sábado, 23 de agosto de 2014

JUVENTUD SIN FUTURO, PAÍS SIN FUTURO

(retomando el título del Editorial de la UCA del 20 de agosto del 2014)

Ponencia realizada por Arnaú Baulenas en el Foro: “Situación de las juventudes en territorios estigmatizados por la violencia” organizado por Plataforma Seguridad Juvenil Centroamericana en el marco de la agenda Juventour 2014 "Contra la estigmatización de las juventudes".

Buenos días a todas y a todos, aprovecho para saludar a mis compañeros y agradezco a la organización por habernos invitado a participar en esta mesa.

Se nos pidió que desde IDHUCA hiciéramos una caracterización de los procesos de seguimiento a casos de estigmatización juvenil, es decir, intentar explicar aquellos elementos comunes que se dan prácticamente en todos los casos de estigmatización juvenil.

Para esto, dividiré mi exposición en tres partes. En primer lugar, quiero compartir con ustedes uno de los casos que desde IDHUCA hemos vivido de cerca. En segundo lugar voy a explicarles las principales irregularidades desde un punto de vista jurídico que ocurren en los procesos que se siguen contra las personas jóvenes (básicamente desde el momento de la detención hasta la celebración de la audiencia inicial), y para acabar voy a realizar una reflexión final.

Entrando propiamente en la primera parte voy a compartir con ustedes el caso de la captura de cuatro jóvenes en la Comunidad Las Palmas de San Salvador.

El 9 de julio del presente año se publicó en los medios de comunicación que la Policía Nacional Civil había capturado a cuatro supuestos pandilleros en la Comunidad Las Palmas. Según la versión oficial y el titular que se manejó en los medios fue que mareros de Las Palmas estaban haciendo entrenamiento militar nocturno en una cancha a menos de 500 metros del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

Uno de los cuatro jóvenes fue Alvin Alexander Carreño Méndez. Si bien a continuación haré referencia a él, lo cierto es que él es uno de las tantas personas jóvenes que han sido capturadas por el simple hecho de estar en la calle en una comunidad conflictiva o por su apariencia física sin más razón. 

Alvin es un joven que está cursando la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de El Salvador, habiendo terminado en julio su 4º ciclo de estudio y para poderse financiar la matrícula trabajaba como ayudante de mesero en un restaurante. Además, forma parte de una congregación religiosa.

Alvin vive en la Comunidad Las Palmas y la noche del martes 8 de julio se encontraba justo delante de su casa hablando por el celular con una amiga (hay una prueba fehaciente que así es à consta en el registro de llamadas de la compañía telefónica). De repente vio llegar a dos policías quienes empezaron a gritarle que dejara su celular, lo tiraron al suelo, lo esposaron y cuando lo levantaron le dieron una patada en el pecho y se lo llevaron a la camioneta sin dar ninguna explicación. Alvin les pidió si podía avisar a su mamá que estaba en la casa, es decir a escasos metros, sin embargo no se lo permitieron.

En la camioneta ya había otro chico (Daniel Antonio Constanza). Después llegaron dos más. En ningún momento vieron ningún arma más allá de las que llevaban los Policías.

Ahí revisaron su documentación, y nos contó, que cuando vieron que era estudiante y que estaba trabajando, el policía que lo estaba custodiando le puso las llaves a las esposas para dejarlo libre, sin embargo no fue así porqué llegó otro policía y le dijo que ¿por qué? lo dejaba libre y no permitió que se fuera.

En el momento de la detención estaba haciendo interciclo en la universidad y le faltaban dos semanas para terminarlo. Trabajaba de viernes a domingo. No le explicaron el por qué le detuvieron.

Alvin lleva desde el 9 de julio en las bartolinas pues se entendió por parte de las instancias judiciales que no procedía dejarlo en libertad o cuanto al menos en libertad condicionada.

Lamentablemente, el caso de Alvin y de los otros tres jóvenes de la Comunidad Las Palmas no es un caso aislado. Cuando uno leía los medios, que entiendo que lo único que hacían era informar de la versión que les había dado la policía, se decía que en el momento de los hechos los cuatro chicos estaban juntos en medio de la cancha de fútbol y que tenían dos armas.

Sin embargo esto es una historia paralela muy alejada de la realidad. Lo cierto es que los jóvenes no estaban juntos, ni tan siquiera formaban parte del mismo grupo de amigos y ni mucho menos estaban manejando un arma. Alvin nos dijo que en ningún momento vio ninguna otra arma más allá de las que tenían los policías.

Ante esta realidad que como dije no es aislada y hay varios casos donde se ha capturado personas jóvenes por el simple hecho de estar por la calle en una comunidad conflictiva, hemos podido detectar como mínimo cinco aspectos comunes en todo este tipo de procesos y que se deben de mencionar. Entrando así en la segunda parte, que les comentaba antes, de las irregularidades jurídicas:

1. En primer lugar, en la mayoría de los casos la detención de estas personas jóvenes es ilegal. Y es ilegal porque la policía no llega ni con una orden judicial ni con una orden de la Fiscalía y tampoco los agarra en flagrancia. Estar hablando por el celular hasta el día de hoy no es ningún delito. El hecho de estar por la calle a ciertas horas de la noche no es ningún delito. Y si la persona en cuestión no está haciendo nada más que andar tranquilamente, como máximo se le puede pedir que se identifique, salvo que se tenga una orden específica de detención. Pero por lo general no es el caso.

