Conclusiones de reunión de trabajo entre el Estado y representantes de las víctimas
Washington D. C., 27 de octubre del 2011.
El Estado salvadoreño sigue sin investigar el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ocurrido en 1980, ni las ejecuciones de seis sacerdotes jesuitas junto a Julia Elba Ramos y Celina, su hija adolescente, perpetradas en 1989. Estas deudas oficiales fueron reconocidas por autoridades estatales el día de ayer, durante una reunión de trabajo convocada oficiosamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar el cumplimiento de sus recomendaciones en estos casos y en el de la masacre de Las Hojas, ocurrida en 1983. Además, el Estado aceptó que tampoco ha adecuado su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participaron en la reunión como representantes de las víctimas. Ambas organizaciones expresaron su frustración por la falta de avances en la justicia salvadoreña.
En el caso de los sacerdotes jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta, las organizaciones señalaron que el Estado incluso ha obstaculizado los esfuerzos de la justicia universal impulsados por la Audiencia Nacional de España, que se encuentra conociendo el caso a raíz de una denuncia presentada el 13 de noviembre del 2008 por el Center for Justice and Accountability (CJA), con sede en San Francisco, Estados Unidos de América, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España. En agosto pasado, la Policía Nacional Civil de El Salvador no detuvo a nueve militares acusados por esos hechos contra quienes la Interpol había emitido una orden internacional de captura, a propósito del llamamiento a juicio dictado por el juez de la causa; lo mismo ocurrió en septiembre con otros cinco militares imputados.
En el caso de Monseñor Romero, señalaron que permanece cerrado desde 1993 y el Estado no ha adoptado ninguna medida para cambiar esta situación. Además, indicaron que desde noviembre del 2009 el Estado se comprometió a adoptar medidas simbólicas de reparación, sin que a la fecha se hayan dado avances sustanciales en este sentido.
Las organizaciones denunciaron la inacción estatal para derogar la Ley de Amnistía y señalaron que en junio anterior, se aprobó un decreto legislativo –sancionado el mismo día por el Presidente de la República− que obligaba a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a decidir las demandas de inconstitucionalidad por unanimidad. Este decreto se impulsó, en buena medida, debido al temor de algunos grupos de poder de que dicha Sala se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, aun sin existir demanda alguna en tal sentido. El mismo fue derogado posteriormente como consecuencia de la presión nacional e internacional ejercida.
Las organizaciones manifestaron que el incumplimiento absoluto de las recomendaciones de la CIDH, vacía de significado los actos oficiales de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones cometidas por el Estado y las medidas simbólicas de reparación. La representación de las víctimas afirmó que es imposible reparar el daño causado sin la obtención de justicia.
Finalmente, CEJIL e IDHUCA solicitaron a la Comisión Interamericana que se involucre de manera más cercana en el seguimiento de sus recomendaciones pues, de lo contrario, la impunidad seguirá perpetuándose. Ambas organizaciones confían en que la CIDH acceda a su solicitud y que el Estado adopte medidas efectivas y concretas para cumplir sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
Particularmente, el IDHUCA demandó que el Estado acompañe la iniciativa de los tribunales internacionales para la aplicación de la justicia restaurativa que promueve desde el 2009, derogue la Ley de Amnistía y apruebe la Ley de verdad, justicia, reparación y dignificación para las víctimas y la sociedad salvadoreña.
Los hechos
El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado con el disparo de un francotirador integrante de un escuadrón de la muerte, formado por agentes estatales. La muerte de Monseñor Romero fue uno de los hechos más graves previo al conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1991 y dejó más de setenta y cinco mil personas ejecutadas de la población civil y otras violaciones masivas de derechos humanos.
El caso de la masacre en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, perpetrados por militares salvadoreños en dicha institución académica ubicado en la ciudad de San Salvador. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva armada en la época lanzada por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy partido en el Gobierno.
La decisión de la Comisión en este último caso fue emitida el 22 de diciembre de 1999; la del caso Romero el 13 de diciembre de 2000.
Para más información sobre el caso Jesuitas ver acá
Para más información sobre el caso Romero ver http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ElSalvador11481.htm
Ver también, CEJIL insta al Estado salvadoreño a dejar sin efecto el Decreto 743 y a evitar acciones que amenacen la independencia judicial
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