Esta
semana hemos conocido de la sentencia pronunciada en el caso de Rodrigo Chávez
Palacios por el desmembramiento de un empleado de la alcaldía de Santa Tecla.
Según los medios, las Fiscalía General de la República modificó el delito
original de “homicidio agravado” por el delito de “homicidio simple” lo que
conlleva la solicitud de una pena menor para el imputado. Así mismo se supo de
la colaboración de Rodrigo Chávez de tal modo que pudo ser sentenciado a 11
años de cárcel, cuando probablemente podría haber recibido hasta 20 o treinta
años de cárcel.
Los
términos de favorecimiento son producto de lo que se conoce como “proceso
abreviado” cuando el imputado reconoce su responsabilidad y se decide a
colaborar y por tanto le puede ser aplicado el criterio de oportunidad. Hemos
conocido de muchos de estos casos de “criteriados”.
Propiamente
este es un proceso de negociación: a cambio de colaboración la Fiscalía ofrece
una reducción de la pena. Por tanto, a partir de este caso específico podemos
concluir que al menos se ha negociado con delincuentes.
El
presidente de la república en sus declaraciones vertidas ha dicho que no va a
negociar con delincuentes, en alusión a la problemática de las pandillas. Este
tipo de declaraciones han sido también típicas del Fiscal General de la
República que ha dicho en reiteradas veces que no se puede negociar con los que
están al margen de la ley. Y sin embargo, la Fiscalía negoció con Chávez
Palacios una reducción de la pena, así como negocio con Antonio Rodríguez a
quien antes había llamado “traidor a la sociedad”.
La
declaración de “no se puede negociar con delincuentes” es una típica falacia:
un tipo de argumento que parece válido, pero no lo es. Las falacias intencionales
pretenden manipular, en nuestro caso, la opinión pública. Todavía no he oído a
ningún clásico detractor del diálogo comunitario con las pandillas pronunciarse
contra la negociación con Chávez Palacios.
El
resultado es el cierre de toda posibilidad de buscar soluciones sociales
integrales a problemas sociales complejos y el fortalecimiento de salidas
represivas y manoduristas. En cuanto al problema social de las pandillas hay un
sinnúmero de argumentaciones inválidas que se esgrimen, algunas de ellas
basadas en el desconocimiento de la realidad, en la comprensión de su
complejidad, en la prevalencia de prejuicios sobre lo que es la violencia o las
pandillas.
La
violencia como realidad sociológica es mucho más complejo que el delito. No es
lo mismo. Las pandillas como realidad sociológica es mucho más complejo que el
crimen organizado. Se comete un error garrafal no sólo de lógica sino de
operación estratégica cuando se reduce la violencia al delito y se confunde la
pandilla a crimen organizado. No es gratuito que llevemos 15 años lidiando con
el problema y no hayamos atinado en nada a su solución: ni con deporte, ni con
pintura, ni represión. No daremos con la clave del asunto hasta que caigamos en
la cuenta que el problema de la violencia y de las pandillas es un problema de
exclusión.
Fue
David Escobar Galindo quien, en una publicación del PNUD de 1998 quien dijo que
“una sociedad marginadora está creando el mejor almácigo para la violencia”. De
haber atendido aquel llamado de atención hace quince años, no estaríamos
viviendo la situación actual.
Promover
procesos sociales comunitarios de cultura de paz que favorezcan la prevención
de la violencia con todos los sectores mientras creamos condiciones económicas
y sociales estructurales de inclusión, es la respuesta que debemos dar a la
violencia. El camino del manodurismo y la represión sistemática nos coloca como
sociedad en los años setenta y el camino del exterminio colectivo.
Cultura
de paz es promover el diálogo como mecanismo de solución. Represión y
manodurismo no es más que expresión de autoritarismo
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