José
M. Tojeira
En aquellos tiempos duros de la guerra civil, el mismo día del
asesinato de los jesuitas y sus dos amigas y empleadas, los jesuita dijimos que
queríamos justicia, no venganza. Pocos meses después, con el juicio iniciado
contra los autores materiales del crimen, el P. Francisco Estrada, recién
nombrado Rector de la UCA ,
decía que deseábamos Verdad, Justicia y Perdón. Ese lema, mantenido durante el
aproximadamente año y medio que duró el juicio (hasta el veredicto del jurado),
lo adoptamos muchos para todos los crímenes de El Salvador. En base a este lema
pedimos el indulto para el coronel Benavides y para el teniente Mendoza porque
creíamos que en su caso se había hecho verdad y justicia, y llegaba la hora del
perdón. Incluso con los soldados absueltos, que habían pasado año y medio
detenidos, nos parecía que se había hecho verdad en la posición del juez Zamora
en la vista pública, y aunque el jurado de un modo inexplicable había optado
por declararlos inocentes, dijimos que contra ellos no seguiríamos ningún
proceso porque al menos se había hecho verdad.
Posteriormente
añadimos un matiz importante: Manteniendo el afán de Verdad le agregábamos
entre las palabras Justicia y Perdón la palabra Reparación. Si bien a los
jesuitas, y en grado mayor a Mons. Romero, el mismo pueblo salvadoreño,
grandemente representado, había aportado elementos impresionantes de reparación
con su afecto y solidaridad, quedaban demasiadas víctimas olvidadas e incluso
negadas, a las que había que dar debida reparación de parte del Estado, sin
olvidar la justicia y los demás elementos mencionados. La Tutela Legal del
Arzobispado, Con María Julia Hernández y con Mons. Rivera, jugaron en este
campo un papel fundamental recordándonos las masacres y actualizándolas en la
memoria y en la sed de verdad, justicia y reparación, para poder optar desde
ahí a una verdadera reconciliación, que siempre se manifiesta a través del
perdón.
Este
ideal, que debe mover inteligencia y corazones después de toda guerra civil y
de la nuestra en particular, quedó así formulado someramente con las cuatro
palabras clave: Verdad, Justicia, Reparación y Perdón. Impedido por la ley de
amnistía de 1993, este ideal quedó solamente en el discurso de quienes nos
oponíamos a dicha ley y quienes confiábamos en un proceso que recogiera los
cuatro elementos. A mediados de la década iniciada en 1990, después del triunfo
electoral de Nelson Mandela en Sudáfrica (1994), se abrió para muchos de nosotros
el modelo de la justicia transicional. La UCA comenzó unos años después un proceso de
justicia restaurativa en el que jueces internacionales escuchaban a las
víctimas de diversos y graves abusos y violaciones de Derechos Humanos. A
quienes acudimos a estos juicios nos impresionó siempre la capacidad de perdón
de muchas víctimas, que ponían como única condición para la reconciliación el
establecer una especie de diálogo con los victimarios y el subsiguiente
reconocimiento y petición de perdón de parte de los que podríamos llamar
verdugos. Hoy la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía hace
aproximadamente un mes nos abre el camino hacia una ley de reconciliación que
contemple los cuatro elementos mencionados.
Lamentablemente
hemos perdido algo de tiempo en las discusiones sobre la extradición de los
exmiembros del ejército capturados en virtud de la difusión roja de Interpol.
Lo cierto es que continúan vivos muchos de los que participaron en graves
violaciones de derechos humanos, tipificadas muchas de ellas como delitos de
lesa humanidad en el pensamiento jurídico internacional. Y quedan demasiadas
víctimas del conflicto que esperan todavía verdad, justicia y reparación. Si
algo urge hoy es avanzar hacia una reconciliación que quedó profundamente
interrumpida por la ley de amnistía. Para ello urge trabajar una ley de
reconciliación referida exclusivamente a los delitos cometidos durante la
guerra civil que facilite el acceso a la verdad, que determine la creación de
una forma temporal y especial de justicia, que disponga formas de reparación de
las víctimas y que facilite formas de indulto a los acusados que, comprobados
sus delitos, colaboren con la verdad, contribuyan de alguna manera a la
reparación y soliciten el perdón a las víctimas.
