La Fuerza Armada no es la solución

En diversos sondeos de opinión pública sobre la credibilidad de las instituciones del Estado, la Fuerza Armada suele destacarse. Respecto del cumplimiento de los acuerdos del 92, pasa por ser una de las instituciones con mejor cumplimiento. Por supuesto, esta institucionalidad mantiene ciertas debilidades. Son recientes los casos de los cadetes Zelaya Díaz (2014) y Peña Carmona (2001).

En el pasado inmediato son claras las deudas en términos de justicia y reparación como en el caso de los Jesuitas (1989) respecto sus autores intelecturales, innumerables casos de graves violaciones de derechos humanos durante nuestra guerra civil, así como casos a lo largo de los años setenta como procesos de persecución y exterminio de la académicos, estudiantes, docentes, campesinos, iglesia, etc.

El fondo común de todos estos casos es la autoridad concedida o asumida por las Fuerzas Armadas respecto a la conducción del país, ostentando el poder político, y por tanto decisión sobre cuestiones claves del país, con el problema serio que supuso que la institución armada se arrogase por encima de cualquier voluntad política y ordenamiento jurídico, sobre la vida de las personas.

Este es el pasado de las Fuerzas Armadas en el país, situación común con otros sociedad donde privó el autoritarismo militar como Chile, Brasil, Argentina por citar sólo algunos casos.

Los Acuerdos de 1992 dispusieron separar la responsabilidad de la seguridad pública de las Fuerzas Armadas en la medida que los Cuerpos de Seguridad (la Guardia Nacional, la Polícia de Hacienda y la Policía Nacional) se conviertieron en instrumento de represión de los civiles, especialmente de la Oposición política.

Que ahora se piense que las Fuerzas Armadas pueden ser la solución al problema de la violencia y de la delincuencia, es un error de dimensiones descomunales. No sólo invalida el esfuerzo limitado que ya hace la Policía Nacional Civil, sino que también nos podemos acercar a situaciones similares como la acontecida en 2014 en el caso de Tlatlaya, México donde se suponía que el Ejército se había enfrentado con presuntos narcotraficantes con el resultado de 22 civiles muertos y cero rasguños para los militares. Posteriores investigaciones demostraron que en realidad el Ejército ajustición a las 22 personas y montó la escena para hacerla parecer un enfrentamiento.

Este es el tipo de situaciones a la que no debemos llegar. La violencia y la delincuenta requiere de soluciones audaces, urgentes de corto y largo plazo. Pero la Fuerza Armada no es la solución.

Luis Monterrosa - Director

Editorial 23 de abril 2015