2. En segundo lugar y otra característica común son las agresiones recibidas. Me pregunto el ¿por qué estas personas jóvenes deben recibir golpes por parte de las autoridades?. Soy consciente que la realidad es compleja y que la Policía muchas veces está en situación de riesgo y que el empleo de la fuerza en algunos casos es necesaria, pero NO en éste tipo de casos donde estos jóvenes lo único que están haciendo es intentar vivir.

La Constitución de la República de El Salvador y de forma más específica el Código Procesal Penal lo establecen en claridad. El empleo de la fuerza debe ser algo residual y no una máxima.

3. En tercer lugar, es un derecho básico del imputado, y de forma especial del detenido (artículo 82 Código Procesal Penal) informarle de las razones de su detención. En la mayoría de los casos tampoco se hace y puede que no se haga porque no exista razón alguna de su detención. Es lógico que no se informe si no se sabe el por qué se le está deteniendo.

Además, en este mismo momento, ¿por qué? por ejemplo, no le permiten a Alvin que avise a su mamá. Es otro derecho básico y en la mayoría de los casos también es violado.

Otro aspecto importante es ¿por qué? se realizan diligencias sin poder ser asistido y defendido por un abogado. La Constitución de la República de El Salvador en su artículo 12 es clara, sin embargo, tampoco se respeta este precepto constitucional.

Por tanto, como se puede ver, ya en la fase inicial del proceso, se parte de una detención ilegal que sigue con un conjunto de violaciones a los derechos básicos consagrados tanto por la Constitución como por las otras leyes.

No podemos convertir estos derechos en privilegios, y más, en procesos seguidos contra personas jóvenes que son absolutamente inocentes.

Finalmente y para terminar esta segunda parte, otra de las características comunes que hemos podido detectar, es que parece que por momentos desaparece el principio de presunción de inocencia para convertirlo en el principio de presunción de culpabilidad.

Y digo esto, porque, en la audiencia inicial –que tiene por finalidad determinar si existe el delito, si la persona es la supuesta culpable, si amerita imposición de medidas­–, por regla general a estos jóvenes se les impone la detención provisional. Lo que debería ser algo subsidiario y extraordinario, pasa a ser lo común. En muchas ocasiones ni tan siquiera hay la debida justificación que se exige por ley del por qué se impone la detención provisional.

Y lo más grave son las consecuencias. Las consecuencias son que chicos como Alvin no pueden seguir sus estudios, no pueden seguir formándose. Pierden el trabajo y por tanto su autonomía. Pero lo peor, muchas veces pierden la ilusión para seguir viviendo en este país.

Finalmente me gustaría terminar con una reflexión. El miércoles 20 de agosto, el título del editorial de la UCA decía JUVENTUD SIN FUTURO, UN PAÍS SIN FUTURO. No puedo estar más de acuerdo. No podemos seguir criminalizando a las personas jóvenes por el mero hecho de vivir en una comunidad conflictiva o por su forma de vestir. Las y los jóvenes son, somos, el futuro del país y a quienes desde ahora nos toca empezar a construir y a regenerar el país.

Algunos piensan que construir un país es cosa de gente mayor pero se equivocan. Como jóvenes es nuestra responsabilidad y me atrevería a decir nuestra ilusión.

Por tanto, les quiero animar a que no duden en formarse y estar lo mejor preparados para que sean ustedes quienes lleven las riendas del país. No se dejen intimidar, luchen por lo que quieren, mantengan una posición activa desde cualquier ámbito. Y sobre todo, no callen ante la injusticia.

Tienen el deber y creo que la obligación moral de denunciar aquellos casos, como puede ser el Caso de Alvin y de muchas otras persona jóvenes que se les ha privado de sus derechos de forma arbitraria e injusta. Desde las organizaciones sociales, y cuanto al menos desde el IDHUCA, tienen y van a tener nuestro apoyo.

Frustrar el sueño de la juventud es condenar al país. No permitir que una persona joven esté en libertad y por tanto no pueda acudir a la universidad y no pueda seguir formándose es hacer un país más pobre.

Por tanto, los jóvenes como la gente adulta debemos denunciar aquellos casos que persiguen la criminalización de los jóvenes y todos debemos tener una posición activa para que podamos avanzar hacia el futuro.

No puede ser que la juventud tenga miedo de salir a la calle, de reunirse en una cancha para jugar al fútbol o simplemente miedo a vivir tranquilamente. Más aun, cuando el miedo es a las autoridades y no a los grupos violentos que habitan en sus comunidades.

Termino, pero antes quiero aprovechar la ocasión para pedir a las autoridades rigurosidad y estricto cumplimiento de la ley. Que no olviden que muchos de estos y estas jóvenes inocentes son el futuro del país.


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