La Sala de lo Constitucional,
en su espléndida sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía,
recomienda a la
Asamblea Legislativa que trabaje el tema de la justicia
transicional. También ha mandado a la Fuerza Armada que abra sus archivos ante los
reclamos que puedan venir. Hasta el momento, un mes después, no parece que se
haya hecho gran cosa. La ciudadanía ha reclamado hace pocos día la reapertura
del caso de El Mozote en el juzgado segundo de primera instancia de San
Francisco Gotera la
Fiscalía. Es un buen paso. Pero es necesario crear las
condiciones para que el proceso de verdad, justicia y reparación camine y se
llegue de ese modo a la ansiada reconciliación en El Salvador. Escuchar a las
víctimas es el primer paso, pues no se puede sin ellas crear un verdadero
proceso de reconciliación. Pero el Estado tiene también que poner su parte e
impulsar los mecanismos adecuados para que las cosas caminen hacia lo que se
desea: Paz con justicia y fraternidad con reconocimiento de la verdad, que construyan
puentes que conduzcan hacia una sociedad reconciliada.
José
M. Tojeira
En aquellos tiempos duros de la guerra civil, el mismo día del
asesinato de los jesuitas y sus dos amigas y empleadas, los jesuita dijimos que
queríamos justicia, no venganza. Pocos meses después, con el juicio iniciado
contra los autores materiales del crimen, el P. Francisco Estrada, recién
nombrado Rector de la UCA ,
decía que deseábamos Verdad, Justicia y Perdón. Ese lema, mantenido durante el
aproximadamente año y medio que duró el juicio (hasta el veredicto del jurado),
lo adoptamos muchos para todos los crímenes de El Salvador. En base a este lema
pedimos el indulto para el coronel Benavides y para el teniente Mendoza porque
creíamos que en su caso se había hecho verdad y justicia, y llegaba la hora del
perdón. Incluso con los soldados absueltos, que habían pasado año y medio
detenidos, nos parecía que se había hecho verdad en la posición del juez Zamora
en la vista pública, y aunque el jurado de un modo inexplicable había optado
por declararlos inocentes, dijimos que contra ellos no seguiríamos ningún
proceso porque al menos se había hecho verdad.
Posteriormente
añadimos un matiz importante: Manteniendo el afán de Verdad le agregábamos
entre las palabras Justicia y Perdón la palabra Reparación. Si bien a los
jesuitas, y en grado mayor a Mons. Romero, el mismo pueblo salvadoreño,
grandemente representado, había aportado elementos impresionantes de reparación
con su afecto y solidaridad, quedaban demasiadas víctimas olvidadas e incluso
negadas, a las que había que dar debida reparación de parte del Estado, sin
olvidar la justicia y los demás elementos mencionados. La Tutela Legal del
Arzobispado, Con María Julia Hernández y con Mons. Rivera, jugaron en este
campo un papel fundamental recordándonos las masacres y actualizándolas en la
memoria y en la sed de verdad, justicia y reparación, para poder optar desde
ahí a una verdadera reconciliación, que siempre se manifiesta a través del
perdón.
Este
ideal, que debe mover inteligencia y corazones después de toda guerra civil y
de la nuestra en particular, quedó así formulado someramente con las cuatro
palabras clave: Verdad, Justicia, Reparación y Perdón. Impedido por la ley de
amnistía de 1993, este ideal quedó solamente en el discurso de quienes nos
oponíamos a dicha ley y quienes confiábamos en un proceso que recogiera los
cuatro elementos. A mediados de la década iniciada en 1990, después del triunfo
electoral de Nelson Mandela en Sudáfrica (1994), se abrió para muchos de nosotros
el modelo de la justicia transicional. La UCA comenzó unos años después un proceso de
justicia restaurativa en el que jueces internacionales escuchaban a las
víctimas de diversos y graves abusos y violaciones de Derechos Humanos. A
quienes acudimos a estos juicios nos impresionó siempre la capacidad de perdón
de muchas víctimas, que ponían como única condición para la reconciliación el
establecer una especie de diálogo con los victimarios y el subsiguiente
reconocimiento y petición de perdón de parte de los que podríamos llamar
verdugos. Hoy la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía hace
aproximadamente un mes nos abre el camino hacia una ley de reconciliación que
contemple los cuatro elementos mencionados.
Lamentablemente
hemos perdido algo de tiempo en las discusiones sobre la extradición de los
exmiembros del ejército capturados en virtud de la difusión roja de Interpol.
Lo cierto es que continúan vivos muchos de los que participaron en graves
violaciones de derechos humanos, tipificadas muchas de ellas como delitos de
lesa humanidad en el pensamiento jurídico internacional. Y quedan demasiadas
víctimas del conflicto que esperan todavía verdad, justicia y reparación. Si
algo urge hoy es avanzar hacia una reconciliación que quedó profundamente
interrumpida por la ley de amnistía. Para ello urge trabajar una ley de
reconciliación referida exclusivamente a los delitos cometidos durante la
guerra civil que facilite el acceso a la verdad, que determine la creación de
una forma temporal y especial de justicia, que disponga formas de reparación de
las víctimas y que facilite formas de indulto a los acusados que, comprobados
sus delitos, colaboren con la verdad, contribuyan de alguna manera a la
reparación y soliciten el perdón a las víctimas.
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