunidad que permitió enterrar a decenas de miles de víctimas en 1932 junto con la justicia. ¿Tuvo algo que ver eso con lo que ocurrió después? ¡Sí! Abrió la posibilidad de “resolver”, con la violencia militar y policial, problemas estructurales del país que debían superarse mediante la existencia y el funcionamiento correcto de instituciones democráticas. Por eso, el país vivió su peor tragedia entre 1970 y 1992. También se arraigó la mala costumbre de “solucionar” así problemas entre particulares. Así, El Salvador es hoy y desde antes del conflicto, uno de los países más violentos del planeta.

MIGRACIÓN: LAS DOS CARAS DEL GOBIERNO

Era de esperarse. Se acercan las elecciones y el presidente Antonio Saca ya anunció que solicitará al inquilino de la Casa Blanca otra prórroga al Estado de Protección Temporal –TPS, por sus siglas en inglés– para la población salvadoreña afincada en territorio estadounidense. Así pasó en el 2003 y en el 2006, en víspera de los comicios municipales y legislativos.

 

Es cierto que el TPS le permite a la comunidad salvadoreña trabajar y gozar de mejores condiciones laborales, pero es reprobable que se busque su renovación para conseguir votos y se mire a esas personas como números estadísticos que se invocan cuando se necesita para fines partidistas, pero que resultan incómodas cuando exigen sus derechos. Se habla de ellas con orgullo cuando mandan dinero al país; pero cuando fallecen, desaparecen o reclaman mejor trato en su travesía, ni se mencionan en los discursos oficiales. Es peor cuando regresan deportados; se convierten en villanos. Y todavía más cuando exigen se respete su derecho al sufragio en el exterior; simplemente, les niegan su participación en la vida política nacional. Tampoco tienen la posibilidad de estar representadas en el parlamento, aunque el último censo demuestre que deberían. Las autoridades electorales han adelantado los plazos para evitar, entre otras cosas, que esa aspiración se cristalice. Así funciona la política estatal en este ámbito; con una cuestionable, inaceptable y denunciable doble moral.

 

Esas dos caras también surgen cuando la gente cruza las fronteras patrias. Se pide a las autoridades guatemaltecas, mejicanas y estadounidense que respeten los derechos de la gente salvadoreña. ¡Qué bien! Pero qué mal cuando eso se olvida si son nicaragüenses, hondureños, suramericanos o asiáticos –no maquileros– quienes ingresan al país y vienen con la misma esperanza que cargan las y los compatriotas que agarran camino hacia el norte. Ambas poblaciones dejan su terruño para mejorar la situación de sus familias.

 

Acá, las y los emigrantes realizan labores peligrosas y mal pagadas; caen en manos de proxenetas degenerados o patronos inescrupulosos que les esclavizan pagándoles menos, haciéndoles trabajar más o explotándolas sexualmente. Y si se quejan, los amenazan con llamar a migración. Ante esa realidad, es importante y urgente que las autoridades asuman un rol más activo supervisando que no se violen sus derechos laborales y facilitando la regularización de su estancia. La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, plantea esta obligación a los Estados que la han ratificado. El Salvador es uno de esos. La sociedad también puede aportar viendo en sus rostros sufrientes el mismo de sus parientes y amigos que se han ido, para solidarizarse y denunciar a quienes abusan de esa humilde gente.

SEMINARIO NACIONAL SOBRE MIGRACIÓN

Este 3 de septiembre, el IDHUCA inauguró el "Seminario nacional sobre migración", el cual se enmarca en las actividades de la Semana del migrante que se celebra todos los años durante los primeros siete días de septiembre.

En este seminario se analizan los avances y retrocesos en la implementación de la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares" en El Salvador, así como del trato que se le da a los centroamericanos que cruzan las fronteras nacionales para trabajar y de la situación actual del refugio.

Se cuenta con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,  la Dirección General de Migración y Extranjería, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la División de fronteras de la Policía Nacional Civil, la Embajada de Nicaragua, el IDHUCA y otras instituciones involucradas en el tema.

El primero de los dos días de duración que tendrá este evento contó con la participación de la Viceministra de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior, Margarita Escobar, quien habló de los programas de trabajadores temporales en el exterior.

El IDHUCA inició la Semana del migrante con la presentación del Informe del Procurador, Óscar Humberto Luna, al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares y concluirá con el Vía Crucis del Migrante este viernes a las 2 de la tarde en el interior de la UCA.

