LOS ESPOSOS GARCÍA PRIETO Y EL IDHUCA SOLICITAN AUDIENCIA A CANCILLERÍA

Durante quince años, José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto han exigido justicia por el asesinato de su hijo Ramón Mauricio. Por su constancia y valentía han sufrido amenazas y atentados, pero también han logrado en el país la condena de dos de los hechores materiales de tan cobarde crimen. Eso, sin embargo, no evitó que continuaran los seguimientos, las llamadas telefónicas y otras formas de hostigamiento para frenar su lucha. Porque este ejemplar matrimonio ha insistido en que se dé con quien planificó y ordenó el homicidio. No obstante, el Estado salvadoreño no ha investigado la autoría intelectual del crimen ni de dónde provienen los ataques en su contra; tampoco ha hecho nada para procesar y sancionar a los responsables de todo eso.

De ahí que Gloria y Mauricio hayan tenido que acudir a la Corte Interamericana de Derechos, donde denunciaron y desenmascararon a los tres gobiernos anteriores que se presentaban ante el mundo como los constructores de la pacificación y el progreso en el país. El 26 de septiembre y el 3 de diciembre del 2006, dicha Corte decretó medidas provisionales para proteger su derecho a la vida y a la integridad, ordenando al Estado salvadoreño brindarles custodia y establecer el origen de las amenazas y los hostigamientos.

Además, el 20 de noviembre del 2007, el mismo tribunal regional lo condenó por haber violado los derechos humanos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal de estas víctimas. En el fallo ordenó –entre otras medidas de reparación– que el “Estado debe concluir las investigaciones pendientes respecto al homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas y hostigamientos, en un plazo razonable (…)”. Por último, señaló que supervisaría la “ejecución íntegra” de la sentencia y daría “por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”
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Pasado más de año y medio, eso no ha ocurrido; la impunidad ha prevalecido. Por ello, este día, los esposos García Prieto y el IDHUCA solicitarán al canciller Hugo Roger Martínez Bonilla una audiencia, para conocer la posición oficial sobre el cumplimiento pleno y efectivo de dicha resolución y contribuir a que el Estado salvadoreño honre sus compromisos internacionales, respondiendo a las demandas de las víctimas con verdad y justicia.

San Salvador, viernes 19 de junio del 2009.

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