El IDHUCA expresa su profunda preocupación por las diversas manifestaciones de la inseguridad y la violencia en el país, durante los primeros días del 2010. Esta situación se agrava cada vez más y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública han sido incapaces de frenar las muertes, las extorsiones, los robos, los secuestros y las demás acciones criminales. El aumento de los militares en las ciudades y el campo con más funciones que antes en este ámbito, no ha rendido los frutos ofrecidos; al contrario, las granadas y otras armas de uso privativo de la Fuerza Armada están siendo usadas para asesinar y aterrorizar a la gente.

En este contexto merecen particular atención las amenazas al procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna. El autodenominado “Grupo de exterminio antidelincuencial” le dio 48 horas para abandonar el país y anunció que empezará a asesinar delincuentes.

También ese debe condenar la ejecución de Victoriano Abel Vega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA). En un país donde muere violenta y dolorosamente un promedio de trece personas diarias y donde los homicidios por cada cien mil habitantes superan los setenta y cinco, se produce este hecho criminal en medio de una especial coyuntura dentro del sector público; coyuntura marcada por numerosos despidos y abundantes denuncias de violaciones de derechos laborales. En ese marco los liderazgos sindicales han jugado un rol determinante para hacer frente a los abusos y arbitrariedades, entre los que se destacó el de Victoriano Vega.

Frente a estas situaciones, el IDHUCA:

1. DEMANDA a las autoridades garantizar la integridad y la vida del procurador Luna y su familia, investigar el origen de las amenazas en su contra, ubicar a los responsables y sancionarlos ejemplarmente. Ante la grave situación delincuencial, es preciso que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realice su labor sin presiones como estas, para que pueda garantizar que en el desarrollo de las tareas de seguridad pública no se atropellen los derechos de la gente.

2. CONDENA el asesinato de Victoriano Abel Vega y emplaza tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fiscalía General de la República, para que lo investiguen y esclarezcan a fin de que sus responsables sean procesados y sancionados como manda la ley.

3. EXHORTA al Presidente de la República, a las y los diputados así como a la judicatura para que promuevan ya las acciones necesarias tendientes a que la salvadoreña se convierta en una sociedad libre de armas; a incrementar el número, las capacidades y la tecnificación del personal encargado de la seguridad pública; a dotar al país del Instituto de Investigación Científica del Delito y a profundizar la depuración institucional. Todo ello, como parte de una política pública integral en la lucha frontal contra todo tipo de impunidad.

4. EXIGE se respete los derechos laborales de las personas que son parte del sector público, en todos los órganos y entidades de gobierno. Deben cesar los despidos arbitrarios así como los atropellos en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras. Nada justifica que se irrespete el debido proceso; por eso, se debe asegurar su derecho de audiencia y el resto de garantías procesales. Actualmente existen vacíos legales que perjudican a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad en materia de estabilidad laboral, de los cuales se aprovechan quienes los destituyen.

San Salvador, 25 de enero de 2010.