SANEAR LA PNC: UN NUEVO CHANCE

Seis meses duró Francisco Rovira en la Policía Nacional Civil (PNC). Durante ese tiempo, además de la ilógica promesa de bajar a cuatro el promedio de homicidios diarios, realizó no menos de veinticinco movimientos internos que afectaron varios mandos territoriales y técnicos. Cualquier persona mal pensada pudiera afirmar que esos cambios sirvieron a sus “asesores”, José Pérez Aguillón y José Aquino Oliva, para hacer de las suyas. Ellos no sólo tienen en común su primer nombre y su reciente renuncia como “guías” de Rovira; también trabajaron con él en la cartera de Hacienda en dos direcciones: la de Aduanas y la General de Impuestos Internos, de donde fueron despedidos por “pérdida de confianza”. Pérez Aguillón, además, fue investigado por sus vínculos con Margarita Parada Grimaldi y Reynerio Flores.

Ningún funcionario encargado de garantizar la seguridad de un país pagaría por los consejos de personas con semejante reputación, sobre todo si se plantea metas tan altas como las de Rovira en materia de homicidios. Por eso, el hasta hace poco director de la PNC no debió darse el lujo de contratar a esos “consultores” sin estar claro de su solvencia. En juego no sólo estaba su buen nombre, sino también la integridad institucional y la tranquilidad de la gente. Tampoco debió ubicar en puestos importantes a Mauricio Arriaza Chicas y a César Flores Murillo, uno vinculado con fraudes procesales y el otro con la “Sombra negra”.

Sin embargo, el daño se hizo al reforzar el lado oscuro de la PNC; eso es injusto, pues buena parte de su membresía trata de cumplir su deber. El ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, debe entender que la renuncia de Rovira no es la señal de transparencia que demanda la ciudadanía. ¿Ingenuidad o malicia de su parte? Que la sociedad lo juzgue si no impulsa una investigación seria, responsable y abierta al escrutinio público, que permita sanear de una vez por todas a la institución.

No se puede seguir apostando a las afiliaciones y lealtades partidistas para conducir la PNC. Los políticos que hasta ahora la han manoseado, deben dejar de hacerlo. Rovira se presentó como “buen administrador”, pero sin liderazgo ni conocimiento y experiencia en los ámbitos de la seguridad y los derechos humanos.

Como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PNC ha sido víctima de los desatinos del poder visible y oculto; eso ha trastocado su buena marcha pese a ser, ambas instituciones, las “hijas predilectas” de los acuerdos de paz. Toca a la ciudadanía hacerlas suyas, para evitar que las sigan maltratando más. Si no, de cara a lo que viene en los próximos meses, ¡que Dios nos agarre confesados!

Te esperamos

Getting Personal: Cuéllar and the ILEA

by NACLA

To the editors:

We, the undersigned, write to express serious concerns about the article “Another­ SOA? A U.S. Police Academy in El Salvador Worries Critics,” which appeared in the March/April edition of the NACLA Report on the Americas. There has been debate in El Salvador about the recently established U.S.-sponsored International Law Enforcement Academy (ILEA) in El Salvador, and the article reports on real and legitimate concerns about transparency and accountability at the academy.

However, it frames its criticism of the ILEA as a personal attack on Benjamín Cuéllar, director of the Human Rights Institute at the University of Central America (IDHUCA), who decided to offer human rights trainings at the academy.

Cuéllar is a distinguished human rights defender with a long history of selfless and courageous dedication to the cause of promoting human rights in El Salvador, many times at grave personal risk. As director of IDHUCA he has fought tirelessly for accountability of the security forces through advocacy, public denunciation, and local and international litigation. It is relevant to note for those less familiar with El Salvador that IDHUCA has personally felt the tragic effects of abuses by security forces, notably the murder of six Jesuits, their housekeeper, and her daughter, on the University of Central America campus by U.S.-trained members of the Salvadoran military in 1989.

As the article notes, IDHUCA decided to engage with the ILEA, offering a human rights course to police trainees similar to a one it has offered since the early 1990s. IDHUCA thought it important to offer the human rights training and believed that access to the institution would allow it to examine the curriculum and materials, and the courses offered. IDHUCA saw this as an opportunity to review the content and scope of the courses being given and to press for greater transparency and accountability within the institution. One may agree with this strategy or not; other organizations in the human rights and legal community in El Salvador chose not to participate in the ILEA. But agree or disagree, it is unjust and false to suggest, as the article does, that IDHUCA’s work at the ILEA implies a blanket endorsement of the academy and all its practices, or an indifference to concerns about transparency and accountability.

