Hoy, 19 de septiembre, Romeo Barahona cumple dos años como Fiscal General de la República; antes fue adjunto durante alrededor de ocho años. La ocasión es propicia para que la sociedad inicie un debate serio e impulse las acciones pertinentes para lograr que esta institución contribuya a hacer realidad las tres aspiraciones del Acuerdo de Ginebra,[1] que tienen en su centro los derechos humanos y siguen siendo las grandes deudas del proceso de pacificación: su respeto irrestricto, democratizar el país y (re)unificar la sociedad.
Esta institución es pieza clave para transitar hacia ese ideal de Nación. Lo es desde la perspectiva global del derecho a la justicia, sobre todo; pero también de otros que dependen de éste y, por tanto, de la superación de la impunidad: vida, seguridad, integridad física y desarrollo económico y social colectivo e individual, por citar algunos de los más evidentes. Y también lo es desde los derechos de las víctimas y de quienes se presuma son responsables de haber cometido un delito.
Sin embargo, sobre todo de 1999 en adelante, quienes han ocupado el cargo no aprueban una evaluación seria por la lenta y deficiente investigación de los delitos, el abuso del criterio de oportunidad y el escaso o nulo uso de la prueba científica. Su ineficacia se revela de forma dramática con los altos índices de homicidios, que colocan al país entre los más violentos en el mundo. A ello se agrega lo que revela el reciente Informe global de competitividad 2011- 2012, publicado por la Universidad de Columbia: El Salvador ocupa el sitio 142 en lo relativo al desarrollo del crimen organizado entre 142 países. Eso ocurre al analizar el desempeño de sus instituciones que deben investigar los delitos y castigar sus responsables.
Pero además, la FGR le garantiza la impunidad a los autores centrales de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad ocurridos antes de la guerra y durante la misma. Belisario Artiga, es ejemplo de lo anterior porque sentó el precedente de esa práctica fortalecedora de la impunidad con su actuación en el caso de la masacre en la UCA.
En septiembre del 2009, entre fuertes críticas, asumió el cargo Romeo Barahona. El FMLN, en el 2006, rechazó su nombramiento; tres años después cambió de parecer. Barahona no investigó de oficio y en tiempo denuncias sobre corrupción hechas al inicio de su mandato. ¿Por qué, entonces, va a perseguir a los responsables de aquellas atrocidades? Siguió, pues, la práctica de sus antecesores. Eso está claro con los datos iniciales de una investigación: de veintiséis casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridas antes de la guerra y durante sus primeros años, ninguno avanza. Hay denuncias en las cuales ni siquiera se ha nombrado fiscal; en un caso, se extravió la denuncia y las víctimas tuvieron que entregar una copia para reponerlo.
Por todo lo anterior –conscientes de que la paz inicia cuando termina la impunidad– convocamos a la sociedad salvadoreña para que reclame se combata la impunidad de forma eficaz, decida e inteligente, mediante el fortalecimiento de la FGR. Eso pasa por:
1. Organizar una campaña nacional e impulsar actividades de impacto para exigir a la Asamblea Legislativa se nombre –por encima de intereses particulares perversos– a la persona idónea que conduzca con un liderazgo valiente y una gestión transparente, eficaz y esperanzadora, ese esfuerzo necesario y urgente para superar la intolerable violencia que castiga a las mayorías populares salvadoreñas, dos décadas después del fin de la guerra.
2. Proponer un mecanismo de elección del o la Fiscal General de la República con participación real de la población, organizada o no, para asegurar una adecuada conducción de la FGR.
3. Impulsar un proceso de fortalecimiento de la FGR.
San Salvador, lunes 19 de septiembre del 2011
[1] Firmado el 4 de abril de 1990, por el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) .
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