U.S. support for police assistance and training has been a controversial issue in El Salvador and other countries in Latin America, particularly given the history of U.S. policy in the region. That concern has been exacerbated by U.S. treatment of prisoners in Iraq and concerns about the treatment of prisoners at the U.S. base at Guantánamo. The debate over how best to professionalize the police forces of countries with histories of gross human rights violations and to promote much needed reforms is a valid one. Police training programs ought to be conducted transparently, there should be civilian oversight, and there should be clear assurances that both students and trainers will be civilians, rather than military personnel. As the article notes, there are concerns about all these issues at the ILEA in El Salvador. However, the article removes the ILEA discussion from an institutional context, instead focusing on Cuéllar as an individual, emphasizing its view of him as a loner in engaging with the academy, calling his beliefs “misguided,” painting him as secretive and unwilling to work with others, and questioning his legitimacy as a human rights defender. This is unfair to Cuéllar.

Human rights activists agree that El Salvador and many other countries in Latin America have much to do to consolidate a democratic police force. In fact, recent events in the region underscore that, however it is done, it is critical that Central American police forces be transformed into more transparent, accountable, and rights-respecting organizations.These training and reform efforts, of course, must include civilian oversight mechanisms, no military involvement, and a focus on the professionalization of police across the board. There are real disagreements about how to achieve those goals, and differing views on whether and how the United States and others in the international community should play a role in that process, but it is a process that needs to happen. There ought to be serious debate in the human rights, activist, and solidarity communities about those issues.

Unfortunately, Enzinna’s article obscured this real debate, substituting a personal attack on Cuéllar and simplistic criticism of the IDHUCA for a consideration of the issues.

Joy Olson

Executive Director

Washington Office on Latin America

Viviana Krsticevic

Executive Director

Center for Justice and International Law

William Leo

GrandeProfessor of Government

American University

George Vickers

Director of International Operations

Open Society Institute

Charles T. Call

Assistant Professor

American University

Mark Ungar

Associate Professor

Graduate Center

City University of New York

David Holiday

Program Officer, Latin America Program

Open Society Institute

Lars Schoultz

Kenan Professor of Political Science

University of North Carolina at Chapel Hill

Alex Wilde

Research Associate, Centro de Ética

Universidad Alberto Hurtado, Chile

Carlos Heredia

Iniciativa Ciudadana

Mexico City

Raúl Benitez Manaut

Researcher

Universidad Nacional Autónoma de México

Gino Costa

President

Ciudad Nuestra, Peru

Joseph Eldridge

American University

EMPRESAS MINERAS DIVIDEN A LAS COMUNIDADES

Este martes 8 de julio, el IDHUCA, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), OXFAM América, la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, el Foro Nacional del Agua y la Mesa Nacional contra la Minería Metálica se pronunciaron contra los actos intimidatorios que un grupo de personas no identificadas, pero que afirman estar a favor de la “minería verde”, realizan contra quienes se oponen a la extracción de metales en el país.

Las acciones van desde los ataques verbales hasta las manifestaciones públicas. La más preocupante de todas se dio este 30 de junio cuando dos buses y una camioneta llenos de personas desconocidas se concentraron durante tres horas frente a las oficinas de OXFAM América en una acción intimidatoria contra esta agencia de cooperación canadiense por su apoyo a las organizaciones que defienden el ambiente de las zonas amenazadas por las empresas mineras.

Éstas, encabezadas por Pacific Rim, están sembrando el enfrentamiento entre vecinos, provocando la ira en sus empleados contra quienes se oponen a que operen en la zona de Chalatenango y Cabañas. Además de esta estrategia y de la millonaria campaña publicitaria, han financiado proyectos en San Isidro y Sensuntepeque con el fin de obtener la buena voluntad de los alcaldes y evitar que éstos sean protagonistas de la defensa de los recursos naturales de sus municipios.

Ante todo esto, Mons. Elías Bolaños, Obispo de Zacatecoluca mostró su preocupación porque se sigue impulsando un modelo de desarrollo que privilegia el lujo y la ganancia, y citó el numeral 471 del documento de Aparecida, del Consejo Episcopal Latinoamericano, que señala: “En América Latina y el Caribe se está tomando conciencia de la naturaleza como una herencia gratuita que recibimos para proteger, como espacio precioso de la convivencia humana y como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para bien de todos. Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos”. Según Mons. Bolaños, en Cabañas y Chalatenango, esta herencia está siendo utilizada para dividir y eso es peligroso para el país.

Finalmente, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA apuntó que las empresas mineras han lanzado una campaña llena de falsedades y están manipulando a la población y jugando con su pobreza. Además agregó que desastres como el de la Málaga y la comunidad Melara, y la amenaza de la extracción minera pueden ser mayores porque en el país “sólo existe un río grande y muchas instituciones pequeñas que no están a la altura de lo que la situación demanda. El gran río (el Lempa) se puede contaminar por la minería y las instituciones pequeñas no podrían sancionar o aplicar la ley porque también es pequeña”, sentenció.